Referendo y revocación, mecanismos democráticos
La reciente declaración del coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), Porfirio Muñoz Ledo, sobre la pertinencia de instaurar los mecanismos del referendo y de la revocación de mandato, ha dado pie a una enésima campaña de linchamiento mediático en la que se ha distorsionado el planteamiento hasta el grado de acusar el declarante de buscar el “derrocamiento” de Felipe Calderón. Lejos de tal escenario, que llevaría implícita una ruptura de la institucionalidad, Muñoz Ledo se refirió a un posible escenario de presidencia interina –prevista en la Constitución– antes de 2012, y propuso perfeccionar el marco republicano vigente con la incorporación de un mecanismo de control ciudadano sobre las autoridades. Hecha la aclaración, las voces del grupo en el poder han seguido denostando la idea y la han calificado de violenta, peligrosa, “golpista”, inductora de ingobernabilidad y producto de la “locura”.
Un elemento de contexto necesario para comprender tal andanada es que, a más de un mes de tal declaración, en el panorama político nacional han proliferado las demandas de que dimitan los funcionarios incapaces de revertir la escandalosa y aterradora violencia criminal que se abate sobre el país. Es razonable suponer que tal exigencia ha generado nerviosismo en el equipo gobernante y en sus aliados políticos, particularmente priístas y perredistas de la corriente Nueva Izquierda, lo que explicaría, en parte, la virulencia ante una propuesta institucional que resulta, por donde se le vea, razonable y necesaria.
Por lo que hace al referendo, Muñoz Ledo no ha sido el primero en pedir su instauración; muy diversas voces de distintos signos políticos han reclamado que se incorpore esta figura al marco constitucional, como una forma de evitar que los gobernantes en turno se extralimiten en su mandato e impongan al conjunto de la nación decisiones de trascendencia que no cuenten con un consenso social claro, como es precisamente el caso de las iniciativas de privatización de la industria petrolera presentadas por el Ejecutivo federal y por el Partido Revolucionario Institucional. En el curso del debate por esas propuestas de reformas legales ha sido posible apreciar la necesidad de este mecanismo democrático, toda vez que la consulta popular prevista en el artículo 26 de la Carta Magna resulta, en sus términos actuales, ambigua y sujeta a las interpretaciones más contrastantes.
En cuanto a la revocación de mandato, el mecanismo constituye un factor de control de la autoridad por parte de la ciudadanía que está presente en diversas legislaciones del mundo contemporáneo.
Sea por medio de un referendo revocatorio –abierto al voto de la ciudadanía en general– o de una moción de censura parlamentaria, la normalidad democrática moderna requiere de sistemas que permitan a las sociedades retirar de sus cargos a altos funcionarios –incluidos jefes de Estado y de gobierno– que se hayan revelado incapaces para cumplir con sus responsabilidades, que se rehúsen a llevar a cabo sus respectivos mandatos o que violenten el marco legal en forma manifiesta. Lejos de representar mecanismos subversivos, constituyen formas para garantizar la gobernabilidad y la continuidad institucional.
Empresarios afines al foxismo, en la compra irregular del buque de Pemex
■ Miente la paraestatal cuando dice que en esa operación sólo estuvo la compañía noruega Bergesen, dice el ex candidato presidencial
■ Seguiré hablando de El señor de los mares, señala
Fabiola Martínez (Enviada)
Datos difundidos este jueves por el ex candidato presidencial señalan que el actual director general de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos, Carlos Morales, ha mentido cuando afirma que el contrato en referencia sólo fue fincado con la empresa Bergesen, de origen noruego. En realidad, agregó, ese funcionario sabe que la compra del barco “fue resuelta” a partir de que los socios de Blue Marine invitaron a funcionarios de Pemex a Guinea Ecuatorial, donde Bergesen opera un barco similar a El señor de los mares.
En gira por esta entidad, López Obrador rechazó las versiones que adjudican al movimiento opositor que encabeza una supuesta intención de derrocar al presidente Felipe Calderón.
“Es un borrego (rumor) surgido de Los Pinos. Nosotros no queremos eso, no apostamos a ello. (La versión) es un asunto de ellos, que no nos metan en sus argüendes (...) Calderón se cae solo... ya se cayó de la bicicleta. No sabe pedalear”, expresó en diversas entrevistas que le solicitaron en el transcurso del día.
Dijo que quienes impusieron a Calderón están verdaderamente arrepentidos, porque el panista “ha demostrado no sólo que es un inepto para afrontar los graves problemas del país, sino que carece de autoridad moral”.
–¿Cree que termine (Calderón) su sexenio?
–Nosotros no estamos apostando a eso. Ahora sí que no me vayan a echar a mí la culpa de que los potentados impusieron a un pelele. Ellos lo impusieron y entonces ellos son los responsables de lo que está ocurriendo.
López Obrador arrancó su gira semanal en Ébano, municipio de la Huasteca potosina conocido como “la cuna del petróleo”, porque hace 107 años fue abierto aquí el primer pozo para extraer crudo y, años más tarde, fue también precursor de la lucha de los trabajadores petroleros, previo a la expropiación de esta industria en la época del presidente Lázaro Cárdenas.
El domingo pasado, el ex jefe de Gobierno capitalino dio a conocer la compra irregular del buque tanque El señor de los mares, operación derivada de un contrato de mil 136.6 millones de dólares, incluido un pago por 758 millones y más de 376 millones de dólares para operación y mantenimiento.
Pemex respondió que el costo total de la operación fue de 758 millones de dólares, de los cuales el año pasado pagó 50 por ciento y se comprometió a cubrir el resto en 180 mensualidades, con una tasa de interés de 12 por ciento anual.
López Obrador rechazó tales argumentos y, en cambio, advirtió que continuará presentando pruebas acerca de otros contratos firmados por Pemex, con base en procesos ilícitos. Esta vez hizo énfasis en la presunta relación de Blue Marine y Oceanografía con negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún de Fox.
Esas empresas, comentó ante simpatizantes, siguen operando y recibiendo contratos de Petróleos Mexicanos; en el primer año de gobierno de Calderón recibieron 17 contratos de Pemex por cerca de mil 300 millones de dólares, aseveró.
Desde su llegada a Tampico, procedente de la ciudad de México, López Obrador explicó que, de acuerdo con las propias declaraciones del director de Exploración de Pemex, luego de viajar a Guinea Ecuatorial los servidores públicos se habrían convencido de las bondades del buque tanque y habrían organizado la licitación pública internacional para adjudicar los servicios del barco, convocatoria que ganaron Bergesen y Blue Marine, señaló el político tabasqueño. “Por eso –advirtió– vamos a insistir en que se transparenten estas operaciones y se finquen las responsabilidades legales correspondientes. Seguimos insistiendo en que la corrupción es lo que está detrás del propósito de privatizar a la industria petrolera”, señaló.
Reiteró que no permitirá la privatización de Petróleos Mexicanos porque detrás de ello “está el interés de un grupo de políticos corruptos, traficantes de influencias, para seguir haciendo negocios ilícitos” en la paraestatal.
Dijo que los contratistas en referencia están ligados con Fox, Calderón, Alfredo Elías Ayub (director de la Comisión Federal de Electricidad) y César Nava (secretario particular de Calderón), entre otros.
“Tengo pruebas –insistió López Obrador– de que Oceanografía se ha beneficiado también en el actual sexenio; en el primer año de Calderón ha recibido 26 mil millones de pesos en contratos. Vamos a seguir con esto del barco, vamos a seguir presentando pruebas, y no sólo eso, hay otros hechos de corrupción que involucran a Calderón, Mouriño (secretario de Gobernación), Nava y toda esa pandilla de rufianes”, dijo.
Este mismo mensaje, así como la advertencia de movilización ciudadana en defensa del petróleo, lo repitió en Tamuín, raíz prehispánica de las huastecas, y más tarde en San Vicente Tancuayalab, Tanquián de Escobedo, Tampamolón y Tancanhuitz, todos ayuntamientos pobres gobernados por el PAN.
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Neoporfirismo
■ Tiendas de raya, mineros, relección
■ Menos seguridad en pasaportes
De pronto pareciera que los aires de nuevas revoluciones tocan tierra no por sus verdaderas expresiones transformadoras sino por la persistencia de prácticas como las del primer porfirismo. Ayer, por ejemplo, se informó que ya no podrán continuar los hacendados financieros de Wal-Mart “de México” con las virtuales tiendas de raya a las que hasta ahora concurren los peones laborales con los bonos y vales electrónicos que los trasnacionales patroncitos les dan a título de “previsión social”. Esta plausible corrección es, sin embargo, sólo de las muchas que se deben tomar, pues sabido es el punto de los pésimos sueldos y condiciones de trabajo y de la prohibición de que haya verdaderos sindicatos (aunque, claro, el ranchero Fox les dejó, en pago por favores recibidos, la autorización para operar un banco).
No hay ninguna aproximación con los perfiles de los auténticos defensores revolucionarios de los trabajadores, pero llama la atención el empecinamiento persecutorio de las “científicas” autoridades federales contra Napoleón Gómez Urrutia, el júnior supermillonario que hoy encabeza a los mineros sindicalizados. Se ha expedido orden de aprehensión contra ese personaje exiliado en paraísos canadienses, en una continuación de la política foxista de favorecimiento a empresas aliadas (Industrial Minera México, de Germán Larrea, al que los mineros acusan de asesino, entre otras causas por los sucesos de Pasta de Conchos).
En las alturas del poder continúa la práctica de la relección. Manlio Fabio Beltrones ocupa nuevamente la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, como en el periodo legislativo que acaba de terminar. El priísta acordó dejar al PAN la figura decorativa de la presidencia de la mesa directiva, que con limitaciones personales ejerce Gustavo Madero, pero mantener el poder real que se organiza y decide desde la JCP. Con ese acuerdo bipartidista el PRD quedó fuera de los órganos importantes de trabajo senatorial, cerrando así el paso a la corriente moderada y normalmente cooperativa que allí encabeza Carlos Navarrete, quien ha emitido protestas protocolarias pero en el fondo ha aprobado esa forma de exclusión de algo denominable “izquierda” en las cúpulas porfirizadas.
Y el otro Porfirio, Muñoz Ledo, exhibido en sus colores partidistas camaleónicos por el sustituto Acosta Naranjo.
Astillas
Los pasaportes mexicanos serán menos seguros cuando Estados Unidos comience a tomar el control de las aduanas y los cruces fronterizos mexicanos a través de una oficina especializada en prevención de fraudes que instalará la Secretaría de Relaciones Exteriores con dinero así etiquetado por la Iniciativa Mérida. Largamente considerado como uno de los documentos más confiables del mundo, el pasaporte mexicano prescindirá de la técnica de seguridad Intaglio (también conocida como calcografía, alto relieve o talla dulce), con la que se imprimen la gran mayoría de los billetes y los pasaportes del mundo. En la oficialía mayor de la SRE se decidió que la siguiente producción de esos documentos de identificación se realizará sin la mencionada medida de seguridad, Intaglio (de las más antiguas, pero todavía de las más difíciles de falsificar), porque se considera que son más adecuadas otras tecnologías informáticas nuevas, aunque, por ejemplo, la Internacional Civil Aviation Organization (ICAO), que regula las normas mundiales para la fabricación de pasaportes recomienda, porque no puede imponer, que Intaglio siga siendo usado. Un funcionario involucrado en el asunto comentó a Astillero que ese paso atrás no ha sido impugnado por los gringos que están supervisando decisiones a nombre del dinero de la Iniciativa Mérida: “El silencio gringo es de dar miedo, pero por lo pronto todo está a la espera de los dólares en camino. Ahora, si alguien falsifica un pasaporte mexicano, ingresa con él a Estados Unidos y hace algo peligroso, ¿qué pasará?, ¿qué responderá la SRE?, ¿qué represalias o sanciones tomarán en Washington?”... El sicólogo Gerardo Vázquez encontró aquí la mención del cáncer en el cuerpo nacional que dijo haber encontrado el oncólogo Calderón cuando creía que era apendicitis narcrónica y, en ese sentido, el amable lector recordó una cita de Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas, publicada en 1977: “El uso del cáncer en el discurso político alienta el fatalismo y justifica las medidas severas, además de reforzar considerablemente la noción (ya generalizada) de que la enfermedad es mortal de necesidad. El concepto mismo de enfermedad nunca es inocente, pero en el caso de las metáforas que recurren a la imagen del cáncer, podría decirse que resulta implícitamente genocida”... Diversas reacciones causó la referencia hecha ayer aquí de una novela histórica que plantea que “el Imperio de México fue un obsequio de Moctezuma a Hernán Cortés como parte del cortejo amoroso que tuvieron”. Por ejemplo, Guillermo Marín (
Víctor M. Quintana S.
Los que oscurecen México
Si el tema de los derechos humanos apenas ocupaba lugar en los informes presidencialistas, ahora será seguramente excluido de los infomerciales de Calderón. La ineficacia de su régimen para combatir los poderes fácticos ha sido directamente proporcional al empeño para reprimir a los débiles y criminalizar la protesta social.
Miércoles 13 de agosto. Ernesto Córdoba Chavarría, honesto trabajador de un rancho ganadero del municipio de Guerrero, Chihuahua, se dirige a la población de El Largo, en el municipio de Madera en el mismo estado, para visitar a su madre. Al llegar a la gasolinera de este último pueblo, se acerca a él un piquete de soldados y le piden que los lleve a un sitio x. Suben a la caja de la camioneta y durante todo el día traen a Ernesto conduciéndolos de un lugar a otro del poblado, a la vista de todos. Ya anocheciendo dejan que Ernesto se vaya a casa de su madre.
Esa misma noche un comando con elementos uniformados y embozados penetra violentamente a la casa de la madre de Ernesto y se lleva a la fuerza a éste y a su hermano Manuel. Permanecen desaparecidos una semana. Por fin, el 26 de agosto son encontrados los cadáveres ejecutados de ambos. El pueblo entero se consterna, más tratándose de dos hombres jóvenes conocidos por su amor al trabajo y su honestidad. Hay quienes culpan al Ejército, ya sea por haberlos ejecutado, ya sea por haber exhibido a Ernesto ante los sicarios de La Línea, brazo rural del cártel de Juárez.
Jueves 28 de agosto. En un paraje situado a 15 kilómetros del mineral de Dolores, municipio de Madera, Ernesto Ortega Parra y su hijo llegan con algo de provisiones y ropa a la casa de su hija en el rancho El Serrucho. No encuentran a nadie y mientras esperan llegan varias camionetas de donde descienden varios elementos de la PFP, quienes sujetan con violencia a Ortega y a su hijo exigiéndoles que abran la casa. Como les responden que no pueden abrir ya que la casa no es de ellos, los federales derriban la puerta y toman algunos objetos. Se llevan con ellos a Ortega y a su hijo rumbo al rancho Arroyo Largo, propiedad de un cuñado de aquél. Tampoco ahí encuentran armas, pero le espetan a Ortega: “Ya te chingaste”, lo atan, lo encapuchan, lo golpean y se lo llevan a la delegación de la PGR en la capital del estado. Acusación: “posesión y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército”, cuando ni Ortega porta arma alguna y ni siquiera catearon su casa.
La empresa canadiense Minefinders presenta a los medios la detención como la de un “instigador de los bloqueos a la mina de Dolores”, tratando de presentar al grupo mayoritario de ejidatarios inconformes con las condiciones planteadas por ella como un grupo subversivo, armado. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se hace presente en el interrogatorio a Ortega y da fe de que las declaraciones de éste y de su hijo no pesan ante el reporte amañado de la PFP. La asamblea del ejido Huizopa aclara que Ernesto Ortega es ejidatario, no participa en el movimiento pero que ha sido detenido injustamente y debe ser liberado de inmediato. Interpretan esta detención como un intento más del gobierno por criminalizar la protesta social. Se presenta la queja correspondiente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Otra más. La CNDH brilla por su ausencia y el gobierno del estado se muestra impotente para detener los atropellos de los federales, que casi actúan como fuerza de ocupación.
Sábado 30 de agosto. La movilización Iluminemos México tiene poco impacto en Chihuahua. Sólo hay una pequeña manifestación en Ciudad Cuauhtémoc. Ni en Juárez, ni en la capital del estado, ciudades vapuleadas por más de un millar de ejecuciones y sacudidas por la delincuencia en aumento, se lanza la gente a las calles.
Muchos atribuyen la desmovilización chihuahuense al temor de la gente ante la ola de delincuencia y de ejecuciones. Pero hay otra hipótesis de lectura: la gente ya no se manifiesta porque no cree ya en los interlocutores eventuales de sus manifestaciones. No cree en un gobierno estatal rebasado por todos lados por el crimen organizado; no cree en un gobierno federal que con el pretexto del combate a los delincuentes fabrica como tales a quienes disienten y protege a quienes violan las leyes y atropellan los derechos humanos. El pueblo de Chihuahua tiene fuertes dudas de que se pueda iluminar México cuando los de arriba se empeñan en apagarlo.
México SA
Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
■ También en los ingenios la tónica es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias
■ Gobiernos priístas y panistas cobijan a los industriales de siempre
En el cuento de nunca acabar, un nuevo “acuerdo coyuntural” entra al “rescate” –por enésima ocasión– de los barones del azúcar, el cual, como es costumbre, involucra recursos públicos para proteger intereses privados. Aún se desconoce, a detalle, el costo que para el erario implicó, implica, la “expropiación” de 27 ingenios azucareros ordenada por Vicente Fox el 3 de setiembre de 2001, cuando ya opera un “salvamento” adicional en este sector que destaca por ser uno de los barriles empresariales sin fondo que agobian a las finanzas nacionales.
Se trata del clásico “problema de coyuntura” (socializar pérdidas y privatizar ganancias) que acumula varias décadas. Los barones de la industria azucarera (muchos de ellos, también, de las bebidas “refrescantes” y de la “panadería industrializada”) son participantes destacados y recurrentes en el privilegiado cuan costosísimo circuito estatización-privatización-reestatización-reprivatización (etcétera, etcétera) practicado por gobiernos tricolores y blanquiazules, que al erario no sólo le ha significado un severo dolor de cabeza (por no hablar de ronchas en sagradas partes), sino una permanente sangría de recursos en detrimento de ya saben quiénes.
En su edición de ayer, La Jornada denunció que “un ‘programa de apoyo coyuntural’ a la industria azucarera fue acordado este miércoles (3 de septiembre, séptimo aniversario de la “expropiación” foxista de 27 centrales azucareras privadas, quebradas y con multimillonarios adeudos al erario, que sólo se prolongaría, “como máximo”, 18 meses) por el gobierno federal, productores de caña y dueños de ingenios. El acuerdo incluye la utilización de recursos públicos por mil 600 millones de pesos y fondos privados por 2 mil 200 millones para compensar a los productores ante la caída en los precios internos del dulce. ‘No es un subsidio ni un salvavidas’, declaró Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. ‘El gobierno entendió que era difícil bajar el precio que se paga a los productores de caña, reconoció la realidad social y se llegó a un acuerdo en el que todos ponen para encontrar soluciones de largo plazo… y con el coyuntural de hoy (ayer) va a haber posibilidades de que la industria azucarera crezca y sea rentable’, aseguró el empresario” (Roberto González Amador).
En nombre de la “coyuntura”, las “soluciones de largo plazo” y la “rentabilidad”, los barones de la industria azucarera, entre otros, han sido “rescatados” en innumerables ocasiones por priístas y panistas, mientras las facturas correspondientes han corrido, corren, por cuenta del bienestar de millones de mexicanos, quienes no sólo pagan las voluminosas deudas de tan eficientes señores, sino la perenne creación de onerosas cuan inoperantes estructuras burocráticas.
“Rescates” y “salvamentos” de todos colores y sabores se registran desde, cuando menos, la “institucionalización revolucionaria”. Por ejemplo, en el periodo 1967-1982 los barones del azúcar pidieron auxilio, y lo obtuvieron, de tal suerte que el gobierno federal adquirió un número creciente de obsoletos ingenios privados en quiebra, incrementando así, de manera sostenida, su participación en la producción de azúcar: en 1967, llegó a representar 14 por ciento del total nacional; en 1982, el 72 por ciento. Las finanzas nacionales asumieron pasivos, corrigieron ineficiencias, lavaron y plancharon, para que finalmente los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari (“procedemos con la firme determinación de mi gobierno de iniciar un proceso modernizador dentro de la industria azucarera, que revierta el deterioro en que ha caído y haga resurgir a este sector para recuperar niveles de exportación”) los reprivatizara, limpios y cristalinos, a los mismos barones del azúcar que habían solicitado el auxilio.
Esos mismos endulzados señores de nueva cuenta fueron “rescatados” por el señor del “bienestar de la famiglia”, Ernesto Zedillo, por medio del “Programa de Reestructuración Integral del Sector Azucarero”, que sólo sirvió para limpiar las finanzas de los ingenios azucareros privados y cargarle la cuenta al erario, por medio de Financiera Nacional Azucarera, la que finalmente entró en proceso de disolución y liquidación. Poco antes de dejar Los Pinos, el que no tenía cash ordenó al Bancomext entregar 400 millones de dólares a los barones del azúcar, en calidad de “apoyo coyuntural”.
Por aquellos ayeres, algunos diputados panistas no sólo reclamaron por la cadena de “rescates” y “salvamentos”, sino que acusaron a Salinas de Gortari y a Zedillo de “recibir financiamientos de los industriales del azúcar para el desarrollo de sus respectivas campañas políticas a la Presidencia de la República”. Pero se vieron en la penosa necesidad de meterse la lengua donde encontraran, porque llegó el “cambio”, con Vicente Fox y su decreto “expropiatorio” de 27 ingenios cuyo mejor tino fue asumir los multimillonarios pasivos de los barones del azúcar, quienes, dicen, también inyectaron dinero a la campaña política del guanajuatense.
Aquel 3 de septiembre de 2001, se ofreció una conferencia de prensa por los secretarios de Hacienda (Paco Gil), Contraloría (Pancho Barrio), Economía (Luis Ernesto Derbez) y Agricultura y conexos (Javier Usabiaga), en la que se “explicó” las “razones” y “alcance” de la expropiación. De ella rescatamos las siguientes frases célebres: “la acción busca proteger a la industria azucarera nacional, para que dichas centrales no sigan siendo un hoyo negro… se trata de una estatización transitoria… la decisión es para contribuir al funcionamiento eficaz del mercado y para hacer de esta actividad una fuente económica de provecho social y no de beneficio individual…. dudo mucho que al final del proceso tengamos que pagarle algo a algún accionista de estos ingenios; por el contrario, buscaremos que paguen sus adeudos… esos consorcios se reprivatizarán en un plazo no mayor a 18 meses… el saneamiento de los ingenios tendrá un costo de entre mil y 3 mil millones de pesos, aunque no será precisamente un gasto”. Por aquellas fechas, el entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, aseguraba que “la sociedad no pagará nada”. De hecho, sostuvo, “se podría decir que es una operación con precisión quirúrgica”.
Pues bien, el nuevo “rescate” disfrazado de “expropiación” costó 15 mil 591 millones (hasta 2005), de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró (2006) inconstitucional el decreto foxista.
Y ahora con ustedes, la “continuidad” y su “apoyo coyuntural.
Las rebanadas del pastel
Un abrazo y mi profundo agradecimiento a maestros y estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN por su generosidad y cálida recepción
BANCOS INCREMENTAN COMISIONES HASTA 100%04/09/2008 a las 8:16 pm VEA: AUMENTA 10% EL COSTO DE TARJETAS EN 6 MESES LIMITARÁ BANCA TARJETAS DE CRÉDITO ADIÓS DE TIENDAS A PAGOS SIN INTERESES
Piense dos veces antes de acudir al banco a realizar el pago de teléfono, luz u otro servicio, ya que las instituciones de crédito incrementaron hasta 100% las comisiones que cobran por ese concepto, anuncia EL UNIVERSAL. Como ejemplo, HSBC anunció que ahora cobrará 40 pesos a quienes no sean sus clientes y 20 pesos a quienes tengan una cuenta en el banco, sector al cual nunca le había cobrado por ese tipo de transacción. Banorte, Scotiabank, Bancomer, Banamex, y Santander tienen tarifas de entre 10 y 40 pesos para los no clientes, y de 8.50 a 20 pesos para los que sí lo son, de acuerdo con datos de la Condusef, informa EL UNIVERSAL.
Informa Gobierno Federal gasto de más de 261 millones de pesos para difusión de Reforma Energética. “Atando Cabos”.
El Gobierno Federal informó que gastó 261 millones 906 mil pesos para difundir su Reforma Energética en los distintos medios de comunicación.
De acuerdo con cifras oficiales, de marzo al 18 de agosto, se pagaron a las diferentes televisoras 159 millones de pesos, a las radiodifusoras 50 millones, mientras que a diarios del DF y de los estados 16 millones, esto más la producción, estudio de grabación, copiado y medios complementarios.
Cabe señalar que esto se encuentra contenido en el informe que la subsecretaria de Normatividad de Medios remitió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en respuesta a la solicitud que hizo el pasado 30 de julio a la Secretaría de Gobernación “de transparentar y hacer públicos los gastos de campaña en medios sobre la Reforma Energética”.
Con información del programa “Atando Cabos”.
GIRA JUEZ ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA04/09/2008 a las 4:43 pm LEA TAMBIÉN: IMPUTAN A GÓMEZ URRUTIA NUEVO FRAUDE POR 18 MILLONES DE PESOS
Según informa EL UNIVERSIAL, el Juzgado Primero del Distrito de procesos federales, con sede en el Reclusorio Norte, giró una orden de aprehensión en contra el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, por violaciones a la Ley de Inscripciones de Crédito y Valores. La Procuraduría General de la República consignó el 22 de agosto una averiguación previa en contra del líder de los mineros, por la disposición indebida de un fondo sindical por 55 millones de dólares, dice la nota de EL UNIVERSAL.
Jueves, 04 de Septiembre de 2008
Voces Silenciadas, documental sobre ataques a la libertad de expresión en México
Guadalupe Cruz Jaimes
El derecho humano a la libertad de expresión no es una garantía que se respete en México y el riesgo de ser reprimido aumenta cuando se trata de mujeres, como Teresa Bautista y Felicitas Martínez, indígenas triquis comunicadoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, México, asesinadas el pasado 7 de abril en una emboscada.
Este crimen, al igual que el cierre del espacio radiofónico de Carmen Aristegui en W Radio, el 4 de enero pasado, fueron motivos de “preocupación y ocupación” que llevaron a Mari Carmen De Lara a producir y dirigir el documental Voces Silenciadas, el cual fue presentado a medios de comunicación, en la sala Fósforo del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
En el documental hay voces inteligentes, como les llamó De Lara, entre ellas las de periodistas e intelectuales como Carmen Aristegui, Miguel Ángel Granados Chapa, Javier Corral Jurado, Lorenzo Meyer, Vicente Leñero, Carlos Monsiváis y Jenaro Villamil, que exponen su punto de vista sobre la libertad de expresión desde una perspectiva crítica, que los caracteriza.
En el documental, cuyo montaje, edición y posproducción estuvo a cargo de Leopoldo Best, distintos críticos y relatores del acontecer político, como el periodista Granados Chapa, realizan un análisis sobre la “urgente” necesidad de legislar en materia de medios de comunicación.
Asimismo, la cinta señala que desde la llegada del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, se han registrado 24 asesinatos a periodistas y 7 desapariciones, por lo que México ocupa el segundo lugar en el mundo más riesgoso para ejercer esta profesión, solo después de Iraq, país que se encuentra en situación de guerra.
En conferencia de prensa, De Lara, creadora también del documental Costureras, mujeres sobrevivientes del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, lamentó que por el asesinato de las dos periodistas indígenas, el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz “no haya realizado la más mínima investigación, cuando eran mujeres que tenían incidencia en su comunidad”.
La documentalista manifestó que la democracia en México no será posible, en tanto las distintas voces, críticas o no, no se hagan escuchar, ya que pareciera que “solo una voz es la que va a dictaminar la información”.
Mari Carmen De Lara reiteró que este documental, cuya producción fue apoyada por la Universidad Nacional Autónoma de México y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), es el resultado de su preocupación por el cierre de dos espacios “importantes para la vida democrática de este país, que son el de Carmen Aristegui y el de José Gutiérrez Vivó”.
Durante la conferencia de prensa, la politóloga Denise Dresser, quién además expone en la cinta su punto de vista sobre la libertad de expresión, aseguró que si en el país existiera un sistema plural en los medios de comunicación, a seis meses de su despido, Aristegui ya se encontraría al aire en otra radiodifusora.
Sin embargo, aseguró que esta situación revela “la gravedad del problema”, ya que aunque no se dice de manera abierta que existe un veto a la comunicadora, “se han vuelto más sofisticados, más perversos, menos obvios, pero siguen ahí”.
Agregó que el caso de Carmen Aristegui “la trasciende y vino a evidenciar algo mucho más amplio que tiene que ver con la distribución y el ejercicio del poder en este país, en una era formalmente democrática”.
La analista manifestó su deseo porque Voces Silenciadas “sirva como una sacudida de conciencia” para que la sociedad se cuestione sobre la manera “sutil” en la que se coartan las libertades de expresión en el país, lo cual quebranta la democracia en México.
Indicó también que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la Ley Televisa inconstitucional, en junio de 2007, la norma aún no se encuentra a debate, por lo que es necesario seguir “presionando para que haya una ley de medios que desconcentre el sector, pues en la medida que haya otras opciones este poder concentrado ya no puede chantajear de la misma manera, por la competencia y regulación”.
Dijo asimismo que Televisa y TV Azteca, donde se concentra el 95 por ciento de los canales de televisión abierta a nivel nacional, son un “reflejo del poder creciente de concesionarios, su capacidad determinar la agenda pública, problema estructural para la democracia en México”.
“¿Quién gobierna, cuando en este país Ricardo Salinas Pliego se niega a transmitir los spots del IFE y no hay multa, no hay condena?, preguntó. Hay simplemente el inicio de un proceso administrativo por parte del IFE: eso es un ejemplo emblemático de lo que el gobierno de México ha permitido”, aseveró.
Voces Silenciadas no esperará hasta 3 años para exhibirse en cartelera, dijo Mari Carmen De Lara, el documental estará en la V Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión, y en la Muestra Nacional de Documentales Ambulante.
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