Cúmulo de anomalías y mala actuación judicial son la constante
Un
sinfín de omisiones e irregularidades judiciales enfrentan las
capitalinas que denuncian violencia ante la Procuraduría local.
Violar la escena del crimen, violentar a las víctimas y filtrar
indagatorias son algunas de las anomalías recurrentes en las
investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF).
Práctica común se ha vuelto que esta instancia encabezada por Rodolfo
Ríos Garza violente a las mujeres que llegan a denunciar violencia
familiar, violación sexual o la desaparición y asesinato de una
hija.
Con pruebas de estas irregularidades, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora
regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) exige la
renuncia de Ríos Garza.
Ulloa cita el actuar de la PGJDF en la investigación de la presunta red
de explotación sexual del ex líder del PRI capitalino Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre, caso en el que las víctimas fueron violentadas
por la autoridad encargada de protegerlas y garantizarles justicia.
La activista explica que en este caso la información de los expedientes
y los datos de las víctimas fueron filtrados a medios de comunicación y
a gente cercana a Gutiérrez de la Torre.
Además, la autoridad violó el artículo 20, apartado C, fracción VI, de
la Constitución, que obliga a la autoridad a proteger la identidad de
las víctimas de trata de personas.
Incluso Ulloa dice que el Ministerio Público (MP) encargado del caso
llegó a preguntarle qué tenía en contra de Gutiérrez de la Torre, si él
era “buena gente”, como si se tratara de un asunto personal y no de una
indagatoria penal.
A ello se suma que el personal de la PGJDF de manera tardía les entregó
notificaciones cuando los plazos son sustanciales, para que las
afectadas conocieran el estado del proceso y tuvieran tiempo para leer
los expedientes e interponer los recursos necesarios.
Por si fuera poco, continúa la activista, el caso se investigó en la
Fiscalía de Asuntos Electorales y Especiales y no en la que se
especializa en trata de personas.
MÁS FALLAS
Estas y otras irregularidades se repiten una y otra vez, como en el
asesinato de la estudiante de la UNAM Karen Joanna Sánchez Gochi,
asesinada en un hotel en Azcapotzalco el 11 de junio de 2012, caso que
litigó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
La madrugada de ese día los padres de Karen denunciaron la desaparición
de su hija ante la Agencia Novena del MP, pero el personal “se burló”
de ellos al decirles que la joven “se había ido con el novio”.
La familia cuenta que lejos de orientar, la PGJDF les generó más
incertidumbre, así que por su cuenta los padres buscaron al sospechoso,
hicieron solicitudes para obtener el registro de llamadas del teléfono
celular de Karen, y de las cámaras de seguridad.
Pese a que se trató del homicidio de una mujer, el delito no se
investigó en la Agencia Especializada de Investigación para la Atención
del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con
Orientación o Preferencia Sexual Diferente, como correspondía, sino que
fue llevado a la Fiscalía Antisecuestros.
Ello derivó en que el agresor fuera procesado por homicidio calificado
y no por feminicidio, y con ello obtuviera una pena de sólo 35 años de
cárcel.
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señala que el desempeño
de la PGJDF en casos mediáticos como el de Karen o el feminicidio en la
tienda departamental Liverpool en noviembre de 2014, requiere de un
fuerte esfuerzo para llegar a la verdad.
Sin embargo, la resolución de estos delitos que ponen a prueba al
sistema de justicia local, la autoridad deja fuera la perspectiva de
género, y no hace las diligencias necesarias para que los casos lleguen
ante un juzgado y haya sentencias condenatorias.
YAKIRI: CASO EMBLEMÁTICO
Las faltas al debido proceso también se presentaron en el caso de
Yakiri Rubí Rubio Aupart, joven que el 9 de diciembre de 2013 fue
amagada por dos sujetos que viajaban en una moto en la delegación
Cuauhtémoc a unas cuadras de la sede de la PGJDF.
La joven fue llevada a un hotel donde uno de los agresores la violó
sexualmente; en el lugar ella se defendió e hirió de muerte al hombre,
huyó semidesnuda, pero una vez que llegó al MP, en vez de tratarla como
víctima la acusaron de homicidio.
En ese momento, el procurador Ríos Garza declaró que había pruebas de
que Yakiri acudió el hotel por voluntad propia, que entre el presunto
agresor y ella había una posible relación sentimental y que no fue
violada.
Con estos indicios, Karla Micheeel Salas, presidenta de la Asociación
Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), advierte que en la capital
del país no se está procurando justicia, y por el contrario se observa
un desinterés de invertir en el tema.
Expone que ni siquiera existen espacios adecuados para atender a las
víctimas de violación sexual. Las víctimas son atendidas por personal
sin capacitación, y en oficinas donde están acumulados los expedientes
y conviven los presuntos responsables y las personas denunciantes.
La abogada agrega que los protocolos de investigación no se respetan,
como en el caso del homicidio de la activista Nadia Vera Pérez, así
como de Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra
Negrete Avilés, y el reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril.
En este caso se contaminó el lugar de los hechos, sólo se recabó
información personal de las cuatro mujeres, no se ha realizado una
reconstrucción del crimen, y no se ha dado importancia a las lesiones
de las víctimas.
Desde la PGJDF, critica Salas, se culpabiliza a las mujeres, se les
enjuicia por su apariencia física, y se desincentivan las denuncias de
quienes viven violencia familiar alegando que será muy difícil probar
sus dichos.
Por ello es que las activistas aseguran que en la PGJDF hay desde
“mentiras veladas” hasta investigaciones basadas en prejuicios, como el
caso de Clara Tapia Herrera, mujer que el 1 de julio de 2011acudió a la
Coordinación Territorial de la PGJDF en Iztapalapa, para levantar una
denuncia por violencia familiar contra ella y sus dos hijas y un hijo.
El 6 de septiembre de 2011 la mujer recibió una llamada telefónica de
personal judicial, para que se presentara a reconocer a las personas
detenidas por su denuncia. Una vez ahí, le dijeron que pasara a una
sala donde le harían un examen médico, pero en realidad la presentaron
ante los medios de comunicación acusada de “corrupción de menores”.
A decir de sus abogados, en realidad a Clara se le imputó ser “mala
madre”. Finalmente, por las pifias de la PGJDF en los peritajes
psicológicos la mujer fue exonerada en octubre de 2014.
Por: Anayeli García Martínez, Cimacnoticias | México, DF.-
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