Escrito por Jossette Vidal Miranda
Ciudad de México.- Juana Alonzo Santizo fue detenida en 2014 cuando intentaba llegar a Estados Unidos por Tamaulipas; no hablaba español, solo chuj (su lengua materna). Durante su detención fue víctima de tortura y exclusión; firmó sin entender la declaración en la que se inculpaba de pertenecer a una banda de secuestradores y fue injustamente encarcelada. Tras casi ocho años de su detención, pese a los errores evidentes en su proceso, bastó un elemento para liberarla: que el Gobierno federal fijara la atención mediática en ella.
El pasado miércoles 18 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó el caso de “Juanita” Alonzo en la conferencia mañanera, exigió su resolución y demandó la pronta liberación de la ciudadana guatemalteca. Tres días después del pronunciamiento del mandatario, la migrante salió del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa, después de estar encarcelada por un delito que no cometió.
El caso de Alonzo Santizo, mujer guatemalteca, indígena y migrante, retomó la discusión sobre la criminalización de personas en situación de vulnerabilidad; pero también evidenció las desigualdades en el ejercicio de la justicia.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el acceso a la justicia para las personas pertenecientes a grupos vulnerables en México es afectado por diversas problemáticas independientes de su situación juridica, entre ellas: discriminación, falta de información sobre derechos humanos, falta de interpetes y traductores, falta de defensores que hablen las lenguas maternas de las y los detenidos.
Hasta noviembre de 2015, la población indígena en los centros penitenciarios del país era de 8 mil 412 personas, 286 mujeres y 8 mil 126 hombres, según información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Sofía de Robina, señala que los delitos que se les imputan a los migrantes son “prácticamente los mismos”: portación de armas, secuestro, delitos contra la salud o trata de personas. En el caso de Juana Alonzo, de Robina hizo un llamado a la Fiscalía de Tamaulipas para que en la valoración del expediente se pudiera dar cuenta de que no existían pruebas suficientes para sentenciar y, por el contrario, la mayoría fue obtenida de forma ilícita.
En el sistema penal mexicano, los procesos de los imputados se tratan de formas diferentes, pero hay patrones que evidencian la arbitrariedad constante en los casos de personas indígenas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) de 2016, 99 por ciento de esta población termina en prisión preventiva, lo que implica atravesar el proceso penal en la cárcel aun sin sentencia.
Frente a la inacción de las Fiscalías y procesos resolutivos interminables, casos como el de “Juanita” Alonzo son acompañados y visibilizados por medios de comunicación y organizaciones como Promotores de la Libertad Migrante, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana y la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Sin embargo, en el caso de la mujer guatemalteca, pese a los errores en el proceso y la lucha continua por su liberación, requirió del pronunciamiento del Ejecutivo federal para que el sistema penal cumpliera con su trabajo, ocho años después.
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