Belém do Pará: fallo en caso Ciudad Juárez, referente de justicia

   A 20 años de Convención, CIDH destaca logros contra violencia

A 20 años de la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), y pese a diversos esfuerzos de los Estados, en América Latina (AL) y el Caribe persisten la desigualdad social y los obstáculos para el acceso a la justicia, con lo que se perpetúa la discriminación contra las mujeres.

Para conmemorar el 20 aniversario de esa Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Estándares jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres”, que resume y analiza los estándares jurídicos adoptados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (DH) sobre igualdad de género y derechos de las mujeres.

Al mismo tiempo, describe de qué manera las sentencias emitidas a nivel interno en los países de la región incorporan las recomendaciones y decisiones del Sistema Interamericano.

La CIDH identificó un número significativo de sentencias judiciales resueltas por distintos tribunales en AL, en las que se hizo referencia explícita a los estándares del Sistema Interamericano de DH vinculados a la discriminación y la violencia de género.

No obstante, la Comisión concluyó que los Estados deben continuar dedicando esfuerzos para actuar con diligencia debida, y aplicar los estándares en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres.

“Al 20 aniversario de la Convención de Belém do Pará, los Estados deben continuar sus esfuerzos para mejorar la implementación de sus principios y obligaciones a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

“La Comisión alienta a los Estados a que adopten todas las medidas a su alcance para cumplir con las recomendaciones y decisiones de la Comisión y la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) con respecto a los derechos de las mujeres”, señala el informe.
También se busca promover el uso continuo de los estándares del Sistema Interamericano por parte de los poderes judiciales de la región, ya que éstos sirven de guía para los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre cómo cumplir con diversas obligaciones relacionadas con la igualdad de género.

Al mismo tiempo que estos estándares pueden funcionar como un recurso e instrumento importante para el trabajo de abogacía y monitoreo de las organizaciones civiles, agencias internacionales y sector académico.

En ese sentido, rescata las decisiones de fondo de la CIDH, las sentencias emitidas por la CoIDH, los informes temáticos y los “informes de país”, que han sido publicados.
Forman parte del informe las sentencias contra el Estado mexicano por los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como la sentencia denominada “Campo Algodonero”, sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con el reporte, el caso “Campo Algodonero” marca el primer paso que dio la Corte Interamericana para integrar las reparaciones transformadoras a los casos de violencia contra la mujer y la discriminación por razones de género.

Ello porque la CoIDH reconoció “el contexto de discriminación estructural en que ocurrieron los hechos de este caso”, y declaró que “las reparaciones deben estar dirigidas a cambiar la situación, de manera que su efecto no sea sólo de restitución, sino también de rectificación”.

En esa sentencia, la CoIDH ordenó la armonización de los protocolos penales de México con las normas internacionales para los casos de desaparición, abuso sexual y asesinato de mujeres y la implementación de programas educativos y de capacitación en DH con una perspectiva de género.
 

Imagen retomada del portal de la CIDH

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.- 

Las dificultades de la marcha ciudadana hacia Ciudad Juárez

OPINIÓN

Por Clara Jusidman*

México, DF, 31 may 11 (CIMAC).- Uno de los aspectos más valiosos del Movimiento por la Paz y la Justicia convocado por Javier Sicilia y un grupo de activistas cívicos, es el rostro y la voz que el Movimiento le está dando a las miles de víctimas que carecen de los recursos económicos, sociales y políticos para ser reconocidas y escuchadas por los poderes del Estado y para acceder a la justicia y a la reparación del daño.

Otro valor muy rescatable es la autenticidad y la frescura del lenguaje que maneja Sicilia. Emerge de su corazón y de sus emociones y no se preocupa por ser políticamente correcto. Además su capacidad para reconocer que pudo haberse equivocado y matizar afirmaciones o demandas que en algún momento realizó al escuchar testimonios reiterados de abusos.

En este país de simulaciones, la autenticidad en el espacio público, arroja un aire de frescura y de esperanza. No hay dobles agendas como han querido ver muchos, temerosos del desplazamiento de sus intereses frente a la convocatoria y la amplia expectativa generada por el Movimiento por la Paz y la Justicia.

Mantener la centralidad de las demandas por acceso a la justicia de las victimas y el combate frontal a la impunidad y la corrupción son dos temas que deben mantenerse como ejes del Movimiento.

Se corre el riesgo, sin embargo, que ante la incapacidad del Estado para escuchar y atender otras demandas de la sociedad civil se pretenda utilizar la fuerza del Movimiento para incluirlas. Esto podría conducir a una ampliación y diversificación tal de la agenda que dificulte su concreción en la exigencia de acciones concretas y medibles en el tiempo.

En cierto sentido, todos somos víctimas de una sociedad profundamente desigual, discriminatoria y excluyente donde el poder político y económico se concentra en muy pocas manos. Todos y todas nos sentimos abusados, expoliados y engañados.

Aquí se trata, no obstante, de darle la vuelta a la evidente incapacidad del Estado mexicano para cumplir su función de garante de la vida, la integridad y la libertad de las personas que viven y transitan por su territorio. Si al menos no encontramos el camino para lograr eso, difícilmente podremos abordar los cambios necesarios para enfrentar la violencia estructural.

En la compleja marcha hacia Ciudad Juárez, las cabezas visibles del Movimiento han tenido que enfrentar y tratar de conciliar dos posiciones extremas: las de aquellos que eximen al Estado y especialmente al gobierno federal de toda culpa por el desastre en que nos encontramos y le atribuyen todo a la delincuencia, y la de aquellos que se niegan a cualquier diálogo o pacto con el gobierno por considerar que es el responsable de la situación y de las 40 mil vidas que han caído en esta administración.

De ahí la importancia de un diálogo civil que permita encontrar los consensos básicos y dejar fuera los disensos. Por ello la enorme trascendencia del encuentro en Ciudad Juárez.

La conciliación y el acercamiento ha sido una tarea que ha ocupado a los líderes del Movimiento en estos últimos días. Se han dedicado a reunirse y escuchar a diferentes grupos, organizaciones y personas.

Pero un reto mayor que se enfrenta ahora es la organización de la marcha que deberá concluir en Ciudad Juárez el 10 de junio. Hay que partir del hecho de que por su naturaleza y origen, el Movimiento no cuenta con la capacidad logística y los recursos económicos requeridos para mover a un número, aún desconocido, de las personas que se integrarán en la caravana.

Se pretende iniciar la marcha el día 4 de junio desde Cuernavaca y pasar por el Distrito Federal para recorrer los estados y ciudades más agobiadas por la violencia Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.

Las dificultades económicas y logísticas incluyen la contratación de autobuses y operadores de los mismos que puedan acompañar por ocho días a los participantes; la disposición de medicamentos, alimentos y agua para autoabastecerse y reducir los riesgos de enfermedades; la presencia de personal de salud en cada autobús y la disposición de al menos una ambulancia; así como lugares de alojamiento colectivo y de aseo para todos los participantes, evitando su dispersión.

Además, es necesaria una organización y un dispositivo de seguridad en el recorrido y organizaciones solidarias en cada ciudad, para convocar y armar los eventos culturales y los encuentros con las víctimas de la región.

Para todas y todos los que estamos deseosos de que esta movilización ciudadana sea un éxito y contribuya a la visibilización y a la consolidación de un Movimiento Ciudadano pacífico, es una oportunidad para apoyar con medicamentos, alimentos, agua y dinero, facilitando autobuses, incorporándose a la misma y acudiendo a los eventos que se realicen en las ciudades del recorrido.

En las páginas de Cencos, INCIDE Social y del Centro Vittoria se podrá obtener información para apoyar la marcha hacia Ciudad Juárez.

*Analista del Cambio Social y Presidenta de INCIDE Social A.C.

En Juárez, las madres de las desaparecidas tenemos que investigar

REPORTAJE

Las autoridades “nos preguntan qué sabemos de ellas”

Por Gladis Torres Ruiz, enviada

Ciudad Juárez, Chi. 6 dic 10 (CIMAC).- A 17 años de que en Juárez se registraron los primeros casos de mujeres asesinadas y desaparecidas, continúan los mismos prejuicios de funcionarios y desinterés para buscarlas.

En Ciudad Juárez, cada 29 horas una mujer es asesinada. En 2008 se documentaron 87 asesinatos de mujeres, en 2009, 164, mientras que de enero al 3 de noviembre de 2010, la cifra es de 271 víctimas.

En lo que va del 2010 se han registrado 26 mujeres desaparecidas, lo que significa un incremento del 400 por ciento en relación al 2008 con 18, y 2009 con 22, informó Imelda Marrufo Nava, representante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

Organizaciones feministas han documentado cómo durante más de una década los restos de las mujeres son hallados por transeúntes al cabo de unos días o años después, mientras en otras ocasiones las mujeres nunca son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de desconocer su destino o paradero.

En los últimos años, México ha venido acumulando recomendaciones vinculadas a los derechos humanos de las mujeres; durante el régimen de Vicente Fox (2000-2006), 20 mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, visitaron el país dando como resultado más de 500 recomendaciones.

Para 2009, el mecanismo denominado Examen Periódico Universal (EPU), generó 91 recomendaciones, de las cuales sólo 83 fueron aceptadas. Sólo en el tema de derechos de las mujeres, México acumuló 140 de 2000-2006, a las que se suman 16 del EPU que el gobierno aceptó en 2009. Ciudad Juárez reúne más de 50 recomendaciones, señala el libro: “Informe del Seguimiento de la CEDAW”.

A estas recomendaciones, se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la que condenó al Estado mexicano por el feminicidio en “Campo Algodonero”; la cual a un año de emitida, sigue sin cumplirse.

EN BUSCA DE JUSTICIA Y DE SUS HIJAS

El 23 de febrero de este año, Idali Juache Luna, de 19 años de edad, despareció del estacionamiento del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez. Su madre Norma Luna, vive buscándola los días en que la profunda depresión que la aqueja, se lo permite.

“He conocido a muchas madres que viven lo mismo que yo”. La gran mayoría, no cree en la autoridad ya que hasta el momento no han encontrado a ninguna de las chicas desaparecidas.

Denuncia que las autoridades locales han sido omisas en el caso de su hija y de las demás jóvenes desaparecidas, afirma que no le dan ninguna respuesta. Nosotras vamos y preguntamos y ellos también nos preguntan “qué sabemos”, “que si no nos han hablado”.

Griselda Morua López, tenía 16 años de edad, cuando desapareció en los alrededores de las vías del tren de Ciudad Juárez, una zona en donde ya han desaparecido otras mujeres o que fueron encontradas muertas. A pesar de que su madre Consuelo Morua informó a las autoridades dónde podría estar, hasta el momento sigue ausente.

En diciembre de 2009, la vio en un bar ubicado en la avenida Juárez. “Al mirarla me paralicé y no supe que hacer, ella también me vio y sin ningún gesto se alejó”.

Consuelo acudió a la Unidad Especial de Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Subprocuraduría de Justicia, zona norte de Ciudad Juárez donde en abril denunció la desaparición de su hija, para informar en dónde y cómo la había visto, sin embargo las autoridades no actuaron en el momento.

“Todavía no hay ningún avance, les informé dónde podría estar mi hija y estando a tiempo no hicieron nada, después de un año y medio apenas empezaron las indagatorias”, señaló.

Los agentes ministeriales no investigan, somos nosotras las madres y familiares de las mujeres desaparecidas quienes tenemos que investigar, “las autoridades saben pero sólo lo que les decimos las familias”, denunció Morua López.

Imelda Marrufo Nava, informó que ante la falta de información sobre la búsqueda de sus hijas y la desesperación por encontrarlas, las familias se exponen a buscarlas ellas mismas.

Por las noches andan en la zona de bares, y en la de tolerancia, para tratar de verlas; los hombres de la familia entran para tratar de identificar a su familiar, exponiéndose ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos y en estas zonas los índices de delincuencia son altos.

También por la violencia, el transporte público deja de funcionar a las 10 de la noche y la mayoría de las madres y familias de las mujeres corren los riesgos, “se les puede ver a las salidas de los bares para ver si sale o entra su hija”, indicó Marrufo Nava.

En la sentencia emitida por la CoIDH, el 10 de diciembre de 2010, en la disposición.10, se ordena a México crear una página electrónica sobre mujeres desaparecidas desde 1993 en Chihuahua. Hasta el momento la página es inexistente

La Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, publicó una página en su sitio, sin embargo, en opinión de las OSC, y de las madres de las víctimas, no cumple de manera cabal con lo dispuesto por la Corte.

Aún quedan pendientes 14 disposiciones entre los que se encuentra el que México debe investigar y sancionar a los funcionarios acusados de irregularidades y a los responsables de los hostigamientos contra familiares de las víctimas.

De derechos humanos, estado fallido

Gustavo de la Rosa

Estalla Ciudad Juárez

Mi juventud la pasé en ese crucero que hacen las calles Bolivia y 16 de Septiembre, en Ciudad Juárez. Vivíamos en el 223 de Bolivia, en un edificio de negocios, y 23 metros adelante, así de cerca, estábamos de la esquina en la que explotó un coche-bomba el pasado día 15 de julio.

Ese crucero era nuestro patrimonio; por allí pasaba todo el mundo. La mitad a pie, la otra mitad presumía su automóvil. Era un verdadero gozo sentarnos en la tarde-noche de verano a disfrutar de los encuentros convenientemente fortuitos o las citas concertadas.

Los juarenses de entonces inventamos un verbo para designar esa forma de socializar: "sixtinear", es decir, pasear por la calle sixteen, “dieciséis" en inglés. Equivalía al paseo dominical por la Alameda en el DF, pero con más categoría, pues los autos se lucían a vuelta de rueda... Y nosotros, los del vecindario, éramos los dueños de la esquina. En verdad era nuestro patrimonio.

No hay juarense que no conozca ese crucero. Casi sabemos de memoria, pulgada a pulgada, hasta dónde llegan las calles de Guatemala y 5 de Mayo. Por eso, el pasado 15 explotó algo más que un carro-bomba. Para muchos de nosotros, tal vez explotaron nuestras últimas esperanzas.
Si ya volaron la 16 entre Bolivia y Guatemala, pueden volar todo, y no hay quien los pare.

Si hicieron explotar nuestra esquina, donde nadie se podía estacionar más de dos minutos porque cambiaba el semáforo, y nadie se dio cuenta o nadie dijo nada, quiere decir que en esta ciudad no hay un solo lugar seguro.

¿Qué hacer?, ¿cómo terminar con "esto", antes de que "esto" termine con nosotros?

De verdad que el Presidente y los gobernadores (el actual y el electo) deben tomar las decisiones correctas. Este es un país vertical y sólo desde arriba se pueden tomar las acciones que salven a esta ciudad. Me consta que hay por lo menos 3 mil 500 homicidios que no se investigan porque son producto del crimen organizado y la única autoridad técnica, jurídica y políticamente competente es la Subprocuraduría Especializada para Combatir la Delincuencia Organizada, y ésta sólo tiene dos detectives en Ciudad Juárez.

Fue precisamente por la debilidad en los procesos de investigación y en procuración de justicia que campean por acá que el pasado mes de febrero el Ejército no pudo mantener preso a Jesús Armando Acosta Guerrero, alias El 35, ligado al grupo criminal de La Línea, cuya posterior recaptura propició el atentado con bomba de la semana pasada.

Los sistemas penales de los estados no soportan adversarios de ese tamaño, así que podrán detenerlos una y otra vez y saldrán libres.

Eso ha sucedido durante los últimos dos años y medio, y seguirá sucediendo, mientras las autoridades no se decidan a enfrentar el problema en su debida dimensión y con las herramientas adecuadas. Y si no se puede por allí, pues intentar otra salida de búsqueda de la paz como bien superior.

Pero algo hay que hacer y pronto, porque ¡ya volaron el entrañable crucero de Bolivia y la 16 de Septiembre!

Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua

Crimen desorganizado

Marco Rascón

Algo lógico no cuadra en la guerra presidencial contra el crimen organizado: el comportamiento del enemigo destruyéndose (a menos que estén inspirados en la izquierda) ¿Cuál es entonces el papel del Ejército Mexicano? ¿La disputa por acabarlos a todos? ¿Apaciguarlos? ¿Disputarles el negocio? ¿Se pretende ser, juez o parte en la guerra?

Es justificable que Felipe Calderón prefiera la guerra a la negociación con la delincuencia; se entiende, pero… ¿los narcos han demandado diálogo o pacto? Hasta ahora, que se sepa, el crimen organizado no ha expresado objetivos más allá de los declarados por el Mayo Zambada a Julio Scherer, o lo que dicen las narcomantas: no dicen nada y tampoco hay interlocutores, salvo el mítico Chapo Guzmán, que no dice nada. Hoy resulta que los narcos son homófobos y hacen limpieza de homosexuales (la del sábado en Torreón) y drogadictos en rehabilitación. ¿Cómo se verían, desde una perspectiva de exterminio paramilitar, estas masacres? Tal parece que no hay una guerra, sino muchas.

Dejemos los comparativos con guerras actuales, donde la guerra interna en México supera con mucho a otras. En los años 70, la Operación Cóndor en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay dejó un saldo de 50 mil muertos y su objetivo era el liquidar y el exterminio. Estamos a la mitad.

En esta guerra sexenal, el crimen organizado no parece tener nada heroico, pues se construyó desde la descomposición de las mismas policías y por tanto, ya venía organizado de origen; sirvió para dar perspectiva mayor a miles de delincuentes y pequeñas bandas y surgió hace 15 años a causa del cambio de comportamiento de los compradores del norte, quienes decidieron que México no debería ser sólo un país de paso, sino también consumidor y empezaron a pagar con droga el aseguramiento de los cargamentos que iban haciendo pequeños mercados. Así nació el narcomenudeo y de ser exportadores medieros, ahora importan.

Si a eso unimos la crisis en el campo mexicano, la migración y la falta de oportunidades para los que se quedaron, el nuevo mercado fue la solución para miles de pueblos y ciudades, en lo que se podría caracterizar como la crisis de nuestras provincias. Miles en todo el país, fueron reclutados y el fenómeno generó no sólo negocio, sino también cultura y competencia.

Conflictos entre narcos siempre hubo, pero siempre predominó el negocio a la violencia. El norte próspero, deslindándose del sur, no se dio cuenta de la trampa en la que estaba. El crecimiento masivo de la descomposición, generó al régimen un problema de seguridad nacional y la alternancia aflojó más los viejos controles corrompidos de la seguridad interna. Para 2006, el balance era claro: habían perdido control de gran parte del territorio. Felipe Calderón decide meter al Ejército contra el narcotráfico, pues eso fue promesa de todos los candidatos en 2006 y era uno de los pocos consensos políticos.

En esto es donde se genera la duda: ¿no fue una decisión de Estado liquidar, matar, a 50 mil delincuentes, aunque eso fuera una estrategia ilegal, basada en la guerra sucia y conceptos como la Operación Cóndor? ¿Qué se hará con el paramilitarismo que está surgiendo? ¿Será una herencia para el próximo sexenio?

Si el Ejército combate a todos los fuera de la ley y si de los 25 mil muertos 95 por ciento es entre ellos mismos ¿por qué no han pactado o llegado a treguas, cuando tienen un enemigo común, que es el gobierno mexicano y un objetivo central, que es él negocio? Urge la lógica.

Desde opiniones poco ingenuas, se dice que nos estamos pareciendo a Colombia, cuando ya los rebasamos y en aquel país, se cuidan de mexicanizarse. El terror en Morelia aquel 15 de septiembre y la bomba de Ciudad Juárez van teniendo orígenes siniestros en la idea de generar el terror y la justificación a ver decenas de ajusticiados diariamente. El estado de derecho no existe, ni para hacer autopsias de cadáveres, menos para investigar o encarcelar, cuando las prisiones están rebasadas y se liquida a drogadictos en centros de rehabilitación, surge la noción de la fosa común y el exterminio. Hoy los alemanes que fueron parte del nazismo, dicen que nunca vieron nada y, por tanto, no existió.

Una derrota gubernamental es el hecho de que la población no apoya al Ejército Mexicano. La sociedad ve con igual desconfianza a tirios y troyanos y así se lo cobraron los niños scouts a Margarita Zavala con su porra norteña de ¡Tírense al suelo!, pues los daños colaterales no sólo son los baleados ocasionales por las refriegas, sino la inexplicable matanza de un enemigo ambicioso y que se autoliquida para que nos tranquilicemos.

Liquidar es una vieja tentación fascista. Lo cruento del enfrentamiento sólo da lugar a la versión oficial. Es probable que el Presidente haya enloquecido y no estemos ante una guerra, sino un exterminio de delincuentes, con lo cual se nos ofrece la seguridad del futuro, a cambio de entregar el estado de derecho.

Por lo pronto, lo que nos queda de duda es que el crimen no está organizado.

http://www.marcorascon.org

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La policía comunitaria coloca a la consulta los puntos sobre las íes

Magdalena Gómez

Casi se olvida el enorme vacío de justiciabilidad del derecho indígena, casi se olvida la sociedad de que dentro de los graves déficit en nuestro país está el del incumplimiento generalizado de los derechos de los pueblos. Casi se olvidan de los pueblos mismos. Sin embargo, ahí están, en la resistencia, que parece un signo destino y desde ella se reciben sus señales, igual de Chihuahua, que de Chiapas, Oaxaca y, en el caso que comentaremos, Guerrero.

La policía comunitaria es emblemática en más de un sentido y en días recientes lo ha sido porque ha denunciado lo que yo llamaría la feria del foro, de la que tanto gustan legisladores y autoridades de todo nivel. En efecto, han dado cuenta de que el Congreso del estado, la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) delegación Guerrero están impulsando una serie de reformas legislativas en materia de derechos y cultura indígenas. Y denuncian sin más que “en ese marco, han realizado foros en algunas ciudades del estado –Chilpancingo y Tlapa– a los que se les ha dado el carácter de consultivos, mismos que han contado con un número reducido de asistentes y que no se apegan al procedimiento de consulta asentado en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Expertos como lo son en las artes de la organización, la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias se reunió el pasado 12 de julio en el municipio de San Luis Acatlán con los coordinadores regionales de autoridades comunitarias, el presidente municipal, tres diputados locales, uno de ellos de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, así como comisarios y delegados. La primera y muy importante puntualización fue que esa reunión era foro informativo, no de consulta, pues ésta es más compleja. De ello dan muestra los acuerdos que tomaron enfatizando que el proceso de consulta parte de la información, pero ésta por sí sola no es suficiente pues, como bien señalaron, se trata de un proceso que arribe a la construcción de acuerdos. De manera indirecta anotaron el tema de la representatividad al señalar que tratarían de ampliar la consulta a otras regiones. Por supuesto que debe hacerse y ello es responsabilidad del Estado, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

A escala federal hoy día existen cuatro proyectos de ley sobre consulta a pueblos indígenas; dos provienen de la Cámara de Senadores, uno de ellos con dictamen y remitido formalmente a la Cámara de Diputados, y dos de la Cámara de Diputados. Todos son inconsultos por más foros informativos que aleguen haber celebrado y lamentablemente es muy fácil concluir que ninguno supera la visión de foro de opinión o trámite y mecanismo administrativo. Con una tendencia implícita al enfoque de recabar y sistematizar opiniones más que al de construir acuerdos . De su lectura encontramos que marcan el acento en el procedimiento de foros regionales abiertos, algunos incluyen asambleas comunitarias, encuestas y entrevistas, creación de organismos técnicos para procesarla o de instancias de coordinación bicamaral o en la propia CDI. Llama la atención que en dos de ellos se excluye de la consulta el tema del presupuesto de egresos en materia indígena y en uno también lo hace respecto del nombramiento de mandos medios y superiores en los organismos dedicados a las políticas en el ámbito indígena. Por lo demás, se consolida la práctica parlamentaria de presentar iniciativas y, lejos de abrir un proceso de discusión y en su caso modificación, se presentan otras, todas quedan abiertas.

Uno de los saldos negativos de la crisis generada con la contrarreforma de 2001 fue la generación de un distanciamiento no sólo con los tres poderes de la unión, sino con los espacios internacionales. Sin embargo, hay signos de que se regresará a estos últimos. Por ejemplo, el comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó este año revisar el texto del polémico artículo segundo constitucional.

Y en el caso de la hidroeléctrica La Parota, el relator especial para pueblos indígenas destacó en 2008 que, para justificar el desalojo, el Estado tiene la obligación de realizar una auténtica consulta a las comunidades afectadas, recomendando en su informe de ese año la suspensión del mismo (A/HRC/9/9/Add.1., 15 agosto 2008).

Al margen del resultado que el proceso específico en Guerrero tenga, es significativo que la policía comunitaria coloque la mirada en la correcta interpretación del derecho a la consulta previa, libre e informada, calificativos que no están de adorno, sino que deben aplicarse con buena fe y en un marco de construcción de acuerdos.

Nuevamente los pueblos desnudan la miope y muy trivial visión del neoindigenismo que padecemos, ése cuyo eje es la antiautonomía.

Apoyo urgente a mujeres de Juárez: policías armados y muy violentos irrumpen en Refugio de Mujeres

"Las invito a cooperar”, dijo uno mostrando su arma de fuego “o no tendré más remedio que actuar”. Otro indicó, “se van a arrepentir...vamos a tirar las puertas y a violar las chapas”...

Comunicaciones feministas autónomas

Se trata del único Refugio para mujeres en situación de violencia extrema en Ciudad de Juárez, Chihuaha. Las encargadas han sido amenzadas e individualizadas por los policías que las allanaron el 9 de junio recién pasado.
Estos hombres entraron hasta las dependencias donde se refugian las mujeres que escapan de la violencia machista, aterrorizándolas a ellas y a sus wawas.

Organizaciones feministas, feministas autónomas, de lesbianas feministas latinoamericanas y caribeñas, y Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C. y SIN VIOLENCIA A. C. Refugio fundado por Esther Chávez Cano (+), denunciamos y exigimos la destitución de los funcionarios del poder judicial que se han prestado para esta acción, de los policías involucrados en las amenzas y el terror contra mujeres, y exigimos seguridad para garantizar la continuidad del trabajo de las defensoras de derechos humanos encargadas del Refugio.

Las compañeras de Centro y la Red, solicitan que envíen llamamientos a:

Lic. Rodolfo Acosta Muñoz

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

DelEstado de Chihuahua

Tel ( 52 614 ) 1 800 700

Lic. José Reyes Baeza

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

Palacio de Gobierno

Calle Aldama # 901 Col Centro C.P. 31000

Tel ( 52 614) 4 29 33 00 ext 11123

Y que al hacerlo envíen copias a:

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres,

correo electrónico: acción@cedehm.org.mx,
A la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C., correo electrónico: red.mmj@hotmail.com

A Cecilia Guadalupe Espinosa Martinez

C. Articulo 3 #354 Col. Burocráta Segunda Sección

325 07 27

044 656 222 96 00

pjo_juarez@hotmail.com

cecilia.gpe.espinosa@gmail.com

ACÁ VA EL RELATO ORIGNAL DE LAS COMPAÑERAS QUE SUFRIERON LA VIOLENCIA MACHISTA Y POLICIAL EN ESTE CASO EN JUÁREZ:

"El 9 de junio del año en curso 14 hombres,seis de ellos con armas de alto poder llegaron a las instalaciones secretas de SIN VIOLENCIA A. C. Refugio para mujeres en situación de riesgo por violencia extrema. Al mando del grupo de hombres armados, se encontraba el funcionario del poder judicial de nombre Román García oficial notificador, quien se negó a identificarse y solamente mostró la copia de un oficio signado por el Juez Primero de lo familiar del Distrito Judicial Bravos Lic. Guadalupe Manuel de Santiago Aguayo, en el cual dicho funcionario autorizaba el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras en una diligencia del ramo familiar,consistente en laentrega de formainmediata de la menor Lesly Itzel Muñoz González.

El oficio mostrado, no señala domicilio para realizar dicha diligencia judicial, ni se encuentra dirigida a la asociación civil, por lo que el personal reiteró la oposición a que violentaran la entrada al recinto, al no encontrar colmados los requisitos legales para que se llevara a cabo la diligencia, solicitando al funcionario judicial, la presentación de una orden de cateo, la cual no llevaba.

“El mandato judicial” se ejecutó en un REFUGIO de alta seguridad, el único de esas características en el Estado de Chihuahua y cuya dirección era, antes de ser violado por las autoridades judiciales y por hombres armados, un lugar seguro para que las mujeres en ciudad Juárez y el resto del estado pudieran preservar su vida.

A pesar de negarles la entrada argumentando que la menor no había ingresado a ese lugar y que no era posible permitir el ingreso, en razón de que se encontraban en instalaciones de un Refugio de alta seguridad, en donde los protocolos impiden la entrada de hombres y mucho menos armados. Lo anterior se explicó, informándoles que algunas de las víctimas eran esposas o compañeras sentimentales de policías, sicarios o personas ligadas a la delincuencia organizada y por motivos de seguridad no se permitía elingreso.

A las defensoras de derechos humanos al frente del Refugio SIN VIOLENCIA, se les amenazó con meterlas a la cárcel de dos o tres años. Uno de los policías dijo textualmente “las invito a cooperar”, mostrando el arma de fuego que portaba “ono tendrémás remedio que actuar”. Otro de los policías exigió a la coordinadora operativa que le entregará una identificación.

Un policía tomó la identificación de la coordinadora ejecutiva y dijo mostrando el arma, que ahora sabía más datos de quien estaba oponiéndose, manifestando que: “se van a arrepentir, se meterán en problemas, es mejor que cooperen, y vamos a tirar las puertas y a violar las chapas”.

Ante el riesgo de perder la vida a manos de los hombres armados que estaban dispuesto a todo, el riesgo de la libertad personal y especialmente para cuidar de la estabilidad emocional de las víctimas y sus hijas e hijos que se encontraban dentro del albergue, bajo la responsabilidad de las defensoras de derechos humanos;al encontrarse rodeadas de hombres armados, en un contexto de total impunidad como actualmente es Ciudad Juárez, Chihuahua, se les obligó a abrir las instalaciones.

Al entrar al refugio lo hicieron en forma violenta, aventando muebles, buscando bajo la cama provocando una situación de psicosis colectiva en las mujeres y sus hijos e hijas que se encontraban en ese lugar que hasta esa fecha consideraban seguro.

No encontraron a la menor. Ella no se encontraba en ese lugar tal como lo informaron al funcionario judicial".

http://www.feministautonoma.blogspot.com/

Victoria Aldunate Morales en Kaos en la Red

Contamíname presenta “Mujeres frontera” con un concierto en el Museo de América el próximo 20 de junio

El disco-libro aborda el caso de Ciudad Juárez desde un enfoque multidisciplinar, con una investigación rigurosa y un proyecto artístico musical y fotográfico.

Contamíname | Contamíname

Portada del disco-libro Mujeres frontera

La Fundación Contamíname para el mestizaje cultural presenta el próximo 20 de junio Mujeres frontera, su último disco-libro, el tercero de la colección Música y Derechos Humanos. El concierto reunirá el 20 de junio en el Museo de América a Sara Van, Chiqui Pérez, Lou Garx y BGP Trío, que participan también en el disco. El programa del acto incluye la proyección de las fotos que forman parte de esta nueva propuesta artística y de denuncia de Contamíname, en su línea de promover la ética de la acción.

El concierto se celebra a las 12 horas, en el salón de actos del Museo de América, en la Avenida Reyes Católicos, 6 y es de entrada libre. El disco-libro, que ha sido realizado con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se podrá comprar durante su presentación.

Mujeres frontera aborda el caso de Ciudad Juárez desde un enfoque multidisciplinar, con una investigación rigurosa y un proyecto artístico musical y fotográfico Reúne doce canciones, interpretadas por Pedro Guerra, Sara Van, Lila Downs, Lhasa, Lou Garx y BGP Trío, Silvia Pérez Cruz Julieta Venegas, Ely Guerra, Chiqui Pérez, Roxana Río con Javier Ojeda y Bebe. Las fotografías son obra de Yamila Jerez, mientras que el trabajo de investigación es de Beatriz Marcos.

El disco-libro denuncia los feminicidios de Ciudad Juárez, una situación que aborda señalando el carácter distintivo de las víctimas: mujeres de manos pobres, obreras y morenas, cuerpos rotos, cosificados en una frontera donde el Estado es fallido. “Esto es lo que sucede en Ciudad Juárez”, se dice al comienzo de Mujeres frontera: “Violencia, machismo, impunidad, neoliberalismo, narcotráfico, maquilas, migración, aculturación, mafia, pobreza, frontera, negligencia, poder, explotación, mercancía, colonialismo, contaminación, racismo, corrupción. Muerte”.

El concierto está incluido en el ciclo América es nombre de mujer, del Museo de América. Se puede acceder al museo en Metro, en la línea 3, a través de la salida de Isaac Peral, en la parada de Moncloa, la línea 6, a través de la salida de la Plaza de la Moncloa, en la parada de Moncloa, y en la línea 7, a través de la salida de Gaztambide en la parada Islas Filipinas. Las líneas de autobús 1, 2, 16, 44, 46, 61, 82, 113, 132, 133 y circular también comunican con el Museo de América.

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