Asignatura pendiente

José Antonio Crespo

La democracia se distingue de las demás formas de gobierno al menos en dos aspectos centrales: la vía para acceder al poder y la manera de ejercerlo. En lo primero, cuenta fundamentalmente la existencia de un sistema electoral abierto, competitivo con mínimos de equidad e imparcialidad, y con voto universal que permitan a por lo menos dos opciones reales disputar el poder de manera pacífica y civilizada. Sin duda hemos avanzado significativamente en ello, pese a todo. El segundo criterio es la forma en que se desempeña el poder; con controles institucionales y políticos que hagan más difícil (aunque no imposible) abusar del poder público. Y cuando ello ocurre, un elemento esencial de la democracia es la capacidad institucional de llamar a cuentas a los gobernantes abusivos, sea administrativa, política o incluso legalmente, según el tipo y gravedad de su infracción. Desde luego, a mayor poder, mayor responsabilidad, por lo que este esquema incluye la posibilidad de remover pacíficamente (y en su caso llevar ante la justicia) a quien más poder detenta; es decir, el jefe de gobierno. Es ahí donde aún estamos muy rezagados en nuestra democratización; lo que ha prevalecido es la impunidad, salvo en situaciones de crisis institucional (revoluciones, guerras civiles o golpes de Estado), pero justo eso es lo que ofrece la democracia; la posibilidad de llamar a cuentas a algún gobernante abusivo sin necesidad de violencia y crisis institucional. El costo de haber depuesto y exiliado a Porfirio Díaz fueron cientos de miles de muertes y un rezago económico de al menos 30 años. En cambio, el costo humano, social o económico de remover a Richard Nixon en EU fue cero. He ahí la diferencia.

Pero evidentemente esa es la asignatura pendiente de nuestra democracia; no digamos que pueda removerse y llamar a cuentas a un presidente en funciones (como lo era Nixon), sino ni siquiera lo hemos podido hacer con ex presidentes. Muchos países en transición democrática lo han hecho ya; Chile, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina, e incluso India, Corea del Sur y Taiwán (que tuvo, como México, una dictadura de partido aún más férrea que la nuestra). Pero no aquí. Y es que prevalece aún una regla no escrita del viejo régimen: la impunidad a los ex presidentes es respetada por sus sucesores con vistas a ellos mismos abusar del poder sin ser llamados a cuentas al término de su mandato. Esa regla es justo lo que ofreció cambiar el PAN al llegar al gobierno. Pero la mantuvo intacta. Recordemos cómo Vicente Fox ofreció durante su campaña llamar a cuentas a Carlos Salinas. Lejos de ello, trabó alianza política con el “villano favorito” y le allanó el terreno para su retorno tras un forzado y desolado exilio político. Más aún, Fox incurrió justo en lo que el PAN criticó a lo largo de su historia: enriquecimiento de su familia a través de corruptelas y tráfico de influencias. Por otro lado, su antidemocrático esfuerzo para evitar el acceso al poder de López Obrador (que culminó exitosamente) probablemente se debió menos a diferencias ideológicas y más al temor de que El Peje lo llamara a cuentas. Por eso mismo, durante la elección pasada fue justo cuando se vio el acercamiento de López Obrador a Peña Nieto en algunas encuestas cuando salió enfático a solicitar el voto por el priísta; Fox quería quedar bien con Peña, desde luego, pero más importante era detener al candidato del PRD, para preservar su impunidad.

Por su parte, Calderón pudo muy bien llamar a cuentas a la familia política de Fox (a menos que éste tuviera elementos inculpatorios contra Felipe). Pero mantuvo el pacto de impunidad presidencial, que ahora también le favorecerá frente a las demandas que se le formulan de juicio por su fallida (e irresponsable) guerra contra las drogas. Para llamar a cuentas a un ex presidente tendría que ocurrir una de dos cosas: que el presidente en turno llevara a la justicia a algún predecesor (no necesariamente el inmediato), renunciando con ello a su propia impunidad (por el precedente sentado); o bien que dicha decisión no recaiga ya en el Ejecutivo, sino en alguna instancia distinta. En todo caso, no hay visos de que podremos acreditar aún dicha asignatura pendiente. Mientras tanto, continuaremos en el rezago democrático.

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Investigador del CIDE