El 15 de octubre pasado, la señora Margarita, llegó al Hospital Básico Comunitario de San Luis Acatlán en la Costa Chica de Guerrero, porque llevaba cuatro días con diarrea y estaba en sus últimos días de embarazo. En el hospital, le dicen que su bebé aún no va a nacer y a la familia le solicitan la compra de medicamentos para la atención estomacal y una bata desechable, condicionando el derecho a la atención y poniéndola en una situación de riesgo.
Cuando se piensa en el presupuesto público, muchas veces parece un asunto lejano, en el que las y los diputados lo aprueban tal y como lo presentó el gobierno, o hacerle modificaciones fueran decisiones que no afectan a las personas que habitamos o transitamos por el país.
Sin embargo, agregar o quitar genera impactos, y uno de los ámbitos más sensibles es el sistema público de salud. Contar con más o menos recursos financieros y en insumos, incide en que haya una atención en salud de calidad, en el tiempo y de manera pertinente para que las personas se sientan bien, y se evite a toda costa que haya secuelas, con un trato respetuoso y digno. Propicia que el personal de salud labore también con dignidad, y tome las mejores decisiones en la atención.
Por ejemplo, a la familia de la señora Margarita se le pidió que gastara dinero de su bolsillo, para contar con insumos que están en el Cuadro Básico del Sector Salud (es decir, para todas las instituciones de salud) y también en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, esto implica que son insumos mínimos con los que obligatoriamente debe contar un hospital, por muy sencillo que sea.
Finalmente fue atendida en la Casa de Salud de la Mujer Indígena (CAMI), allí nació el bebé, y como el malestar continuó, las compañeras de la Casa la llevaron al hospital para que la atendieran del estómago y revisaran al recién nacido.
Esta situación de carencia de insumos esenciales, conlleva a que las familias se empobrezcan por gastar más de sus posibilidades económicas reales. También arrastra a que las personas dejen de acudir a los servicios, y evidentemente coloca en peligro la vida de las pacientes, como claramente lo refleja el caso de la señora Margarita, quien contó con la atención de un modelo comunitario en salud que logró resolver en forma la atención del momento antes, y durante el parto. Al esquema comunitario, igualmente el Estado mexicano tiene la obligación de asignarle presupuesto para su desarrollo y preservar los saberes de los pueblos indígenas.
A pesar de la existencia de estos compromisos constitucionales del Estado (Artículos 1, 2 y 4), en muchas ocasiones no se ven reflejados en los montos del presupuesto público, y aún menos en el proyecto del presupuesto para el año 2018.
Por ello las organizaciones agrupadas en la Coalición por la Salud de las Mujeres, presentamos a la H. Cámara de Diputados, propuestas de mejora en la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el cual incumple el principio de progresividad e irreductibilidad del presupuesto en salud, al establecer una disminución de un -4.49 por ciento del gasto en salud transferidos mediante la Secretaría de Salud federal a los 32 servicios estatales de salud, hospitales e institutos de especialidad; de -4.20 por ciento al Seguro Popular (principal fuente de financiamiento de los centros de salud y hospitales comunitarios), de -4.00 por ciento a acciones para asegurar la atención permanente en VIH a mujeres.
Es de llamar la atención la relevancia del presupuesto para el VIH en mujeres. Pese a que el VIH se presenta mayoritariamente en hombres, estos recursos son cruciales para que las mujeres con VIH continúen acudiendo a los establecimientos donde controlan su salud y proveen de antirretrovirales, al recibir un apoyo monetario para el traslado a los mismos (recordemos que las mujeres tienden a cuidarse en último lugar, y que el VIH las estigmatiza), asimismo, es un recurso para que organizaciones conocedoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, desarrollen proyectos de prevención directamente en terreno.
Otro recorte de suma gravedad, es la propuesta de disminuir en un -5.17 por ciento para implementar mínimos para la promoción, prevención y atención en salud sexual y reproductiva. Recurso distribuido entre los programas en salud, que atienden a una enorme cantidad de mujeres a lo largo de su vida: Planificación Familiar y Anticoncepción, Salud Integral para la Mujer, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Salud Materna y Perinatal, Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, y Prevención y Control de Cáncer de la Mujer (Cáncer de Mama y Cáncer Cérvico Uterino).
La desigualdad en el acceso efectivo al derecho a la salud y los derechos reproductivos, se profundiza en las mujeres pobres indígenas, urbano marginales, transgénero, trabajadoras sexuales, privadas de su libertad, discapacitadas y migrantes.
Para fortalecer las acciones en salud hacia mujeres indígenas —mediante estrategias desarrolladas desde sus organizaciones, como son las CAMI—, se destinaba un recurso específico a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no obstante lo valioso de este recurso, se decidió reducirlo a un mínimo, dejando a la Comisión con la mitad de su presupuesto, al pasar de 12 mil millones en 2016 a 6 millones de pesos en el proyecto 2018, debilitando su capacidad de coordinar y vigilar los presupuestos destinados a población indígena.
En resumen, la propuesta del ejecutivo federal, sólo profundizará la precariedad en los servicios en salud sexual y reproductiva, y más inequidades y sufrimiento en las mujeres pobres, y en las mujeres indígenas. Todavía es inexistente la asignación de presupuesto en salud, considerando la diversidad de mujeres.
La Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, elaboró una propuesta de aumentos en los presupuestos, para revertir los graves retrocesos en el presupuesto para VIH en mujeres, y salud sexual y reproductiva, ya que esta disminución presupuestaria, amplía las brechas en el acceso a la salud a una población que ya de por sí sufre una atención deficiente al acudir a servicios con una serie de rezagos en la calidad de la infraestructura, en insuficiencia de personal de salud capacitado por 24 horas los 365 días del año, traslados oportunos y la disponibilidad de equipamiento, medicamentos e insumos médicos.
La Coalición por la Salud de las Mujeres nos adherimos a esta propuesta y exigencia a que las y los diputados de la Comisión de Presupuesto las aprueben y sea votada satisfactoriamente por el pleno del Congreso. Propuesta a la cual sumamos adhesiones al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, con el fin de una mayor transparencia de estos recursos, se identifique claramente para qué se destinaron y cómo se gestionaron hasta el nivel más local.
Es así que en el Decreto 2018 proponemos en:
Artículo 34. A. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, llevará a cabo lo siguiente: … La Comisión Nacional de Protección Social en Salud reportará en su portal de transparencia, toda la información establecida en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.
Capítulo IV De la Igualdad entre Mujeres y Hombres:
Artículo 21. V. El Instituto Nacional de las Mujeres dará a conocer el ejercicio del gasto por Acción correspondiente a los Programas Presupuestarios de las Unidades Responsables del Anexo 13.
TRANSITORIOS
Quinto. Los recursos del Ramo Administrativo 12 Salud y del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, correspondientes a la Subfunción Protección Social en Salud, destinados a la prestación de servicios de salud a la persona, deberán ser considerados en la integración de la aportación solidaria por parte del Gobierno Federal a la que hace referencia el artículo 77 bis 13, fracción II, de la Ley General de Salud. A la par la Secretaría de Salud federal deberá publicar en su portal de transparencia y en el formato de Datos Abiertos, toda la información establecida en el Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas, SIAFFASPE.
*Responsable del proyecto de Partería y presupuesto público en Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Daniela Díaz Echeverría*
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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