Sara Lovera
Hasta ahora las autoridades estatales y federales, es decir la Secretaría del Trabajo, el gobierno de Coahuila, el gobierno federal y la Secretaría de Economía, lograron total impunidad frente a la tragedia de Pasta de Conchos en que murieron 65 mineros.
Hasta ahora fueron rechazadas las viudas por no tener interés jurídico como demandantes, cuando quisieron que se hiciera justicia, porque no hubo inspección, porque no es posible sostener las concesiones a una empresa que es responsable de inseguridad industrial y porque como resultado final las autoridades laborales se han lavado las manos: la mina no se reabrirá, afirmó el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en larga entrevista de Luís Alberto Medina, publicada por El Siglo de Torreón.
La noticia ahora es que las viudas de Pasta de Conchos sí tienen interés jurídico y eso deberá ratificarlo cuanto antes la Suprema Corte de Justicia.
Su caso no se ha cerrado, y a pesar de todo y el largo caminar, existen, son terceras interesadas, según lo establece la juez quinta de distrito en materia administrativa Rafaela Reyna Franco, acuerdo en poder de esta columnista.
Este acuerdo fue mandatado a Reyna Franco por el décimo cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y producto de la ponencia de la magistrada Rosa Elena González Tirado y gracias al estudio detallado de Norma Lucía Piña y Salvador Mondragón.
Además el acuerdo establece que será la Suprema Corte de Justicia quien deberá definir la inconstitucionalidad o no de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que desconoce, precisamente, la validez de terceros interesados, causa y efecto de la impunidad que viven hasta ahora viudas y familiares de los mineros caídos en la mina 8 de Pasta de Conchos; la misma tragedia tantas veces repetida en la región carbonífera de Coahuila, esa tragedia que cruza caminos y corazones de quienes habitan esas tierras.
Ahora no, ahora se abre una nueva posibilidad. La resolución de la abogada a que fue obligada Rafaela Reyna Franco, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal es un avance jurídico indiscutible, pero es, a dos años y medio exactamente, desde la tragedia en Pasta de Conchos, un nuevo aliento para que no se arredren viudas y familiares, para que no dejen de luchar.
Sucede precisamente en la misma semana en que un grupo de viudas desde el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, fijaron a las autoridades un mes y medio para rescatar los cuerpos de los 63 mineros que todavía están en el lecho frío y húmedo de la mina.
La opinión del Tribunal Colegiado, que da oportunidad para que ahora sí se estudie, como dicen los abogados súper leídos y sabedores del tema, para que ahora si se estudie el fondo del asunto, para que se establezcan y aclaren las responsabilidades, ya que no existen hasta ahora responsables, ni el secretario del Trabajo anterior y por tanto el gobierno federal porque no hubo inspección ni seguridad industrial; ni las autoridades de Coahuila, responsables de que frente a sus ojos se deje morir día a día a los mineros y en la intemperie a las viudas y sus familias.
Ahora en virtud de este acuerdo las viudas podrán pedir cuentas, para que la Secretaría de Economía explique al pueblo que las ha visto sufrir, cómo y por qué se mantienen las concesiones a Industrial Minera México a pesar de que es claro que no procura la seguridad en las minas, a pesar de que dejó morir a los 65 mineros, a pesar de que actúa en ilegalidad al tener empresas terceras para evitar pagos completos de salarios e impuestos.
Es claro que eso le toca al nuevo titular de Economía, presentado en público con un especial por televisión por Felipe Calderón, como si se tratara de explicar a todos los empresarios del mundo que no se preocupen, que llegó uno de ellos a la dependencia adecuada.
Pues ahora deberá oír a las viudas y resolver. Como tendrá que hacerlo el secretario de Gobernación, que las desestimó.
En fin, que este triunfo de Elvira Martínez, como viuda demandante y tenaz, del despacho de abogados que la representa, encabezado por Manuel Fuentes Muñiz, y también la tenacidad de sus compañeras de lucha, como Rosa María Mejía, que encabeza el plantón permanente allá en la mina, podría ser piedra de toque para el futuro inmediato.
El folio del expediente de Pasta de Conchos, número 19736, en que se revoca la sentencia de juicio de amparo que se negó, una y otra vez, la capacidad jurídica de las viudas, es ya una muestra de que a veces el camino jurídico sirve. No despreciarlo es fundamental en tiempos de incredulidad y desazón generalizado frente al estado de derecho en México.
Claro que ahora habrá que esperar de la Suprema Corte de Justicia lo mismo, lo mismo que analizó el Tribunal Colegiado, para que las autoridades encubridoras de la tragedia respondan ante la ley y el pueblo.
Un amigo me escribía, antes de redactar esta columna, que ellas, las viudas, habían dejado de ser fantasmas, que se les ha dado existencia jurídica, que ahora las autoridades tendrán que tomarlas en cuenta y responder a sus demandas. Veremos.
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