El
actual rector José Narro Robles, “defensor” de la Universidad pública a
fuerza de las condiciones establecidas por la huelga rebelde de 1999,
termina su mandato con un saldo, para él, favorable. Bajo el maquillaje
de progresista presentado en su gestión, la imagen pública que cultivó
parece intocable. Salvo algunos conflictos estrictamente
universitarios, como los cambios a los planes de estudio o las reformas
punitivas contra los académicos, no existió durante su rectorado un
problema de gran alcance mediático, ni tampoco un movimiento que
pusiera en entredicho su “legitimidad” política. No obstante, la
movilización social que cimbró a todo el país demandando la
presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tuvo
repercusiones. Generó núcleos de organización entre académicos y
estudiantes, posibilitó la discusión de los distintos sectores
universitarios y puso de manifiesto, por un lado, que la UNAM no es el
paraíso aislado de la sociedad, único, privilegiado, que tanto se
afanan en presentar sus burócratas; por otra parte, develó cuán
progresista resulta un rector cuyo comportamiento y declaraciones sobre
Ayotzinapa no se salieron del script dictado por el gobierno
peñanietista.
El próximo 24 de septiembre inicia, de manera
formal, el proceso para “elegir” al nuevo rector. De más está decir que
en tal proceso, gracias a las estructuras anquilosadas de gobierno que
todos los funcionarios se empeñan en sostener, la comunidad
universitaria no está incluida. Más allá de la antidemocrática forma en
que se designa al rector ―pues una camarilla de quince personajes
decide quién y bajo qué criterios―, el contexto de esta elección es
trascendental por el momento político que vive el país. El avispero fue
movido y tres personajes ya han expresado sus deseos de asumir la
rectoría: Rosaura Ruiz, Sergio Alcocer y Francisco Bolívar Zapata.
Todos ellos tienen en común una trayectoria como funcionarios
universitarios, los tres son hijos de la caduca estructura de gobierno
que priva en la UNAM. Tanto Alcocer como Bolívar Zapata, además de ser
estrechos colaboradores de Narro, fueron empleados del mismísimo Peña
Nieto. Alcocer lo era en la Secretaría de Relaciones Exteriores;
Bolívar Zapata es conocido como el principal artífice de la ley
Monsanto. Por su parte, Rosaura Ruiz tiene un pasado nada decoroso.
Enfrentó con especial furia a los estudiantes de la Facultad de
Ciencias que participaron en la huelga de 1999, después trabajó junto a
Juan Ramón De la Fuente en la Secretaría de Desarrollo Institucional
que, a la sazón, fue el premio obtenido por su papel durante el
conflicto universitario. Sin embargo, tanto Alcocer como Bolívar Zapata
llegan a la contienda de la mano de Enrique Peña Nieto.
El
golden boy de Atlacomulco, fiel al viejo estilo priista que impera en
su administración, juega por lo pronto con dos cartas visibles sobre la
mesa. Bolívar Zapata tiene el nada elogioso honor de haber solicitado
la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) para poner fin a la
huelga de 1999-2000. En ese entonces se distinguió como un seguidor
fiel de Francisco Barnés de Castro. Además, durante el rectorado de
Juan Ramón De la Fuente, fue miembro de la Junta de Gobierno (JG). En
anteriores sucesiones, como parte de las mafias universitarias, su
nombre ha sido de los más sonados para ocupar el puesto que abandona
José Narro. Su trayectoria, apenas nombrando a los tres rectores desde
1997 a la fecha, no puede dejar lugar a dudas de su peso. De llegar a
la rectoría, la línea política a seguir sería definida desde Los Pinos.
A su vez, Sergio Alcocer sale de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) como el primer abanderado peñanietista. Luego de
anunciar su deseo de ser rector, desató una fuerte campaña mediática
para posicionarse, presentándose sólo como un “simple” universitario.
Su carrera política dentro de la Universidad lo llevó a ocupar la
Secretaría General desde el 2007 hasta el año 2013, cuando fue nombrado
subsecretario para América del Norte. Asimismo, se desempeñó como
funcionario en la Secretaría de Energía en el gobierno de Felipe
Calderón. Sin duda tiene experiencia en los juegos del poder federal,
pero a la UNAM la conoce poco. En una entrevista declaró que la JG “Es
una instancia que ha funcionado excepcionalmente bien en favor de la
Universidad, dotándola de una estabilidad de 70 años” [1]. La JG, más
que brindar estabilidad, es generadora de los no pocos conflictos
suscitados dentro de la institución, y es pilar de la antidemocracia
que priva en ella.
La “elección” del rector es siempre una
decisión política en la que, se debe insistir, una camarilla decide por
encima de la comunidad universitaria. Esta sucesión, sin embargo,
define en buena medida el rumbo de la Universidad dentro del mapa
político mexicano: o continúa con su carácter público, gratuito,
académico y crítico, donde la resistencia social del país encuentra
cobijo y espacio para la reflexión o bien, en el camino andado por el
gobierno de Peña Nieto, se convierte en un punto estratégico del
priismo con miras a su privatización. La preocupación de diversos
sectores de la comunidad, ante el regreso del PRI más añejo y
recalcitrante, no debe ser pasada por alto. Cuando se habla de una
ofensiva en contra de la UNAM, como el recorte al presupuesto por
ejemplo, no se trata de un lugar común. La avasallante oleada de
reformas estructurales, pese a la resistencia social y el desprestigio
político que representa todavía el caso de los estudiantes de
Ayotzinapa, muestran hasta qué punto el programa del golden boy ha
logrado avanzar. Los tropezones por la corrupción que priva en su
gobierno, no han impedido que continúe con su agenda. El peligro
existente en Alcocer y Bolívar Zapata no se encuentra tanto en su
pasado, sino en el futuro que buscan dentro de la UNAM; se finca en el
proyecto político con el que comulgan y del cual son actores: el de
Peña Nieto. Lo que debe preocupar a la comunidad es la aplicación a
rajatabla de las políticas abiertamente privatizadoras que ya dejaron
su estela de saldos negativos en el país. Nadie que eche un vistazo al
México gobernado por Peña Nieto puede suponer que la educación
superior, y especialmente la UNAM, no se encuentra en la mira.
Lo que se juega con esta elección tiene dos planos significativos. Por
una parte, hay una cuestión simbólica. Desde el año 2000, el gobierno
federal no intervenía del todo en la cuestión política universitaria.
La fuerza generada por la huelga del CGH, más la “salida” de los
priistas de Los pinos, permitieron tanto a De la Fuente como luego a
José Narro, tener administraciones relativamente autónomas y, de hecho,
en confrontación declarativa con los gobiernos panistas. Ambos
rectores, cuyo pasado tricolor es inolvidable desde luego, se
presentaron ante la sociedad como guerreros defensores de la UNAM
pública y gratuita; haciendo caravanas con sombrero ajeno, en el
terreno mediático fueron identificados como “progresistas”. En ambas
administraciones, la autonomía universitaria se transformó en la égida
bajo la cual sus rectorados se condujeron. El gobierno federal, en los
doce años de panismo, poco, muy poco, pudo intervenir en la UNAM. No es
que no lo intentara, pero el fantasma del CGH, la correlación de
fuerzas interna, se lo impidieron.
El segundo aspecto,
íntimamente relacionado con el anterior, está en la cuestión política y
la importancia de la UNAM como histórico referente de resistencia. La
imposición de cualquier candidato directamente vinculado a Peña Nieto,
significaría un retroceso no de la “democracia” universitaria sino de
las condiciones actuales en la Universidad. El hecho de que no exista
un mayor avance de las políticas neoliberales en la Máxima Casa de
estudios, se debe, ni duda cabe, a la oposición de la comunidad, a la
fuerza que ha generado y que mantiene, por lo pronto, limitadas las
recetas privatizadoras aplicadas en otras casas de estudio y, de manera
más amplia, en todo el sector educativo del país. De regresar a la
UNAM, el PRI se adjudica una victoria política y simbólica, arrebatando
a la sociedad mexicana un bastión fundamental del pensamiento crítico.
De tal suerte, impedir la imposición de un candidato bendecido por Peña
Nieto, es de suma importancia. Hay tres aspectos fundamentales: primero
porque se defiende un proyecto que, a pesar de todas las embestidas de
la era neoliberal que alcanzaron su máxima expresión en 1999, continúa
en pie y más que nunca necesario; segundo, al frenar la imposición de
un candidato de la presidencia, se sienta un precedente de resistencia
ante una decisión gubernamental y se golpea, aunque mínimamente, al
tsunami neoliberal que ahoga a México; tercero, porque la UNAM puede
representar un dique que contenga la ofensiva peñanietista y, al mismo
tiempo, generar una alternativa que posibilite pensar más allá de los
límites impuestos por la inmediatez del contexto histórico. No se
trata, desde luego, de ilusionarse con otro candidato o candidata.
Rosaura Ruiz, por ejemplo, no avanzó en su agenda de gobierno dentro de
la Facultad de Ciencias porque la movilización de la comunidad lo
impidió. No parece tener demasiadas posibilidades de ocupar la
rectoría, sobre todo por la cargada priista ya anunciada, pero de
ocupar el cargo no es garantía alguna para defender la Universidad, ni
mucho menos de un cambio real.
Por lo pronto, hay tres cartas
en el póker del poder universitario. Todo indica que, tan solo por el
número de candidatos, el priismo se abalanza sobre la UNAM. Desde la
JG, entre las conocidas mafias de los científicos, los ingenieros,
etc., se favorecerá al que más fuerza tenga entre las tribus. Es, pues,
una decisión política en la que, dentro de las estructuras
institucionales, la palabra de la comunidad no vale. Sin embargo, hay
posibilidades de que ésta incida verdaderamente en el proceso. Mientras
más rechazo y organización se muestren, mientras más preparación exista
para movilizarse, será más difícil imponer al candidato de Peña,
cualquiera que sea su nombre. De imponerlo, la JG sabrá que estará
inaugurando un nuevo conflicto cuya magnitud puede ser de gran alcance.
La comunidad universitaria, sus trabajadores, sus académicos y sus
estudiantes, han estado a la altura de la historia. Esta vez no será la
excepción.
Nota:
[1] Entrevista realizada por Nurit Martínez, 28 de julio de 2015. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/
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