Subejercicio presupuestal y descenso de afiliación
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 19 nov 08 (CIMAC).- De 2004 a 2007, de los 3 mil 303 millones de pesos asignados al Fondo de previsión presupuestaria para la construcción de clínicas y hospitales del Seguro Popular (SP) únicamente se ha ejercido el 30 por ciento (mil 5 millones de pesos), el 70 por ciento restante no se sabe dónde está o cómo se ejerció.
Y en el mismo período de tres años únicamente se construyeron 8 hospitales, denunció Mariana Pérez, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En entrevista con Cimacnoticias, la experta en presupuesto de Fundar, que presentó la semana pasada un análisis sobre el SP en el Foro Derecho a la salud y derechos humanos laborales, sostuvo que no existe información pública sobre cómo funciona el SP.
Esta falta de transparencia en la información y rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados al SP, programa “estrella” de las administraciones panistas, ha ocultado el verdadero impacto en la salud de la población que ha sido afiliada a él, dijo la investigadora.
Y precisó que la infraestructura considerada para prestar los servicios ofrecidos por el SP es prácticamente la misma con la que contaba la Secretaría de Salud para atender a la población abierta antes de la puesta en marcha del nuevo modelo de atención a la salud.
Para la investigadora, “no ha habido esfuerzos suficientes para lograr que exista infraestructura suficiente disponible para los usuarios y que ésta cuente con los estándares mínimos de calidad, en tanto que estar afiliado al SP no necesariamente implica que el derecho a la salud de la población esté asegurado y se cumpla cabalmente”.
AFILIACIÓN IMPOSIBLE
El análisis, realizado con base en preguntas al SISI, enfatiza que el SP no ha cumplido con su cometido de afiliar a las personas de las zonas más marginadas y para 2007 se registró una caída en el promedio del número de consultas, por lo que advierte que será difícil cumplir la meta de afiliar para el año 2010 a los 51 millones de mexicanos sin seguridad social.
Reitera que los estados con mayor concentración de población abierta, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, han afiliado a menos de 50 por ciento de familias sin seguridad social.
A 2006, según datos de Fundar, el 16.2 por ciento de la población carente de seguridad social formal de Chiapas se había afiliado a dicho Seguro y la cobertura en seguridad social en general se ubicaba en el 31.6 por ciento de las y los chiapanecos.
Mientras que el total de familias que no tienen acceso a la seguridad social en este estado es de 2 millones 934 mil 437 personas (511 mil 999 familias).
Daniela Díaz, responsable del proyecto de muerte materna de Fundar, ha enfatizado en reiteradas ocasiones que la cobertura del SP ha dejado del lado a la población que vive en las áreas de mayor marginación ya que solamente el 10 por ciento de las familias afiliadas se encuentran en localidades que tienen el 40 por ciento de hablantes de lengua indígena y 17 por ciento en áreas rurales.
La investigación de Mariana Pérez revela que la mayor cobertura de afiliación se está registrando en las zonas urbanas de las entidades federativas al concentrar al 75 por ciento de los beneficiarios del programa.
Destaca que a finales de 2007, “poco más de 18 millones de personas (de 51 millones) sin seguridad social habían sido afiliadas al SP” y habla de una desaceleración en el proceso de afiliación de las familias.
“Las cifras demuestran que será difícil llegar a la meta fijada para 2010 de afiliar al total de las personas sin seguridad social, es decir 51 millones de mexicanos”, dice la experta.
DÉFICIT EN CALIDAD, INFRAESTRUCTURA Y ATENCIÓN
Para la investigadora, estar afiliado al SP no es garantía de que sus beneficiarios recibirán atención médica de calidad y adecuada, debido en gran medida a que los recursos humanos disponibles e infraestructura son insuficientes, primordialmente en las zonas marginadas.
Sostiene que los servicios prestados por el programa “no se han mantenido a la altura del ritmo de afiliación de los beneficiarios” y entre 2006 y 2007 se registró una caída del promedio en las consultas médicas al pasar de 1.6 a 1.2 consultas por afiliado.
Por otra parte, existe una desigual distribución en la repartición de unidades médicas, refiere la autora de la investigación, quien advierte que en Chiapas, con municipios con alto y muy alto grado de marginación, únicamente cuenta con 31 unidades médicas para prestar servicios de salud, mientras que Nuevo León, cuyo índice de desarrollo humano y nivel de vida es superior al de muchas entidades federativas, cuenta con 181 unidades.
De 2004 a 2007, únicamente se han construido 8 hospitales y de éstos, únicamente tres dan servicios en lugares de alta y muy alta marginación.
Lo grave, señaló Mariana Pérez, es que se están construyendo clínicas y no hospitales en las zonas marginadas que continúan enfrentando los mismos problemas: el acceso, muchas de ellas están muy retiradas, el medicamento no es entregado en tiempo y forma, entre otras cosas, “pero no hay manera de demostrarlo porque no hay información pública”, evidenció la investigadora.
08/LGL/GG
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 19 nov 08 (CIMAC).- De 2004 a 2007, de los 3 mil 303 millones de pesos asignados al Fondo de previsión presupuestaria para la construcción de clínicas y hospitales del Seguro Popular (SP) únicamente se ha ejercido el 30 por ciento (mil 5 millones de pesos), el 70 por ciento restante no se sabe dónde está o cómo se ejerció.
Y en el mismo período de tres años únicamente se construyeron 8 hospitales, denunció Mariana Pérez, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En entrevista con Cimacnoticias, la experta en presupuesto de Fundar, que presentó la semana pasada un análisis sobre el SP en el Foro Derecho a la salud y derechos humanos laborales, sostuvo que no existe información pública sobre cómo funciona el SP.
Esta falta de transparencia en la información y rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados al SP, programa “estrella” de las administraciones panistas, ha ocultado el verdadero impacto en la salud de la población que ha sido afiliada a él, dijo la investigadora.
Y precisó que la infraestructura considerada para prestar los servicios ofrecidos por el SP es prácticamente la misma con la que contaba la Secretaría de Salud para atender a la población abierta antes de la puesta en marcha del nuevo modelo de atención a la salud.
Para la investigadora, “no ha habido esfuerzos suficientes para lograr que exista infraestructura suficiente disponible para los usuarios y que ésta cuente con los estándares mínimos de calidad, en tanto que estar afiliado al SP no necesariamente implica que el derecho a la salud de la población esté asegurado y se cumpla cabalmente”.
AFILIACIÓN IMPOSIBLE
El análisis, realizado con base en preguntas al SISI, enfatiza que el SP no ha cumplido con su cometido de afiliar a las personas de las zonas más marginadas y para 2007 se registró una caída en el promedio del número de consultas, por lo que advierte que será difícil cumplir la meta de afiliar para el año 2010 a los 51 millones de mexicanos sin seguridad social.
Reitera que los estados con mayor concentración de población abierta, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, han afiliado a menos de 50 por ciento de familias sin seguridad social.
A 2006, según datos de Fundar, el 16.2 por ciento de la población carente de seguridad social formal de Chiapas se había afiliado a dicho Seguro y la cobertura en seguridad social en general se ubicaba en el 31.6 por ciento de las y los chiapanecos.
Mientras que el total de familias que no tienen acceso a la seguridad social en este estado es de 2 millones 934 mil 437 personas (511 mil 999 familias).
Daniela Díaz, responsable del proyecto de muerte materna de Fundar, ha enfatizado en reiteradas ocasiones que la cobertura del SP ha dejado del lado a la población que vive en las áreas de mayor marginación ya que solamente el 10 por ciento de las familias afiliadas se encuentran en localidades que tienen el 40 por ciento de hablantes de lengua indígena y 17 por ciento en áreas rurales.
La investigación de Mariana Pérez revela que la mayor cobertura de afiliación se está registrando en las zonas urbanas de las entidades federativas al concentrar al 75 por ciento de los beneficiarios del programa.
Destaca que a finales de 2007, “poco más de 18 millones de personas (de 51 millones) sin seguridad social habían sido afiliadas al SP” y habla de una desaceleración en el proceso de afiliación de las familias.
“Las cifras demuestran que será difícil llegar a la meta fijada para 2010 de afiliar al total de las personas sin seguridad social, es decir 51 millones de mexicanos”, dice la experta.
DÉFICIT EN CALIDAD, INFRAESTRUCTURA Y ATENCIÓN
Para la investigadora, estar afiliado al SP no es garantía de que sus beneficiarios recibirán atención médica de calidad y adecuada, debido en gran medida a que los recursos humanos disponibles e infraestructura son insuficientes, primordialmente en las zonas marginadas.
Sostiene que los servicios prestados por el programa “no se han mantenido a la altura del ritmo de afiliación de los beneficiarios” y entre 2006 y 2007 se registró una caída del promedio en las consultas médicas al pasar de 1.6 a 1.2 consultas por afiliado.
Por otra parte, existe una desigual distribución en la repartición de unidades médicas, refiere la autora de la investigación, quien advierte que en Chiapas, con municipios con alto y muy alto grado de marginación, únicamente cuenta con 31 unidades médicas para prestar servicios de salud, mientras que Nuevo León, cuyo índice de desarrollo humano y nivel de vida es superior al de muchas entidades federativas, cuenta con 181 unidades.
De 2004 a 2007, únicamente se han construido 8 hospitales y de éstos, únicamente tres dan servicios en lugares de alta y muy alta marginación.
Lo grave, señaló Mariana Pérez, es que se están construyendo clínicas y no hospitales en las zonas marginadas que continúan enfrentando los mismos problemas: el acceso, muchas de ellas están muy retiradas, el medicamento no es entregado en tiempo y forma, entre otras cosas, “pero no hay manera de demostrarlo porque no hay información pública”, evidenció la investigadora.
08/LGL/GG
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