Si hasta hace poco el planteamiento podía pasar por descabellado, conspiranoico y sólo hipotético, los datos y los hechos ya no dejan lugar a dudas.
Los ejemplos iniciales ocurrían con Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde la violencia detonó hace una década y que, desde hace tres años desarrollan, aparentemente pacificados (excepción hecha de Tamaulipas), megaproyectos energéticos.
Mapa: Sener
Mapa: Sener
Que la ruta de la violencia pasa por las zonas de megaproyectos ya no es novedad. El ejemplo más claro está en la ruta de los gasoductos, cuyo caso emblemático es el denominado “Los Ramones”, la obra más grande y más opaca del ramo energético de este sexenio, que viene de la tamaulipeca Frontera Chica, para atravesar Nuevo León, seguir por San Luis Potosí y llegar hasta Apaseo el Grade Guanajuato, entidad y región la de este último punto que padece un recrudecimiento de la violencia –atribuida siempre al hampa— luego de la presunta pacificación de las primeras entidades por donde el proyecto ya registra un avance significativo.
Para el caso, Pemex se asoció con IEnova, filial de Sempra Energy, polémica trasnacional estadunidense cuyo representante en México es Carlos Ruiz Sacristán, subsecretario de Hacienda con Salinas, cuyo sexenio terminó como director de Pemex.
El planteamiento de la correlación violencia-energía lo han hecho varios autores. Lo hizo Federico Mastrogiovanni en su libro periodístico sobre desaparecidos Ni vivos, ni muertos (Grijalbo. 2014); lo hizo Carlos Fazio, en Estado de Emergencia. De la Guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto (Grijalbo. 2016) y, aunque de manera menos profunda que los anteriores, lo hice en El regreso autoritario del PRI. Inventario de una nación en crisis (Grijalbo. 2015).
En un día, dos asuntos indican de nueva cuenta esa simetría del negocio energético con una previa instauración del terror, Salinas de por medio:
Primero, el pasado miércoles 12 de julio, la compañía Sierra Oil & Gas, primera empresa mexicana creada para aprovechar la Reforma Energética, anunció el “descubrimiento” de un yacimiento petrolero a 60 kilómetros del puerto de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco, lugar de crímenes de alto impacto en una de las entidades más violentas e inseguras de México.
En junio de 2015, en la Revista Proceso, se publicó un reportaje en el que se informó de la participación de Jerónimo Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, en Sierra (consultar reportaje aquí). El mecanismo sencillo: tomar las Afores e invertirlas en negocios privados con el Estado Mexicano, especialmente redituable como se puede ver ahora que la disidencia petrolera agrupada en la UNTYP, denuncia que el yacimiento llevaba descubierto desde 2003 por geólogos de Pemex.
Luego, el mismo día 12, Otra empresa que dio noticia fue Jaguar Exploración, que pujó y consiguió 11 zonas de gas y petróleo, en tanto, su competidora Newpek, consiguió dos. La competencia es relativa. Jaguar es dirigida por Dionisio Garza Medina, expresidente de Grupo Alfa, la controladora de Newpek, donde lo sustituyó su primo Armando Garza Sada. Negocio de familia, el clan Garza Sada es de añeja prosapia pero ampliamente favorecido por Salinas. El tercer grupo ganador de las licitaciones recientes fue Carso Oil & Gas, es decir, la filial petrolera del magnate construido en el sexenio salinista, Carlos Slim, que se quedó con dos zonas licitadas.
Y, por si alguna duda quedaba, el reparto ocurrió una vez más en las zonas de precursor violento: las Cuencas de Burgos (Tamaulipas y Nuevo León); Veracruz; Macuspana (Tabasco) y Salina del Istmo (Veracruz). No hay política ficción, la correlación entre la violencia y los negocios energéticos del salinismo, es contundentemente clara.