Por: Cecilia Balderas
(08 de septiembre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Tras la
presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) –designado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos- sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurrida
en septiembre de 2014 y que pruebas y testimonios científicos echaran
por tierra la “verdad histórica” del extitular de la Procuraduría
General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, en la que
básicamente dio por muertos a los jóvenes al asegurar que habían sido
asesinados e incinerados, el coordinador del PRD en San Lázaro,
Francisco Martínez Neri, anunció que su grupo parlamentario promoverá
un juicio político contra el cansado exprocurador, por falsear la
investigación.
“El país está al revés; en vez de que la autoridad correspondiente
procure justicia, lo que señala la investigación independiente es que
la PGR distorsionó los hechos, destruyó pruebas y sobre todo, que es
científicamente imposible sostener que los estudiantes hayan sido
calcinados en el basurero”, argumentó Martínez Neri.
El exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
(UABJO) sostuvo que aunque Murillo Karam dejó de ser parte del gabinete
federal, aún goza de fuero, por lo que lo primero que debe hacer el
Legislativo es despojarlo de éste para iniciar el proceso penal;
consideró que la intensión de la administración encabezada por Peña
Nieto de ordenar se realice otro peritaje independiente es insuficiente
ante las mentiras que se les dijeron a los familiares de los
estudiantes desaparecidos y a la sociedad en general.
Decisiones políticas, corrupción…ineficiencia
El coordinador del sol azteca en el Senado de la República, Miguel
Barbosa, declaró que desde el inicio de la investigación sobre el caso
“hubo una decisión política para que la PGR eliminara evidencias que
vincularan a integrantes y servidores públicos del gobierno del estado
de Guerrero y del gobierno federal y para hacer a un lado las
evidencias que vincularan al Ejército mexicano en estos
acontecimientos, así como para crear una verdad formal que llevara a
los familiares de las víctimas a aceptar el destino horroroso de que
hubieran sido calcinados sus hijos”.
Sin embargo, el político poblano afirmó que las conclusiones
presentadas por el GIEI no tienen ningún valor jurídico hasta que sean
admitidas como parte del expediente de la investigación.
Alejandro Encinas declaró que el informe presentado desnuda y
evidencia el nivel de corrupción y descomposición de las instituciones
públicas del país, pues acreditó que autoridades de los tres niveles de
gobierno mintieron, alteraron y ocultaron información.
“No solamente se ocultó la existencia de un quinto autobús, sino que
además, en todos los casos, se ocultó la presencia en flagrancia de
cuerpos policiacos; decían que no contaban con información, pero a
través del C4 contaron en tiempo real con información, todos los
órdenes de gobierno. El gobernador del estado y el procurador fueron
omisos. El 27 Batallón además tenía información de inteligencia militar
y fue testigo, sin haber intervenido, de la agresión de que fueron
víctimas los estudiantes. Deben fincarse responsabilidades”, dijo el
senador.
El exjefe de gobierno de la Ciudad de México consideró que no se
requiere mandar a hacer otros peritajes, sino de que la autoridad, por
fin, aplique la ley y sancione a los responsables que van desde los
autores materiales e intelectuales, hasta las autoridades que fueron
omisas, mintieron, ocultaron información y a las que quisieron dar
carpetazo a la investigación sin contar con evidencias claras de lo
sucedido.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la
República, Angélica de la Peña, dijo estar “muy preocupada” por la
ineficiencia de las instituciones mexicanas y agregó que la PGR tendría
que constituir una unidad o fiscalía especializada –con la opinión y
anuencia de los familiares de las víctimas y de organizaciones no
gubernamentales- para que retome el caso sobre la desaparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa desde su origen, mismo que estaría
obligado a no descartar ninguna línea de investigación.
La legisladora sostuvo que lo primero que debe hacerse para dar
“certidumbre a la investigación”, es llamar a cuentas a Murillo Karam y
a los funcionarios que bajo su responsabilidad estuvieron involucrados
en la investigación, pues algunos de ellos aún se encuentran en la PGR.
“Lo que hoy estamos demostrando con este informe es la ineficiencia
que tenemos también de no atender lo que la reforma del 2008 nos ha
mandatado; seguimos inscritos en la investigación previa cuando eso ya
está derogado en la Constitución, fundados en la confesión que ha dado
verdaderamente dramáticos sus resultados, perniciosos resultados”,
sostuvo de la Peña.
Para el próximo miércoles se tiene prevista una reunión entre las
comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Organismos
Internacionales del Senado con los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Especialistas Independientes para hablar del
informe presentado el pasado domingo sobre el caso Ayotzinapa.
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