9/03/2008

Un tribunal regional ordena el arresto del presidente de Colombia Álvaro Uribe



El arresto se comunicó por desacato a un fallo judicial que ordenaba un aumento de salario para 148 trabajadores. Aunque en Colombia los presidentes no tienen inmunidad, es poca la posibilidad.

Bogotá, 3 Sept. 2008.- Aunque en Colombia los presidentes no tienen inmunidad frente a la justicia, es poca la posibilidad de que Uribe sea arrestado, de acuerdo con funcionarios judiciales que advirtieron fallas en el proceso.La decisión se conoce horas después de que los empleados de la rama judicial a nivel nacional iniciaron una huelga para reclamar un ajuste de sueldos, solicitud que rechazó el Gobierno.La medida, adoptada por los conjueces Gustavo Adolfo Lions, Freddy de la Ossa y Saúl Vega, también afecta a la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería, al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Carrillo RubianoEl fallo del Tribunal Superior de Sincelejo ordenó también el arresto de los ministros de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga; del Interior y de Justicia, Fabio Valencia; de la directora de Planeación, Carolina Rentería y del jefe del departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Carrillo.El fallo imponía un plazo al presidente y los otros funcionarios para que ejecutaran acciones administrativas y restablecieran los derechos salariales a los demandantes. La sanción establece también el pago de una multa de dos salarios mínimos legales mensuales a favor del Fondo Rotatorio del Consejo Superior de la Judicatura. En la tutela se imponía un plazo de tres meses para que produjeran los actos administrativos y procedieran al restablecimiento del equilibrio salarial de los tutelantes.Según el fallo, Uribe, los ministros y el resto de funcionarios afectados desacataron un fallo de tutela en el que se ordenó, el pasado 29 de febrero, el restablecimiento del equilibrio salarial a los 148 trabajadores del sector judicial en el departamento de Sucre, de acuerdo con la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios.Al cumplirse el plazo, los afectados promovieron un incidente de desacato.Pero el fallo del tribunal deberá ser revisado por una instancia superior que incluso puede anularlo, explicaron expertos.El tribunal ordenó restablecer un equilibrio salarial a 148 trabajadores de la rama judicial en el departamento de Sucre, en el norte del país."Todos los que están ahí tienen que ver algo con el cumplimiento de nivelar (los salarios) a los funcionarios", dijo a la radio local el conjuez Gustavo Adolfo Lions."Desde hace tiempo se le concedió a los funcionarios judiciales un nivel salarial de acuerdo con lo que devengaran sus superiores", explicó.El también conjuez Freddy de la Ossa reconoció que el fallo que ordena el arresto fue impugnado por lo que no se puede aplicar y la Corte Suprema de Justicia deberá revisar el proceso y tomar una decisión final.

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