El último año de la LXVI Legislatura abre una nueva oportunidad para que el Congreso avance en reformas pendientes que pueden transformar la respuesta del Estado frente a las violencias contra las mujeres. Una de ellas es la creación de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyo desafío no será únicamente establecer reglas nacionales para investigar y sancionar estos crímenes, sino garantizar que existan recursos suficientes para hacerlas cumplir.
La reforma constitucional que abrió paso a esta legislación fue avalada por el Congreso de la Unión y posteriormente por los congresos estatales necesarios para su declaratoria de validez. Con ello, el Poder Legislativo cuenta con un plazo de 180 días naturales para expedir la Ley General en materia de feminicidio.
La nueva legislación busca establecer reglas comunes para todo el país y reducir las diferencias que actualmente existen entre las entidades federativas para investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género.
Entre los cambios planteados se encuentra la homologación del delito de feminicidio, así como disposiciones para fortalecer su investigación y sanción. También contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión, agravantes y mecanismos de reparación integral del daño.
Uno de los puntos centrales es que las muertes violentas de mujeres sean investigadas inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, de manera que las autoridades estén obligadas a descartar esta posibilidad mediante una investigación con perspectiva de género.
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
La discusión de esta legislación ocurre en un país donde el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia sigue enfrentando enormes obstáculos.
Aunque el feminicidio está reconocido en la legislación mexicana desde hace más de una década, las diferencias entre los marcos jurídicos estatales, las fallas en las investigaciones y la falta de aplicación efectiva de la perspectiva de género han impedido que el reconocimiento legal se traduzca siempre en justicia.
En 2025, 2 mil 795 mujeres fueron asesinadas en México y sólo 25 por ciento de esos casos fue investigado como feminicidio, de acuerdo con información documentada por organizaciones feministas.
Esta brecha evidencia uno de los problemas que la nueva Ley General deberá atender: que la manera en que una autoridad clasifica e investiga la muerte violenta de una mujer no dependa de criterios distintos en cada entidad.
El feminicidio no es únicamente el asesinato de una mujer. Es una expresión extrema de violencia de género y, por ello, su investigación requiere identificar las circunstancias, antecedentes y relaciones de violencia que pudieron estar relacionadas con el crimen.
Investigar con perspectiva de género implica, entre otras cosas, considerar posibles antecedentes de violencia, amenazas, acoso, lesiones, violencia sexual o relaciones de poder, además de garantizar que las familias de las víctimas puedan participar en los procesos y acceder a la verdad, justicia y reparación.
Por ello, la discusión legislativa no debería limitarse a definir nuevamente el delito o aumentar las penas. También tendrá que establecer qué instituciones serán responsables, con qué capacidades, bajo qué protocolos y con qué recursos deberán cumplir las obligaciones de la nueva Ley General.
El presupuesto será la prueba
Ahí aparece uno de los principales retos.
La reforma constitucional que permite al Congreso legislar en materia de feminicidio fue presentada como una modificación sin impacto presupuestario adicional. Sin embargo, llevar a la práctica una Ley General implicará nuevas obligaciones para las instituciones encargadas de prevenir, investigar, sancionar y reparar estos delitos.
Una legislación efectiva requiere fiscalías con personal suficiente y especializado, servicios periciales capaces de realizar investigaciones con perspectiva de género, policías capacitadas, mecanismos de protección para víctimas y familiares, así como recursos para garantizar la reparación integral del daño.
También será necesario fortalecer las capacidades institucionales para generar información confiable sobre los casos de feminicidio, dar seguimiento a las investigaciones y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades.
Por eso, el presupuesto será una de las primeras pruebas de que la nueva legislación no se quede en el papel.
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 adquiere especial relevancia en este contexto. Los recursos que se asignen a las políticas de prevención y atención de las violencias feminicidas permitirán observar si existe un respaldo financiero acorde con las obligaciones que tendrá el Estado.
En 2026, el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas cuenta con recursos destinados a estas tareas. Sin embargo, el reto será determinar si el presupuesto destinado a enfrentar la violencia feminicida es suficiente frente a las dimensiones del problema y frente a las nuevas responsabilidades que derivarán de la Ley General.
No se trata únicamente de destinar más recursos, sino de garantizar que lleguen a las instituciones y servicios que intervienen en la prevención, investigación, atención y reparación de los feminicidios, y que su ejercicio pueda ser evaluado.
Homologar el delito no basta
Uno de los principales objetivos de la reforma es establecer criterios comunes para todo el país. Esto podría contribuir a reducir las diferencias existentes entre las entidades federativas y evitar que las investigaciones dependan de marcos jurídicos o criterios locales distintos.
Sin embargo, homologar el delito no garantiza por sí mismo investigaciones adecuadas.
La experiencia de organizaciones feministas muestra que las dificultades no terminan con la existencia de una norma. Persisten obstáculos para acceder a las carpetas de investigación, para que los casos sean investigados con perspectiva de género y para que las familias puedan obtener justicia.
Por ello, la nueva legislación tendrá que acompañarse de protocolos claros, capacitación especializada, mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, así como de recursos suficientes.
También deberá contemplar las necesidades de las víctimas indirectas de feminicidio, particularmente niñas, niños y adolescentes que pierden a sus madres como consecuencia de estos crímenes.
La reparación integral no puede reducirse a una compensación económica. Implica garantizar verdad, justicia, medidas de rehabilitación, atención y garantías de no repetición para las víctimas y sus familias.
El reto: que la ley llegue a las fiscalías
La discusión sobre feminicidio no terminará cuando el Congreso apruebe una Ley General. Ahí comenzará una etapa todavía más compleja: lograr que sus disposiciones lleguen a las fiscalías, policías, servicios periciales, tribunales y demás instituciones encargadas de garantizar justicia.
La experiencia de las últimas décadas demuestra que una legislación puede quedarse corta cuando no existen recursos, capacidades institucionales y mecanismos para exigir su cumplimiento.
Por ello, la nueva Ley General deberá evaluarse no sólo por lo que establezca su articulado, sino por su capacidad para transformar la respuesta del Estado ante las muertes violentas de mujeres.
La reforma constitucional ya abrió la puerta. Ahora corresponde al Congreso construir una legislación que responda a la dimensión de la violencia feminicida y, al Poder Ejecutivo, garantizar los recursos para hacerla realidad.
