La Redacción
Marcha a 9 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Foto: Xinhua / Alejandro Ayala
Foto: Xinhua / Alejandro Ayala
MÉXICO,
D.F. (apro).- Una “larga sombra” cubre al presidente Enrique Peña Nieto
desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de
septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, misma que se extendió tras el
informe sobre dicho acontecimiento presentado por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH).
En su reciente edición, el semanario británico The Economist
hizo referencia a las conclusiones del grupo de expertos de la CIDH
luego de seis meses de recolectar evidencia. Al respecto, señaló:
“Nada ha proyectado una larga sombra sobre la presidencia de Enrique
Peña Nieto como la desaparición del año pasado de 43 estudiantes en el
estado sudoccidental de Guerrero. La sombra se alargó el 6 de
septiembre, cuando la explicación del gobierno sobre los
acontecimientos fue severamente cuestionada por una investigación
internacional”.
Las conclusiones del estudio, abundó el semanario, “agravan la
incertidumbre sobre lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa”,
desparecidos el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, luego de
tomar autobuses que los conducirían a la Ciudad de México para
participar en la marcha conmemorativa de la matanza de estudiantes el 2
de octubre de 1968 en Tlatelolco.
La publicación recordó que la “verdad histórica” dada a conocer el
27 de enero pasado por el entonces titular de la Procuraduría General
de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, sostenía que los
estudiantes habían sido entregados por policías municipales a la banda
criminal Guerreros Unidos y que éstos los mataron, quemaron sus cuerpos
en un basurero y luego arrojaron los restos a un río.
El nuevo informe, subraya The Economist, “da peso a la idea
de que el gobierno fue demasiado rápido para cerrar el caso. Por
ejemplo, rechazó la afirmación del gobierno de que todos los cuerpos
fueron quemados en el vertedero”.
Además, siguió, el informe muestra muchos otros problemas con los
resultados oficiales, incluyendo testimonios discrepantes y grabaciones
de vídeo destruidas.
“Esto muestra que las investigaciones del gobierno restaron
importancia a un elemento importante: la existencia de un quinto
autobús incautado por los estudiantes, que podría haber llevado droga”,
señaló The Economist citando el informe.
Y si bien la procuradora Arely Gómez González, quien asumió el cargo
desde febrero, ha ordenado una nueva investigación forense, “la labor
del grupo está perjudicando al gobierno”, advirtió la publicación.
Al final, el semanario destacó la crítica que hizo José Miguel
Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), a las
autoridades luego del informe del GIEI.
“A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los
enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o
no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”, citó The Economist.
El domingo pasado, el GIEI, integrado por cinco representantes de la
CIDH, aportó al menos dos nuevas líneas de investigación que tumban “la
verdad histórica” de la PGR sobre la desaparición de 43 estudiantes de
la Normal Rural Raúl Isidro Burgos hace casi un año.
De acuerdo con el informe de los expertos hay un camión desaparecido
que podría ser la clave para conocer el destino de los jóvenes ya que
no hay evidencia de que fueron quemados en el basurero municipal de
Cocula.
También revela, como lo publicó el semanario Proceso en su edición
2027, aún en circulación, que en todo momento elementos de la Policía
Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento
de la ruta que siguieron los cinco autobuses tomados por los
normalistas.
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