Ayotzinapa: Justicia Extraviada
Rinden hoy un informe final sobre los hechos de Iguala
Da cuenta grupo de expertos de sus
logros y pendientes
Padres de Ayotzinapa en Tlapa, Guerrero
Foto Víctor Camacho
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
El
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregará al
Estado mexicano el resultado final de su investigación sobre los hechos
de Iguala/Ayotzinapa –contenido en un expediente de casi medio millar
de hojas– este domingo en una ceremonia que se realizará en el
auditorio Digna Ochoa, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, ante representantes del cuerpo diplomático y la prensa.
Este sábado los cinco integrantes del GIEI se reunieron con madres y
padres de los jóvenes de Ayotzinapa fallecidos, heridos y
desaparecidos, y con los estudiantes sobrevivientes de la agresión para
anticiparles los logros y pendientes de su labor. Pero será el lunes
cuando se reúnan en pleno con todo el colectivo en la escuela normal en
Tixtla, Guerrero, para explicar en detalle el contenido y los alcances
del informe.
Durante los seis meses de trabajo de este primer mandato,
prorrogable por ley un semestre más, los especialistas del GIEI, que la
Organización de Estados Americanos asignó para el caso de Ayot-zinapa,
hicieron públicos cuatro informes parciales con los avances logrados
durante su investigación.
En este periodo hicieron valer las facultades que fueron definidas
en el convenio que firmó el gobierno mexicano con la OEA y que entró en
vigor el 2 de marzo. Este marco legal les otorgó derecho para acceder a
todas las investigaciones, evidencias y peritajes realizados a la
fecha; para entrevistarse con todos los involucrados, incluidos los
poco más de 100 detenidos hasta ahora, con los funcionarios, testigos
y, por supuesto, las víctimas.
Pudieron encargar peritajes independientes especializados y acudir a
los lugares de los hechos y a las prisiones donde están retenidos los
perpetradores, así como realizar diligencias en su carácter de
coadyuvantes. A lo largo de los pasados seis meses presentaron decenas
de recomendaciones a distintas instancias del gobierno mexicano, entre
ellas la Secretaría de Gobernación, la PGR y procuradurías estatales.
Tuvieron posibilidades de formular denuncias y solicitar protección
para testigos colaboradores. En paralelo hicieron un análisis con el
fin de evaluar la capacidad del Estado mexicano para prevenir la
desaparición, investigar y sancionarla.
En todas sus peticiones y requerimientos recibieron colaboración de
las autoridades, excepto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que
ante reiteradas solicitudes, se ha negado a permitirles contacto con
los militares del 27 Batallón de Infantería que, según consta en
distintas pruebas recopiladas, estuvieron activos en los escenarios
donde se cometió la agresión.
El
GIEI está integrado por cinco expertos latinoamericanos, entre ellos
dos mujeres que fueron fiscales en sus respectivos países. Una es la
guatemalteca Claudia Paz y Paz (colaboró en el informe de la Comisión
para el Esclarecimiento Histórico después de la firma de la paz y fue
la fiscal general que abrió el proceso que llevó al ex dictador Efraín
Ríos Montt a ser juzgado y declarado culpable por genocidio en su
país). La segunda es la colombiana María Ángela Buitrago, asignada para
el juicio por la desaparición de 11 personas en el Palacio de Justicia
de Bogotá, en el cual fueron sentenciados a cárcel dos generales.
También están el penalista chileno Francisco Cox Vial, quien trabajó
en el proceso de extradición del ex dictador Augusto Pinochet; el
colombiano Alejandro Valencia Villa y Carlos Martín Beristáin, español.
Estos dos últimos son especialistas en programas para el resarcimiento
de víctimas y partícipes en comisiones de la verdad de varios países
latinoamericanos.
El esquema de un grupo de expertos independientes con facultades de
realizar una investigación del orden penal en un país miembro es un
esquema sin precedente en el sistema interamericano. Fue propuesto por
el Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro, a petición de los
padres y diversas organizaciones locales. El proceso de integración se
inició con un convenio de intención que firmó el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en octubre, pero la instancia
no pudo empezar a trabajar sino hasta marzo de este año, ya que las
negociaciones para definir los términos del convenio se prolongaron.
Según informan fuentes cercanas a este acuerdo, la representación
oficial mexicana pretendía en un principio hacer del grupo de trabajo
un organismo
de fachada. Los peticionarios al final lograron un acuerdo
aceptablecon la posibilidad de ampliar el plazo de vigor del organismo prorrogable después de los seis meses.
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