La marcha se dió en un contexto de repudio generalizado a la liberación de Richard Choque Flores de 32 años un femicida de al menos dos mujeres, Iris Villca de 15 y Lucy Ramírez de 17 años de edad, cuyos cuerpos se encontraron enterrados en su casa ubicada en El Alto. También, está acusado de violar a decenas de mujeres, según la cantidad de contactos rastreados en su perfil de Facebook, serían 77, aunque falta determinar los datos. La madre y esposa de Choque fueron detenidas por presunta complicidad, se estima que no podían desconocer lo que sucedía en su casa.
Un momento central de la marcha ocurrió cuando se mostró ante la cámara una lista interminable de nombres y apellidos de violadores y femicidas liberados por la justica. Los datos se recolectaron mediante una convocatoria en redes sociales que aportaron diversas víctimas de violaciones y familiares de víctimas de femicidio. La activista Galindo expresó: “No es solo el caso de este juez, es un fenómeno estructural en Bolivia. Nunca más nos vamos a callar, ni a olvidar”.
El femicida tenía desde el 2015 una condena de 30 años sin posibilidad de indulto, por el femicidio y la violación de Blanca Rubí Limachi de 21 años. Sin embargo, el 2019 fue beneficiado con detención domiciliaria de 18 meses que tampoco cumplió y nadie vigiló. Fue detenido, por segunda vez, la semana pasada y retornó a la cárcel de Chonchocoro. También, extorsionaba y les pedía dinero a las familias de las víctimas para liberarlas.
Su modalidad de captación era a través de convocatorias de “trabajo” en las redes sociales haciéndose pasar por una mujer, citaba a sus víctimas en alojamientos y ahí se presentaba vestido de policía, les plantaba cocaína y bajo amenaza de denunciarlas por narcotráfico, las violaba.
Por otra parte, el sábado 29 enero se detuvo al cómplice José Luis García Machaca, que también fue beneficiado con detención domiciliaria y tenía una condena a 30 años de prisión del 2015, por participar del mismo femicidio por el que fue condenado Richard Choque. También, se detuvo al juez Rafael Alcón Aliaga, hermano de Gonzalo Alcón Aliaga, ex presidente del Consejo de la Magistratura, que liberó a Richard Choque Flores y a otro femicida que descuartizó a una mujer. El juez se encuentra con detención preventiva de seis meses mientras se investiga el caso.
Luis Arce decreta creación de una Comisión de Femicidios
El martes 1 de febrero del 2022 María Galindo fue recibida por Eduardo del Castillo ministro de Gobierno de Bolivia, allí exigió la creación de una “Comisión de Excepción Histórica” con el objetivo de contabilizar y armas las carpetas de los casos de femicidios y violaciones a nivel nacional.
El mismo día, ante la movilización de las mujeres el presidente Luis Arce instruyó la creación de una “Comisión de Revisión de casos de Femicidios y Violaciones” que tuvieran sentencia judicial y hubieran sido liberados. La comisión estará compuesta por autoridades de los ministerios de la presidencia, justicia, gobierno, los presidentes de la cámara de diputados y senadores, el presidente del tribunal supremo de justicia, el consejo de la magistratura, del tribunal constitucional de Bolivia, fiscalía general y la procuraduría. Al respecto, Luis Arce afirmó: “Ante la preocupante situación y conducta de jueces y operadores de justica instruimos la creación de la comisión de revisión de casos de femicidios y violación en que los sentenciados fueron liberados. La misma deberá presentar resultados en un plazo de 120 días”.
Recordemos, que el país cuenta con una “Comisión especial mixta de investigación sobre la retardación en los casos de femicidios y violencia hacia las mujeres”, cuyos resultados son evidentes ante la luz de los hechos.
Por otra parte, hay que tener presente que a principio de año el gobierno declaró este año como: “El año de la revolución cultural de la despatriarcalización” con el objetivo de luchar contra las violencias hacia la mujeres. El gobierno de Luis Arce cumplió un año de gobierno, pero el MAS-IPSP gobierna hace 15 años y tiene una deuda pendiente con las mujeres bolivianas.
La agenda feminista, una deuda pendiente de la clase política en Bolivia
El caso del femicida y violador serial liberado por la justicia boliviana no es una excepción, sino la regla en una sociedad conservadora y atravesada por el racismo y el machismo exacerbados. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado en agosto del 2021 fue lapidario al respecto: “El orden patriarcal en Bolivia debe desnaturalizarse porque este no solo implica un orden jerárquico entre hombres y mujeres, sino entre indígenas y no indígenas”.
Bolivia posee leyes muy promocionadas: 1) La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacía las Mujeres, 2) Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y 3) Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias que incorpora en el código penal el delito del femicidio con una pena 30 años de prisión sin derecho a indulto. Además, posee una constitución con perspectiva de género e intercultural y es el único país en refundarse como Estado Plurinacional a nivel mundial. Se espera que Bolivia dé el ejemplo porque es punto obligado de referencia de estas temáticas.
Sin embargo, Bolivia tiene la mayor tasa de femicidios de toda Sudamérica según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) hasta el 2019. El caso del femicida y violador serial en cuestión, revela que las leyes que deberían proteger a las mujeres son letra muerta y no se aplican en lo concreto de la cotidianidad. Veamos en el caso de cada una de las leyes mencionadas:
1) Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional: Si bien, desde la refundación del estado plurinacional de Bolivia el 2009, las mujeres ingresaron masivamente a la política, esto sucedió solo en los cargos de bajo rango y bajo poder decisional en la asamblea legislativa que está compuesta por poco más del 50% de mujeres. El techo de cristal es evidente porque los presidentes de la cámara de diputados y de senadores son hombres. Por otra parte, de 18 ministerios, solo cuatro ministras son mujeres y solo una de ellas es una mujer indígena. A su vez, durante las elecciones sub nacionales de marzo del 2021 “la alianza de mujeres por la revolución democrática y cultural” que integran el MAS, reclamó que se cumpliera con la paridad de género en las candidaturas femeninas. La respuesta que obtuvieron fue de cero mujeres candidatas a gobernaciones.
2) La Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacía las Mujeres: Segundina Flores dirigente indígena, actual embajadora de Bolivia en Ecuador, fue el rostro que impulsó la demanda de paridad de género durante las elecciones sub nacionales. Fue acusada de “traidora” y de “funcional a la derecha” por sus reclamos y por cuestionar a la élite del MAS que está conformada por hombres blancos. Por otra parte, la única mujer que disputó una candidatura por un cargo político de alto rango y de alto poder decisional fue Eva Copa ex presidenta del senado de Bolivia por el MAS. Exigió candidatear como alcaldesa por El Alto, la alcaldía más importante del país, fue expulsada del MAS bajo acusación de ser “ambiciosa de poder”. Copa desafió a la élite del MAS, se candidateó con otro partido y ganó con el 70% de votos frente al candidato hombre del MAS. Frente a esta situación, el 29 de diciembre del 2020, Esther Soria ex gobernadora de Cochabamba por el MAS en su cuenta de Facebook denunció un “Fuerte patriarcado dentro del MAS”.
3) Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencias: Esta ley incorpora la figura del femicidio con una pena de 30 años de prisión sin derecho al indulto. El caso del femicida y violador serial en cuestión demuestra que no se cumple por la justicia patriarcal, pero también hay responsables políticos. Además, se desnuda que en 15 años de “proceso de cambio” no se democratizó la justicia, ni incorporó la perspectiva de género como se había prometido.
La ley 348 tiene una trampa jurídica para las mujeres, permite insólitamente que un hombre violento se victimice y la utilice para hacer una contradenuncia a su víctima-mujer por “violencia de género” y neutralice toda investigación que podría iniciarse por la denuncia de una mujer. Esto podría considerarse como una aberración jurídica, por lo que a principio del 2021 por presión de las mujeres”, el estado se comprometió a reformar dicha ley, pero todo quedó encajonado.
Es inadmisible que en hombre pueda utilizar una ley que es de las mujeres y que se aprobó especialmente para proteger a las mujeres violentadas, esto denota la concepción de “violencia de género”, machista que tiene la clase política que aprobó dicha ley con esa trampa jurídica. Cuando se da un caso de violencia desde una mujer hacia un hombre, que por cierto son casos ínfimos, esta debe conceptualizarse como otro tipo de violencia, nunca como violencia de género.
A consecuencia, el tema de la violencia de género no es un tema que este en la agenda política, ni este instalado en la sociedad boliviana, como si lo está en la sociedad Argentina gracias al “Ni Una Menos” y al trabajo hermanado, autónomo y apartidario de las mujeres que no se organizan en función de un gobierno independientemente del color político.
(*) Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana. Activista feminista y antirracista. Especialista en Género (U.B.A.)
Fotos: Indymedia.
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