María Elena Morera
La historia de miles de mexicanos víctimas de un delito se repite cada vez que se acude en búsqueda de apoyo a alguna dependencia que, en teoría, pensamos, está para servirnos. Aun con su pena, el dolor de las víctimas le es indiferente a los demás, por lo que se es relegado y revictimizado por la ignominia de cada agencia del Ministerio Público, de cada juzgador, de cada corporación policiaca, de cada gobernante que, de entrada, nos responsabiliza por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.
El “a mí no me toca” ha hecho mucho daño a las personas que lamentablemente hemos sufrido el embate de la delincuencia. El “pelotear” los casos, como se conoce en el lenguaje de algunos servidores públicos, o dejarlos a la buena suerte ha alejado a los ciudadanos de la denuncia y minado su confianza para resolver el problema.
Ser víctima en México es una pesadilla. Se nos considera sólo un daño colateral o algo sacrificable en el sentido literal del término. No hay suficientes protocolos establecidos para obtener una respuesta a la problemática. El sendero para acceder a la justicia es lento, tortuoso y acaba con la paciencia de cualquiera.
La naciente Procuraduría Social de Atención a Víctimas se propone como una ayuda en el camino de los afectados. Aunque tardío, es un organismo necesario que plantea, desde la autoridad, contribuir a resolver el derecho de las víctimas, la reparación del daño y esclarecer quiénes son los miles de muertos producto de la llamada “guerra contra el narco”.
Las propias autoridades calculan en calidad de desaparecidas a cerca de 14 mil personas en lo que va del sexenio. No se sabe si fueron levantadas por un grupo criminal o qué pasó con ellas. Lo cierto es que el cúmulo de personas que buscan a un familiar es terriblemente alto.
Actualmente hay miles de mexicanos buscando a su padre, a su hermano, a sus hijos, o a su cónyuge y ya no saben en qué morgue o en qué fosa clandestina buscar. En este sendero son presa fácil de seudoinvestigadores, de charlatanes e incluso de supuestos videntes. Empiezan por ser víctimas de la delincuencia para luego ser revictimizadas por la indiferencia de la autoridad y tristemente terminan por ser estafados.
Si Províctima se da el lujo de fracasar, sería un pésimo mensaje para todos aquellos que buscan un apoyo real a su problema, sería una señal negativa para recuperar nuestra seguridad y sería el mejor incentivo para la violencia. Como sociedad tenemos que encaminar esfuerzos para lograr que las víctimas transiten a un sendero de sobrevivientes.
Necesitamos dar pasos en firme con un marco legal confiable que garantice lo que sí va a poder realizar para no sembrar falsas esperanzas. El aporte de instituciones como la UNAM para tener una ley de víctimas sólida y susceptible de ser aprobada por los legisladores es fundamental para identificar las oportunidades de éxito y dibujar un escenario futuro de atención pronta y expedita.
El empuje de organizaciones de la sociedad civil especializadas en seguridad y de movimientos ciudadanos es determinante para que funcione correctamente. El diálogo de víctimas impulsado por el Movimiento por la Paz, que observamos este fin de semana con el presidente Felipe Calderón, nos ayuda a comprender el sentido que debe tener la nueva dependencia federal y la fuerte necesidad que tenemos de sanar nuestras heridas.
En el camino coincidimos en que necesitamos instituciones fuertes que acompañen a los ciudadanos y que nos alejen del miedo al que nos vemos sometidos en este momento de emergencia nacional.
Todos somos víctimas, y como tales necesitamos transformar nuestro lenguaje impulsando acciones ciudadanas que recuperen las plazas y los espacios públicos. Coincidimos también en que tenemos que reforzar la prevención y encaminar los esfuerzos a la búsqueda de la paz.
Es evidente que el número de víctimas no puede seguir creciendo y que como organización de la sociedad civil estamos obligados a exigir que el tratamiento de las violencias y la delincuencia cambie. Sabemos que una buena parte de la sociedad está escéptica ante promesas incumplidas. Necesitamos hacer de todo nuestro país un lugar seguro, donde la vida y las leyes se respeten, donde aprendamos a respetar al otro en su integridad. Necesitamos fortalecer el tejido social, impulsar el empleo y la educación sin excluir a persona alguna.
Ante los agravios que padecemos, tanto directos como indirectos, los ciudadanos estamos indignados, lo que sigue es comprometerse.
me.morera@gmail.com
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@causaencomun
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