CALDERON EL AUTORITARIO. PROCESO
MÉXICO, D.F., 3 de octubre (apro).- Superado no sólo por la crisis de inseguridad, sino por las malas perspectivas económicas del país, Felipe Calderón muestra cada vez más síntomas autoritarios.
La detención por parte del Estado Mayor Presidencial (EMP) de los jóvenes Andrés Leonardo Gómez Emilson y Marco Virgilio Jiménez Santiago es un grave signo de la desesperación en que se encuentra, cuando ni siquiera ha cumplido dos años en la Presidencia de la República.
En un hecho agraviante para el régimen de libertades democráticas, elementos de ese enclave autoritario que es el EMP detuvieron a los dos jóvenes por protestar en contra de Calderón durante la ceremonia que se realizaba en el Palacio Nacional, a propósito de la entrega del Premio Nacional de la Juventud.
Uno de los galardonados, por mérito académico, Andrés Leonardo, de 17 años y becado en Noruega, fue detenido por gritarle "espurio", mientras que Marco Virgilio, quien se encontraba entre el público, al darse cuenta de la detención gritó: "¡No hay libertad en este país!". El EMP también arremetió contra él.
En los países democráticos, es común que los jefes de Estado o de gobierno o cualquier alta autoridad sean impugnados por sus actos en el ejercicio público.
Le ha ocurrido, desde luego, a George Bush en Estados Unidos, a Nicolas Sarkozy en Francia, a José Luis Rodríguez Zapatero en España, a Ignacio Lula Da Silva en Brasil, o a Michelle Bachelet en Chile. Es decir, tanto a gobernantes conservadores como a quienes se les identifica con ideas progresistas.
Es parte del ejercicio del poder, independientemente de las razones o sinrazones de la protestas.
Las dictaduras o totalitarismos no soportan la disidencia. Arremeten contra ella. Lo hizo Pinochet durante la dictadura militar chilena; ocurre en la Cuba castrista, lo mismo que en la pragmática China de partido único
En México parecían superados esos tiempos. Justo cuando se conmemoran los 40 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968, punto de quiebre en la democratización del país, Calderón se encargó de recordar que aún existen actitudes y bolsones autoritarios que atentan contra la democracia en el país.
Por si su llegada al poder no estuviera marcada por la violación al equilibrio de la competencia democrática, la detención de los jóvenes muestra el verdadero talante de quien habita Los Pinos.
Desde luego, el EMP no actuó por sí mismo. Su función está limitada a la salvaguarda del Presidente de la República y a algunas otras actividades relacionadas con el protocolo y la visitas de dignatarios extranjeros.
La detención de los jóvenes no pudo ser más que con previo acuerdo con su jefe. No era la primera vez que Calderón era increpado, por lo que ya no estaba dispuesto a soportar más disidencia.
La Presidencia explicó el proceder del EMP en el "cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación que regula el funcionamiento" de ese numeroso y costoso cuerpo de cerca de dos mil efectivos del Ejército y la Marina, y civiles que están al servicio del presidente.
Nada más alejado de la realidad, pues la razón de ser del EMP es la de salvaguardar la seguridad del Presidente de la República. ¿En qué amenazaban la integridad de Calderón las consignas en su contra?
Un día antes de ese grave precedente contra la libertad de expresión, Calderón se había llenado la boca en nombre de la democracia.
En un auditorio integrado por niños, dio clases de democracia y fustigó con alusiones a su principal opositor, Andrés Manuel López Obrador.
"Hay quienes teniendo ya muchos años y diciéndose muy demócratas, la verdad no respetan las ideas de la democracia y podrían hacerle mucho daño al país".
¿Acaso sus actitudes autoritarias no le hacen daño al país?
El Estado Mayor Presidencial es, precisamente, uno de esos bolsones del autoritarismo. Se trata de una costosa estructura que no obedece a nadie más que al presidente en turno. Por eso se le conoce como "un ejército dentro del Ejército".
No son pocos los militares, tanto en activo como en retiro, que reconocen la obsolescencia de esta fuerza que, por lo demás, termina como "sirviente" del presidente y su familia. ¿Acaso ese cuerpo sin contrapesos es propio de la democracia?
Durante una hora y media no se supo de los jóvenes detenidos hasta que fueron presentados en una agencia del Ministerio Público del DF "por la probable realización de conductas sancionadas penal o administrativamente".
De esa manera, le endilgó a la justicia del Distrito Federal la responsabilidad de castigar o exonerar a los jóvenes que increparon a Calderón.
Al final, un juez cívico los dejó en libertad porque la Presidencia no levantó ningún cargo en contra de ellos. No era necesario, el mensaje a los mexicanos ya había sido dado: Calderón no sólo no está dispuesto a soportar la discrepancia, sino a castigar a quien lo impugne.
jcarrasco@proceso.com.mx
La detención por parte del Estado Mayor Presidencial (EMP) de los jóvenes Andrés Leonardo Gómez Emilson y Marco Virgilio Jiménez Santiago es un grave signo de la desesperación en que se encuentra, cuando ni siquiera ha cumplido dos años en la Presidencia de la República.
En un hecho agraviante para el régimen de libertades democráticas, elementos de ese enclave autoritario que es el EMP detuvieron a los dos jóvenes por protestar en contra de Calderón durante la ceremonia que se realizaba en el Palacio Nacional, a propósito de la entrega del Premio Nacional de la Juventud.
Uno de los galardonados, por mérito académico, Andrés Leonardo, de 17 años y becado en Noruega, fue detenido por gritarle "espurio", mientras que Marco Virgilio, quien se encontraba entre el público, al darse cuenta de la detención gritó: "¡No hay libertad en este país!". El EMP también arremetió contra él.
En los países democráticos, es común que los jefes de Estado o de gobierno o cualquier alta autoridad sean impugnados por sus actos en el ejercicio público.
Le ha ocurrido, desde luego, a George Bush en Estados Unidos, a Nicolas Sarkozy en Francia, a José Luis Rodríguez Zapatero en España, a Ignacio Lula Da Silva en Brasil, o a Michelle Bachelet en Chile. Es decir, tanto a gobernantes conservadores como a quienes se les identifica con ideas progresistas.
Es parte del ejercicio del poder, independientemente de las razones o sinrazones de la protestas.
Las dictaduras o totalitarismos no soportan la disidencia. Arremeten contra ella. Lo hizo Pinochet durante la dictadura militar chilena; ocurre en la Cuba castrista, lo mismo que en la pragmática China de partido único
En México parecían superados esos tiempos. Justo cuando se conmemoran los 40 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968, punto de quiebre en la democratización del país, Calderón se encargó de recordar que aún existen actitudes y bolsones autoritarios que atentan contra la democracia en el país.
Por si su llegada al poder no estuviera marcada por la violación al equilibrio de la competencia democrática, la detención de los jóvenes muestra el verdadero talante de quien habita Los Pinos.
Desde luego, el EMP no actuó por sí mismo. Su función está limitada a la salvaguarda del Presidente de la República y a algunas otras actividades relacionadas con el protocolo y la visitas de dignatarios extranjeros.
La detención de los jóvenes no pudo ser más que con previo acuerdo con su jefe. No era la primera vez que Calderón era increpado, por lo que ya no estaba dispuesto a soportar más disidencia.
La Presidencia explicó el proceder del EMP en el "cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación que regula el funcionamiento" de ese numeroso y costoso cuerpo de cerca de dos mil efectivos del Ejército y la Marina, y civiles que están al servicio del presidente.
Nada más alejado de la realidad, pues la razón de ser del EMP es la de salvaguardar la seguridad del Presidente de la República. ¿En qué amenazaban la integridad de Calderón las consignas en su contra?
Un día antes de ese grave precedente contra la libertad de expresión, Calderón se había llenado la boca en nombre de la democracia.
En un auditorio integrado por niños, dio clases de democracia y fustigó con alusiones a su principal opositor, Andrés Manuel López Obrador.
"Hay quienes teniendo ya muchos años y diciéndose muy demócratas, la verdad no respetan las ideas de la democracia y podrían hacerle mucho daño al país".
¿Acaso sus actitudes autoritarias no le hacen daño al país?
El Estado Mayor Presidencial es, precisamente, uno de esos bolsones del autoritarismo. Se trata de una costosa estructura que no obedece a nadie más que al presidente en turno. Por eso se le conoce como "un ejército dentro del Ejército".
No son pocos los militares, tanto en activo como en retiro, que reconocen la obsolescencia de esta fuerza que, por lo demás, termina como "sirviente" del presidente y su familia. ¿Acaso ese cuerpo sin contrapesos es propio de la democracia?
Durante una hora y media no se supo de los jóvenes detenidos hasta que fueron presentados en una agencia del Ministerio Público del DF "por la probable realización de conductas sancionadas penal o administrativamente".
De esa manera, le endilgó a la justicia del Distrito Federal la responsabilidad de castigar o exonerar a los jóvenes que increparon a Calderón.
Al final, un juez cívico los dejó en libertad porque la Presidencia no levantó ningún cargo en contra de ellos. No era necesario, el mensaje a los mexicanos ya había sido dado: Calderón no sólo no está dispuesto a soportar la discrepancia, sino a castigar a quien lo impugne.
jcarrasco@proceso.com.mx
POLICIAS EJECUTAN A SEIS CAMPESINOS EN CHIAPAS. PROCESO
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 6 de octubre (apro).- Al menos cuatro de los seis campesinos muertos a tiros por policías estatales en la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria el pasado viernes fueron ejecutados.
Lo anterior se desprende de las declaraciones que han proporcionado tanto policías que ya se encuentran detenidos como lugareños y que constan en las investigaciones realizadas por el Ministerio de Justicia.
Margarita Espinosa, originaria de la comunidad El Ocotal Ojo de Agua, atestiguó en persona cómo ejecutaron los uniformados a su esposo Agustín Alfaro Alfaro.
El asesinato de los campesinos ocurrió durante un operativo de la policía estatal y federal para recuperar el parque nacional Lagos de Montebello y la zona arqueológica de Chincultik que se encontraban tomados por los pobladores en demanda de la administración de esos lugares.
Amador Rodríguez Lozano, ministro de justicia del estado informó que cinco policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) están sujetos a investigación por su presunta participación --en distintos grados"en los homicidios de pobladores del ejido San Manuel.
Mediante un comunicado de prensa, Rodríguez Lozano explicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra las personas que mantenían tomada la zona arqueológica y el parque nacional por lo que se procedió a realizar un operativo "interinstitucional" de recuperación.
De acuerdo con la versión oficial, "los pobladores agredieron a las fuerzas públicas en represalia por la detención de algunos miembros de la comunidad y retuvieron a 36 elementos de la SSPC y a tres miembros del Ministerio de Justicia, a quienes golpearon, vejaron y torturaron".
El escrito añade que los vecinos "despojaron a los uniformados de 60 armas largas y 15 cortas generándose un intercambio de fuego que provocó pérdida de vidas humanas".
Según el funcionario estatal hay cuatro muertos: Rigoberto López Vázquez, de 35 años; Alfredo Hernández Ramírez, de 40; Miguel Antonio Martínez López, de 19 y Agustín Alfaro Alfaro, de 31. Y reportó como desaparecidas a Ignacio Hernández López, de 59 años y a Ricardo Ramírez Hernández de 55, quienes también fallecieron e inclusive fueron ya enterrados en el panteón de la comunidad.
Por otro lado, agregó, existe información no confirmada de que el policía Juan Carlos López Estrada, cuya credencial se encontró en el lugar de los hechos, se encuentra desparecido.
Según el propio Rodríguez Lozano, el gobernador Juan Sabines ordenó a la dependencia a su cargo se castigue "el abuso de la fuerza pública, el exceso y el autoritarismo" desplegado durante el operativo de desalojo.
Lo anterior se desprende de las declaraciones que han proporcionado tanto policías que ya se encuentran detenidos como lugareños y que constan en las investigaciones realizadas por el Ministerio de Justicia.
Margarita Espinosa, originaria de la comunidad El Ocotal Ojo de Agua, atestiguó en persona cómo ejecutaron los uniformados a su esposo Agustín Alfaro Alfaro.
El asesinato de los campesinos ocurrió durante un operativo de la policía estatal y federal para recuperar el parque nacional Lagos de Montebello y la zona arqueológica de Chincultik que se encontraban tomados por los pobladores en demanda de la administración de esos lugares.
Amador Rodríguez Lozano, ministro de justicia del estado informó que cinco policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) están sujetos a investigación por su presunta participación --en distintos grados"en los homicidios de pobladores del ejido San Manuel.
Mediante un comunicado de prensa, Rodríguez Lozano explicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra las personas que mantenían tomada la zona arqueológica y el parque nacional por lo que se procedió a realizar un operativo "interinstitucional" de recuperación.
De acuerdo con la versión oficial, "los pobladores agredieron a las fuerzas públicas en represalia por la detención de algunos miembros de la comunidad y retuvieron a 36 elementos de la SSPC y a tres miembros del Ministerio de Justicia, a quienes golpearon, vejaron y torturaron".
El escrito añade que los vecinos "despojaron a los uniformados de 60 armas largas y 15 cortas generándose un intercambio de fuego que provocó pérdida de vidas humanas".
Según el funcionario estatal hay cuatro muertos: Rigoberto López Vázquez, de 35 años; Alfredo Hernández Ramírez, de 40; Miguel Antonio Martínez López, de 19 y Agustín Alfaro Alfaro, de 31. Y reportó como desaparecidas a Ignacio Hernández López, de 59 años y a Ricardo Ramírez Hernández de 55, quienes también fallecieron e inclusive fueron ya enterrados en el panteón de la comunidad.
Por otro lado, agregó, existe información no confirmada de que el policía Juan Carlos López Estrada, cuya credencial se encontró en el lugar de los hechos, se encuentra desparecido.
Según el propio Rodríguez Lozano, el gobernador Juan Sabines ordenó a la dependencia a su cargo se castigue "el abuso de la fuerza pública, el exceso y el autoritarismo" desplegado durante el operativo de desalojo.
ECEHVERRIA, CINICO IMPUNE. GRANADOS CHAPA. PROCESO
Preso en su casa en los últimos dos años, el expresidente Luis Echeverría está a punto de quedar exonerado del delito de genocidio por el que se le dictó auto de formal prisión. Obtuvo la protección federal contra ese acto procesal y después de ires y venires, un tribunal de circuito está por resolver la revisión. Es de temerse que la sentencia de amparo sea confirmada, y Echeverría quede en libertad uno de estos días.
Abre esa posibilidad la renuencia de los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardel y Manuel Bárcena Villanueva a que su resolución sobre el caso sea pública y difundida. Han guardado silencio ante la petición de que la sesión en que resuelvan sea difundida a través del Canal judicial o por cualquier otro medio. Al formular su petición, a nombre del Comité 68 pro Libertades Democráticas, Raúl Álvarez Garín dijo que "los magistrados que resuelvan deben actuar de cara a la nación, esa es su responsabilidad y ese es nuestro derecho. No hay nada en el marco jurídico que regula las funciones de los tribunales de circuito, tanto unitarios como colegiados, que impida que la sesión sea transmitida por los medios de comunicación electrónicos".
Si la sentencia confirma el amparo y Echeverría queda libre (aunque lo está para todo efecto práctico, ya que su estado de salud en los meses recientes le habría impedido de todos modos desplazarse fuera de su domicilio), quedará judicialmente a salvo de las acusaciones que se formularon en su contra, por los actos de genocidio que perpetró cuando fue secretario de Gobernación y presidente de la República. Es decir, siguiendo la regla que beneficia a cerca de 99 por ciento de los autores de delitos en todo el país, quedará impune. Con ese desenlace adverso para la causa de la justicia llegará a su fin, al menos en el ámbito jurídico mexicano, el esfuerzo del Comité 68 por que se le condena y que consiguió llevarlo al banquillo de los acusados y fuera declarado formalmente preso. Se abrirán entonces las diversas instancias de la justicia internacional, pero es improbable que sus fallos, que de haberlos no serán inmediatos, alcance con vida al acusado, quien acaso vive sus últimos días en su casa de San Jerónimo.
Allí lo visitó catorce veces el periodista Rogelio Cárdenas Estandía, quien desarrolló en esas sesiones una prolongada entrevista que acaba de publicar en forma de libro y del cual Proceso adelantó en su número anterior un extracto significativo, sobre el 2 de octubre de 1968, cuando el entrevistado despachaba en Bucareli. Como es verdad que genio y figura se conservan hasta la sepultura, Echeverría se incomodó con el interrogatorio al punto de "pegar con ímpetu" a la mesita y terminó corriendo de su casa al entrevistador, que dirige el diario El Financiero, fundado por su abuelo y su padre, del mismo nombre los tres. De buenas a primeras, narra, "comenzó a regañarme como lo hace un padre a su hijo; me pidió que me fuera a mi casa, que reflexionara sobre la conducta que había tenido en las últimas sesiones y que le hablara por teléfono cuando hubiese terminado mi examen de conciencia". Cárdenas no lo hizo y no volvió a ser recibido ("La puerta de Magnolia 131 ya no se abrió para mí") por lo cual, supongo, explica que la entrevista no fue autorizada.
A pesar de que en los temas torales Echeverría se muestra elusivo, omiso, sinuoso o miente con descaro, o por ello mismo, no podría desmentir el contenido de la entrevista, donde aparece tal como es, con dificultades para explicarse de modo coherente y para aceptar responsabilidades en su desempeño como secretario de Gobernación o como Ejecutivo. Nadie creería que la entrevista fue trucada, porque el Echeverría que así sale retratado se parece demasiado al que conoció el país en su sexenio o al que se sospecha que fue bajo las máscaras tras las cuales se ocultó antes, durante o después de su sexenio presidencial.
Echeverría se considera excepcional. No se comportó como sus compañeros de gabinete, no abandonó nunca sus deberes. Puritano, acusa a sus iguales con el ánimo y el tono con que lo haría un alumno de escuela religiosa ante su asistente espiritual: "como secretario de Gobernación... no iba a fiestecitas con secretarios de estado, nunca. A veces se reunían ocho o diez de ellos, llevaban muchachas guapas, medio golfas, se echaban una copa y hacían fiesta. Yo nunca fui. Y nunca hice negocios. Me porté muy bien desde que era subsecretario. Ni fiestecitas, ni queridas".
Tampoco admite culpas. No siente necesidad de pedir perdón de nadie. Tampoco hay responsabilidades que puedan atribuírsele. La matanza del 2 de octubre fue ordenada por el presidente: "ni el secretario de Gobernación ni ningún otro secretario podía disolver una manifestación de 150 mil personas. Lo logró el Presidente con el ejército...". La movilización a la que de ese brutal modo se puso fin no era un acto de protesta genuino, era un simple borlote, según su propia visión. Un mitote en que participan no él, que angelicalmente permanecía al margen, sino el secretario de la Defensa, el procurador de la República, el jefe de la policía capitalina, por un lado; y por el otro, "los jefes de los muchachos, con la embajada soviética atrás, los cubanos un poco metidos, manejando a los líderes, y un gran entusiasmo juvenil, como ocurrió en el mundo..."
Como si se ignorara que fue Litempo en su papel de agente de la CIA, el expresidente habló ante Cárdenas de un modo confuso sobre la participación de esa agencia en la guerra fría. No admite que actuara en México, quizá para no incriminarse, experto como se muestra en arrojar las culpas lejos de sí. En cambio insiste en hablar de influencia de la URSS en la política mexicana y en la movilización del 68: "Algunos muchachos mexicanos, los que estuvieron en los comités de huelga, tenían contacto con la embajada soviética, donde les daban sus centavos..."
El periodista le preguntó si creía realmente que el país corría riesgos de no haber intervenido el Ejército, y Echeverría contesta afirmativamente. Llega al extremo de afirmar que la movilización quería impedir los Juegos Olímpicos, y se pregunta: "¿Qué hubiera pasado? Si no hubiera habido Olimpiada quizá hubieran invadido el Palacio y hubieran tirado al Presidente... En una de las manifestaciones comenzaron a quemar la puerta de palacio. Si se hubieran metido, probablemente hubieran intentado asesinar al presidente y entonces el Ejército hubiera intervenido. Yo creo que, de no actuar, sí hubieran quitado al Presidente".
Como responsable de la información política, Echeverría supo sin duda siempre que el movimiento estudiantil no discurrió jamás por esas veredas. Y sin embargo ahora justifica la represión invocando un fantasma.
O sea que, además de quedar impune, Echeverría es cínico. l
Abre esa posibilidad la renuencia de los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, Guadalupe Malvina Carmona Roig, María Eugenia Estela Martínez Cardel y Manuel Bárcena Villanueva a que su resolución sobre el caso sea pública y difundida. Han guardado silencio ante la petición de que la sesión en que resuelvan sea difundida a través del Canal judicial o por cualquier otro medio. Al formular su petición, a nombre del Comité 68 pro Libertades Democráticas, Raúl Álvarez Garín dijo que "los magistrados que resuelvan deben actuar de cara a la nación, esa es su responsabilidad y ese es nuestro derecho. No hay nada en el marco jurídico que regula las funciones de los tribunales de circuito, tanto unitarios como colegiados, que impida que la sesión sea transmitida por los medios de comunicación electrónicos".
Si la sentencia confirma el amparo y Echeverría queda libre (aunque lo está para todo efecto práctico, ya que su estado de salud en los meses recientes le habría impedido de todos modos desplazarse fuera de su domicilio), quedará judicialmente a salvo de las acusaciones que se formularon en su contra, por los actos de genocidio que perpetró cuando fue secretario de Gobernación y presidente de la República. Es decir, siguiendo la regla que beneficia a cerca de 99 por ciento de los autores de delitos en todo el país, quedará impune. Con ese desenlace adverso para la causa de la justicia llegará a su fin, al menos en el ámbito jurídico mexicano, el esfuerzo del Comité 68 por que se le condena y que consiguió llevarlo al banquillo de los acusados y fuera declarado formalmente preso. Se abrirán entonces las diversas instancias de la justicia internacional, pero es improbable que sus fallos, que de haberlos no serán inmediatos, alcance con vida al acusado, quien acaso vive sus últimos días en su casa de San Jerónimo.
Allí lo visitó catorce veces el periodista Rogelio Cárdenas Estandía, quien desarrolló en esas sesiones una prolongada entrevista que acaba de publicar en forma de libro y del cual Proceso adelantó en su número anterior un extracto significativo, sobre el 2 de octubre de 1968, cuando el entrevistado despachaba en Bucareli. Como es verdad que genio y figura se conservan hasta la sepultura, Echeverría se incomodó con el interrogatorio al punto de "pegar con ímpetu" a la mesita y terminó corriendo de su casa al entrevistador, que dirige el diario El Financiero, fundado por su abuelo y su padre, del mismo nombre los tres. De buenas a primeras, narra, "comenzó a regañarme como lo hace un padre a su hijo; me pidió que me fuera a mi casa, que reflexionara sobre la conducta que había tenido en las últimas sesiones y que le hablara por teléfono cuando hubiese terminado mi examen de conciencia". Cárdenas no lo hizo y no volvió a ser recibido ("La puerta de Magnolia 131 ya no se abrió para mí") por lo cual, supongo, explica que la entrevista no fue autorizada.
A pesar de que en los temas torales Echeverría se muestra elusivo, omiso, sinuoso o miente con descaro, o por ello mismo, no podría desmentir el contenido de la entrevista, donde aparece tal como es, con dificultades para explicarse de modo coherente y para aceptar responsabilidades en su desempeño como secretario de Gobernación o como Ejecutivo. Nadie creería que la entrevista fue trucada, porque el Echeverría que así sale retratado se parece demasiado al que conoció el país en su sexenio o al que se sospecha que fue bajo las máscaras tras las cuales se ocultó antes, durante o después de su sexenio presidencial.
Echeverría se considera excepcional. No se comportó como sus compañeros de gabinete, no abandonó nunca sus deberes. Puritano, acusa a sus iguales con el ánimo y el tono con que lo haría un alumno de escuela religiosa ante su asistente espiritual: "como secretario de Gobernación... no iba a fiestecitas con secretarios de estado, nunca. A veces se reunían ocho o diez de ellos, llevaban muchachas guapas, medio golfas, se echaban una copa y hacían fiesta. Yo nunca fui. Y nunca hice negocios. Me porté muy bien desde que era subsecretario. Ni fiestecitas, ni queridas".
Tampoco admite culpas. No siente necesidad de pedir perdón de nadie. Tampoco hay responsabilidades que puedan atribuírsele. La matanza del 2 de octubre fue ordenada por el presidente: "ni el secretario de Gobernación ni ningún otro secretario podía disolver una manifestación de 150 mil personas. Lo logró el Presidente con el ejército...". La movilización a la que de ese brutal modo se puso fin no era un acto de protesta genuino, era un simple borlote, según su propia visión. Un mitote en que participan no él, que angelicalmente permanecía al margen, sino el secretario de la Defensa, el procurador de la República, el jefe de la policía capitalina, por un lado; y por el otro, "los jefes de los muchachos, con la embajada soviética atrás, los cubanos un poco metidos, manejando a los líderes, y un gran entusiasmo juvenil, como ocurrió en el mundo..."
Como si se ignorara que fue Litempo en su papel de agente de la CIA, el expresidente habló ante Cárdenas de un modo confuso sobre la participación de esa agencia en la guerra fría. No admite que actuara en México, quizá para no incriminarse, experto como se muestra en arrojar las culpas lejos de sí. En cambio insiste en hablar de influencia de la URSS en la política mexicana y en la movilización del 68: "Algunos muchachos mexicanos, los que estuvieron en los comités de huelga, tenían contacto con la embajada soviética, donde les daban sus centavos..."
El periodista le preguntó si creía realmente que el país corría riesgos de no haber intervenido el Ejército, y Echeverría contesta afirmativamente. Llega al extremo de afirmar que la movilización quería impedir los Juegos Olímpicos, y se pregunta: "¿Qué hubiera pasado? Si no hubiera habido Olimpiada quizá hubieran invadido el Palacio y hubieran tirado al Presidente... En una de las manifestaciones comenzaron a quemar la puerta de palacio. Si se hubieran metido, probablemente hubieran intentado asesinar al presidente y entonces el Ejército hubiera intervenido. Yo creo que, de no actuar, sí hubieran quitado al Presidente".
Como responsable de la información política, Echeverría supo sin duda siempre que el movimiento estudiantil no discurrió jamás por esas veredas. Y sin embargo ahora justifica la represión invocando un fantasma.
O sea que, además de quedar impune, Echeverría es cínico. l
Lo operan empresas privadas nacionales y extranjeras
SME: en auge, sistema eléctrico paralelo a la CFE
Generan su propia energía Wal-Mart, Telmex, Bimbo, Liverpool y otras
La CRE ha otorgado 617 permisos; clara privatización, acusa el sindicato
Los permisionarios también surten a ‘‘firmas asociadas’’ en todo el país
Patricia Muñoz Ríos
Fue asesinato a mansalva en Chiapas, admiten policías
‘‘Los federales nos usaron como borregos en el desalojo en Chincultik’’
Liberan a 36 campesinos tras la entrega de armas quitadas a los agentes
‘‘Los federales nos usaron como borregos en el desalojo en Chincultik’’
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Lema: claro retroceso con su oferta presupuestal para 2009
Atasca el proyecto de Calderón a las universidades: UAM
Se ampliará la brecha en ciencia y tecnología ante otros países, afirma
Llama el rector a la Cámara de Diputados a revertir esa situación
Están en riesgo las metas en educación superior, alertan especialistas
Emir Olivares; Laura poy y Carolina Gómez
Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ La anormalidad democrática
■ Narco, miedo, abstención
■ Acapulco, clave múltiple
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ La anormalidad democrática
■ Narco, miedo, abstención
■ Acapulco, clave múltiple
A la hora de cerrar la presente columna no se tenían resultados confiables de los comicios de Guerrero, aunque el candidato del PRI a la presidencia municipal de Acapulco (el cargo más disputado) había adelantado a sus contrincantes cuando menos en cuanto a declararse triunfador, según eso con una diferencia de cuatro puntos porcentuales, la que sería “irreversible”. No con base en encuestas de salida, como lo hizo el tricolor Manuel Añorve Baños, sino a partir de “datos duros” supuestamente provenientes de actas electorales, el convergente Luis Walton también anunciaba para sí la victoria; reducida al tercer lugar la candidata del gobernador Zeferino Torreblanca, la chucho-perredista Gloria Sierra, aunque ella también se sumó a la guerra de cifras presuntamente favorables para cada uno de los interesados declarantes.
Saldo blanco, se anunciaba, contra los fundados pronósticos de que habría violencia desbordada; reporte incruento de incidentes y detalles más o menos acostumbrados en los procesos electorales siempre cargados de trampas y tretas, es decir, violaciones a las leyes y reglamentos del ramo, brigadas y operadores electorales con dinero en mano a la caza de votantes por pago y uno que otro chispazo de la violencia que es natural en la entidad. La normalidad democrática, diría el ex presidente Ernesto Zedillo, quien acuñó tal etiqueta para aplicarla a un presunto nivel de operación institucional que generaría simples marcadores electorales aceptados por todos en función de su limpieza: tantos votos para un candidato, tantos para otro y el ganador es fulano.
Guerrero es, sin embargo, el primer proceso electoral desarrollado abierta y crudamente en la nueva fase de la descomposición nacional, aceleradamente dominada por los grupos de delincuencia organizada que han decidido competir sin tapujos por el poder político, sabedores unos de que su supervivencia depende del comportamiento de las autoridades constituidas, y otros de que el exterminio de sus adversarios depende de los mismos mecanismos adquiribles mediante inversiones sin registro fiscal. Si antes los capos compraban jefes policiacos y funcionarios relacionados con el “combate” al narcotráfico, ahora los carritos de supermercado de los cárteles buscan piezas mayores de la estantería política. En ese contexto, que ya ha tenido importantes ensayos en lugares emblemáticos, como Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, los comicios de Guerrero aparecen como una primera consolidación de la anormalidad democrática calderónica, regida por el poder del narco, el flujo abierto de dinero de origen oscuro (o, más bien, demasiado claro), la amenaza e inclusive la agresión física a candidatos indeseados y el abstencionismo de ciudadanos temerosos de violencia proveniente de narcotraficantes y cada vez más convencidos de que la farsa electoral de muy poco sirve.
Esta anormalidad democrática está siendo aprovechada por el partido que ofrece más “experiencia” y “firmeza” para enfrentar los males públicos desatados por la impericia calderonista. La posibilidad de instalar a Añorve como alcalde de Acapulco sería una revancha del tricolor frente a las divisiones de la “izquierda” electoral que ha presidido ese puerto y actualmente “tiene” la gubernatura con un derechista procalderónico llamado Zeferino Torreblanca, quien se ha apoderado de la estructura formal del perredismo de la entidad y, en alianza con los también colaboracionistas Chuchos, impuso candidaturas impugnadas como la de la citada Gloria Sierra en Acapulco. Contra esa maniobra se creó una alternativa compartida por los otros dos partidos que con el sol azteca forman el Frente Amplio Progresista (FAP), de tal manera que los partidos del Trabajo y Convergencia presentaron un candidato contrario a la postulación oficial del perredismo (en estos trotes participó el senador Ricardo Monreal, conocedor y practicante de innovaciones similares en Zacatecas, donde encauzó hacia el PT la corriente del perredismo inconforme con las candidaturas impulsadas por el PRD alineado con la gobernadora Amalia García).
La posibilidad de que el PRI se alce como el gran ganador de los comicios guerrerenses (Manlio Fabio Beltrones aparecía ayer radiante en Acapulco), pues según sus primeros reportes habría obtenido las presidencias de las principales ciudades del estado, sería un ingrediente indicativo del curso que podrían tener los comicios federales intermedios del año próximo y, de continuar esa tendencia, los presidenciales de 2012. Entre otras cosas, el avance del tricolor mostraría los senderos de derrota que esperarían al PRD Chucho y a sus cada vez más distantes compañeros frentistas, el PT y Convergencia, en caso de que caminaran separados en los comicios venideros. Si, por el contrario, quien gana la corona del estado, Acapulco, es el convergente Luis Walton, entonces se iluminarán los caminos alternos al cascarón perredista hoy secuestrado por los Chuchos. Todo en el marco de la nueva anormalidad democrática.
Astillas
Son muchos los correos llegados a esta columna para pedir que desde aquí se renvíen felicitaciones a Andrés Gómez Emilsson y a Mario Jiménez Santiago, lo que de esta manera sintetizada se cumple... Respecto a lo que llama el caso de “Erick el Vikingo y su compañero protestante”, María Sordo comenta: “Después de ver por tercera ocasión la película La delgada línea roja, rescato una frase que creo pertinente para el caso: ‘Hay quienes, entre más alto suben, más grande es su miedo’ ...Por cierto, este domingo fue publicada una entrega especial de Astillero, titulada “Felipe ante su fantasma”, en la que se analizan los hechos del pasado viernes en Palacio Nacional... Y, mientras hoy a las cuatro de la tarde se reúnen en el Che Guevara de CU quienes denuncian arbitrariedad y provocación de agentes capitalinos en la marcha del 2 de octubre, ¡hasta mañana, con la SEP jugando con fuego “extraescolar” en Morelos!
Saldo blanco, se anunciaba, contra los fundados pronósticos de que habría violencia desbordada; reporte incruento de incidentes y detalles más o menos acostumbrados en los procesos electorales siempre cargados de trampas y tretas, es decir, violaciones a las leyes y reglamentos del ramo, brigadas y operadores electorales con dinero en mano a la caza de votantes por pago y uno que otro chispazo de la violencia que es natural en la entidad. La normalidad democrática, diría el ex presidente Ernesto Zedillo, quien acuñó tal etiqueta para aplicarla a un presunto nivel de operación institucional que generaría simples marcadores electorales aceptados por todos en función de su limpieza: tantos votos para un candidato, tantos para otro y el ganador es fulano.
Guerrero es, sin embargo, el primer proceso electoral desarrollado abierta y crudamente en la nueva fase de la descomposición nacional, aceleradamente dominada por los grupos de delincuencia organizada que han decidido competir sin tapujos por el poder político, sabedores unos de que su supervivencia depende del comportamiento de las autoridades constituidas, y otros de que el exterminio de sus adversarios depende de los mismos mecanismos adquiribles mediante inversiones sin registro fiscal. Si antes los capos compraban jefes policiacos y funcionarios relacionados con el “combate” al narcotráfico, ahora los carritos de supermercado de los cárteles buscan piezas mayores de la estantería política. En ese contexto, que ya ha tenido importantes ensayos en lugares emblemáticos, como Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, los comicios de Guerrero aparecen como una primera consolidación de la anormalidad democrática calderónica, regida por el poder del narco, el flujo abierto de dinero de origen oscuro (o, más bien, demasiado claro), la amenaza e inclusive la agresión física a candidatos indeseados y el abstencionismo de ciudadanos temerosos de violencia proveniente de narcotraficantes y cada vez más convencidos de que la farsa electoral de muy poco sirve.
Esta anormalidad democrática está siendo aprovechada por el partido que ofrece más “experiencia” y “firmeza” para enfrentar los males públicos desatados por la impericia calderonista. La posibilidad de instalar a Añorve como alcalde de Acapulco sería una revancha del tricolor frente a las divisiones de la “izquierda” electoral que ha presidido ese puerto y actualmente “tiene” la gubernatura con un derechista procalderónico llamado Zeferino Torreblanca, quien se ha apoderado de la estructura formal del perredismo de la entidad y, en alianza con los también colaboracionistas Chuchos, impuso candidaturas impugnadas como la de la citada Gloria Sierra en Acapulco. Contra esa maniobra se creó una alternativa compartida por los otros dos partidos que con el sol azteca forman el Frente Amplio Progresista (FAP), de tal manera que los partidos del Trabajo y Convergencia presentaron un candidato contrario a la postulación oficial del perredismo (en estos trotes participó el senador Ricardo Monreal, conocedor y practicante de innovaciones similares en Zacatecas, donde encauzó hacia el PT la corriente del perredismo inconforme con las candidaturas impulsadas por el PRD alineado con la gobernadora Amalia García).
La posibilidad de que el PRI se alce como el gran ganador de los comicios guerrerenses (Manlio Fabio Beltrones aparecía ayer radiante en Acapulco), pues según sus primeros reportes habría obtenido las presidencias de las principales ciudades del estado, sería un ingrediente indicativo del curso que podrían tener los comicios federales intermedios del año próximo y, de continuar esa tendencia, los presidenciales de 2012. Entre otras cosas, el avance del tricolor mostraría los senderos de derrota que esperarían al PRD Chucho y a sus cada vez más distantes compañeros frentistas, el PT y Convergencia, en caso de que caminaran separados en los comicios venideros. Si, por el contrario, quien gana la corona del estado, Acapulco, es el convergente Luis Walton, entonces se iluminarán los caminos alternos al cascarón perredista hoy secuestrado por los Chuchos. Todo en el marco de la nueva anormalidad democrática.
Astillas
Son muchos los correos llegados a esta columna para pedir que desde aquí se renvíen felicitaciones a Andrés Gómez Emilsson y a Mario Jiménez Santiago, lo que de esta manera sintetizada se cumple... Respecto a lo que llama el caso de “Erick el Vikingo y su compañero protestante”, María Sordo comenta: “Después de ver por tercera ocasión la película La delgada línea roja, rescato una frase que creo pertinente para el caso: ‘Hay quienes, entre más alto suben, más grande es su miedo’ ...Por cierto, este domingo fue publicada una entrega especial de Astillero, titulada “Felipe ante su fantasma”, en la que se analizan los hechos del pasado viernes en Palacio Nacional... Y, mientras hoy a las cuatro de la tarde se reúnen en el Che Guevara de CU quienes denuncian arbitrariedad y provocación de agentes capitalinos en la marcha del 2 de octubre, ¡hasta mañana, con la SEP jugando con fuego “extraescolar” en Morelos!
John Ackerman
El tricolor reconquista al IFE
El tricolor reconquista al IFE
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) por fin ha recuperado a su hijo pródigo. Después de 12 años y cuatro comicios federales en que el Instituto Federal Electoral (IFE) estuvo bajo el control de fuerzas ajenas al antiguo partido de Estado, el organismo electoral hoy ha regresado a casa.
Habría que recordar que originalmente la creación del IFE en 1990 no se hizo con el propósito de profesionalizar o independizar la organización de las elecciones, sino con el objeto de limpiar la cara de aquel régimen emergido del fraude de 1988. En esa coyuntura, el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) se aliaron para crear un engendro institucional que se vendió como organismo autónomo, pero que en realidad nunca buscó serlo. El secretario de Gobernación presidía el consejo general, la mayoría de los lugares en éste eran controlados por el PRI y los “consejeros magistrados” que formaban parte del consejo eran todos propuestos por el presidente de la República. El nacimiento del IFE fue entonces producto de la simulación.
La situación cambió a partir de 1996 porque el PRI cometió el “error” de permitir el nombramiento de un grupo de jóvenes consejeros que nunca dudaron en defender sus principios democráticos al confrontar los intereses del régimen del partido de Estado. Jaime Cárdenas, Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Juan Molinar y Alonso Lujambio rápidamente formaron el famoso “pentágono”, conjunto que logró vencer las posiciones más conservadoras o “conciliadoras” que caracterizaron a sus colegas consejeros que habían llegado al cargo como propuestas del PRI.
En los nombramientos de los consejeros de 2003, el Revolucionario Institucional perdió de nueva cuenta, ya que la mayoría de las personas que colocó en el consejo terminaron respondiendo más a los intereses de Elba Esther Gordillo que a los del partido. Una vez más los intereses priístas fueron desplazados en el seno del árbitro electoral.
Hoy, sin embargo, parece que el PRI finalmente saboreará los frutos de la victoria. Un nuevo “pentágono” está tomando forma, en esta ocasión bajo la influencia del viejo partido de Estado. Por su fidelidad a esta causa, los consejeros Virgilio Andrade y Marco Gómez recibieron el premio de terminar sus nombramientos originales hasta 2010. Les acompañan los consejeros Marco Baños y Francisco Guerrero, vinculados con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, respectivamente. A ellos hoy se les suma el consejero presidente Leonardo Valdés para completar el elenco del nuevo bloque dominante.
La semana pasada tuvimos indicadores contundentes de las funestas consecuencias de esta nueva correlación de fuerzas. El “nuevo” IFE hizo gala de su parcialidad y falta de profesionalismo al realizar una selección sesgada de casos para resolver e imponer multas arbitrarias e inequitativas. Tanto la exagerada multa al PRD como la sanción al PAN carecen de una argumentación jurídica sólida o una individualización precisa de las faltas cometidas.
En cambio, el PRI salió casi ileso con una sanción menor. Los consejeros también mandaron un claro mensaje de impunidad al dar un carpetazo irresponsable a las quejas contra la intromisión ilegal del Consejo Coordinador Empresarial.
El IFE de ninguna manera logró “cerrar el expediente de 2006”, ya que todavía existen casi 200 casos pendientes de aquel proceso electoral. Entre otros, todavía están por resolver las quejas en contra de Vicente Fox y el PAN por la masiva campaña mediática del gobierno en favor de Felipe Calderón, así como las impugnaciones por la utilización del correo electrónico por servidores públicos federales para denostar a López Obrador.
Los consejeros también se han negado a utilizar sus nuevas facultades de investigación de información bancaria, fiduciaria y fiscal para llegar al fondo del financiamiento irregular tanto de las campañas como de la propaganda televisiva de 2006.
El colofón ha sido el nombramiento por el nuevo “pentágono” de Marco Antonio Baños como presidente de la “supercomisión” de Capacitación y Organización Electoral, lo cual sin duda pone en riesgo las elecciones de 2009. Baños es uno de los “dinosaurios” de la institución; ha laborado allí desde 1990, y es muy cercano tanto a Felipe Solís Acero como al mismo Beltrones.
Durante el proceso electoral recientemente inaugurado, el titular de esta comisión tendrá poderes similares a los del mismo consejero presidente, ya que estará a cargo de los detalles más delicados de la elección, desde la impresión y resguardo de las boletas electorales hasta la capacitación de los funcionarios de casilla. También habría que recordar que tres de las otras comisiones más importantes (del Registro Federal de Electores, de Quejas y Denuncias, y el Comité de Radio y Televisión) son presididas por consejeros pertenecientes al mismo grupo de consejeros filopriístas.
Tanto el PRD como el PAN fueron claramente chamaqueados. El desesperado “exhorto” promovido por estos partidos el jueves pasado en la Cámara de Diputados, exigiendo mayor imparcialidad al árbitro electoral, no es sino una patada de ahogado de quienes con su participación en la selección de los nuevos consejeros son los únicos responsables de que el IFE todavía no cuente con la independencia y pluralidad necesarias para recuperar la legitimidad perdida.
Habría que recordar que originalmente la creación del IFE en 1990 no se hizo con el propósito de profesionalizar o independizar la organización de las elecciones, sino con el objeto de limpiar la cara de aquel régimen emergido del fraude de 1988. En esa coyuntura, el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) se aliaron para crear un engendro institucional que se vendió como organismo autónomo, pero que en realidad nunca buscó serlo. El secretario de Gobernación presidía el consejo general, la mayoría de los lugares en éste eran controlados por el PRI y los “consejeros magistrados” que formaban parte del consejo eran todos propuestos por el presidente de la República. El nacimiento del IFE fue entonces producto de la simulación.
La situación cambió a partir de 1996 porque el PRI cometió el “error” de permitir el nombramiento de un grupo de jóvenes consejeros que nunca dudaron en defender sus principios democráticos al confrontar los intereses del régimen del partido de Estado. Jaime Cárdenas, Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Juan Molinar y Alonso Lujambio rápidamente formaron el famoso “pentágono”, conjunto que logró vencer las posiciones más conservadoras o “conciliadoras” que caracterizaron a sus colegas consejeros que habían llegado al cargo como propuestas del PRI.
En los nombramientos de los consejeros de 2003, el Revolucionario Institucional perdió de nueva cuenta, ya que la mayoría de las personas que colocó en el consejo terminaron respondiendo más a los intereses de Elba Esther Gordillo que a los del partido. Una vez más los intereses priístas fueron desplazados en el seno del árbitro electoral.
Hoy, sin embargo, parece que el PRI finalmente saboreará los frutos de la victoria. Un nuevo “pentágono” está tomando forma, en esta ocasión bajo la influencia del viejo partido de Estado. Por su fidelidad a esta causa, los consejeros Virgilio Andrade y Marco Gómez recibieron el premio de terminar sus nombramientos originales hasta 2010. Les acompañan los consejeros Marco Baños y Francisco Guerrero, vinculados con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, respectivamente. A ellos hoy se les suma el consejero presidente Leonardo Valdés para completar el elenco del nuevo bloque dominante.
La semana pasada tuvimos indicadores contundentes de las funestas consecuencias de esta nueva correlación de fuerzas. El “nuevo” IFE hizo gala de su parcialidad y falta de profesionalismo al realizar una selección sesgada de casos para resolver e imponer multas arbitrarias e inequitativas. Tanto la exagerada multa al PRD como la sanción al PAN carecen de una argumentación jurídica sólida o una individualización precisa de las faltas cometidas.
En cambio, el PRI salió casi ileso con una sanción menor. Los consejeros también mandaron un claro mensaje de impunidad al dar un carpetazo irresponsable a las quejas contra la intromisión ilegal del Consejo Coordinador Empresarial.
El IFE de ninguna manera logró “cerrar el expediente de 2006”, ya que todavía existen casi 200 casos pendientes de aquel proceso electoral. Entre otros, todavía están por resolver las quejas en contra de Vicente Fox y el PAN por la masiva campaña mediática del gobierno en favor de Felipe Calderón, así como las impugnaciones por la utilización del correo electrónico por servidores públicos federales para denostar a López Obrador.
Los consejeros también se han negado a utilizar sus nuevas facultades de investigación de información bancaria, fiduciaria y fiscal para llegar al fondo del financiamiento irregular tanto de las campañas como de la propaganda televisiva de 2006.
El colofón ha sido el nombramiento por el nuevo “pentágono” de Marco Antonio Baños como presidente de la “supercomisión” de Capacitación y Organización Electoral, lo cual sin duda pone en riesgo las elecciones de 2009. Baños es uno de los “dinosaurios” de la institución; ha laborado allí desde 1990, y es muy cercano tanto a Felipe Solís Acero como al mismo Beltrones.
Durante el proceso electoral recientemente inaugurado, el titular de esta comisión tendrá poderes similares a los del mismo consejero presidente, ya que estará a cargo de los detalles más delicados de la elección, desde la impresión y resguardo de las boletas electorales hasta la capacitación de los funcionarios de casilla. También habría que recordar que tres de las otras comisiones más importantes (del Registro Federal de Electores, de Quejas y Denuncias, y el Comité de Radio y Televisión) son presididas por consejeros pertenecientes al mismo grupo de consejeros filopriístas.
Tanto el PRD como el PAN fueron claramente chamaqueados. El desesperado “exhorto” promovido por estos partidos el jueves pasado en la Cámara de Diputados, exigiendo mayor imparcialidad al árbitro electoral, no es sino una patada de ahogado de quienes con su participación en la selección de los nuevos consejeros son los únicos responsables de que el IFE todavía no cuente con la independencia y pluralidad necesarias para recuperar la legitimidad perdida.
Lydia CachoPlan B06 de octubre de 2008
Paramilitares en casa
Monterrey, DF, Sinaloa y Guadalajara tienen el mayor número de familias protegidas por escoltas privados
Cuando aún tenía escoltas de la AFI por amenazas de muerte, los guardias privados de mi vecino, un millonario norteamericano, preguntaron a mi escolta cómo conseguir armas. Cada día encontramos más grupos de seguridad privada dispuestos a llevar armas, legales o ilegales, para proteger las propiedades y personas de las familias adineradas de México, que a pesar de la inseguridad eligen quedarse en nuestro país.
Las leyes de la física dicen que todo vacío tiende a llenarse eventualmente; es así como el vacío de seguridad poco a poco es llenado por especialistas de protección personal. Ni siquiera las agencias de seguridad tradicional parecen confiables para quienes pueden pagarlas. Nada pueden contra narcotraficantes, sicarios, zetas y secuestradores profesionales fuertemente armados. El comercio de armas ilegales es una realidad.
Este fenómeno no es nuevo, Colombia pasó por la creación de cuerpos especializados que más tarde pasaron a formar parte de grupos paramilitares criminales llamados Autodefensas Unidas. La complejidad del tema apenas nos permite poner sobre la mesa algunas preocupaciones.
En los tiempos del famoso Tigre Azcárraga, dueño del gran emporio televisivo nacional, el Ejército creó un grupo de especialistas asignados para él y para los periodistas de la empresa. Estos soldados fueron elegidos minuciosamente, entrenados como escoltas y dotados de armas, cuyos permisos se renuevan cada año luego de un examen y el registro. Nadie más que el Ejército puede autorizar la asignación de armas legales para guardianes que no pertenezcan a agencias policiacas especializadas. Y sólo el Ejército aprueba la portación de armas para caza deportiva o clubes de tiro. Los escoltas desarmados, lo sabemos, no son otra cosa que escudos humanos para balas, testigos de robo o secuestro, o choferes de lujo. Los empresarios también lo saben.
Monterrey, el Distrito Federal, Sinaloa y Guadalajara son algunas de las ciudades con un mayor número de familias resguardadas por escoltas privados, la mayoría armados y entrenados para matar si es necesario. Algunos privilegiados, como la dueña de FEMSA, son escoltados por el FBI.
Cada día más empresas especializadas en valoración de riesgo (risk assesment) abren oficinas en México. Son ejecutivos altamente especializados en estrategias integrales de protección de personas y familias adineradas. Negocian rescates, investigan al personal que labora en casa o en la empresa, desde la nana hasta la secretaria. Algunos que han hecho grandes fortunas en Colombia, a raíz de la guerra contra el narco y la inseguridad resultante, han visto el potencial de México. Su creciente presencia contradice las buenas noticias que nos cuentan desde Gobernación. Más allá de la anécdota resulta imprescindible analizar las consecuencias que pueden resultar de este fenómeno de cuerpos de seguridad privada o policías paralelas. Cuando el dueño de un poderoso diario nacional dijo que huye de México por miedo, otros 20 le siguen. El nerviosismo del gobierno no es menor, los inversionistas que se expatrían por la inseguridad, eventualmente se llevarán su dinero, dejarán de invertir en nuestro país. Décadas de corrupción e impunidad revelan sus efectos, ahora contra ricos y pobres.
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