Detrás del feminismo están las grandes revoluciones que queremos”

Juana Antonia Jiménez, simpatizante de la Revolución Sandinista

“En contextos autoritarios vale la pena seguir batallando, ya no sólo por mis propios derechos, tengo una hija y una nieta. Creo que después de tanto que se ha batallado en Nicaragua, por la democracia y por la igualdad para las mujeres, vale la pena seguir dando batalla. El feminismo como apuesta política es válida. Y detrás del feminismo están las grandes revoluciones que nosotros queremos para nuestra sociedad”.

Son palabras de Juana Antonia Jiménez Martínez, una de las simpatizantes de la Revolución Sandinista de Nicaragua durante la década de los años 70 cuando se enamoró, como ella dice, de la lucha por los derechos y la justicia, dos causas que sigue defendiendo pero ahora como abogada e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres de su país. 

La mujer que de joven buscaba reivindicar un modelo de justica social ahora es la adulta que representa víctimas de violencia de género. “El feminismo me encontró posterior a la revolución, reivindicando una agenda para las mujeres. Siempre he dicho que mi apuesta y mi convicción revolucionaria es de cambios sociales estructurales” afirmó en entrevista con Cimacnoticias durante su más reciente visita a México.

DERECHOS PERDIDOS 

Abogada feminista y perseguida política, Juana Antonia Jiménez habló de los logros de las nicaragüenses, a quienes pareciera que cada vez les arrebatan más derechos. “Hemos perdido el proceso mismo de contribución democrática y de pacificación. Eso era la mayor ganancia. Recordar que nosotras pasamos un proceso y una revolución que en términos internacionales tuvo muchas esperanzas de cambio social o de justicia social”.

Cuando la sociedad de aquel país centroamericano optó por la paz y la democracia, por el sufragio y los procesos electorales parecía que a la par del fortalecimiento de las instituciones se garantizarían derechos pero no fue así. “Conquistamos derechos pero los perdimos”, resumió la defensora.

Por ejemplo, en Nicaragua estaba permitida la interrupción del embarazo cuando corriera peligro la vida o la salud de la mujer pero esta excepción a la ley fue eliminada en 2006, algo que afianzó las relaciones entre el gobierno y la jerarquía católica y que Jiménez considera hizo que jurídicamente las mujeres ya no sean iguales.

“Logramos avanzar mucho en la lucha contra la violencia, en términos de reformas a leyes. Logramos una ley integral contra la violencia que si bien es cierto lleva poco, de 2012, significó todo un proceso de participación muy activo desde las mujeres. En términos jurídicos era una de las leyes más avanzadas de la región que tenía toda una fuerte estrategia de cambio cultural. Logramos que el femicidio/feminicidio se reconociera no sólo en el campo privado, también que se reconociera el femicidio/feminicidio público”.

Sin embargo, el presidente Daniel Ortega emitió un reglamento de la ley que mutila la norma y recientemente, en agosto pasado, presentó un paquete de reformas urgentes en materia penal donde señala que el feminicidio sólo se va a reconocer cuando el crimen se cometa en contextos de relaciones de pareja, arbitrariedad que en opinión de la activista ya se cometía pero ahora se legaliza.

“Estamos en un contexto donde se ha adecuado el marco jurídico a los intereses de un régimen político que cada día está más alejado de los estándares democráticos, se perfila como el afianzamiento de una nueva dictadura. Aunque no tengan el componente militar que tenía las dictaduras de los 60, 70 pero en términos de seguridad jurídica y de derechos constitucionales hemos retrocedido”, sentenció.

¿DICTADURA PARA TODAS Y TODOS?

Cualquier régimen dictatorial perjudica a todas las personas, explica la abogada.

“Toda la política está impregnada no sólo de misoginia hacia las mujeres al ni siquiera haber una política pública que pueda sancionar adecuadamente la violencia y los femicidios. Hay un discurso permanente dirigido oficialmente desde el gobierno de asumir una posición alejada totalmente de un Estado laico. La manipulación religiosa se hace desde el discurso oficial”.

A principios de septiembre el movimiento de mujeres de Nicaragua se movilizó y se declaró en alerta roja ante 49 casos de feminicidio atroz, caracterizados por cuerpos descuartizados, quemados, decapitados. Fenómeno de odio que, según ha declarado la vicepresidenta, Rosario Murillo, se van a prevenir con una campaña para promover valores con los líderes religiosos.

“Hay un régimen político que promueve el autoritarismo que no reconoce derechos para la población pero que tiene un odio permanente y una descalificación a los derechos de las mujeres en general. Eso también tiene una implicancia en términos de riesgo, de ataques. Es preocupante que casi 50 por ciento de las 202 agresiones que hemos registrados hacia defensoras, los perpetradores son particularmente entes estatales donde destaca la policía nacional”.

La Iniciativa Nicaragüense de Defensoras documentó entre 2015 y 2017, 202 agresiones contra defensoras, de las cuales 45 por ciento fueron cometidas por autoridades estatales. Según datos de esta articulación, la Policía Nacional es el órgano represor y de vigilancia ilegal más frecuente en 1 de cada 4 agresiones hacia defensoras. Asimismo, personas o grupos cercanos al partido de gobierno han sido perpetradores de la agresión en 1 de cada 3 casos.

“Nosotras creemos que somos una voz que tiene autoridad ante la población, somos un movimiento que hemos defendido históricamente derechos para las mujeres y que creemos que como país merecemos un sistema democrático que garantice derechos para todos”, expone Jiménez sobre su convicción de continuar su trabajo pese a los riesgos.

PERSEGUIDA POR PEDIR LIBERTAD

La abogada tiene alrededor de 25 años trabajando por la igualdad de género en su país. “¿Esto qué ha significado? pues toda una serie de atropellos a mi integridad. Desde 2007, con la llegada de Daniel Ortega al poder, implicó actos de persecución y de criminalización al Movimiento Autónomo y a parte del liderazgo feminista. En esas listas he estado incluida permanentemente”.

Ella ha sido víctima de campañas de desprestigio y calumnias. En 2007 junto con 8 feministas fue acusada de “apología del delito de aborto” porque las agrupaciones donde trabajaban se pronunciaron en contra de la penalización total del aborto en Nicaragua. “Eso me significó a mi y a mis compañeras más de dos, casi tres, años de investigación y de defensa por nuestra parte”. 

Una segunda criminalización fue en 2008 cuando se acusó al Movimiento Autónomo de Mujeres de lavado de dinero, una estrategia de descalificación al movimiento y al feminismo. “Todas hemos sido víctimas de ataques directos durante las movilizaciones, atacadas, con intentos de agresiones físicas, también he vivido actos de persecución política que han trascendido a intentos de querer involucrar o afectar a mis familiares, particularmente a mi hija”.

En el ámbito de su ejercicio profesional, Jiménez Martínez enfrentó una acusación infunda de dos personas que la acusaron de malas prácticas como abogada, el objetivo, dijo, era suspenderla de sus funciones como abogada y notaria pública y pese a ello el frente del que forma parte sigue trabajando para hacer ver las desigualdades y las arbitrariedades de un gobierno que, dice, se parece cada vez más a una dictadura.

“No queremos renunciar a la posibilidad de contar con un país donde podamos convivir sanamente hombres y mujeres y donde podamos seguir avanzado en esa agenda de igualdad por nuestros derechos”.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-