Estado no cumple lo estipulado por CIDH: Cejil
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 11 sep 08 (CIMAC).- Han pasado más de trece años del día en que el Ejército Mexicano detuvo arbitrariamente, violó sexualmente y torturó a tres hermanas tzeltales en Chiapas, mientras su madre era obligada a ser testiga de los hechos, y hasta hoy el Estado mexicano no da respuesta satisfactoria a las víctimas.
Así lo señaló desde Chiapas Soraya Long, directora regional el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que se encuentra, por segunda vez en este año, de visita en México.
Vía telefónica, Long informó que durante su recorrido por el estado de Chiapas, ayer se entrevistó con integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), entre las que se encuentran el Centro de Derechos de la Mujer de Chipas, con el Colectivo de Mujeres (Colem) y con el Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante (Cofemo).
Nos interesa conocer, dijo la abogada, por la propia voz de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) la realidad que priva en esta entidad al sur de México, dar seguimiento a los casos que lleva Cejil, como las violaciones cometidas por militares en contra de mujeres, y formar alianzas con quienes trabajan el tema, afirmó.
La Directora del organismo defensor de derechos humanos afirmó que durante esta segunda visita continúa impulsando el tema de la modificación al Artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que las violaciones cometidas por militares sean conocidas por el fuero civil y no militar, ya que ello ha propiciado impunidad.
CASO DE LAS HERMANAS TZELTALES
Al referirse al caso de las hermanas tzeltales, llevado por Cejil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001, Soraya Long precisó que sigue en espera de cumplir las recomendaciones emanadas de dicha Comisión.
“Los militares tienen el caso desde hace 13 años y siguen pidiendo diligencias. En este caso tenemos una controversia con el Estado mexicano ya que hasta el día de hoy se ha negado a cumplir lo estipulado por la CIDH”, detalló.
De acuerdo con el Informe Nº 53/01, publicado por la CIDH, un grupo de militares detuvo el 4 de junio de 1994 en el estado de Chiapas, México, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y a su madre Delia Pérez de González (nombres ficticios) para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas.
Las violaciones, informó Cimacnoticias el 18 de junio de 2001, se dieron en un contexto de violencia generada por la presencia de policías de seguridad y militares en Tenejapa, zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El saldo, además de casas incendiadas, familias desplazadas y policías expulsados fue la violación que sufrieron las mujeres.
Durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
El 30 de junio de 1994, señala el Informe de la CIDH, se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR), con base en un examen médico ginecológico.
La denuncia fue corroborada ante dicha institución por Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores, así como su expediente. Ellas fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994.
Sin embargo, informó entonces Cimacnoticias, estas agresiones sexuales no se reconocieron en el comunicado que emitió el gobierno chiapaneco sobre los disturbios.
La PGJM, continúa la CIDH en su documento, "decidió finalmente archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las mismas (mujeres) a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas".
Ante ello, las hermanas, sus familiares y defensores llevaron el caso ante la CIDH, en 2001, donde sostuvieron que el Estado faltó a su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones.
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desde aquel año, la CIDH consideró que el Estado mexicano violó los derechos a la libertad e integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de las hermanas González Pérez y su madre. Además de haber violentado los Derechos del Niño, pues cuando ocurrió la violación una de las víctimas era menor de edad.
Estableció también que el Estado mexicano es responsable por la violación del Artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En virtud de estas violaciones, la CIDH le recomendó al Estado investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las afectadas y repararlas adecuadamente. Sin embargo, hoy el Estado mexicano no ha cumplido.
En reiteradas ocasiones Cejil se ha pronunciado porque se termine con el fuero militar y ha señalado que las modificaciones a las legislaciones correspondientes constituyen la única vía para acabar con la impunidad de que actualmente gozan los militares.
08/GT/GG
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 11 sep 08 (CIMAC).- Han pasado más de trece años del día en que el Ejército Mexicano detuvo arbitrariamente, violó sexualmente y torturó a tres hermanas tzeltales en Chiapas, mientras su madre era obligada a ser testiga de los hechos, y hasta hoy el Estado mexicano no da respuesta satisfactoria a las víctimas.
Así lo señaló desde Chiapas Soraya Long, directora regional el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que se encuentra, por segunda vez en este año, de visita en México.
Vía telefónica, Long informó que durante su recorrido por el estado de Chiapas, ayer se entrevistó con integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), entre las que se encuentran el Centro de Derechos de la Mujer de Chipas, con el Colectivo de Mujeres (Colem) y con el Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante (Cofemo).
Nos interesa conocer, dijo la abogada, por la propia voz de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) la realidad que priva en esta entidad al sur de México, dar seguimiento a los casos que lleva Cejil, como las violaciones cometidas por militares en contra de mujeres, y formar alianzas con quienes trabajan el tema, afirmó.
La Directora del organismo defensor de derechos humanos afirmó que durante esta segunda visita continúa impulsando el tema de la modificación al Artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que las violaciones cometidas por militares sean conocidas por el fuero civil y no militar, ya que ello ha propiciado impunidad.
CASO DE LAS HERMANAS TZELTALES
Al referirse al caso de las hermanas tzeltales, llevado por Cejil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001, Soraya Long precisó que sigue en espera de cumplir las recomendaciones emanadas de dicha Comisión.
“Los militares tienen el caso desde hace 13 años y siguen pidiendo diligencias. En este caso tenemos una controversia con el Estado mexicano ya que hasta el día de hoy se ha negado a cumplir lo estipulado por la CIDH”, detalló.
De acuerdo con el Informe Nº 53/01, publicado por la CIDH, un grupo de militares detuvo el 4 de junio de 1994 en el estado de Chiapas, México, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y a su madre Delia Pérez de González (nombres ficticios) para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas.
Las violaciones, informó Cimacnoticias el 18 de junio de 2001, se dieron en un contexto de violencia generada por la presencia de policías de seguridad y militares en Tenejapa, zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El saldo, además de casas incendiadas, familias desplazadas y policías expulsados fue la violación que sufrieron las mujeres.
Durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
El 30 de junio de 1994, señala el Informe de la CIDH, se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR), con base en un examen médico ginecológico.
La denuncia fue corroborada ante dicha institución por Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores, así como su expediente. Ellas fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994.
Sin embargo, informó entonces Cimacnoticias, estas agresiones sexuales no se reconocieron en el comunicado que emitió el gobierno chiapaneco sobre los disturbios.
La PGJM, continúa la CIDH en su documento, "decidió finalmente archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las mismas (mujeres) a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas".
Ante ello, las hermanas, sus familiares y defensores llevaron el caso ante la CIDH, en 2001, donde sostuvieron que el Estado faltó a su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones.
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desde aquel año, la CIDH consideró que el Estado mexicano violó los derechos a la libertad e integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de las hermanas González Pérez y su madre. Además de haber violentado los Derechos del Niño, pues cuando ocurrió la violación una de las víctimas era menor de edad.
Estableció también que el Estado mexicano es responsable por la violación del Artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
En virtud de estas violaciones, la CIDH le recomendó al Estado investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las afectadas y repararlas adecuadamente. Sin embargo, hoy el Estado mexicano no ha cumplido.
En reiteradas ocasiones Cejil se ha pronunciado porque se termine con el fuero militar y ha señalado que las modificaciones a las legislaciones correspondientes constituyen la única vía para acabar con la impunidad de que actualmente gozan los militares.
08/GT/GG
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