El Estado mexicano fue condenado en la CIDH por negligente
Domingo 18 de diciembre de 2011, p. 15
Ciudad Juárez, Chih., 17 de diciembre. Para recordar a más de mil muertas de Juárez, asesinadas en los últimos 18 años –entre ellas Marisela Escobedo Ortiz y otras activistas–, fue inaugurado hoy un mural en la zona centro, a espaldas del parque Los Periodistas, por organizaciones sociales.
En el homenaje a las mujeres que fueron ultimadas de 1993 a la fecha, familiares y activistas exigieron justicia por los crímenes: entre ellos los de cinco integrantes de la familia Reyes Salazar, en el Valle de Juárez, y el de Susana Chávez, quien acuñó la frase Ni una más
.
Los asistentes realizaron un festival político cultural y colocaron ofrendas florales, fotografías de las desaparecidas y cruces. Con bailes y cantos, unas 60 personas se citaron para denunciar lo que llamaron el nulo o poco trabajo de las autoridades sobre el esclarecimiento de la muerte de las activistas –en particular el de Marisela Escobedo.
La activista Verónica Corchado dijo que seguirá luchando por el esclarecimiento de los homicidios y manifestó que es necesario que Juárez sea una ciudad donde se respeten los derechos humanos de las mujeres. Señaló que con el mural tendrán la oportunidad de ir tejiendo la memoria colectiva de agravios hacia las féminas. El dolor, esperanza y sabiduría de las mujeres fronterizas, donde la vida de todas se conecta.
El mural forma parte de una serie de trabajos donde jóvenes integrantes de colectivos hacen visibles los rostros y las historias de mujeres que hilvanan desde lo cotidiano la solidaridad y la lucha por la justicia y la dignidad.
Dieron a conocer que el Tribunal de Conciencia, instaurado por grupos civiles el viernes pasado frente al palacio de gobierno de la ciudad de Chihuahua, encontró “responsable y culpable al Estado mexicano así como a los gobiernos estatales (anterior y actual) por la impunidad en el feminicidio de Rubí Frayre y el de su madre Marisela Escobedo.
Explicaron que los resolutivos del tribunal se inscriben en la tradición de las mujeres de luchar de una manera responsable para construir alternativas de paz social y para recuperar una legalidad sustentada en la justicia y el respeto de los derechos humanos.
Afirmaron que la negligencia y omisión de las autoridades ante la violencia contra las mujeres han ocasionado que el Estado mexicano sea condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del campo algodonero, donde salieron a relucir aspectos fallidos en los procesos de investigación judicial, la falta de profesionalismo y compromiso de funcionarios a cargo de la investigación, además de la impunidad sistémica. Es en este contexto de violencia feminicida estructural en el que deben ubicarse los feminicidios de Rubí Frayre y Marisela Escobedo, y exigieron que se apliquen acciones efectivas para aprehender a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, ex pareja y asesino confeso de Rubí Escobedo.
Recomendaron que el gobierno estatal revise el sistema penal acusatorio para que se incorpore la perspectiva de género en los mecanismos de procuración e impartición de justicia, y se vaya modificando la cultura jurídica patriarcal así como las prácticas sexistas y discriminatorias de servidoras y servidores públicos.
También, que el gobierno local rinda cuentas de los procesos de investigación, en particular a los familiares de las víctimas de feminicidio y de los asesinatos y agresiones en contra de defensores de derechos humanos.
Pidieron que se aplique un mecanismo eficaz de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, con un enfoque de género. Señalan que debe asignarse un presupuesto propio a este mecanismo y consideraron que es importante la participación de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de las organizaciones de la sociedad. Al mismo tiempo, señalaron que debe evitarse la criminalización de las y los defensores de derechos humanos.
Se pronunciaron porque el gobierno local contemple la asignación y fiscalización de recursos económicos específicos para la aplicación efectiva de las acciones destinadas a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, y en especial los feminicidios.
Manifestaron que ante las acciones de exterminio y amenazas en contra de la familia de Marisela Escobedo, los diferentes órdenes de gobierno y los poderes del Estado mexicano deben interponer acciones eficaces para prevenir y proteger la vida e integridad de toda la familia
El tribunal fue instalado donde mataron a Marisela Ortiz y sus integrantes son: Mariana Gómez Álvarez Icaza, Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM; Teresa Pérez Vázquez, Tribunal Permanente de Pueblos, CIPE; María de la Luz Estrada, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Javier Ávila Aguirre, Comisión de Solidariad y Defensa de los Derechos Humanos, AC; Magdiel Sánchez, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Víctor M. Quintana S., Red de defensoras y defensores de los derechos humanos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario