La
vida y la libertad de las mujeres están en el centro de la violencia
feminicida. Las mujeres mueren violentamente a manos de quienes ejercen
un poder de manera impune. En las relaciones sentimentales se impone la
lógica del control, del sometimiento, de la imposición de roles y
papeles establecidos, donde el hombre mantiene toda clase de privilegios
y pretende que las mujeres sean relegadas a la subordinación y a la
dependencia, y si alguien se atreve a desafiar este orden social
establecido por el sistema, entonces paga las consecuencias con su
propia vida. En el capitalismo se establecen relaciones cosificadas,
donde el poder del dinero, de la clase, del género, termina subordinando
los más tiernos sentimientos humanos a la lógica enajenante de las
relaciones mercantilizadas y cosificadas, en la pura lógica material del
poseer y someter a quien no se le reconocen derechos ni capacidad de
decidir. Los derechos se conquistan mediante la lucha.
Es lo que han
hecho las mujeres a través del feminismo. El feminicidio pretende hacer
retroceder las ruedas de la historia para seguir manteniendo a las
mujeres relegadas a un segundo plano de la vida y de su papel dentro de
la sociedad. Es una estrategia del terror que pretende paralizar la
voluntad y capacidad de decidir de las mujeres para que no defiendan sus
derechos elementales a la vida y la libertad. Feminicidio es el
homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer. Y pudo haber sido
precedido por ciertas características, como por ejemplo: tortura, tratos
crueles, inhumanos o degradantes; cuando exista o haya existido una
relación de pareja o de carácter conyugal entre la víctima y el
agresor; cuando se haya realizado por violencia familiar o cuando la
víctima se haya encontrado en estado de indefensión, como una
incapacidad física, psicológica o emocional para repeler el
hecho.
Muchos, sino es que todos los crímenes que se cometen de forma
cotidiana contra las mujeres, cumplen con los requisitos anteriores para
configurarlos como feminicidios, sin embargo, la mayoría de los casos
no son considerados así. Sobran los pretextos, pero la realidad es una,
las autoridades se niegan a cumplir la ley y tipificar esos delitos como
feminicidios. Las razones son múltiples: no hay homologación en las
leyes federales y estatales, falta de reglamentos, corrupción,
impunidad, incoherencia, pues aunque en teoría todoas y todos somos
"iguales" ante la ley, en la práctica no es así, ya que el machismo
prevalece dentro del sistema de justicia, aunado a la ineptitud de
algunos servidores públicos, a la falta de interés, indolencia y mil
cosas más. La impunidad es el principal motor que promueve estos
asesinatos, pues en la mayoría de los casos no se lleva a los culpables
ante la justicia, pues así lo han reconocido las organizaciones
defensoras de los derechos de la mujer y el propio Estado mexicano.
En
lo que se refiere a los feminicidios, la violencia institucional y la
impunidad también están presentes, muchas veces desde antes de que las
mujeres sean asesinadas y aún después de perpetrado el homicidio,
dejando a cientos o miles de familias en el abandono y en la
desesperanza. Casi nunca encuentran la justicia que merecen. Según el
informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios,
1985-2009″, en esos 24 años fueron asesinadas 34,176 mujeres. Entre el
2010 y el 2011 desaparecieron 3,000 mujeres. Se han cometido 529
homicidios de enero de 2011 a junio del 2012. Y de acuerdo a las cifras
dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de
la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres
mueren al día por crímenes de violencia extrema. En los últimos seis
años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60% de ellas fueron
encontradas en vía pública y 40% murieron en sus hogares a manos de sus
parejas, esposos o concubinos. Vemos pues, como en el país crece esta
violencia. Son historias de mujeres que mueren violentamente por el
hecho de ser mujeres. Sobrevivir a un ataque de esta naturaleza es poco
probable. Mientras que las autoridades no aplican la ley ni los
procedimientos para proteger la vida y la libertad de las mujeres.
Pues
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en
México establece que las autoridades deben otorgar protección a las
mujeres inmediatamente después de que conozcan de hechos o delitos de
violencia contra ellas. Sin embargo, Gobernadores de todos los Partidos,
las directoras de los Institutos de las Mujeres y Congresistas se
niegan a avalar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, que
es un mecanismo jurídico que solicita acciones gubernamentales de
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia
comunidad y tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de
las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las
desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos
humanos.
La Alerta
implica realizar las ‘‘acciones inmediatas’’ que se soliciten –entre
ellas la investigación, revisión de expedientes, incremento de
vigilancia policiaca y mejoría en las diligencias ministeriales. Está
descrita, mandatada y legislada desde 2007. La sistemática negativa de
emitir dicha alerta, representa violencia institucional al infringir lo
estipulado en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así, en un
crimen de Estado. El año pasado, el comité de la ONU para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió una
recomendación al país en la que advierte que existen ‘‘obstrucciones’’
para aplicar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, pues a la
fecha se han rechazado las Alertas en los estados de Chihuahua, Oaxaca,
Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Estado de México.
En
Morelos, más de 2 mil firmas avalan la petición y se han emitido dos
puntos de acuerdo, el primero en el Congreso de la Unión y el segundo
por el Congreso del Estado. Sin embargo y contrariamente, para aplicar
la Alerta de Violencia de Género se exige que las organizaciones que la
hemos solicitado, nos apeguemos estrictamente a los procedimientos
burocráticos que señala la ley, en un contenido excesivo de
reglamentación. Mientras se demuestra todo lo ahí solicitado, siguen
desapareciendo y asesinando a las mujeres. Ejerciendo con esa medida
Violencia Institucional. Esto fue lo que analizamos ampliamente con
Diputadas Federales de la Comisión sobre Feminicidio, del Congreso de la
Unión, donde se está revisando el procedimiento legal para la emisión
de esta Alerta.
Así
vemos como ningún nivel de gobierno trabaja de forma comprometida por
la seguridad de las mujeres, ni tampoco toma acciones para prevenir y
garantizar la integridad de las mexicanas. La Ley General de Acceso a
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto Federal como de cada
Estado, obliga a las autoridades a presentar un programa de prevención y
atención para la erradicación de la violencia contra las mujeres, por
lo que las autoridades deberían estar trabajando para llevar a cabo
acciones emergentes, porque los derechos de las mujeres están siendo
violentados de forma grave e insostenible y eso no debe permitirse.
Es
innegable la existencia de una violencia extrema, estructural y
sistemática contras las mujeres, sus cuerpos y su dignidad, enmarcada en
una cultura machista y misógina. Ante este panorama no vamos a
abandonar la exigencia de que en Morelos y en otras partes del país se
emita esta Alerta de Violencia de Género, se trata de la vida y la
libertad de las mujeres.
(*) Integrantes de la @cidhmorelos
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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