Jornaleras no denuncian por temor a ser deportadas: HRW
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF, 5 jun 12 (CIMAC).- El gobierno de Estados Unidos y los empleadores del sector agrícola en ese país deben adoptar medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual que sufren las migrantes de México y América Latina que laboran en los campos del vecino del norte, urgió Human Rights Watch (HRW).
En el informe “Cultivar el temor”, HRW advirtió que el problema es grave pues cada año cientos de miles de mujeres y niñas migrantes ocupadas en ese ramo padecen violencia y acoso sexual. Abundó que su situación empeora si carecen de documentos de estancia legal y permiso para trabajar.
Quienes están en situación migratoria irregular no denuncian este delito por miedo a ser deportadas a sus países de origen, añadió el organismo internacional.
En el informe se da voz a Patricia M., migrante mexicana víctima de violación sexual, quien a pesar de no tener visa llegó a EU a los 21 años de edad y consiguió un empleo cosechando almendras.
Se calcula que en la nación vecina hay 1.4 millones de trabajadoras y trabajadores agrícolas, de los cuales 68 por ciento nació en México, según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS, por sus siglas en inglés).
De 2001 a la fecha se estima que al menos la mitad de las y los empleados del campo están en situación irregular.
Patricia M. fue agredida por el mayordomo o supervisor del campo en el que laboraba. La joven dijo que le ofrecía alimentos y bebidas, y le insinuaba que podía ayudarla.
El agresor acostumbraba trasladar en vehículo a las y los empleados hasta una gasolinería cercana a sus casas, pero un día no dejó bajar a la joven con el pretexto de que iría a buscar un dispensador de agua, pero la llevó a un campo alejado y la violó sexualmente.
Patricia no le contó a nadie, no tenía familia en EU y no quiso contarles por teléfono lo que había pasado. “Me sentí muy triste y sola”, relató a HRW.
Después de la agresión, Patricia M. siguió trabajando en esa misma granja, no podía dejar ese trabajo porque durante el invierno no hay otros empleos. Y la violencia continuó: “Siguió violándome y yo lo permití porque no quería que me golpeara”.
La joven descubrió que estaba embarazada y supo que podía solicitar una licencia de maternidad. Acudió a una oficina de servicio social donde le preguntaron si tenía pareja. Ella les contó lo ocurrido y la apoyaron para presentar una denuncia penal.
Patricia reconoce que sin el respaldo de esta oficina no habría denunciado, porque “tenía miedo de ir a la cárcel, tenía miedo de que me enviaran a México por ser ilegal”.
A pesar de que demandó al mayordomo, él nunca fue juzgado ni condenado por el delito. Supuestamente, tras su arresto, la policía lo contactó con autoridades migratorias y lo deportaron.
En el informe “Cultivar el temor”, HRW denunció que varias mujeres entrevistadas fueron violadas por un supervisor o un compañero de trabajo. Este tipo de casos han sido documentados por diversos defensores de trabajadoras y trabajadores agrícolas en Texas, California, Arizona y Florida.
De igual modo, el organismo internacional reportó que las formas de violencia y acoso sexual más frecuentes fueron “el manoseo, el abuso verbal y el exhibicionismo”, cometidas sobre todo por supervisores y compañeros de trabajo de mayor jerarquía.
HRW llamó a EU a cumplir con los instrumentos internacionales que ha ratificado o signado como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que lo compromete a garantizar la seguridad de las migrantes y a no discriminarlas.
El artículo 7 del PIDCP y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, señalan la obligación de los Estados de prohibir este tipo de tratos, entre los que está la violación sexual.
Además, el documento cita los compromisos asumidos por Estados Unidos al firmar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como la garantía de medidas efectivas legales, preventivas y de protección para proteger a las víctimas de violencia, así como la responsabilidad de juzgar a los responsables.
HRW recomendó al vecino país del norte reformar leyes federales y locales para proteger los Derechos Humanos de las y los trabajadoras agrícolas, sin importan su condición migratoria, facilitar su estancia legal, así como promover la denuncia y garantizar la impartición de justicia en estos casos.
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