Educación: alumnos versus profesores

 Ricardo Raphael

Es una equivocación situar la reforma educativa como un arma que apunta en contra de los profesores, supuestamente para defender a los alumnos. Y sin embargo, en el debate público, más de una vez se han colocado las cosas como si esta reforma tuviera como propósito defender a los niños en contra de sus educadores.

Varios de los argumentos sobados por la opinión pública, los especialistas y también por las organizaciones sociales cometen este error. Frases como “profesores reprueban examen y logran plaza”, “solamente 30% de los aspirantes obtuvo resultados satisfactorios”, “los plantones de los maestros son inaceptables, son un mal ejemplo para niños y jóvenes”, suelen coincidir con las imágenes que los medios reproducen cotidianamente para mostrar al profesor como un sujeto detestable.

Una muestra de este desacierto, a la hora de abordar el problema, puede encontrarse en el documental ¡De Panzazo!, el cuál señaló con inteligencia algunas coordenadas importantes para el diagnóstico de la educación básica en México, pero, al mismo tiempo, injustamente menospreció a los docentes, presentando a la mayoría como sujetos negligentes y perezosos.

Si se atienden algunas de las discusiones entre especialistas, este síntoma discursivo también encuentra eco. Se habla del profesor con un cierto desprecio de clase; de manera similar a como en México suele hacerse con el policía, el soldado o el burócrata. El desdén se exhibe en los gestos y también en el tono utilizado que lleva a colocar a “los profesores de escuelas de gobierno” como sujetos inferiores, sólo porque no dan clases en escuelas privadas. Este menosprecio, por cierto, no es distinto del que algunos suelen expresar cuando se refieren a los estudiantes formados en escuelas públicas.

Me temo que este clasismo se ha colado en un debate que merecería mayor nobleza y reconocimiento hacia los docentes que son funcionarios públicos. No puede emprenderse una reforma educativa seria mientras no se parta de hacer un reconocimiento digno por la labor que los educadores mexicanos realizan todos los días. En contraste, lo que se observa es un debate sesgado donde, al parecer, para que los niños mexicanos obtengan el derecho a una educación de calidad, resulta indispensable reducir al máximo los derechos de sus educadores.

Bajo esta lógica, ha sido introducido ante la opinión pública el tema de la evaluación docente. Quienes piensan que este instrumento debe servir para correr automáticamente a los maestros que no aprueben los exámenes son, por lo general, los mismos que comparten el discurso del desprecio y también los argumentos clasistas en contra del magisterio mexicano. Coincide con esta visión mal calibrada la idea de que, para profesionalizar a los docentes, lo que se necesita es un estatuto laboral nuevo para los maestros; uno que permita contratarles o correrles con facilidad, igual a como lamentablemente se hace en México con las trabajadoras del hogar.

Contra esta iniciativa, que pareciera pragmática pero que en realidad tiene todo de ideológica, es que debe lucharse. Pensar en términos de profesionalización implica hacerlo a propósito de la carrera docente, y la carrera docente no se improvisa; es un trayecto formativo de largo plazo, similar al de los médicos. Los mejores maestros y los mejores médicos, como los buenos vinos, son los que más tiempo pasan en las barricas. ¿Quién se sometería a una operación de corazón abierto con un cirujano que acaba de obtener su título como galeno? Por esta sola razón es que resulta ridículo pensar en que lo mejor es poder contratar o correr con flexibilidad, y —tanto o más grave— creer que los exámenes de evaluación docente deben tener este solo propósito. Ya se dijo antes: evaluar no es profesionalizar.

Puestas así las cosas, no tiene sentido que se apruebe una Ley General (especial) del Servicio Profesional Docente. ¿Para qué crear un estatuto laboral particular sólo para el magisterio? Sería más adecuado que lo relativo a la profesionalización de los maestros formara parte de un capítulo dentro de la Ley General de Educación, en vez de ser una pieza legislativa aparte, como lo ha propuesto el Ejecutivo.

En esta discusión los derechos de los trabajadores y los derechos de los educandos son necesariamente armonizables. Por tanto, mejor sería incluirlos en un solo texto jurídico que oponerlos a partir de dos ordenamientos legales distintos.

Analista político