(Expansión) -
Como candidatos y como gobernadores, Javier Duarte, Roberto Borge y
César Duarte prometieron respetar reglas partidarias y ser honestos.
Hoy, los tres enfrentan denuncias y son símbolos de corrupción
Cantos y porras enmarcaron en 2010 los actos masivos en los
que Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte asumieron las
candidaturas del PRI a las gubernaturas de sus respectivos estados:
Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Meses después, luego de ganar sus
elecciones en julio de ese año, el mismo ambiente reinó en sus tomas de
protesta, en las que prometieron mejorar la calidad de vida de sus
gobernados.
Pero esa no fue su única promesa. Como candidatos y posteriormente
como funcionarios que representaban al tricolor, los tres se
comprometieron a respetar un Código de Ética Partidaria que los obligaba
a actuar de forma honesta, y que después rompieron por medio de
diversas irregularidades presuntamente cometidas en sus
administraciones.
El artículo 9 del ordenamiento partidario señala que los militantes
del PRI deben comportarse con "alto sentido de dedicación a los
intereses del pueblo". Sin embargo, según las denuncias formales que
pesan en su contra, estos exmandatarios —a quienes el presidente Enrique
Peña Nieto se refirió en 2012 como ejemplo de una "nueva generación" en el priismo— violaron esta regla al aprovechar sus cargos públicos en beneficio personal.
La caída de Javier Duarte
Cuando se convirtió en candidato al gobierno de Veracruz, el 17 de
abril de 2010, Javier Duarte respondió "¡Sí, protesto!" cuando la
entonces dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, le preguntó si
actuaría "con patriotismo, lealtad, honradez, eficacia" como abanderado
tricolor.
Luego compitió con el lema "En mí sí puedes confiar" y ganó los
comicios, aunque prácticamente desde que asumió el poder su
administración fue objeto de cuestionamientos en materias como
seguridad, desarrollo económico, libertad de prensa y respeto a los
derechos humanos, otro aspecto que el código de ética del PRI obliga a
sus militantes a cuidar.
Javier Duarte, el caso que pone a prueba a la justicia mexicana
"Los dirigentes y servidores públicos de origen priista
tendrán la obligación en todo momento de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, favoreciendo a las personas su
protección más amplia", dice el artículo 18 de la normatividad.
A siete años de que Duarte inició su gobierno —en el que fueron
asesinados al menos 19 periodistas y se registraron más homicidios,
secuestros y desapariciones forzadas—, él se encuentra en prisión
preventiva en México, donde espera el inicio de procesos penales en su
contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita (a nivel federal), y de abuso de
autoridad, peculado, incumpliemiento del deber legal, tráfico de
influencias y coalición (correspondientes al nivel local).
En ese marco, además, el 25 de octubre pasado fue expulsado de las filas del Revolucionario Institucional.
Borge, el gobernador de los despojos
Al igual que el veracruzano, Roberto Borge prometió públicamente
respetar el código de ética del PRI, que en su artículo 14 obliga a los
militantes a conducirse "en todo tiempo con legalidad, dignidad,
honestidad, probidad, veracidad y transparencia".
Sin embargo, según lo han documentado investigaciones periodísticas y
autoridades federales y locales, luego de asumir el gobierno Borge
empezó a tejer una red a la que se atribuyen desvíos de recursos
públicos, despojos de bienes a particulares y empresas, así como ventas
irregulares de predios que eran propiedad de la entidad.
La noche del pasado 4 de junio, casi siete años después de que ganó
las elecciones en Quintana Roo, Borge fue detenido en Panamá, donde
aguarda un proceso de extradición a México para ser sometido ante la
justicia. También en junio, el tricolor decidió expulsar de sus filas a
este exgobernador.
Recomendamos: La extradición de Borge podría tardar hasta un año
César Duarte, en la mira
En Chihuahua, César Duarte prometió estimular el crecimiento
económico de la entidad y mejorar las condiciones de seguridad. Sin
embargo, sus detractores afirman que no cumplió, aumentó la deuda
pública, desvió recursos y aprovechó el cargo para hacer negocios.
De comprobarse estos señalamientos, el exmandatario habría violado el
artículo 17 del código de ética del PRI: "El desempeño de la función
pública implica la responsabilidad de ejercer un mandato legal y popular
con el propósito de realizar debidamente todas aquellas actividades que
corresponden al Estado (...) y que buscan safisfacer necesidades
colectivas".
Hoy, Duarte encara al menos dos órdenes de aprehensión —una promovida
por la fiscalía de la actual administración de Chihuahua y otra por la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)—
y es considerado prófugo de la justicia.
Según versiones de prensa y el gobernador Javier Corral, del PAN,
Duarte se encuentra en Texas, Estados Unidos, donde aún goza de su
militancia partidista, aunque hay sectores que exigen su expulsión.
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