Jorge Meléndez Preciado
El asunto está realmente embrollado. Más que un queso Oaxaca. Si no fuera terrible, de gravedad cotidiana, podría ser un espectáculo fuera de serie. En el mismo hay arrebatos pasionales, retos sin sentido, coincidencias en los extremos, propuestas repetidas hasta el cansancio y novedades que resultan hilarantes. Pero estamos hablando de algo elemental: la seguridad del ciudadano, la cual, dicen los teóricos más reputados, es obligación del Estado. Pero ¿lo será cuando otros analistas han advertido que el famoso Estado va en declive porque el neoliberalismo lo ha menoscabado a favor del individualismo y el mercantilismo? (Zygmunt Bauman, dixit).
El hecho es que el secuestro, una de las más graves dificultades que padecemos, está a la orden del día. Luego del muy famoso y terrible caso del adolescente Fernando Martí, se dieron otros como el de Marco Iván del Rincón, hijo de un destacado panista, dueño de medios y algunos más. Y se insiste que en Nuevo León hay varios prominentes industriales en las mismas, así como la hija de una famosa cantante. Lo patente, empero, es que desde hace años lo mismo empresarios japoneses que nacionales han emigrado tanto a Estados Unidos y Canadá –el caso de un comerciante de tiendas de bebidas alcohólicas de precios rebajados– porque el terror aquí era agobiante, insufrible según testimoniaron.
¿Qué detonó el caso de Fernando Martí?
El saber que la policía estaba involucrada en el asunto y que el muchacho apareciera en un automóvil estacionado un mes en un punto muy concurrido de Coyoacán. Y que el padre de la víctima tuviera buenas relaciones con diferentes autoridades e innumerables medios de difusión. Frente al acontecimiento tan catastrófico, los funcionarios mayores sacaron a relucir sus juegos propagandísticos. No hay colaboración entre policías, es necesario aumentar las penas al máximo, se desaparecerá una corporación para dar paso a algo nuevo que no se sabe cómo funcionará y hasta un amigo de Kamel Nacif, el diputado Emilio Gamboa Patrón, que había votado contra la pena de muerte cuando era senador, ahora la reivindicó para mostrar aparente valor y audacia.
Lo anterior y mucho más se ha dicho y hasta puesto, aparentemente, en práctica aunque nada en serio ha funcionado. Ello porque más del 95 por ciento de los delitos permanecen impunes. Amén que hay una cantidad importante que ni siquiera se denuncian. La policía no es amiga, ayuda para el ciudadano. Más bien se dedica a la extorsión y proteger a todos los que están al margen de la ley: desde franeleros hasta delincuentes mayores. Sus filas están plagadas de quienes cometen abusos y se encuentran ligadas a la llamada delincuencia organizada.
El martes 12 se descubrió que en la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) hay una célula del clan Beltrán Leyva. Por lo tanto, denunciar o informar a los supuestos guardianes del orden es darles elementos para que seamos las próximas víctimas. En 2004 ocurrieron dos acontecimientos importantes. A mediados del año la marcha silenciosa, de blanco contra la impunidad y para decir ¡ya basta! y el 30 de agosto el linchamiento de tres policías judiciales en Tláhuac. El primero no trajo ningún resultado evidente, serio; el segundo demostró que la ira popular puede estallar en cualquier momento, algo preocupante ante la crispación que se vive. Ahora se ha invitado a una nueva manifestación para el 30 de agosto. Y si bien los organizadores son grupos ligados a los empresarios y las clases medias, la desesperación de todos, quienes sufrimos los atropellos de la autoridad de mil formas, hará que, seguramente, la asistencia sea impresionante.
Tan se entiende así, que Felipe Calderón ya se sumó a dicho esfuerzo. Algo inusitado aunque explicable ya que teniendo en sus manos las principales oficinas investigadoras y ejecutoras de la aprehensión de criminales, en 20 meses no hay resultados evidentes en su lucha contra el narcotráfico. Luego de más de cuatro mil asesinados, la cantidad aumenta día con día sin parar. Irak es, entonces, un juego de niños. Marcelo Ebrard tampoco ha podido con el paquete. La discoteca de la muerte fue un ejemplo de la ineptitud, negligencia y prepotencia de sus “muchachos”. Y ahora dice que desaparecerá la Policía Judicial. ¿Dejará en la calle a miles de salteadores que se convertirán en diversas pandillas?
Algunos hemos dicho que este es un asunto no de la vulnerada autoridad únicamente. De no involucrar a la ciudadanía en plan de observador y para supervisar la actuación de los azules y otras fuerzas, nada se resolverá. Únicamente evitando la corrupción, la extorsión y la arbitrariedad policiaca se podrá avanzar. De otra manera nuevamente el torneo de ocurrencias y declaraciones no servirá de nada. Y luego volveremos a lo mismo: lamentar pérdidas humanas, llorar a los deudos, curarse en salud.
La CDHDF ha señalado con razón que es indispensable hacer un diagnóstico certero, tomar las medidas pertinentes e involucrar en serio a los ciudadanos. No hay de otra si queremos tener seguridad. Sobre todo en un Estado que ha sido rebasado por los poderes fácticos: de los informativos a los delincuenciales. La tarea es compleja y de largo plazo. Más luego que hemos visto el fracaso real, evidente de los vigilantes que aun con sus aparatos sofisticados no resuelven ni lo más elemental. Y es que no se trata de técnica, sino de política. Cuestión en la cual o participamos todos o las elites fracasarán nuevamente por su desvinculación con la base.
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