1/15/2013

Pactos y retrocesos



Porfirio Muñoz Ledo

El espectro de una “mayoría gobernante” surge en el imaginario colectivo a partir de la suscripción de pactos en la cumbre entre los tres partidos mayormente representados que subsumen las agendas legislativas. Se percibe la construcción de un nuevo hegemonismo que eventualmente podría conducir a un gobierno de coalición.

Varias dudas aparecen, sin embargo, en el horizonte. La primera de ellas es precisamente el papel del Poder Legislativo en ese proceso, así como la incorporación de la sociedad civil y de los actores interesados en las reformas. Se antojaría además cierta simultaneidad en las negociaciones para que el orden temporal no resulte en condicionamiento que privilegie las iniciativas del Ejecutivo y deje esperando en el andén a otras más apetitosas para la oposición o más ventajosas para el país.

Otra cuestión reside en el carácter necesariamente descentralizado de los procesos, a fin de evitar la congestión y permitir el cumplimiento de la agenda en plazo razonable. Enseguida es menester entender que se trata por ahora de un piso temático de acuerdos pero en modo alguno de un techo clausurado. El debate público debe ser en cada caso alimentado, tanto en el procesamiento de los acuerdos como en su discusión legislativa.

Por esa razón sorprendió sobremanera la iniciativa lanzada en días pasados por altos mandos del PRI en la Cámara de Diputados en materia de derechos humanos, de carácter retrógrada y ajena por completo a los acuerdos que los actores involucrados habían pactado en la materia. Hace sospechar de tal manera un doble juego, que sus autores se han visto obligados a anunciar que no la promoverán.

La reforma constitucional que entró en vigor en 2011 fue resultado de un largo e intenso debate que cobró fuerza después de la alternancia del 2000. El comisionado de Naciones Unidas para derechos humanos promovió un vivo intercambio con organizaciones, académicos y personalidades que en 2007 fue recogido en los trabajos de la Comisión Ejecuitiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso y enviado como proyecto de reformas —que contenía 94 propuestas— a San Lázaro

Algunas de ellas fueron incorporadas a los dictámenes de ambas Cámaras, sin embargo otras fueron descartadas. En vista de la reticencia de los legisladores, quien esto escribe presentó ante la Comisión permanente en junio del 2010 una iniciativa global en la materia que incluía los temas sobre los que había mayor resistencia, entre ellos la abolición del fuero de guerra en tiempos de paz, la plena autonomía y fortalecimiento de la CNDH y la incorporación de las normas internacionales al derecho interno.

Lo más importante fue la inclusión del principio pro persona, que finalmente se logró. Este consiste en que “para la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos contenidas en el derecho interno y en los instrumentos internacionales prevalecen aquellas que confieren una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos”. Gracias a una movilización de la sociedad civil se logró superar la disposición contenida en la minuta del Senado que confería al juzgador la potestad de aplicar cualquiera de las normas, independiente del nivel de protección que ofrezcan. La actual iniciativa es aún más limitativa, ya que prevé que “de existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a los previsto en el artículo 133”.

La disposición vigente establece, en cambio, la diferencia entre los tratados de derechos humanos a los que se refiere el artículo 1 y todos los demás, regidos por el 133. Bajo el pretexto de “armonizar” ambos preceptos, lo que se está proponiendo es un retroceso fundamental.

Parece que merced a una vigorosa reacción de la opinión pública esta intentona se está abandonando. Razón de más para sugerir que en las próximas reformas que se presenten esté garantizada la participación de los expertos y de la sociedad: en suma, un ámbito democrático.

 Político

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