Reflexivo. Foto: Xinhua
Sí Duarte toca una cárcel veracruzana, no sabe el infierno que le
espera. Estar en prisión, en población abierta, es estar muerto en
vida”, dice la diputada panista de Veracruz, Maryjose Gamboa, presa
durante ocho meses acusada de homicidio culposo por atropellamiento de
un joven en Boca del Río.
Gamboa siempre responsabilizó a Duarte, al extitular de la SSP,
Arturo Bermúdez y al entonces titular de la FGE, Luis Ángel Bravo de
estar detrás de los golpes, torturas y vejaciones que sufrió el tiempo
que estuvo en prisión y de aletargar “con alevosía” y “argucias
jurídicas” su tiempo de reclusión.
En entrevista, Gamboa Torales –en prisión de julio de 2014 a febrero
de 2015– asegura que aunque Duarte lleva poco menos de cien días en una
cárcel guatemalteca, no ha sufrido el efecto de la “prisionalización”
que conlleva estar en un centro de readaptación social a población
abierta.
“Expuesto a la soledad, a golpes, maltratos, violaciones a tus
derechos, a trabajos forzados, a que te traten como un animal, hasta
pulverizar tu autoestima y defensas…cuando, eso le pase a Duarte, ahí
sí, le espera el infierno”, afirma Gamboa, quien antes de diputada fue
columnista del periódico Notiver y conductora de Meganoticias.
Entre el 17 y 21 de julio, Javier Duarte arribará a México tras un
proceso que tardó más de 90 días y que incluyó dos solicitudes de
extradición desahogadas en el Tribunal Tercero y Quinto –este último
especializado en narcoactividad y delitos ambientales– de Guatemala, en
donde a Duarte se le leyeron los diez delitos que le imputan la
Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del
Estado (FGE).
Mientras tanto, el exmandatario veracruzano estuvo recluido en el
Fuerte Militar de “San Rafael Matamoros”, una cárcel VIP –catalogada así
por familiares de reos encerrados en otras cárceles de esa nación
centroamericana–, pues en dicho Cereso sólo hay 27 presos recluidos.
Políticos involucrados en fraudes fiscales, capos del narcotráfico de
esa región centroamericana, servidores públicos presos por peculado y el
propio Duarte.
Duarte después de su audiencia en Guatemala. Foto: AP / Moisés Castillo
Aunque en Guatemala, según cifras del Sistema Penitenciario, hay 71
mexicanos presos en las 21 cárceles de esa nación por los delitos de
homicidio, tráfico de drogas, robo y lesiones, sólo Duarte tenía la
deferencia y privilegio de estar en una prisión militar, dado que el
juez de control que le leyó su orden de aprehensión el pasado 15 de
abril lo consideró un “sindicado vulnerable”, cuya vida peligraba
–resumieron las autoridades guatemaltecas– en población abierta en
cualquier otra prisión.
Duarte será entregado a la PGR acusado por la comisión de delitos
como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia
organizada, mismos que sus abogados alegan que debería ser “simple
peculado”. Como descargo de pruebas (enlistan 19), se encuentran los
testimonios de otrora prestanombres del exgobernador, como José Juan
Janeiro Rodríguez, Moisés Mansur y Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario
de Seguridad de Veracruz, bautizado como Capitán Tormenta, al interior de la corporación.
En la Fiscalía General del Estado, el titular Jorge Winckler reclama
la presencia de Duarte para fincarle responsabilidades por tráfico de
influencias, desvío de recursos, peculado y abuso de autoridad. A todas
estas acusaciones, Duarte respondió desde Guatemala que eran
“infundadas, ligeras, vagas e imprecisas”.
Winckler, quien sólo da entrevistas con el permiso del gobernador
Miguel Ángel Yunes y a medios muy seleccionados, aseguró a Luis
Cárdenas, de MVS, que “existen más cargos en contra de Duarte de Ochoa”
que no fueron incluidos en la solicitud de extradición, pero los cuales
se “agregaran” una vez que el exmandatario veracruzano ya esté bajo
disposición de la PGR en México.
“En su momento no se tenían las órdenes de aprehensión contra Duarte
(por los nuevos cargos), por los que sólo se presentaron los mismos que
se escucharon en la audiencia”, justificó.
Moisés Mansur y Javier Duarte. Foto: Noticias de México
Bermúdez y Tarek, la clave
Mientras Duarte de Ochoa espera su extradición y sus abogados
mexicanos Marco Antonio del Toro Carazzo, Carolina Estudilla, Pablo
Campuzano de la Mora y Luis Ricardo Chávez Coronado aguardan con cautela
una nueva retahíla de delitos que habrá de fincar la FGE de Veracruz a
su cliente veracruzano; desde el ciberespacio empezaron a circular
audios del extesorero de Duarte y Karime Macías, Tarek Abdalá Saad y del
exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quienes con
nítida voz hablan de que el exmandatario priista desvió miles de
millones de pesos para campañas políticas del PRI.
Abdalá Saad primero fue director financiero del DIF estatal con
Karime Macías y posteriormente tesorero de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.
A él se le escucha tener una ríspida conversación con Duarte, quien
en el teléfono lo reprende por el retraso en el traslado de mil millones
en “cajas de huevo”, recursos y “tema” que ya reclamaron su retraso –se
escucha en la grabación de un minuto– en el Comité Ejecutivo Nacional
del PRI. Se ignora si dicha grabación corresponde a la elección
presidencial del 2012, a la federal intermedia del 2015 o a la
gubernatura de Veracruz del 2016, en donde tras 87 años ganó la
oposición con el PAN-PRD.
El diputado federal con licencia Antonio Tarek Abdalá. Foto: Tomada de Facebook
“Me están hablando del PRI nacional, porque quedé de enviarles los
recursos desde hace dos días, y no les ha llegado nada. Háblale a Iván
(en alusión al excontralor general del estado, Iván López Fernández) son
mil, no es cualquier chingadera, puedo entender que se tarde, pero no
que no llegó, que sí salieron de aquí las cajas de huevo, sino me van a
hacer de chivo los tamales (sic)”, dice un irritado Duarte.
En el roce telefónico, Duarte le reprocha al hoy diputado federal
Tarek Abdalá, que de no resolver en breve “el tema” pendiente con el PRI
nacional, él mismo tendrá que buscar a todos y darle solución. “Ahora
resulta que lo voy a tener que buscar yo”, fustiga el exmandatario, para
luego recriminar, “sino estoy pintado, chingao”.
En respuesta, Abdalá dice “habría que checar” y se compromete con el
gobernador que tratará que en la inmediatez se cumpla a cabalidad el
envío de “el último peso y centavos”. Con las interpelaciones de Duarte,
el extesorero contesta displicente: “sí, mi gober, sí mi gober (sic)”.
Del mismo modus operandi, aunque en un audio más reciente, desde la cárcel, el extitular de la SSP, Bermúdez Zurita –conocido como Capitán Tormenta
al interior de la corporación– se autoexonera de haber cometido
irregularidades en el pasado proceso electoral. Ataja que fue “por
instrucción” de Javier Duarte que funcionarios del gobierno le
entregaron mil 300 millones de pesos al entonces candidato priista
Héctor Yunes, quien al final perdió la gubernatura con su primo-hermano,
Miguel Ángel Yunes.
“Yo no los moví (el dinero), los protegía cuando el dinero llegaba,
les ponía una patrulla. La movilización la repartió gente del candidato
(sic)”, se escucha en el audio, en el cual Bermúdez Zurita narra a
detalle que los interlocutores de Yunes para recoger los millones de
pesos eran el exsubsecretario de Seguridad Pública, Francisco Mora
Domínguez, y el exfuncionario de Desarrollo Económico en el sexenio de
Miguel Alemán, Fernando Vázquez Rigada.
Los pendientes…
Mientras Javier Duarte y uno de sus titulares de Sefiplan, Mauricio
Audirac ya tienen prisión preventiva, en la entidad que gobernaron de
diciembre del 2010-2016, dejaron un desastre y una asfixia financiera en
prejuicio de los 212 ayuntamientos de Veracruz.
Tan solo en Xalapa, capital del estado, no ministraron un total de
207 millones, 27 mil, 276 pesos, lo que orilló al alcalde priista
Américo Zúñiga a interponer una demanda (FED/VER/XLPA/0001166/2016) por
retención indebida de recursos del fondo metropolitano, para
infraestructura social municipal, proyectos de desarrollo regional y
fortalecimiento financiero.
En la querella –en poder de Proceso–, Zúñiga
Martínez y su equipo jurídico ilustran que tan solo del Fondo
Metropolitano, el gobierno de Duarte les quedó a deber la totalidad del
recurso federalizado, traducido en 126 millones 987 mil, 393 pesos. La
desesperación edilicia por la insolvencia financiera, orilló al mismo
ayuntamiento priista a interponer una demanda de controversia
constitucional por la ilegal e indebida retención del dinero ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre del 2016.
Actualmente el gobierno de Yunes Linares, únicamente ha depositado los
pendientes que dejó Duarte al ayuntamiento de Xalapa a “cuentagotas”.
Un diagnóstico de la pasada legislatura asegura que hay más de tres
mil millones de pesos pendientes por “ministrar” al resto de los 211
ayuntamientos.
El exsecretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Martín Audirac Murillo. Foto: Tomada de Ventanaver
En la misma situación se vio la Universidad Veracruzana (UV) cuya
rectora Sara Ladrón de Guevara se vio obligada a demandar al gobierno de
Duarte y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por el
impago de dos mil 338 millones 700 mil pesos. Actualmente, aunque el
pasivo persiste, Ladrón de Guevara ha hecho mutis en el reclamo de los
recursos, pues su exdirectora administrativa Clementina Guerrero fue
nombrada en el gobierno de Yunes Linares como secretaria de Finanzas y
Planeación.
Tan solo en recursos pendientes por resarcir y/o solventar ante la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Veracruz que
manejó Javier Duarte dejó pendientes de un total de 34 mil millones en
el periodo comprendido en las Cuentas Públicas Consolidadas 2011-2015,
que lo ubica como el estado con mayor quebranto patrimonial observado,
por encima de entidades como Michoacán, Estado de México, Jalisco,
Chiapas y Guerrero.
Los traidores de Duarte
En el Comité Directivo Estatal del PRI, funcionarios apuntan al
exsecretario particular de Duarte, extesorero de Veracruz,
exsubsecretario de Desarrollo Social, exoficial mayor de la SEV y hoy
diputado de Nueva Alianza –todos esos cargos obtenidos por impulso del
exmandatario–, Vicente Benítez González como uno de los primeros
cercanos a Duarte en pactar con Yunes Linares.
Benítez González aparece como protagonista en las denuncias con los
oficios DGJ/C1/2245/2014, DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014,
DGJ/C1/2244/2014 Y DGJ/C1/2228/2014, mismos que la dirección jurídica de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso ante la Procuraduría
General de la República (PGR) contra una decena de servidores públicos
del gobierno de Veracruz por el presunto desvío de más de cinco mil
millones de pesos, tan solo en la cuenta pública 2011, alusiva al primer
año de gobierno duartista.
“Se realizaron movimientos bancarios con el objeto de simular la
solventación de las irregularidades detectadas, para luego retirar los
recursos reintegrados a una cuenta diferente sin que se tenga certeza de
que hayan sido ejercidos para el cumplimiento de los objetivos”.
Vicente Benítez González (a la izquierda del exgobernador), excolaborador de Javier Duarte. Foto: Tomada de “Desinformémonos”
En el norte de la entidad, la familia de Ricardo García Guzmán –quien
obtuvo diversos cargos públicos en la administración duartista–, ya fue
incorporada al círculo cercano del gobierno de Yunes Linares. Se trata
del contralor general del estado y cercano a Duarte
(julio-2014-diciembre 2016) que fue precandidato único del PAN a la
alcaldía de Panuco en el pasado proceso electoral. Su aspiración fue
frenada por el Comité Ejecutivo Nacional panista quien advirtió su
cercanía con el exgobernador.
Como consuelo, su hijo, Rodrigo García Escalante, diputado local de
la coalición Juntos por Veracruz (PRI-PVEM) fue cobijado en el PAN. El
otro hijo del excontralor, Ricardo García Escalante, tiene una carrera
política sui generis: fue diputado local panista (2010-2013);
como gobernador, Duarte de Ochoa lo convenció de pasarse al PRI y darle
la candidatura a la alcaldía de Panuco, donde actualmente gobierna y
ahora se alista para el próximo año ser candidato a diputado local –por
segunda ocasión– de nuevo en el PAN, cobijado en el grupo político de
Yunes Linares.
Como contralor general del estado, García Guzmán avaló en 2014, 2015 y
2016 las sesgadas declaraciones patrimoniales del propio Duarte en las
que se decía propietario de apenas dos casas (una en Córdoba por
herencia familiar y una que compró –dijo– en el Puerto de Veracruz),
además de las de Arturo Bermúdez, Gina Domínguez, Francisco Valencia y
Mauricio Audirac, todos ellos acusados de peculado y enriquecimiento
ilícito.
Los que faltan
Hoy en día, continúan en libertad –y al parecer bajo un manto de
protección oficial–, los legisladores federales priistas y otrora
cercanos a Duarte, Erick Lagos Hernández, Adolfo Mota Hernández, Édgar
Spinoso, así como el propio Benítez y Juan Manuel del Castillo.
De éstos, los propios priistas señalan a Benítez, Del Castillo y a
Lagos Hernández de haber pactado “impunidad” con Yunes Linares a cambio
de documentos que hundan más a Duarte, Bermúdez, Gina Domínguez y
Alberto Silva, a quienes apenas el jueves 13 la Fiscalía General del
Estado le solicitó a la Secretaría General del Congreso de la Unión un
juicio de procedencia para su posterior desafuero.
A Silva Ramos lo acusan de haber desviado recursos públicos por el
orden superior de los mil 500 millones de pesos en el periodo que fungió
como vocero de Duarte en el periodo 2014, 2015 y siete meses del 2016,
además de haber cometido los presuntos delitos de coalición, abuso de
autoridad e incumplimiento de un deber legal.
“Silva Ramos en Comunicación Social se ordenó pagar a medios y no
reportar dichos gastos al Congreso local la cantidad de mil, 567
millones 771 mil 359 pesos con 50 centavos, por lo que –acota la FGE– se
desviaron recursos públicos para los que no existía presupuesto ni
suficiencia presupuestal”, justifica la FGE.
La deuda de sangre y justicia
Aunque Duarte hoy continúa siendo polémica en medios nacionales e
internacionales por sus actos de corrupción, desvíos de recursos,
ranchos y mansiones de multimillonario y sus prebendas a amigos y
políticos cercanos a él, en Veracruz hay una deuda de verdad y justicia
que reclaman miles de familiares de desaparecidos.
Lucy Díaz Genao, vocera del Colectivo Solecito, reclama que a Duarte y
a Bermúdez, así como a otras exautoridades policiacas y de procuración
de justicia también se les debería de juzgar por desaparición forzada y
por omisiones en la investigación de miles de desapariciones; sin
embargo, Genao lamenta que hoy la Fiscalía de Yunes exhiba la misma
incompetencia que las que tuvo Duarte.
Madres de desaparecidos marchan en Veracruz. Foto: Noé Zavaleta
“Tenemos una fiscalía enana para un criminal tan grande como Duarte.
Hay cosas que podrían imputárselas por omisión en desapariciones o en
las mismas desapariciones forzadas. No es fácil acusarlo sin probar
completa la cadena de mando, se requiere una investigación muy
exhuastiva y un trabajo legal muy sofisticado, incapaz de realizarse por
la actual Fiscalía”.
Lucy Díaz apela a que tendrá que ser una corte internacional quien
haga pagar a Javier Duarte y a Arturo Bermúdez por todas las
atrocidades, violaciones a derechos humanos y desapariciones. Y Díaz
remata: Sería iluso pensar que está Fiscalía pueda hacer un juicio
exitoso contra Duarte”.
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