El recorrido fue el mismo de otras movilizaciones feministas: de Paseo de la Reforma al Zócalo de la Ciudad de México. Pero este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la marcha reunió a menos de cien mujeres.
La movilización fue pequeña frente a las concentraciones multitudinarias de otros años, cuando las calles se llenaban de pañuelos verdes, consignas y mujeres de distintas generaciones que salían a exigir el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Sin embargo, las mujeres que participaron en la jornada señalaron que la menor asistencia no significa que la lucha haya terminado.
Por el contrario, plantearon que todavía existen pendientes para garantizar que el aborto pueda ejercerse como un derecho y no solamente reconocerse en la legislación.
Despenalizar el aborto no garantiza el acceso
El mapa legislativo del aborto en México ha cambiado de manera profunda desde 2007, cuando la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras semanas de gestación.
Hasta junio de 2026, 25 entidades habían despenalizado el aborto, al menos durante las primeras semanas del embarazo.
El avance legislativo, sin embargo, no significa que todas las mujeres puedan acceder de manera sencilla a servicios de interrupción del embarazo.
En distintas entidades persisten obstáculos relacionados con la disponibilidad de servicios, medicamentos, personal capacitado y procesos institucionales que permitan garantizar una atención segura y libre de estigma.
Uno de los obstáculos documentados es la objeción de conciencia, que puede convertirse en una barrera cuando las instituciones no cuentan con mecanismos adecuados para garantizar que, aun cuando una persona profesional de la salud se excuse de participar, exista personal disponible para brindar la atención.
Desde el periodismo feminista, estas situaciones han sido documentadas como parte de una problemática que va más allá de la legislación: el reconocimiento de un derecho no necesariamente garantiza su ejercicio efectivo.
El aborto también es un asunto de salud pública
La discusión sobre el aborto suele concentrarse en los códigos penales y las reformas legislativas. Sin embargo, el acceso a la interrupción del embarazo también implica una responsabilidad para los sistemas de salud.
Una mujer que decide interrumpir un embarazo necesita información confiable, medicamentos, personal capacitado y servicios de salud accesibles.
También necesita recibir atención sin ser juzgada, criminalizada o estigmatizada.
Por ello, la despenalización representa solamente una parte del proceso. La otra consiste en garantizar que los servicios de salud tengan las condiciones necesarias para atender a quienes solicitan una interrupción del embarazo dentro del marco legal correspondiente.
Esta diferencia es particularmente relevante en un país donde el avance legislativo no ha ocurrido de manera uniforme.
Mientras algunas entidades han modificado sus códigos para reconocer el derecho a decidir, otras todavía mantienen disposiciones que penalizan el aborto.
Una marcha pequeña, una demanda que permanece
Durante el recorrido de este 28S, algunas de las mujeres participantes hablaron sobre la menor cantidad de personas que acudieron a la movilización.
Pero ninguna planteó abandonar la defensa del derecho a decidir.
La respuesta fue otra: seguir apoyando, seguir organizándose y continuar exigiendo que las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida.
La diferencia entre las movilizaciones multitudinarias de otros años y la concentración de este 28 de septiembre también abre una pregunta sobre el momento que atraviesa el movimiento feminista.
Los movimientos sociales no mantienen siempre el mismo nivel de movilización. Hay momentos de grandes concentraciones y otros en los que son menos las personas que salen a las calles.
Pero los derechos conquistados requieren también mecanismos institucionales que permitan garantizar su ejercicio.
En el caso del aborto, esto implica que la despenalización vaya acompañada de servicios de salud accesibles, personal capacitado, medicamentos e información.
Porque la discusión no termina cuando una ley cambia.
El derecho a decidir todavía tiene pendientes
El avance de la despenalización en México representa una transformación importante en materia de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, persisten pendientes legislativos y obstáculos para acceder efectivamente a los servicios.
El 28S de 2026 dejó así una imagen distinta a la de otras movilizaciones: menos mujeres en las calles, pero demandas que permanecen.
Y aunque esta vez fueron pocas, las mujeres que participaron dejaron un mensaje claro: la defensa del derecho a decidir continúa.
