2/08/2010


La estafa a los braceros mexicanos

Paulina Monroy

A más de 5 billones de pesos se eleva la deuda con los trabajadores del Programa Bracero. El pago de 38 mil pesos es sólo el 3 por ciento del adeudo real, y los beneficiarios representan sólo el 0.17 por ciento de los casi 5 millones de contratados. “Mientras los exbraceros mueren sin recibir lo justo, el gobierno sigue sin cumplir un adeudo histórico de más de 60 años”: CAM

Afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guanajuato, Felimón Medina Barrera, de 77 años, murió de un infarto. Por años, el exbracero exigió que se le pagara lo correspondiente por su participación en el Programa Bracero. Aquel 8 de diciembre de 2009 se le negó la entrega de 4 mil pesos, pues había un error en el registro de su nombre. La Segob ni siquiera tiene un padrón sobre el número total de exbraceros.

El Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos contempla el pago para los beneficiarios del programa binacional entre Estados y México de 1942 a 1964. Con la creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos en 2003, la Segob contabilizó a 109 mil exbraceros para otorgarles 38 mil pesos.

Días después de la muerte de Felimón, abogados del Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas integraron el Frente Jurista para la Defensa de Exbraceros, constituido para interponer una demanda legal en contra del gobierno federal a fin de recuperar el fondo de ahorro de los trabajadores

Resulta ilusorio –mencionan en un boletín– que en estos tres años se pague a la totalidad de los exbraceros y sus beneficiarios, pues se autorizaron solamente 300 millones de pesos, inferior a los 700 millones de pesos aprobados en un periodo anterior. Con la modificación a las reglas de operación del fideicomiso, los trabajadores sólo reciben abonos anuales de 4 mil pesos.

Desde el comienzo del programa, en 1942, se estipuló crear el Fondo de Ahorro Campesino, con el que se retenía el 10 por ciento del salario diario de los casi 5 millones de contratos firmados. Las empresas contratistas guardaron y transfirieron los recursos para devolverlos a los trabajadores agrícolas.

El reporte de investigación Programa bracero: una historia de 65 años de desprecio, del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, publicado en diciembre de 2008, dice que han pasado más de 60 años de saqueo a los trabajadores: “Se enfrentan a la vejez y, en vez de vivirla dignamente con el fruto de su trabajo. Han tenido que enfrentar una desgastante lucha por el reconocimiento del producto de su trabajo de muchos años: la devolución del dinero que el gobierno se niega a reconocer y pagar”.

Por más de 60 años –calcula el CAM–, el gobierno utilizó más de 670 millones de pesos, más los intereses generados, producto de los años de trabajo de los braceros.

El monto de la deuda fue de más de 5 billones de pesos hasta 2008; sin embargo, el fideicomiso sólo pretende pagar el 0.0058 por ciento al 0.17 por ciento de los contratos que se firmaron con el Programa Bracero.

“El gobierno apuesta –reflexiona el CAM– a que los exbraceros mueran, dado que su edad oscila entre los 90 y 100 años. Espera su desaparición y el olvido de este despojo, además de poner trabas a los familiares que intentan recuperar el dinero que sus padres o esposos trabajaron durante años”.

Maltrato laboral

Firmado el 23 de julio de 1942, después de sólo 10 días de negociación, el convenio binacional contemplaba que los braceros cubrieran la escasez de mano de obra de Estados Unidos en la agricultura. De esta forma, el gobierno estadunidense sería el contratista y los trabajadores mexicanos adquirirían los mismos derechos que cualquier ciudadano. Se les proporcionaría techo adecuado con las condiciones sanitarias necesarias y alimentación.

“Aunque significó una oportunidad de trabajo para los campesinos mexicanos –opina el CAM–, fue a costa de la explotación y la humillación de las empresas contratistas”.

Considera que no obstante las condiciones que se establecían no eran desfavorables y protegían legalmente a los braceros, “en la mayoría de los casos fue violado por ambos gobiernos”. Y es que mientras el gobierno de Estados Unidos violó el contrato, el gobierno mexicano los despojó del 10 por ciento de su salario, más los intereses acumulados.

Los salarios deberían ser iguales al pago de los trabajadores agrícolas estadunidenses, pero nunca menos a 30 centavos de dólar por hora. No obstante, sufrieron violaciones y vejaciones físicas y psicológicas, describe el CAM: desde su llegada a los centros de reclutamiento, cuando se les rociaba con el insecticida DDT para “matar pulgas mexicanas” y se les sometía a revisiones corporales para verificar que no tuvieran enfermedades venéreas.

El traslado de los braceros desde México se realizaba en condiciones inseguras, pues viajaban en trenes de carga sin puertas ni alimentos. Respecto de la vivienda, el reporte de investigación Programa bracero: una historia de 65 años de desprecio señala que todos los braceros eran alojados en galeras donde compartían dos regaderas con agua fría.

Los alimentos eran también descontados de su salario. Se les servían en pequeñas cantidades y de mala calidad, insuficientes para quienes laboraban 18 horas continuas en el campo.

El documento apunta que las condiciones laborales establecidas en los contratos tampoco se cumplieron. Aunque se estipulaba que ningún trabajador podría ser alistado por el ejército estadunidense, hay testimonios sobre reclutamiento para participar en la Segunda Guerra Mundial.

Además de las labores que realizaban como parte de su jornada, los braceros trabajaban horas extras que no eran pagadas, y cumplían con tareas que no estaban estipulados en sus contratos.

Despojo a exbraceros

La cláusula quinta del contrato de trabajo estipulaba que se descontara el 10 por ciento del salario de los braceros. Los montos serían conservados en calidad de depósito en el Banco de Crédito Agrícola de México, hoy Banco de Crédito Rural del Centro, para devolverlos a los braceros a su regreso.

De acuerdo con el CAM, pese a que la cláusula fue establecida en 1945, el descuento fue aplicado desde 1942 a 4 millones 678 mil 632 contratos. Anualmente, las retenciones iban desde los 12 millones 398 mil 400 hasta los 47 millones 223 mil 750 pesos.

La deuda del gobierno a los braceros, de 1943 a 2008, alcanzó los 5 billones 90 mil 231 millones 275 mil 310 pesos. Es así, advierte el CAM, que a cada trabajador le corresponderían, por el concepto del Fondo de Ahorro Individual, 1 millón 96 mil pesos: “Bajo esta lógica se les despoja del 97 por ciento del dinero que en verdad les corresponde”.

En 2003, durante la administración de Vicente Fox, la entonces LVIII Legislatura creó una comisión especial para investigar el destino del fondo. Luego de cinco años, se resolvió crear el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, con 300 millones de pesos. Únicamente cubre un apoyo de 38 mil pesos para sólo 7 mil 800 exbraceros.

El CAM indica que la cantidad de trabajadores a los que se les va a pagar equivale al 0.17 por ciento de los casi 5 millones de contratos firmados. Además, la cantidad apenas representa el 0.006 por ciento de lo que les corresponde. “El porcentaje del despojo asciende a 99.994 por ciento. Éste, junto con otros fraudes, como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, es de los robos más grandes que ha realizado el gobierno mexicano a la clase trabajadora”.

Según la respuesta de la Segob a una solicitud de información pública el 13 de febrero de 2004, la entidad dijo desconocer el padrón de los trabajadores que se integraron al Programa Bracero.

La deuda del gobierno federal representa el 52 por ciento del Producto Interno Bruto de 2007, es decir, “poco más de la mitad de toda la riqueza generada en el país durante 2007”.

Para tener acceso al fideicomiso, advierte el reporte de investigación, los exbraceros deben cumplir con requisitos imposibles de cubrir, pues deben presentar documentos que no conservan o les han sido retenidos.

El artículo sexto del Decreto por el que se Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos ordena que para acreditar haber sido trabajador migratorio mexicano, el beneficiario deberá presentar uno o más de los siguientes documentos: el contrato individual de trabajo, el comprobante de pago emitido por el contratante o la tarjeta de identificación consular.


Fondo de Ahorro Campesino: 5 billones 90 mil 231 millones 275 mil 310 pesos

Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos: 300 millones de pesos

Fondo de Ahorro Campesino por contrato: 1 millón 96 mil 560 pesos

Cantidad del Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos por beneficiario: 38 mil pesos

Fuente: CAM de la Facultad de Economía de la UNAM


Monto anual retenido y número de contratos

Año

Monto

Contratos

1943

17 millones 605 mil 500 pesos

52 mil 98

1944

24 millones 444 mil pesos

62 mil 170

1945

26 millones 723 mil 500 pesos

49 mil 454

1946

16 millones 441 mil 500 pesos

32 mil 43

1947

14 millones 162 mil pesos

19 mil 632

1948

12 millones 398 mil 400 pesos

35 mil 345

1949

14 millones 97 mil 600 pesos

107 mil

1950

16 millones 781 mil pesos

67 mil 500

1951

25 millones 604 mil pesos

192 mil

1952

24 millones 998 mil pesos

197 mil 100

1953

29 millones 160 mil 880 pesos

201 mil 380

1954

31 millones 598 mil 910 pesos

309 mil 33

1955

31 millones 297 mil 500 pesos

398 mil 650

1956

47 millones 223 mil 750 pesos

445 mil 197

1957

41 millones 490 mil pesos

436 mil 49

1958

44 millones 601 mil 250 pesos

432 mil 857

1959

47 millones 187 mil 500 pesos

437 mil 643

1960

45 millones 96 mil 250 pesos

315 mil 846

1961

42 millones 682 mil 500 pesos

291 mil 420

1962

44 millones 38 mil 750 pesos

194 mil 978

1963

38 millones 461 mil 250 pesos

186 mil 865

1964

36 millones 122 mil 500 pesos

177 mil 736

1965

ND

20 mil 286

1966

ND

8 mil 647

1967

ND

7 mil 703

Fuente: CAM de la Facultad de Economía de la UNAM

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