PRENSA MEXICO....

Editorial

Aniversarios de la barbarie

Hoy hace 35 años la institucionalidad democrática chilena sucumbió ante una violenta sublevación militar que constituyó el último capítulo de una larga campaña de desestabilización concebida, organizada y financiada por Washington contra el gobierno constitucional que presidía Salvador Allende. Se estrenó entonces, en la nación austral, una forma de barbarie que en sus formas brutales de control y sometimiento político recordaba al nazismo alemán, y cuyos postulados económicos, orientados a imponer la ley del más fuerte y a convertir las sociedades en mercados, si no es que en junglas, fueron recogidos por una escuela dominante que aún inspira las políticas económicas oficiales de muchos gobiernos.La dictadura militar y el proceder asesino y corrupto del general que la presidió dejaron tras de sí, además de una destrucción humana, social, institucional y moral incuantificable, un paradigma del exceso totalitario del que han terminado por distanciarse hasta las derechas más recalcitrantes, por más que haya sido en ellas en las que se fraguó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

En el Chile contemporáneo, aunque la abominación de la pasada tiranía sea un consenso sólido, la clase política parece empeñada en mantener no sólo la Constitución antidemocrática redactada por los generales para garantizarse la impunidad tras el fin de su régimen, sino también el modelo económico legado por la dictadura.Peor aún: el pinochetismo económico –aún vigente en muchos países, entre ellos México– fue retomado por la "revolución conservadora" de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan y convertido en receta de imposición universal por los organismos financieros internacionales que operan como instrumentos del saqueo colonial a los países pobres por los capitales financieros e industriales de las naciones ricas.El injerencismo estadunidense, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se extendió del continente americano, su área de influencia tradicional, al resto del mundo, fue complementado con el modelo administrativo, financiero y comercial que preconizaba el adelgazamiento del Estado, la privatización generalizada de bienes públicos, la desregulación, la apertura de las fronteras nacionales al libre comercio, la liquidación de los programas sociales y de los subsidios a la producción y al consumo, la transferencia a empresas privadas de responsabilidades gubernamentales básicas como salud, educación y seguridad, el desmantelamiento de las bases jurídicas del bienestar de la población, la "flexibilización laboral", la contención salarial con el pretexto de la lucha contra la inflación, la reducción de los impuestos a los grandes capitales y, para compensarla, el incremento de las tarifas de bienes y servicios públicos.Tal ha sido el correlato económico, acatado por autoridades oligárquicas locales, de una política intervencionista hipócrita, que actúa en nombre de la democracia y la libertad para asegurar y expandir las posiciones geoestratégicas de Washington en el mundo.

Con ese propósito real, la Casa Blanca ha establecido alianzas con dictaduras sangrientas, ha promovido el terrorismo y la subversión contra gobiernos que pretenden ejercer la soberanía nacional, ha atropellado la legalidad internacional con invasiones militares injustificables y ha tolerado y/o perpetrado genocidios contra pueblos de Centro y Sudamérica, así como contra palestinos, saharauis, afganos e iraquíes."¿Por qué nos odian?", se preguntaba, perplejo, el todavía presidente George W. Bush unos días después del brutal atentado terrorista que cimbró a su país y al mundo y que fue perpetrado otro 11 de septiembre, hoy hace siete años, como una respuesta criminal a las injerencias criminales de la potencia planetaria en Medio Oriente y Asia central. Pero, en vez de tomarse el trabajo de comprender las causas de los sentimientos antiestadunidenses que recorren el planeta, el gobernante se dio a la tarea de multiplicarlas y profundizarlas.

Con el pretexto de vengar los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono y de fortalecer la seguridad de sus conciudadanos, Bush ordenó un sangriento ataque contra Afganistán y la posterior ocupación militar de ese infortunado país; emprendió un severo recorte de las libertades individuales y de los derechos humanos en el marco legal estadunidense; recurrió a un discurso alarmista y mentiroso para concitar el respaldo de la población a su militarismo desbocado y autoritario y, a finales de marzo de 2003, atacó a Irak y acabó hundiendo a su propio gobierno y a varios de sus aliados en el pantano de una guerra genocida, ilícita y corrupta que en el país ocupado ha causado cientos de miles de víctimas, daños materiales incalculables y una situación de catástrofe no muy distante a la extinción nacional, así como la muerte de unos 4 mil 500 estadunidenses, entre militares y paramilitares –muchos más que los fallecidos el 11 de septiembre de 2001–, más de 30 mil heridos, muchos de ellos con daños permanentes, el dispendio o desvío de cientos de miles de millones de dólares y una degradación política, mediática, moral y diplomática sin precedente.Más allá de una coincidencia casual de fechas, hay una continuidad de la barbarie entre el bombardeo golpista del Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, y la demolición terrorista de dos emblemáticos edificios neoyorquinos, 28 años más tarde; esa continuidad vincula también a los centros de exterminio establecidos a partir de 1973 por Augusto Pinochet con el aparato de tortura montado desde 2001 por el gobierno de Bush en numerosos puntos del globo, y del que se ha conocido sólo una pequeña parte: Abu Ghraib, Guantánamo, las prisiones militares de Bagram y el trasiego clandestino de secuestrados por los cielos de Europa en vuelos clandestinos organizados por la CIA. Por eso, el 11 de septiembre evoca regresiones trágicas en el proceso civilizatorio.

Purgar corporaciones, el reto SSP y SG: todas las policías, infiltradas

Acepta García Luna: el hampa corrompe e intimida a los agentes Elogian al GDF por la captura de integrantes de la banda de La Flor Consignan en Torreón a 35 preventivos por proteger al narco Fabiola Martínez y corresponsales Más información en la sección de Política

PRI: reforma al vapor previa al Informe Calderón intenta tapar anómala autopromoción de programas sociales

Envió "millones de cartas" a beneficiarios y luego emitió un decreto para justificarse Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Desembolsó 128 millones de dólares por 6.4% de acciones Carlos Slim, socio de The New York Times Company "Es una inversión, como otras tantas del ingeniero": Elías Ayub No descarta que incremente su participación en ese medio Roberto González Amador

Pide Nelson Vargas "ayuda a todos" En conmovedora conferencia de prensa, el empresario y ex director de la Conade dijo que necesita "de todo el pueblo de México" para localizar a su hija Silvia, secuestrada hace un año. "No nos vamos a cansar, no nos vamos a resignar; tengo fe en que está viva. Seguiré insistiendo para que la autoridad haga lo que no ha hecho: estar permanentemente buscándola". Al igual que su ex esposa Silvia Escalera, demandó a los plagiarios que le digan dónde está Foto José Carlo GonzálezAlfredo Méndez

Atrae la Corte el caso Acteal; "es de interés superlativo"

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer ejercer su facultad de atracción para conocer un nuevo amparo (en julio pasado atrajo tres asuntos que involucran a 24 sentenciados) relacionado con la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en la que fueron asesinados 45 tzotziles de esa comunidad del municipio de Chenalhó, Chiapas.Los ministros consideraron que el asunto reviste un "interés superlativo" por la posible afectación o alteración de valores sociales y políticos, así como de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado vinculados con la impartición de justicia."Conscientes" de que el asunto es relevante, novedoso y complejo, los cinco togados de la primera sala determinaron que en este asunto es necesario "un pronunciamiento del máximo tribunal de justicia del país y que el criterio que se llegara a sustentar va a repercutir de manera excepcionalmente importante en la solución de casos futuros".El dictamen elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero señala que el asunto es de interés nacional, en el que todos los sectores de la sociedad están interesados, pues los hechos ocurridos en Acteal han sido calificados por diversos medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, gobiernos y sociedad en general, tanto a escala nacional como internacional, como "la matanza de Acteal", "el genocidio de Acteal", "crimen de lesa humanidad", etcétera.Basta consultar páginas de los distintos buscadores de Internet –añade la sentencia– para percatarse de todo tipo de opiniones de medios, periodistas, religiosos, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, así como de los reiterados reclamos de justicia respecto a los hechos.Además –subraya–, el número de víctimas (45 muertos y 16 heridos), el número de personas que participaron en los hechos –se habla de más de 100 victimarios, provenientes de diversas comunidades del municipio de Chenalhó– hace que el asunto sea de interés relevante.La investigación que realizará la propia ministra Sánchez Cordero tiene como origen el amparo directo que solicitaron Antonio Pujuc Luna y Mariano Pujuc Luna, quienes alegan que la valoración de pruebas que realizó el primer tribunal unitario del vigésimo circuito, que los sentenció el pasado 21 de abril por los delitos de homicidio y lesiones, así como por diversas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se basó exclusivamente en los testimonios acusatorios, y no en los que los exoneran de los cargos.Durante la sesión pública, Sánchez Cordero señaló: "tendremos la posibilidad de fijar el valor de aquellas pruebas cuya obtención puede estar relacionada con haberse practicado sin las formalidades legales establecidas para ese fin y una posible violación, con ello, de derechos fundamentales de las personas que están implicadas en estos asuntos".Cabe señalar que la solicitud de atracción fue hecha por la magistrada Marta Olivia Tello, presidenta del segundo tribunal colegiado del vigésimo circuito, quien consideró que la SCJN debía conocer el asunto, porque los hechos "no han dejado de ser noticia en medios de comunicación nacionales y extranjeros, a pesar del tiempo transcurrido".Además destacó la particularidad de que "los habitantes de la comunidad de Acteal fueran simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que la disputa por el dominio de un banco de arena existente en la zona generó inestabilidad social en la región, que culminó con el ataque perpetrado a la comunidad con los resultados ya sabidos".Jesús Aranda

Vence el Tri 2-1 a Canadá

Rayuela

Hace mucho tiempo que Medina Mora y García Luna debieron haber renunciado. Y con ellos... los que ustedes quieran.¡Claro, para eso se requiere decencia!

Ike se aleja de Cuba, pero deja estela de inundaciones Se desbordaron varios ríos; la mayor parte del país sigue en penumbra Naciones Unidas llama al mundo a auxiliar a cubanos y haitianos Ayuda a damnificados haitianos en un centro de distribución de alimentos en la localidad de Cabaret Foto ApG. Arreola y G. Saldierna

Columnas

Julio Hernández López : Astillero

Aun cuando fuera cierta, ha sido mal contada y mal armada. Llena de contradicciones y especulaciones. Caracterizada por una urgencia política de la administración ebrárdica de parecer eficaz (sobre todo) en los medios electrónicos (del News Divine al caso Martí: la ruta del ácido que ha descubierto el verdadero cobre que está tras el orito marcelino). Un procurador del DF con vocación, pero sin oficio para la literatura, que desarrolla guiones pero no da pruebas, que desgrana con desgano ante entrevistadores televisivos los hilos argumentales que parten de suposiciones folletinescas (sólo un ejemplo: el supuesto jefe de la banda de la flor tendría gran capacidad "para infiltrarse en altos círculos sociales", pero se movía en un modesto Derby, asistía a gimnasios del Seguro Social y no al Sport City y, baleado, ese presunto Mochaorejas florido lucha contra la muerte en un nada glamoroso hospital público).La oreja de la ambición mediática asomó desde la misma mañana en que Mancera anunció la primera parte de la telenovela que escamoteó en detalles a los periodistas asistentes a una rueda de prensa, pero ofrendó luego a Televisa, donde al procurador se le concedió salir al aire desde el banquillo de los entrevistados. Ebrard tomó en el curso de ese día la estafeta de la presunción de grandes logros, supuestamente esclarecido ya el caso que movió a la clase política, omisa y cómplice, a reunirse en la Faramalla de Palacio.Pero la versión oficial mostraba desde el principio agujeros e inconsistencias. El principal acusado estaba en terapia intensiva, imposibilitado de hablar y defenderse, en curso de muerte que le dejaría condenado (como si esa fuera la intención, la selección prevista) a lo que ya habían establecido las H. Autoridades del ramo. Con rapidez que dejó en evidencia el pasmo oficial, los familiares del presunto jefe de la banda de la flor hablaron de su vida cotidiana, de su nivel de vida sin lujos. Y se empezó a instalar la percepción de que varios de los involucrados son meros chivos expiatorios o infractores de la ley, pero en otros términos y graduación, no necesariamente partícipes del caso Martí. Los hijos de Sergio Ortiz Juárez, el supuesto capo hospitalizado, han hablado abundantemente ante los medios para desacreditar la historia oficial. Es posible y explicable, desde luego, que esos familiares mientan, y que los detenidos sean parte de esa condenable banda de secuestradores (aunque ya dos comandantes de la policía capitalina, primero anunciados como parte del libreto, han sido considerados ajenos a los hechos), pero hasta ahora la administración de la ciudad de México no ha podido mostrar y demostrar que la versión oficial es clara y firme. Sería el colmo que aun siendo ciertos todos los datos que ha difundido el gobierno capitalino, éste fuera incapaz de transmitirlos adecuadamente y de convencer a la población de su veracidad (en cambio, el contratista Mouriño felicitó al gobierno "de izquierda" por su buen manejo del caso).Peor ha resultado la contribución de la secretaría federal de seguridad pública. Genaro García Luna y el subsecretario Facundo Rosas han hecho muy sospechosos malabares oratorios para tratar de desmarcarse de la agente Lorena González Hernández que según eso habría instalado el retén para secuestrar a Martí. Muchísimo trabajo les ha costado a esos funcionarios calderónicos aceptar que la acusada trabajó con ellos, incluso con una cercanía que documentalmente está sustentada (en www.reporteindigo.com, información de Anabel Hernández). El sufrir de Genaro Pilatos le llevó a extrañas interpretaciones de la legalidad laboral: Lorena sí tenía "una plaza vigente", en la Agencia Federal de Investigación, pero estaba en un "proceso de transición" en cuanto a "certificación de confianza" para pasar a la policía federal. El subprocurador Rosas llegó a decir que González Hernández "tenía un antecedente laboral en la disuelta policía judicial federal" y que había estado en la AFI "hasta finales de 2007, cuando inició sus trámites para ingresar a la policía federal; en ese estatus se encuentra, realizando sus trámites para poder ingresar (…) y en proceso de evaluación". Ayer mismo, GG (sí, se lee je je, pero son las iniciales del secretario Genaro García, no la interjección que refleja risa, burla o incredulidad) añadió al concurso de lavamanos que la agente incómoda sí era AFI, pero "sin vínculos con mandos" de la SPP (tal vez por eso, sin control, haciendo lo que quisiera, se puso a jugar a los retencitos, aunque evidentemente estaba en funciones, en servicio, en activo y no en suspenso o larvada, todo ello grotesco y cínico, pero ante lo cual el tecleador se niega a exclamar ¡no marchen!, porque está en un proceso de certificación de confianza idiomática).

Astillas

El jefe de la otra banda de la flor (especializada en secuestro de instituciones desde el salinismo), Jorge Carpizo, ha emitido críticas de último tramo al hijo desobediente, el ombudsman José Luis Soberanes. Las críticas se dan en el contexto de los reacomodos de fuerzas rumbo al relevo de Soberanes, en 14 meses. Hasta ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido una de las áreas de influencia del carpicismo, aunque el numerario Soberanes trató de zafarse o disminuirla… Tiene razón Enrique Pérez Camacho, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y estudiante de doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav) al resaltar el papel importante que tienen la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el propio Cinvestav en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, en inglés), el acelerador de partículas donde se reproducirá el Big Bang que concentra la atención mundial… ¡Hasta mañana, en esta columna que entiende que son circunstancias diferentes, pero no deja de contrastar la dolorosa actitud sin implicaciones ni consecuencias políticas de Nelson Vargas, que fue funcionario con Fox, y la de Alejandro Martí, que desembocó en maniobras oficiales y oficialistas!

Miguel Ángel Rivera : Clase Política

"Evitar influencias externas" que puedan hacer variar el voto, fue el principio que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia para determinar que se mantenga secreto el sufragio para determinar quién dirigirá un sindicato.Esta decisión opera sobre todo cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje ordene realizar un recuento para decidir entre dos comités ejecutivos que reclaman la titularidad de un contrato colectivo de trabajo.De inmediato el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) calificó como un gran paso hacia la democracia sindical el fallo unánime de los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte, porque abre un espacio importante para inhibir la violencia en los recuentos sindicales como ocurre hasta ah

Carlos Fernández-Vega : México SA

Si de cifras multimillonarias se trata, allí están el señor de los caballos, Germán Larrea y su Grupo México, quienes fueron declarados culpables, el pasado 30 de agosto, por una corte federal de Distrito en Brownsville, Texas, de "estafa a inversionistas y acreedores de la American Smelting and Refining Company" (ASARCO). De acuerdo con la autoridad judicial estadunidense, el consorcio de Larrea "se involucró en una transferencia fraudulenta de ASARCO al Grupo México sobre las acciones de la Southern Peru Copper Company", propietario de GM. El juez Andrew S. Hanen concluyó que "Grupo México auxilió e incitó a los directores de ASARCO para que violaran sus deberes fiduciarios de la empresa y hacia los acreedores de la misma, para el beneficio único de Grupo México y algunos de sus acreedores clave". Larrea y su consorcio deberán pagar algo así como 8 mil millones de dólares por compensaciones.

Miguel Ángel Velázquez : Ciudad Perdida

La de ayer fue una mañana que dejó al descubierto la intención de los consejeros golpistas del Instituto Electoral del DF. Primero se reunieron, en lo oscurito, con Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación, y de allí se fueron, ahora con el consejero impuesto, Gustavo Anzaldo, a las instalaciones del IFE para hablar con su presidente, Leonardo Valdés, de las elecciones de 2009 y señalarle que esos comicios podrían ser organizados por el instituto federal.Los consejeros que acudieron a las dos citas son: Carla Humphrey, con nexos, incluso familiares, con integrantes de Acción Nacional; Fernando Díaz Naranjo, también ligado a los azules; Yolanda León, del PRD-NI, y Ángel Rafael Díaz, de estirpe priísta. Esos cuatro fueron quienes organizaron el golpe contra el presidente del instituto local, y son los mismos que esperan ratificar a Anzaldo este jueves por la noche.Isidro Cisneros, el presidente en funciones, hasta ahora, del IEDF, puede no ser del gusto de muchos, pero eso no es, no puede ser, el motivo que impulse la ilegalidad en contra no nada más de la persona, sino de una institución que, pese a su composición viciada, aún goza de buena reputación entre la gente.Nos referimos, desde luego, al golpe de mano que el panismo incrustado en el Instituto Electoral del DF ejecutó el lunes pasado, para preparar un terreno más propicio rumbo a las elecciones intermedias del próximo año.La ilegalidad con que se ejecutó el golpe produjo, al principio, una reacción tibia por parte del PRD, o mejor dicho, hubo confusión, e incluso se dijo que la llegada de Anzaldo podría ser benéfica para ese partido, y por unas horas la legalidad se evaporó.La remoción de Isidro Cisneros, contra quien se gestó el golpe, parecía, incluso, haber sido bien recibida por la Secretaría de Gobierno del DF, y además, contaba con la colaboración del representante del PRD en el instituto, Miguel Ángel Vázquez, y claro está, de la propuesta panista que una vez más estiró la zanahoria para hacer caer a los perredistas.El PRD dice, sin hacerlo de manera oficial, que el golpe panista les conviene porque el consejero Anzaldo, designado en una sesión ilegal como presidente temporal del IEDF, les conviene más que la permanencia de Cisneros al frente del organismo, y así, sin traspasar la superficie del problema se pretendió ignorar que antes de sus intereses debe estar la legalidad que fue claramente rota por los azules que conociendo el oportunismo inmoral de muchos perredistas, los ha convertido, cuando menos por ahora, en sus cómplices.Lo malo de esa forma de actuar es que a fin de cuentas, si ese partido protege la ilegalidad en el IEDF ya no podrá, desde ninguna de sus instancias, cuestionar la imposición, el robo del sufragio en la elección de 2006, con lo que su principal discurso quedará totalmente desarmado, aunque tal vez eso es lo que se busca desde algunas instancias del perredismo.No se trata de hombres o de nombres, se trata de defender la legalidad. Para el panismo eso no tiene ninguna importancia. Desde la ilegalidad se dan contratos, un gobernador puede entregar el destino de su estado a intereses externos, como es caso el caso de Jalisco; se protege a familias cómplices y se llega a Los Pinos, así, dar un golpe de mano en contra de lo legalmente establecido no es más que su forma natural de actuar.Lo graves es que el perredismo, cuando menos en el DF, que hasta ahora había sido congruente en su postura de rechazo a la ilegalidad, hubiera supuesto que un acto fuera de la ley pudiera reportarles beneficios.Es más que sabido que este partido tiene graves problemas con su militancia, y con la sociedad en general en todo el país, y que muy probablemente no encuentre el eco necesario en las urnas para seguir siendo una fuerza política de importancia, pero frente a esa circunstancia en todo México, el Distrito Federal parece la ínsula no contaminada. Hoy, ante un hecho tan lamentable como el sucedido el lunes pasado, el PRD de la capital debe dar muestras de congruencia y caer en la cuenta de que se trató de un engaño para abrir la posibilidad de que, como ha ocurrido ya en otras entidades, por ejemplo el estado de México, Baja California, Jalisco y Tlaxcala, Acción Nacional se apodere de los organismos electorales. ¡Cuidado! No se trata de salvar a Cisneros, sino de rescatar la legalidad.

Adolfo Sánchez Rebolledo : Impunidad y derechos humanos

La formación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) significó un gran avance en la búsqueda de una convivencia un poco más civilizada entre los ciudadanos mexicanos. Por primera vez el Estado reconocía públicamente lo que cualquier ciudadano sabía de memoria: que las prácticas de la autoridad encargada de la seguridad y la justicia se apoyaban en la arbitrariedad más absoluta, en el desprecio por los detenidos, en el abuso y en procedimientos tan viles como la aplicación reiterada de la tortura. No sorprende que en ese contexto moral, sea la confesión la "reina de las pruebas", el corolario lógico de la "investigación" judicial. No obstante, en ese país de las maravillas y la estabilidad que era el México oficial, se habla sin rubor del "estado de derecho", fórmula desprovista de real contenido que, en realidad, ampara la ley del más fuerte, la corrupción y la impunidad.Durante décadas, las relaciones del Estado con la sociedad, en particular con los grupos que reclaman derechos y la aplicación de la ley, están marcadas a fuego por dicha manera de concebir la legalidad, de modo que algunos delincuentes logran atemperar el peso del castigo moviendo los hilos de la corrupción, mientras contingentes enteros de trabajadores, comunidades agrarias o simples vecinos de las nuevas urbes, asisten a la conculcación de sus libertades fundamentales sin disponer de mecanismos ciertos de defensa. Las movilizaciones en pos de mejorías salariales o por reivindicaciones legítimas en contra de la manipulación corporativista son derrotadas con lujo de violencia y estigmatizadas mediante campañas de odio contra "la subversión". La represión es el único método al alcance de los gobiernos para aplacar disidencias o "resolver" conflictos. En 1959, los líderes de los trabajadores ferrocarrileros son detenidos junto a miles de sus camaradas en una acción de represión masiva y luego encarcelados durante once años como escarmiento público. En 1968, la paranoia del poder conduce al mayor acto criminal de la historia moderna de México, pero la justicia resuelve condenar a las víctimas.Los procesos contra los presos políticos de esos años marcan un nuevo hito en la violación de las garantías individuales. Se trata pura y simplemente de una venganza política contra aquellos que se atrevieron a desafiar el principio de autoridad sin violentar la ley. Los juicios instruidos contra ellos quedan para la historia como una grave denuncia de la sumisión del poder judicial a los caprichos del máximo gobernante: "las arbitrariedades y violaciones a los derechos consagrados en las leyes son innumerables y son juicios viciados de origen. Detenciones masivas sin orden judicial, secuestrados durante semanas enteras, torturados para arrancar confesiones prefabricadas y durante más de un año detenidos sin conocer las acusaciones concretas" (ver: Los procesos de México 1968, 1970). Ésa fue la respuesta a un movimiento que sólo pedía –en el famoso pliego petitorio– la oportuna aplicación de la ley.¿Puede extrañar que durante décadas la ciudadanía desconfíe de la justicia, de la "legalidad" y de los cuerpos de seguridad? ¿Puede sentirse seguro un ciudadano ante la juricidad de los actos de gobierno, cuando la experiencia indica que la arbitrariedad va de la mano de la impunidad? Si ahora traigo a colación estos antecedentes es para recordar que los mayores esfuerzos en el terreno de crear una verdadera legalidad los ha dado la sociedad, no una "sociedad civil" abstracta e inexistente, sino los grupos que al defender sus derechos o denunciando complicidades hicieron posible un replanteamiento de la cuestión en términos de derechos humanos. Me parece vital que no se pierda de vista la estrecha conexión existente entre la necesidad de abrir espacios democráticos y la consecuente acción en defensa de la aplicación de la ley, que ha sido la característica común a todos los grandes movimientos reformadores de nuestra historia.La impunidad tiene muchas cabezas, sin duda, pero se oculta en la discrecionalidad, en la ausencia de vigilancia sobre la actividad de los gobernantes, incluidos los cuerpos de seguridad. En ese sentido, el combate a la delincuencia debería ser también parte de la reforma democrática del Estado, una demolición de los hoyos negros que aún subsisten en el entramado público, favoreciendo la connivencia con el mundo criminal. Por eso me parece especialmente importante la denuncia de Jorge Carpizo a la CNDH, cuando afirma que su presidente ha sido "omiso en el cumplimiento de sus obligaciones". Y luego se pregunta: "¿qué ha hecho la CNDH en estos 11 años, además de solicitar más y más presupuesto e intentar crearse una buena imagen derrochando recursos en medios de comunicación? ¿Acaso no siente que tiene cuando menos un granito de responsabilidad de la situación de inseguridad en la cual México se encuentra horriblemente sumergido?" Finalmente, concluye, las recomendaciones de la comisión "ahora se guardan en el escritorio del ombudsman porque éste las considera no oportunas o incorrectas políticamente". Grave acusación que, sin embargo, subraya la urgencia de devolver a la acción a favor de los derechos humanos su carácter perturbador, la capacidad de sacudir los prejuicios de la autoridad, devolviéndole la voz a las víctimas. En otras palabras: impedir que el conformismo conservador acabe por nulificar el valor de las denuncias ciudadanas. La lucha contra la delincuencia presupone también erradicar el cinismo de las relaciones sociales, instaurar el imperio de la ley pero también de una moral diferente.

Ricardo Rocha Detrás de la Noticia

11 de septiembre de 2008

La 'Belisario', para Miguel Ángel

No sólo es un asunto de merecimientos, sino de conciencia de la nación, de reconocimiento ciudadano

A este país le hacen falta buenas noticias. Y una noticia magnífica sería la designación de Miguel Ángel Granados Chapa como recipiendario de la medalla Belisario Domínguez, máxima presea anual que otorga el Senado de la República y una de la más altas distinciones de la nación. No me parece necesario un comparativo con los otros candidatos. Baste decir que todos ellos reúnen altísimos méritos para recibirla. Pero la posibilidad de Miguel Ángel es de suyo refulgente e inaplazable. No sólo es un asunto de merecimientos, sino de conciencia de la nación, de memoria histórica colectiva, de reconocimiento ciudadano y de la más elemental justicia. En pocas palabras, al premiar a Granados Chapa nos estaremos premiando a nosotros mismos. Durante casi medio siglo él ha sido un Quijote infatigable por las mejores causas de las mujeres y los hombres: la transparencia, la justicia, la equidad, la solidaridad y la democracia. Un denunciante impecable e implacable de las sombras malolientes de fraudes, complicidades, latrocinios y toda suerte de abusos de los protagonistas del poder. Pero a la vez un amoroso y sensible cronista de los episodios más luminosos en las luchas democráticas de los ciudadanos más humildes y esforzados del país. Así, el obligado referente en que se ha convertido su columna "Plaza Pública" es un espacio plural en el que lo mismo se analizan los grandes temas que los aparentemente pequeños asuntos que competen a los marginados, pero que en la pluma de Miguel Ángel adquieren relevancia nacional. Granados Chapa es, por sí mismo, un personaje trascendente en nuestra historia reciente. Además de su ejemplar ejercicio periodístico tendremos que agradecerle su formidable contribución a nuestra democracia cuando del 94 al 96, como consejero ciudadano y al lado de otras figuras señeras como José Woldenberg y José Agustín Ortiz Pinchetti, cimentó un IFE tan fuerte que ha resistido aún los explosivos sabotajes internos que sus sucesores le han endilgado en los años recientes. Al periodista hay que añadirle al abogado que es no sólo un experto en leyes, sino un profundo conocedor del espíritu moral y social que las anima. Y a ambos, hay que sumar la gallardía de un extraordinario ser humano que libra todas sus batallas con una admirable fortaleza de espíritu, congruente siempre con su quehacer y vocación profesionales. En suma, Granados Chapa es un Periodista de Estado. Así, con mayúsculas. Y con una forja cotidiana lo mismo en la palabra escrita que en la radio y la televisión. Medios todos donde destaca su dominio magistral en el imperio del lenguaje. En el que encuentra siempre los sustantivos y los adjetivos precisos para poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Con una lucidez y un estilo tan propio que su columna sería inconfundible aunque no la firmara. Sin recurrir nunca a la ofensa, a la burla o la estridencia. No las necesita. Le bastan los términos exactos. Como que sabe de qué y para qué están hechas las palabras. Justo es decir que en el listado cronológico de esta distinción hay algunos casos de compromisos políticos y coyunturales, si bien se ha mantenido un rango moral en la mayoría de los casos. Pero también es justo señalar que la propia medalla se prestigiará al otorgarse a un mexicano ejemplar como Miguel Ángel Granados Chapa. Cuya designación lo colocará formalmente entre los grandes periodistas en la historia de México y al lado del propio Belisario Domínguez.

ACTORES PROMUEVEN EL GRITO DE LOS LIBRES.-

MÉXICO, D.F., 10 de septiembre (apro).-

Por medio de internet hoy se dio a conocer el spot en el que se invita a la gente a participar en el "grito de los libres", que encabezará el llamado "presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador este 15 de septiembre en el zócalo capitalino. Con el águila republicana al fondo, los colores de la bandera, verde, blanco y rojo, y música de banda, los actores Bruno Bichir, Jorge Zarate, Margarita Isabel y Dolores Heredia, invitan a la sociedad a ir al "Grito", acto previsto a las 8 de la noche. En el spot aparece la leyenda: "Vamos todos al zócalo con Andrés Manuel López Obrador; 15 de septiembre a las 8 de la noche".Zarate: `presidente legítimo` Andrés Manuel López Obrador". Bichir pide: "No te hagas. Vamos a gritar todos en el zócalo: ¡Viva México!", mientras que Margarita Isabel afirma: "Vamos a celebrar la Independencia defendiendo nuestro petróleo".Al final aparece esta leyenda: "¡La patria no se vende, se ama y se defiende!".