Según datos del Coneval, 11.9 millones de mexicanos viven en pobreza extrema y con carencia alimentaria.
Las irregularidades en contratos de la cruzada antihambre se detectaron hace siete meses
Incumple Sedesol observaciones de la ASF por 845 millones de pesos
El probable daño al erario corresponde a 2013, el primer año de Rosario Robles en la secretaría
La imagen, en el poblado de
Cruzhica, en la Huasteca hidalguense
En
la Cruzada Nacional contra el Hambre, concebida como el programa
insignia del sexenio, con el ofrecimiento reciente de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) de revisar sus alcances en lo inmediato, la
dependencia federal enfrenta la obligación de aclarar el destino de 845
millones de pesos de probables daños y perjuiciosa la hacienda pública.
Lo anterior, luego de las observaciones hechas por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) a contratos y al desempeño de dicho
programa, en el análisis la cuenta pública 2013, año de su lanzamiento.
Siete meses después de su presentación, la Sedesol aún no ha solventado
la mitad de las irregularidades detectadas.
De acuerdo con el reporte de seguimiento que la ASF realiza sobre
las acciones recomendadas, persisten al menos seis relacionadas con el
primer año de gestión de Rosario Robles al frente de la secretaría, que
involucran los 845 millones de pesos. Más allá de las inconsistencias
importantes en cuanto a padrones de beneficiarios, número de municipios
involucrados y coordinación con programas que confluyen en los
objetivos de la cruzada contra el hambre, del estado que guardan las
recomendaciones aún se desprende que están incumplidas.
El conjunto de acciones no solventadas hasta ahora vinculan
irregularidades detectadas en convenios de la Sedesol con las
universidades autonómas del Estado de México (UAEM) y de Morelos, entre
otras instancias, que recibieron contratos por 857 millones de pesos,
en los cuales se detectaron anomalías por 845 millones de pesos.
De la inspección jurídica que realizó la ASF a los contratos
celebrados en 2013 para la cruzada contra el hambre, de 10 pliegos de
observaciones sólo ha solventado la mitad.
Mochilas, gorras y playeras por medio de la UAEM
Entre las fallas detectadas destacan las contenidas en el pliego 13-0-20100-12-0269-06-002 por el monto involucrado:
se presume daño o perjuicio a la hacienda pública por 396.8 millones de pesos. Cuestionado desde que la ASF presentó la revisión de la cuenta pública 2013, donde se advertía de un convenio con la UAEM para la adquisición de un conjunto de utilitarios, como mochilas, gorras y playeras que, a decir de la ASF,
no corresponden con los objetivos del decreto. A la fecha, la Sedesol no ha dado respuesta.
Un
segundo paquete de observaciones tampoco aclaradas incluye daño por
239.3 millones de pesos, referente a un contrato con la universidad de
Morelos, relacionado con una estrategia de información para difundir
programas sociales. Sin embargo, tras el contrato con Sedesol, la
institución adjudicó la elaboración a la empresa Evyena Servicios.
De la supervisión de la ASF se desprendió que hubo negligencia de
funcionarios de Sedesol y de la casa de estudios en la supervisión y
seguimiento, lo que permitió la adjudicación de un contrato a una
empresa con otro objetivo social,
lo que permitió licitar de manera irregular y una simulación de los servicios al subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica.
En otro contrato, que involucra también triangulaciones entre la
dependencia federal, instituciones universitarias y empresas, se
presume un daño de 147 millones de pesos,
en virtud de que no se acreditaron los gastos y la prestación de servicios y se presentaron documentos presumiblemente alterados para justificar la recepción de bienes.
Asimismo, otro convenio con la UAEM para asesoría especializada en difusión y promoción social, que contemplaba
estrategia de promoción de políticas públicas; reporte de monitoreo de medios; un
seminario sobre manejo de crisis, que incluye referencias a manejo de opinión pública; estrategia en redes sociales y un diagnóstico sobre vulnerabilidad político-electoral, entre otros.
Foto Cristina Rodríguez
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de septiembre de 2015, p. 37
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