Por Diego Cevallos
IPS, 28 agosto.- Si al finalizar la primera semana de septiembre el gobierno de México no atiende las demandas de mujeres indígenas del sureño estado de Oaxaca, 10.000 de ellas viajarán a la capital del país para presionar directamente al presidente Felipe Calderón. “Ya estamos hartas”, señaló una de sus líderes.
“Estamos organizadas y cansadas del engaño y la exclusión”, dijo a IPS Leticia Huerta, campesina que comanda la no gubernamental Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca, uno de los distritos de mayor pobreza y presencia aborigen de México.
Las indígenas, 5.000 de las cuales realizaron el miércoles una marcha de protesta por las calles de Oaxaca, capital del estado homónimo, demandan entre otros puntos la construcción de un hospital para mujeres en una zona rural, dispensarios médicos en toda la región y la creación de un servicio de ambulancia aérea.
Además, reclaman la construcción de un puente en una comunidad campesina que permanece incomunicada desde hace 12 años, un programa de vivienda con materiales de la zona y políticas que les permitan el pleno ejercicio de sus derechos sociales y políticos.
Huerta explicó que la Coordinadora tiene 17 años de vida trabajando a favor de los derechos de las mujeres de Oaxaca, un estado dividido en 570 municipios, 418 de ellos regidos por los llamados usos y costumbres.
Las demandas y la marcha anunciada “son consecuencia de todos estos años de trabajo en los que hemos tomado conciencia”, sostuvo.
Según indicó, son más de 10.000 las mujeres de 200 comunidades de Oaxaca las que participan en su organización, “y no tenemos ninguna relación con partidos políticos”.
Delegados en Oaxaca de la gubernamental Comisión para la Defensa de los Pueblos Indígenas se comprometieron el miércoles ante las mujeres organizadas a trazar un plan de atención a sus demandas en un plazo máximo de 10 días.
“Hacemos ahora un alto de 10 días, pero más ya no vamos a esperar por lo que, si incumplen, iremos a la capital mexicana en autobuses o como sea para exigir una entrevista con el presidente”, advirtió Huerta.
Casi 60 por ciento de la población de Oaxaca de 3,5 millones de personas habita en localidades rurales de menos de 2.000 habitantes. En la mayoría de esos lugares los municipios pueden elegir a sus autoridades según las asambleas tradicionales y sin que intervengan los partidos políticos.
En muchos de tales sitios, las mujeres son impedidas de participar como funcionarias y bajo la égida de los usos y costumbres muchas ni siquiera pueden estudiar e incluso llegan a ser vendidas por sus familias cuando todavía son adolescentes.
Investigaciones del estatal pero independiente Instituto Nacional de las Mujeres señalan que en zonas pobres de Oaxaca y de sus estados vecinos de Chiapas y Oaxaca, la venta de mujeres con fines de matrimonio es una práctica persistente. A cambio de dinero o incluso de una caja de refrescos o cervezas, muchas jóvenes son arrancadas de su vida familiar.
“Nuestros derechos están por los suelos y las autoridades y muchos hombres de nuestras comunidades se resisten a reconocernos”, declaró la líder de la Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca.
En marzo, la indígena Eufrosina Cruz no pudo ejercer el derecho a ser elegida alcaldesa del pequeño municipio oaxaqueño de Santa María Quiegolani, una comunidad de 800 habitantes de la etnia zapoteca.
Tras ser rechazada por los hombres que dominan la asamblea comunal, Cruz presentó denuncias y las autoridades ofrecieron investigar el caso.
En abril, las indígenas Felicitas Martínez, de 22 años, y Teresa Bautista, de 24, fueron acribilladas a balazos en parajes del municipio oaxaqueño de San Juan Copala. Estas jóvenes trabajan como reporteras de una radio comunitaria.
En Oaxaca y su vecino Chiapas los niveles de desarrollo son inferiores a los de los Territorios Palestinos Ocupados, según indican estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Oaxaca fue escenario en 2006 de un levantamiento popular contra el gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, el colectivo que gobierna ese estado desde los años 20.
Las demandas de la Coordinadora Estatal de los Pueblos de Oaxaca fueron presentadas directamente al gobierno de Calderón, pues según indican no tienen ninguna confianza en Ruiz, quien sigue en el cargo a pesar de tener numerosas denuncias en su contra por violaciones a los derechos humanos y hasta asesinatos.
La población femenina es la más vulnerable de la comunidad indígena de México, que congrega alrededor de 12 por ciento de los 104 millones de habitantes del país. Entre ellas, la esperanza de vida es de 71,5 años, frente a la de los hombres, que es de 76.
Mientras el analfabetismo de los hombres de las etnias originarias es de 18 por ciento, en las mujeres llega a 32 por ciento. Además, cerca de 46 por ciento de las indígenas carecen de instrucción primaria y apenas 8,9 por ciento cursaron la educación media.
En promedio, 39 por ciento de la población indígena de cinco a 24 años no asiste a la escuela en este país, pero ese porcentaje se eleva a 42 si sólo se considera a las niñas y jóvenes.
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