TIEMPO DE MUJERES

Política fiscal 2010: la continuidad del genocidio económico

Marcos Chávez M

“[Pero] el sol brillaba, no teniendo otra alternativa, sobre lo nada nuevo”. Murphy, 1938

“[Pero] pronto, a pesar de todo, [estaré] por fin completamente muerto”. Malone muere, 1952

Samuel Beckett

Si 2009 fue catastrófico para la mayoría, debido a la peor recesión registrada desde 1932, y la apatía oficial por instrumentar un efectivo plan anticíclico que atenuara sus efectos, 2010 será de tierra arrasada, porque Felipe Calderón y su equipo, la oligarquía y la mayoría legislativa priista, panista, “verde” y de Nueva Alianza, la sacrificarán una vez más. La política económica diseñada para el año es la continuación del genocidio económico asociado a la guerra de clases declarada por las elites contra el pueblo, desde 1983, cuando impusieron el actualmente colapsado proyecto neoliberal. Será un año sombrío y crítico, caracterizado por la intensificación del saqueo de los bolsillos de la población, a través del desaforado cúmulo de impuestos recetados, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de empleos y el intento por legalizar el desmantelamiento de las leyes laborales que, de facto, el gobierno y los empresarios aplican desde hace tiempo, según las directrices de la “flexibilidad” del mercado de trabajo enseñadas por los Chicago boys de Chile, en la década de 1970, durante la sangrienta dictadura militar.

Si alguien se atreve a protestar ante la creciente pobreza y miseria que ha sido condenado, las elites utilizarán el garrote policiaco-militar que se pasea impunemente por las calles del país, desde que sustituyeron el estado de derecho por el estado de excepción. La tiránica “mano invisible” del “mercado libre” de la dictadura neoliberal y la mano autoritaria del sistema político se cerrarán con mayor fuerza sobre el cuello de la mayoría.

Un programa económico con sentido social, es decir, antineoliberal, implicaría la creación de empleos formales y dignos, el reforzamiento del poder adquisitivo de los salarios, la mejor distribución del ingreso, el bienestar. En 1922, Henry Ford, ¡nada menos!, apoyaba los salarios altos para “forzar” el consumo. Decía que “nuestro propio éxito depende en parte de los salarios que paguemos. Si repartimos mucho dinero, éste se gasta [y] se traduce en el aumento de la demanda [de nuestros automóviles]. [La disminución del empleo y el ingreso] reduce el poder adquisitivo de los asalariados y estrecha el mercado interior”. Ante la gran recesión de la década de 1930, Keynes propuso como medidas contracíclicas la vigorosa expansión del consumo (más empleos y salarios) y de la inversión pública. En 1931 calificaba a la política inglesa como “digna de la cordura de un asilo de alienados”, porque al reducir el poder de compra de los ciudadanos, junto con el desempleo, se afectaban los ingresos fiscales, las rentas y las ganancias. Keynes sólo deseaba para salvar al capitalismo ante el fracaso de los economistas neoclásicos y el “mercado libre”. En su obra ¿Soy un radical?, de 1925, dijo: “No puedo permanecer insensible a lo que creo que es la injusticia y el sentido común; pero la lucha de clases me hallará del lado de la burguesía ilustrada”.

En Brasil, Lula aumentó el salario mínimo en 9.68 por ciento para 2010, 49 por ciento-115 por ciento por encima de la inflación esperada (4.5 por ciento-6.5 por ciento). Con esa alza espera que el consumo funcione como un instrumento contracíclico, que estimule el mercado interno y reduzca la desigualdad en los ingresos. En Argentina se ha privilegiado el aumento de los salarios reales, la reactivación productiva y la generación de empleos formales.

En México nuestras zafias burguesía y elite gubernamental optaron por la “política digna de la cordura de un asilo de alienados”. Versados en el fundamentalismo neoliberal se inclinaron por reforzar la ley de hierro de los salarios vigente desde 1983 y propuesta por el dinosaurio economista inglés David Ricardo (1777-1823): la máxima explotación del trabajador para obtener la mayor tasa de ganancia, pagándole un salario limitado a lo estrictamente necesario, un límite mínimo para sólo pueda subsistir sin morirse de hambre. Hacienda proyectó una inflación anual de 3.3 por ciento para 2010. El salario mínimo, el “piso” de referencia de las otras categorías, subió de 53.19 a 55.77 pesos diarios, en promedio nacional: 4.85 por ciento más 2.58 pesos más, por lo que se ubicaría en 47 por ciento por arriba de la inflación esperada. Pero la cascada de aumentos en los precios de bienes y servicios administrados (gasolina, diésel, gas, electricidad, transporte del metro, tren ligero) y los impuestos (el predial, la tenencia, el costo de las licencias, la verificación de vehículos) obligó al banco central a reconocer que la inflación superará el 5 por ciento (El Universal, 1 de enero de 2010), lo que deteriorará aún más el poder de compra de los salarios y el nivel de vida de la población. En el pecado llevarán la penitencia: el consumo se deprimirá y afectará las ventas, las ganancias y la recaudación fiscal. El aumento salarial no fue libremente negociado con los trabajadores, debilitados por la grave crisis, el desempleo y el temor al mismo. Fue impuesto autoritariamente por Calderón, los empresarios y los matones capos del sindicalismo corporativo, por una política de Estado dirigida por el troglodita Javier Lozano, que reprime a los trabajadores peor que a los delincuentes.

Esa política salarial es deliberada, porque con la reducción del consumo se busca abatir la inflación, los costos de las empresas para elevar su productividad, competitividad y rentabilidad, el gasto público real destinado al pago de los empleados que no son funcionarios y atraer la inversión extranjera directa. El genocidio económico, el hambre, la pobreza y la miseria de las mayorías constituyen las bases del neoliberalismo, de las grandes fortunas y el ajuste fiscal.

En el primer trienio calderonista, el alza salarial fue subordinado a la inflación esperada, pero la alcanzada fue superior cada año, por lo que el poder de compra del salario mínimo acumuló una pérdida de 2 por ciento, medida por el índice general de precios, o de 4.6 por ciento si se considera la canasta básica. Los salarios contractuales retrocedieron 1.7 por ciento y 4.6 por ciento. En 2006, el salario mínimo real se había contraído 76.6 por ciento respecto de su máximo histórico de 1976; en 2009, a 77 por ciento. El 13 por ciento de las personas ocupadas (5.9 millones de 43.9 millones) sobrevive misteriosamente con ese ingreso, al igual que el 9 por ciento de los trabajadores subordinados (5.6 millones de 20.6 millones). El poder de compra de los salarios contractuales respecto del índice general se desplomó 56.1 por ciento y 56.8 por ciento, de su máximo histórico de 1987; a 57.4 por ciento y 59.1 por ciento en el caso de la canasta básica. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que elabora una canasta alimenticia recomendable (consumo diario de una familia integrada por cinco personas, dos adultos, un joven y dos niños), estima que la pérdida del salario mínimo fue de más de 7 por ciento en 2009, más de 37 por ciento con el calderonismo, y de 84.2 por ciento desde 1982. Ellos calculan el precio de tal canasta en 145-160 pesos diarios (El Universal, 2 de enero de 2010).

En su voracidad, las elites no esperaron el inicio de 2010 para lanzarse como una atropellada manada de hienas hambrientas sobre los menguados ingresos de la población. Los hombres de presa inauguraron el saqueo con el alza de algunos precios (cervezas, cigarros, tortillas, entre otros), seguidos por los calderonistas (gasolinas), ante la supuesta extrañeza de los congresistas priistas, que se desgarraron las vestiduras. Los panistas fueron consecuentes con su postura antisocial: justificaron las alzas porque, como siervos de Calderón, las habían aprobado, junto con la mayoría legislativa. Les dio lo mismo la premura. Los priistas hicieron gala de su cinismo y del desprecio que les merece la sociedad, antes de irse de vacaciones. Esos aumentos, junto con el del gas y el transporte del Metro y Tren Ligero, ya devoraron los 2.58 pesos adicionales en el salario. Ése fue el preludio de la rapiña que se avecina. El alza generalizada de precios que seguirá y los impuestos desfondarán el poder real de compra de los salarios.

Las elites escaparán y se beneficiarán del pillaje legalizado, porque no serán tocados en sus ganancias y privilegios presupuestales. La austeridad en el gasto público no es para la elite política. Sus mayores tributos serán pagados con nuestros impuestos y sus insultantes ingresos serán iguales antes y después del pago de sus gravámenes. Sus demás prebendas no fueron manoseadas. Los empresarios, sobre todo la oligarquía, no resentirán los estragos de los nuevos impuestos y el alza de las tarifas de los bienes y servicios públicos, porque los eludirán, evadirán, deducirán o los trasladarán hacia la población con el aumento de sus precios. La inflación, especulativa y por costos, constituye un excelso mecanismo para compensarlos y elevar sus beneficios, en reemplazo de la baja demanda. Durante varios meses se observará una pugna por la recomposición de la tasa de ganancia en la economía. Las grandes empresas y las “formadoras de precios”, públicas y privadas, en su mayoría transnacionales, liderarán la inflación en contra de los demás productores y los consumidores. Las pequeñas y medianas empresas ajustarán sus precios al proceso inflacionario; algunas desaparecerán.

La población se verá obligada a recomponer y reducir su consumo, en proporción al aumento de impuestos directos e indirectos aprobados (el Impuesto al Valor Agregado de 15 por ciento a 16 por ciento; a la renta, de 28 por ciento a 30 por ciento; a los depósitos en efectivo, de 2 por ciento a 3 por ciento; el 3 por ciento a los servicios de telecomunicaciones; el 26.5 por ciento a la cerveza; el 30 por ciento a juegos y sorteos; 80 centavos más al tabaco en 2010-2011, y otros 40 centavos en 2012), la inflación y el recorte de subsidios. La pérdida en el poder de compra de 70 millones de personas, pobres y miserables, será la ganancia tributaria del Estado y de las utilidades empresariales. El deterioro en 2010 será el peor durante el calderonismo y en 11 años.

El menor consumo, la austeridad fiscal y la restricción monetaria serán procíclicos, retrasarán la reactivación, la harán más lenta. El banco central estima que se crearán 300-400 mil nuevos empleos. Entre octubre de 2008 y noviembre de 2009 se perdieron 417 mil plazas permanentes. El desempleo abierto pasó de 1.6 millones a 2.9 millones; las personas que dejaron de buscar un empleo por considerar que no lo encontrarían, de 4.8 millones a 5.4 millones; los informales, de 12.1 millones a 12.4 millones. De los 2.1 millones de personas que han emigrado con el calderonismo, sólo regresaron 1.3 millones: 780.8 mil se quedaron fuera, 23.4 mil por mes. Por la recesión, 1.5 millones de personas buscaron empleo por primera vez y no lo encontraron. En 2010 ocurrirá lo mismo con otro millón más. La delincuencia, la descomposición sociopolítica y el descontento se verán reforzados.

El sistema capitalista muestra su violenta esencia parasitaria. Sólo puede alimentarse y vivir dañando al organismo social que depreda. Pero ya ha afectado las condiciones que garantizan su prosperidad, lo que obligará a definir la supervivencia entre el huésped o el anfitrión. La sociedad adquirirá su conciencia de clase y el imperativo del cambio por cualquier medio.

El 17 de diciembre de 1910, Ricardo Flores Magón, ideólogo precursor de la Revolución Mexicana, escribió en su periódico Regeneración: “El capital quiere ganancias y no se preocupa de la vida humana. La ganancia es la causa del trabajo fatigoso; [la] insalubridad en las fábricas, los talleres y las viviendas de los trabajadores; la mala alimentación que el trabajador pueda conseguir por los salarios miserables que gana y que teme que de un momento a otro no podrá llevar pan a la familia; el disgusto del presente que minan la salud de las clases pobres [y] diezman a los desheredados; la inquietud por el porvenir. El gobierno [los monigotes descerebrados que la hacen de autoridad] es guardián del capital [y de las] leyes bárbaras dictadas por el estúpido egoísmo de las clases encumbradas. El capital es nuestra cadena común. La miseria, por sí sola, es más horrible que la guerra, y causa más estragos que ella. ¿Por qué temer a la guerra? Si se tiene que morir aplastado por la tiranía capitalista y gubernamental en tiempo de paz, ¿por qué no morir mejor combatiendo a los explotadores y tiranos que nos aplastan?