John M. Ackerman
La Jornada
Las empresas Epccor y Aldesa,
constructores del Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos, han declarado que
el socavón que llevó a los señores Juan Mena López y Juan Mena Romero a
su muerte la semana pasada
fue ocasionado por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura y una acumulación extraordinaria de agua provocada por las intensas lluvias. De la misma manera, Miguel Ángel Mancera ha querido recubrir su ineptitud echando la culpa por las históricas inundaciones en la Ciudad de México a la
acumulación de basuraen el sistema de drenaje de la capital.
La salida más fácil para las autoridades siempre será echar la culpa a
las víctimas de cualquier desastre. Hace unos días, el gobernador
Héctor Astudillo culpó a los mismos presos por la violenta muerte de 28
internos en la cárcel de Acapulco, en lugar de asumir su responsabilidad
legal como mando superior sobre el sistema de readaptación social del
estado de Guerrero. A Felipe Calderón le gustaba afirmar, sin dato
empírico alguno que lo respaldara, que 90 por ciento de los ejecutados durante su irresponsable, asesino y criminal
guerra contra las drogas, serían narcotraficantes y, por ello, supuestamente merecerían su mortal castigo. Y Lorenzo Córdova aprovecha cualquier oportunidad para echar la culpa a la
desconfianzaciudadana por la enorme crisis democrática que hoy vivimos.
Las autoridades públicas existen precisamente para anticipar, planear
y prevenir las consecuencias trágicas de las elecciones individuales de
los ciudadanos y de los fenómenos naturales. Si no son capaces de
cumplir con su trabajo la única salida es su renuncia inmediata.
En Guerrero, la autoridad al parecer no sirve de absolutamente nada.
Si el gobernador no es capaz de imponer el orden y el estado de derecho
dentro de un espacio totalmente vigilado donde cada movimiento es
supuestamente observado y controlado, se evidencia como un perfecto
inútil. Una disputa entre internos solamente genera docenas de
decapitados dentro de un contexto de total ingobernabilidad. ¿Dónde
consiguieron los internos sus armas? ¿Quién mandaba en la cárcel?
En Morelos, no hay ninguna razón por la cual las bolsitas de
Sabritas aventadas por niños felices camino a Acapulco tendrían que
terminar en la muerte de dos ciudadanos ejemplares. Si México tuviera
instituciones que funcionaran, empresas con tan cuestionada reputación
como Epccor y Aldesa jamás hubieran recibido el contrato
multimillionario del Paso Express. Y, si por azares del destino, estas
empresas resultaran ganadores de la licitación, algún funcionario de la
Secretaría de Comunicación y Transportes hubiera revisado
escrupulosamente la calidad de la obra entregada, así como dado un
mantenimiento riguroso a las alcantarillas. Y, finalmente, después de
que Juan Mena y su hijo cayeran al hoyo, alguna autoridad los hubiera
rescatado inmediatamente, en lugar de dejarlos solos para morir
lentamente de asfixia, casi dos horas después del accidente.
De la misma manera, Lorenzo Córdova y los consejeros electorales
tanto del INE como del IEEM están generando un enorme socavón en nuestra
supuesta
democracia. Su complicidad absoluta con uno de los fraudes electorales más grandes y evidentes en la historia cometido el pasado 4 de junio en el estado de México por Alfredo del Mazo, los pinta de cuerpo entero. El titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Eduardo Gurza, tendría que abstenerse de cualquier intervención en este caso por su evidente conflicto de interés con el candidato. En su lugar, se debería crear una comisión especial integrada por ciudadanos de intachable trayectoria y reputación para revisar todas las cuentas de la elección.
Los ciudadanos no podemos esperar ninguna ayuda de parte de las
autoridades. Nadie nos salvará. Tal y como ocurrió después del terremoto
de 1985, nosotros mismos tendremos que escarbar nuestro camino de
escape. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
Tienen razón tanto los constructores del socavón express como quien se ostenta como jefe d
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