1/17/2013

Los periodistas pal cafe.....




No ha dado un buen ejemplo Enrique Peña Nieto al informar sobre su situación patrimonial (y no sólo por los errores prosódicos y de nomenclatura oficial, como de gordillismo precoz, que cometió nuevamente a la hora de leer los textos que le preparan). Tal cual parece irse perfilando como sello del sexenio, se ha privilegiado la escenografía y el discurso, aunque la sustancia sea poca o insuficiente. Ayer, en el patio de honor del Palacio Nacional y con pretensiones de gran apertura informativa, el ocupante de Los Pinos hizo saber el conjunto de sus bie- nes muebles e inmuebles, en cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes. Sin embargo, el ex gobernador del estado de México decidió no establecer el monto al que ascienden sus propiedades, aunque en relación con casas y terrenos dejó constancia de los datos registrales que podrían permitir una valoración aproximada.
El atole de transparencia con el dedo se inscribe en el curso involutivo que puede percibirse en diversos ámbitos de la actividad pública a partir de que los modos y la conceptualización priístas están de regreso. Tragicomedia institucional entre los muy sintomáticos tropiezos a la hora de precisar el nombre del órgano institucional al que se pretendía enaltecer: como si le hubieran pedido los nombres de tres libros que hubieran marcado su vida, el mexiquense patinó a la hora de hablar del instituto de información y de acceso... de información y de acceso a la opinión pública... De toda la información disponible... para la ciudadanía; del gobierno, el Ifai. Más adelante, EPN volvió a enredarse: ... esta institución de acceso a la opinión pública... de acceso a la información a la opinión pública. Eso sí: los traspiés de Peña Nieto fueron borrados de la versión oficial de sus palabras, para quedar todo en falso orden en la página oficial de Los Pinos (también batalló el mexiquense, al estilo de la profesora Gordillo, para pronunciar una palabra clave: consistu... constitucional).
Peña Nieto se atora con lo que fue uno de los pocos pasos adelante que dio Vicente Fox durante su gobierno, el relacionado con la transparencia (lo que devino en el establecimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos), aunque este mismo, con su estilo vulgarizador de la política, se encargó de demostrar la poca eficacia práctica del conocimiento de las pillerías con cargo al presupuesto si a fin de cuentas lo que sobrevive es la impunidad (no solamente en su caso personal; también en lo referente a su esposa, Marta Sahagún, y algunos de sus hijos, estos llevando el Bribiesca como primer apellido).
Pero, conforme ha llegado el PRI de nuevo al poder, han ido avanzando las intenciones de acotar espacios para la crítica, penalizar conductas y expresiones adversas hacia los poderes y meter reversa a esa obligación incómoda de proporcionar información en general (salvo los expedientes sujetos a explicables reservas de ley) a solicitantes que de manera natural se interesan en ciertos rubros de las tareas gubernamentales porque creen adivinar en ellas corrupción y abusos (lo que con frecuencia es confirmado).
En ese contexto de anunciado retroceso es particularmente dañino que quien se instaló en lo alto de la pirámide del poder nacional recurra a maniobras elusivas en materia de valoración de sus bienes. Alguien como Enrique Peña Nieto, que ha hecho carrera en el servicio público y que, por tanto, ha estado sujeto a los tabuladores salariales de esa burocracia, debería explicar con detalle el monto total de su fortuna y la manera en que llegó a ella, y no conformarse con la vaporosa enumeración de etiquetas (casa, terreno). ¿Una mansión en Lomas de Chapultepec, adquirida y remodelada el año pasado? E incluso en el terreno de los bienes muebles, ¿”obras de arte” y joyas, algunas de ellas adquiridas mediante herencia o donación? ¿Exactamente de cuánto se está hablando, cuál es el sustento legal de esa herencia y quién o quiénes han sido donantes de quien hoy duerme en Los Pinos?
La opacidad y la evasión impactan en la cúpula del gobierno federal (Murillo Karam no aceptó dar ninguno de sus datos patrimoniales, y otros de esos príncipes y princesas se abstuvieron de reportar sus bienes inmuebles) y se reflejarán en los estados, donde de por sí los gobernadores hacen todo lo posible por reducir la importancia de las comisiones relacionadas con la transparencia informativa.
Astillas
Contra lo que se esperaba, cinco militares de alto rango (de entre los que destaca el general de división Tomás Ángeles) fueron notificados ayer de que seguirán en la cárcel, sujetos a un proceso instaurado durante el calderonismo y que, según las versiones inmediatas, habría obedecido a una venganza de Los Pinos por críticas al turbio belicismo contra el narcotráfico y en busca de cerrar el paso al grupo encabezado por Ángeles en los jaloneos que buscaban definir al siguiente titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Identificados varios de esos militares con el peñismo, se suponía que quedarían en libertad en cuanto comenzara a ejercerse el poder priísta. Pero, al menos hasta esta fase procesal, no ha sido así.
La mencionada Sedena fue una de las oficinas de gobierno bajo ataque cibernético realizado por Mexican H Team (@MexicanH en Twitter) y difundido por las diversas vertientes de Anonymous. Los activistas tecnológicos colocaron un manifiesto zapatista en el portal de las fuerzas armadas mexicanas y dijeron haberse apropiado de la información depositada en el servidor de esa secretaría y que la harían pública.
Y, mientras madres de desaparecidas marchan de Ciudad Juárez a la ciudad de Chihuahua, ¡hasta mañana, leyendo que en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, cuyo alcalde es priísta, se pretende (http://twitpic.com/bvsbre) que para la realización de cualquier tipo de espectáculo, diversiones, reuniones y/o eventos públicos (...) requerirá del permiso previo expedido por la autoridad municipal competente y causará el pago de los derechos e impuestos que señalen las leyes y reglamentaciones respectivas!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero



Un político pobre es un pobre político: profesor Hank. Enrique Peña Nieto ha sido muy favorecido con donaciones; le han regalado cuatro terrenos y dos casas. Incluso alguien le heredó un departamento. (¿Se encuentra su fortuna inmobiliaria sólo en territorio mexicano o una parte en Estados Unidos, como se ha comentado?) Dos terrenos fueron regalazos: uno mide 58 mil 657 metros cuadrados y el otro 24 mil. En realidad Peña Nieto con dinero propio sólo ha comprado dos propiedades en toda su vida: una casita y una casota. También posee una colección de arte y joyas. Tiene un patrimonio financiero cifrado en un fondo de inversión y varios instrumentos bancarios; asimismo, ahorra monedas, que pudieran ser de oro y plata. Su carrera es muy breve: secretario de administración del gobierno del estado de México entre el año 2000 y el 2002; diputado, los años 2003 y 2004; gobernador de 2005 a 2011. Y un mes y medio como presidente de la República. ¿Cuál es el valor del patrimonio del joven político? En su campaña había hecho el compromiso de hacer pública su declaración patrimonial. Sin embargo, la que presentó ayer es incompleta e imprecisa.
En secreto
¿Qué es lo que Peña Nieto decidió no revelar en su declaración patrimonial? a) la cuantía de sus ingresos por cualquier tipo de actividad financiera, comercial o industrial; b) el valor de sus bienes inmuebles; c) el valor de sus vehículos; d) el saldo de sus cuentas bancarias y otro tipo de instrumentos financieros. También decidió ocultar sus deudas. Así que de aquella promesa de campaña los mexicanos tendrán que conformarse con un solo dato claro: su sueldo neto –es decir, después de impuestos– es de 193 mil 478 pesos mensuales.

Las señoras del gabinete
Como el mal ejemplo cunde (o buen ejemplo, según quiera verse) las declaraciones patrimoniales de sus principales colaboradores también aparecen incompletas e imprecisas. De las tres mujeres que forman parte del gabinete, sólo sabemos que Rosario Robles es la más pobretona (a ver cómo sale), tiene pocos bienes, pero es adicta a las tarjetas de crédito, utiliza seis. A Mercedes Juan López, la secretaria de Salud, le gustan los anillos, aretes, pulseras y relojes, pero según esto no tiene tarjetas. Y la sobrina de Salinas de Gortari que ocupa la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, es otra adicta al tarjetazo, tiene seis, y por otro lado posee inversiones bancarias.
Radio y tv en el pacto
Los empresarios agrupados en la Cámara Nacional de la Industria Radio y Televisión expresaron su apoyo al Pacto por México durante la primera sesión del consejo directivo. Asistió el presidente del PRI, César Camacho. El presidente de los empresarios, Tristán Canales, señaló que el pacto representa no sólo un ejemplo de visión política, sino un signo de confianza en los nuevos tiempos que nuestra industria debe apoyar por el bien de nuestro país.
Otra multa a Claro
La empresa de telefonía celular Claro, de Colombia –pertenece al grupo de Carlos Slim–, fue multada con 560 millones de pesos por la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana; la sanción es la mayor en la historia de ese país. En diciembre pasado con otra multa por 10.7 millones. Aquí Telcel recibió una sanción por 12 mil millones de pesos, pero los miembros de la Comisión Federal de Competencia luego metieron reversa.



Cerca de 400 mil millones de pesos en deuda púbica de estados y municipios parecen no preocupar a nadie, salvo a los habitantes de los 31 estados de la República, más los del Distrito Federal, quienes son los que a final de cuentas pagarán la abultada factura, mientras los responsables de tan voluminoso endeudamiento se mantienen en total impunidad. Los tres niveles de gobierno han fijado su posición, cada cual echándole la bolita a los otros dos: el federal pintó su raya, y jura que no habrá rescate, porque no es su responsabilidad; los estatales aseguran que, le guste o no, tarde que temprano el centro deberá hacerlo, o en su defecto incrementar las participaciones de la federación; y los municipales que les urge que alguien les aviente un salvavidas, porque no tienen ni para pagar sueldos y salarios, de tal suerte que los dos anteriores están obligados a sacarlos del hoyo.
Así, los tres niveles de gobierno se avientan la papa caliente (sin identificar ni comprometer a ninguno de los responsables), mientras los ciudadanos padecen ante la eventualidad de que sus respectivas localidades se conviertan en ciudades fantasma por la falta de recursos y la inacción de sus presuntas autoridades. Y no se trata de que con el advenimiento de la nueva administración federal algún iluminado escuchó el tic-tac de la bomba de tiempo que implica la deuda de estados y municipios, sino de un problema que, desde cuando menos el arribo del cambio a Los Pinos, al cierre del año 2000, resultaba más que obvio que reventaría más temprano que tarde.
En este mar de evasivas y en medio del tradicional juego de agarra la papa caliente, se supone que una de las involucradas en esta pútrida trama debería ser la banca privada, la cual alegremente concedió todo tipo de créditos a gobernadores y presidentes municipales, hasta concentrar (al cierre de marzo de 2012) 53 por ciento del citado débito (210 mil millones de pesos), o lo que es lo mismo de cada peso de endeudamiento reportado por estados y municipios, 53 centavos se deben a las instituciones financieras privadas, fundamentalmente a dos: Banamex y Bancomer.
En este contexto, más de una de las trasnacionales financieras que acaparan el sistema bancario que opera en el país deberían estar sudando la gota gorda, ante la posibilidad de que uno, varios o, de plano, todos los estados y municipios de la República Endeudada se declaran en mora. Pero no, no es así, porque para eso existen los recursos presupuestales que el centro (léase el gobierno federal) les transfiere a las 32 entidades del país y a los 2 mil 440 municipios, más las 16 delegaciones del Distrito Federal. Además, a la banca privada se le puede acusar de cualquier cosa, menos de pendeja.
Lo anterior porque, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Hacienda (cuyo titular, Luis Videgaray, ya dijo un seco no al rescate), la deuda pública que estados y municipios mantienen con la banca privada está garantizada, 90 por ciento, con las participaciones federales que reciben esos mismos estados y municipios. El 10 por ciento restante está resguardado con los ingresos propios que generen dichas entidades (tenencia vehicular, predial, ingresos por servicios públicos, etcétera). Así, en este explosivo tema la menos preocupada es la dueña del circo, que sin sufrimiento alguno alegremente ve cómo bailan los enanos. La banca privada, pues, no sufre ni se acongoja.
Otra que debería preocuparse por la bomba de tiempo de mecha cada día más corta es la banca de desarrollo, un grupo de siete entidades financieras del sector público, que en tiempos panistas fue utilizada para cualquier cosa, menos para el desarrollo, es decir, el objetivo que la ley le marca. Con estas entidades públicas los estados y municipios contrataron 23 por ciento (alrededor de 92 mil millones de pesos) de su deuda, y no tienen para cuándo ni con qué saldarla.
Se supone, nuevamente, que la banca de desarrollo también debería estar preocupada por el negro futuro inmediato que observa, ante la posibilidad de que estados y municipios dejen de pagar sus abonos. Pero en este caso tampoco es así: el pago de 90 por ciento de esos 92 mil millones de deuda con las citadas instituciones de desarrollo está garantizado con las participaciones federales, que en automático se canalizan a las arcas de los consorcios financieros (públicos y privados). Entonces, la banca de desarrollo, oficialmente, tampoco sufre ni se acongoja.
Para tapar el ojo al macho, muchos gobernadores recurrieron a la Bolsa Mexicana de Valores para bursatilizar sus deudas y así atenuar su servicio, según dijeron. Por ello, los inversionistas en el mercado mexicano de valores estarían más que preocupados por una eventual suspensión de pagos de la deuda estatal y municipal. Pero no. Igual que a los banqueros, a los especuladores bursátiles se les puede acusar de infinidad de raterías, pero nunca de pendejos, y para aceptar la bursatilización de dichos débitos, la condición fue las participaciones federales y los ingresos propios por adelante, de tal suerte que los cerca de 60 mil millones de pesos que en bonos de deuda acumulan los citados gobiernos están garantizados por esas dos vías.
Entonces, preocupados, lo que se llama preocupados, no están los acreedores de los gobiernos estatales y municipales. La banca privada sigue ofreciendo créditos sin ton ni son, siempre y cuando la garantía de las participaciones federales se mantenga intocada. De hecho –como acostumbra– presta para pagar préstamos, con un modesto incremento en los intereses a cobrar. La banca de desarrollo también tiene su garantía, aunque en este caso simplemente se trata de pasar de un bolsillo al otro el mismo recurso de origen federal. Los especuladores bursátiles tampoco abandonan la ubre presupuestal, y los gobernadores (en funciones o recién colgados de otro hueso) son felices, porque nadie los llama a cuentas y a la federación le avientan la papa caliente, mientras se endeudan más.
Las rebanadas del pastel
¿Quién queda en esta cadena de preocupación? Sólo los ciudadanos, quienes deben pagar doblemente: por la voluminosa deuda contratada por sus gobiernos (que nadie sabe, aunque lo supone, en qué se utilizó), y por la carencia de recursos para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo de sus respectivas entidades, mientras el gobierno federal finge demencia. Así de sencillo, así de cruel: los dineros de la nación para todo, menos para la nación.
Durante décadas imperó la creencia de que el periodo maya clásico había estado conformado por un conjunto de teocracias pacíficas, encabezadas por sacerdotes que se dedicaban a observar el paso de los astros y a realizar anotaciones cronológicas minuciosas, obsesivas y absurdas. En buena medida el mundo le debe esa visión errónea a Eric Thompson, un arqueólogo inglés que entre los años 30 y 70 del siglo pasado fue considerado la máxima autoridad en el estudio de esa vieja civilización mesoamericana. Soldado en la Primera Guerra Mundial y formado en Cambridge, trabajó posteriormente para el Museo de Historia Natural de Chicago, el cual lo envió a Chichén Itzá en 1930. Luego, bajo los auspicios del Instituto Carnegie, escarbó en Uxmal y en Cobá. En Yucatán conoció al estadunidense Sylvanus Morley, un curioso personaje que alternaba su trabajo de arqueólogo y cartografista con el de espía al servicio de la inteligencia naval estadunidense y de la United Fruit Company. Morley creía que las inscripciones mayas eran expresión de un sistema de escritura jeroglífico e influyó en la visión de Thompson, quien las consideró logográficas.
Entre ambos crearon una visión palmariamente equivocada de los mayas clásicos que fortaleció el aura de misterio con la que hasta la fecha algunos enmarcan las viejas ruinas de Palenque, Bonampak, Tikal y Copán, por no hablar de Tulum, que es a esos centros lo que EuroDisney a Notre Dame. En ausencia de conflictos sociales mayores, el declive de las ciudades mayas desemboca obligadamente en el enigma. La noción absurda de ciudades-estado dedicadas principalmente a contemplar los astros y a registrar fechas sin ton ni son facilitó la tarea a charlatanes posteriores que venden vínculos entre los mayas y los egipcios y los visitantes procedentes de próxima Centauri.




Un mes después de la masacre en la escuela Sandy Hook de Newtown, Connecticut –donde fallecieron una veintena de niños y seis adultos–, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que enviará al Congreso un paquete de reformas legales para controlar la venta de armas de fuego en ese país. Entre otras medidas, la iniciativa presidencial incluye la prohibición de vender rifles de asalto –prescrita en 2004– y de cargadores con más de 10 municiones, así como la certificación de identidad y de los antecedentes de todos los compradores particulares de armas de fuego.

Repudia maltrato a jóvenes en cárcel de Hidalgo
Las cárceles siempre han sido lugares de castigo, nunca han cumplido con la función de readaptar, como dicen las autoridades, de por sí con ética y moral cuestionables. Un reciente ejemplo de esto es el estado de Hidalgo, donde, según información de La Jornada, el director del tutelar y su consejo interdisciplinario han mantenido recluidos por más de 36 días a 18 jóvenes del centro de internamiento para adolescentes, en grupos de seis y en celdas muy pequeñas de dos metros, sin camas, sin ventilación suficiente y con el retrete en la misma. Y todo por represalia, porque estos jóvenes se amotinaron para exigir mejor trato y autorización para recibir visitas conyugales. Exigir mejores condiciones y mejor trato no es delito, es parte de la dignidad humana y de los derechos humanos que cada persona debe tener, aun cuando estas personas sean consideradas delincuentes por un sistema que no les ha ofrecido oportunidades, sino que cada día los excluye más, arrojándolos al desamparo y a la delincuencia, si fuera el caso, o que encierra inocentes para estadísticamente hacernos creer que hace su trabajo.

El reciente y merecido homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo me llevó a recordar viejos sucesos, incluido su secuestro en 1985. Dicho secuestro fue calificado por Carlos Pereyra como actividad delictiva y una pretendida actividad política de izquierda, y añadió: Más allá de las vicisitudes anecdóticas de unos cuantos millones de pesos producto de un plagio anterior [el de Rubén Figueroa], llama la atención el desenfado de cierta cultura política para incorporar acciones delictivas como parte de la actividad política (Carlos Pereyra, Atavismos en la izquierda, La Jornada, 26/07/85).

Hay muchas y buenas razones para homenajear en vida a Arnoldo Martínez Verdugo. Algunas se han señalado en estos días: su resistencia al diktat soviético durante la invasión a Checoslovaquia en 1968; el rechazo cada vez más explícito al socialismo real como modelo universal antes de su caída final; la voluntad personal de construir desde el Partido Comunista una opción legal para impulsar la democracia en México; la humildad personal tan ajena a los protagonismos de otros dirigentes de menor estatura, en fin, su capacidad para encabezar una corriente marxista que por demasiados años fue acosada, perseguida sin miramientos y que, por supuesto, también cometió errores y tuvo debilidades.

Me detengo en tres o cuatro extremos de la alocución del secretario de Hacienda al clausurar el Foro México 2013, con base en la transcripción verbatim disponible en el portal de la secretaría.

La contratación de Felipe Calderón como miembro del programa Angelopoulos para líderes globales de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard ha sido motivo de una agitada movilización entre grupos de activistas mexicanos, cuyo propósito es la cancelación de dicho nombramiento. La Kennedy, que está asociada con la memoria de un presidente estadunidense que probablemente pagó con su vida la responsabilidad de decisiones como la fallida invasión de Bahía de Cochinos, ha provocado controversia porque su invitado es un ex líder político que una corriente de opinión en México considera un delincuente que tendría que sentarse en la silla de los acusados antes que en el sitial del catedrático. La posición que ocupará Calderón no es exactamente esa, pues se espera de él que comparta sus experiencias como presidente de la República con los estudiantes de una escuela profesional de formación de líderes políticos, empresariales o de organizaciones civiles, dado que tal es el objetivo de esta institución, que por esa misma razón es un ente singular dentro del conjunto de la universidad. Los directivos de la escuela no contrataron al ex presidente para que produzca conocimiento o para que dé clases propiamente, sino para que sostenga intercambios, sobre todo informales, con estudiantes y colegas, para que discuta, o no, las políticas de su gobierno y sus repercusiones. La Kennedy es una escuela de ejecutivos, de practicantes de la política, no es un semillero de intelectuales.

La aplicación de las nuevas disposiciones migratorias cubanas destroza viejos estereotipos creados por la feroz campaña propagandística de Estados Unidos contra la revolución. Washington ya no podrá continuar vendiendo la ridícula imagen de isla-cárcel que los pulpos mediáticos y los vectores culturales dominantes han hecho creer a no pocas personas de buena voluntad.

Luego de que se superó el abismo fiscal en Estados Unidos, los economistas y políticos de ese país se están enfrentando en una discusión centrada en el dinero, el déficit fiscal y el crecimiento. Aunque el tema que formalmente se discute es la autorización de la Cámara de Representantes para incrementar el techo de endeudamiento público, lo que ha ganado interés es la propuesta de 10 mil firmantes, entre ellos Krugman, para que frente a una eventual prohibición legislativa para aumentar la deuda, el gobierno emita una o muchas monedas de platino por valor de un billón de dólares.

Bertolt Brecht recreó un antiguo cuento del autor chino Li Hsing-Tao para escribir en 1948, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, El círculo de tiza caucasiano. Dentro del ciclo Patrimonio Universal del Teatro de la Compañía Nacional (CNT), Luis de Tavira –traductor del original junto con Eduardo Weiss– crea una versión libre sobre la obra brechtiana para realizar un espectáculo que propone como homenaje escénico a Benno Besson, el antiguo compañero de Brecht, que posteriormente realizó montajes con la técnica del cómic. Es decir, encuadrar cada escena tan independiente de la anterior y la siguiente como los cuadros de una historieta, sin intención de establecer ligas escénicas entre ellas.

La famosa cuesta de enero, sí, hay que pagar el predial, hacer filas en las diversas oficinas, dónde, aseguran, se han simplificado considerablemente los trámites. Busco en línea, comparo con el predial anterior y veo que ha subido de manera considerable el monto, pero, como soy de la cuarta edad, puede aplicárseme un 30 por ciento de descuento. Me dirijo a una oficina especial dentro de la Comercial Mexicana (¿Vas al súper o a la Comer?), hago una larga cola con algunos parientes y por fin llego a una especie de ventanilla portátil donde dos jóvenes atienden a los usuarios. Una hora después, al enunciarles mi caso me responden que allí no se puede pagar, que tengo que ir a alguna de las oficinas de la Tesorería y me entregan un volante con las direcciones: vivo en la zona sur y en ella hay alrededor de cinco sucursales. Mi hija, a quien le han dado una ficha con un número, se queda esperando a que la atiendan, cosa que sucede cuatro horas después.



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