Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
El titular del Ejecutivo federal y su gabinete –columna vertebral de los 216 mil servidores públicos obligados a declarar su situación patrimonial–, presentaron su respectiva declaración con despliegue publicitario y discursos que no corresponden a lo realizado.
Enrique Peña efectuó una ceremonia para un procedimiento que a esta altura de las declaraciones patrimoniales podría esperarse lo hiciera como la mayoría de los funcionarios, en la soledad de su oficina y computadora, máxime cuando el mexiquense se refugió en la mencionada ley para no reportar los valores constantes y sonantes y sólo consignó cuatro terrenos, cuatro casas habitación y un departamento, pero omitió difundir el valor de ellos, tal y como lo hizo el 30 de marzo de 2012, cuando fue más específico que ahora, dado que le urgía ganar votos.
Entre los datos difundidos Peña Nieto señala tener un ingreso mensual neto de 193 mil 478 pesos y reporta no tener vehículos a su nombre. Omite los bienes muebles o inmuebles a nombre de su cónyuge o dependientes económicos y subraya su condición de no hacer público algún otro ingreso, el valor de los bienes raíces ni de propiedades como joyas, menaje de casa u obras de arte, así como sus inversiones en cuentas bancarias ni adeudos.
La pregunta políticamente incorrecta, sobre todo en plena luna de miel entre el gobernante y una buena porción de los gobernados, según difunde el coro mediático, es ¿por qué no se dan a conocer los montos?
Resulta pertinente la interrogante porque el mexiquense de Atlacomulco, poderosísimo grupo incluido, reconoció desde Palacio Nacional que no sólo se trata de un mandato legal sino de “una obligación ética”, y refrendó la “convicción democrática” de conducirse “con absoluta transparencia”. Pues comience, dejó usted ir una oportunidad.
Además, ninguna declaración patrimonial con o sin reconocer los valores de los bienes e inmuebles, garantiza nada en materia de transparencia y de honestidad pública, en un país donde la vigorosa institución del diezmo catapultó hasta el 30 por ciento la cuota a pagar por la asignación de contratos del Ejecutivo a los particulares.
Ciertamente (Fox dixit), la corrupción es un cáncer no sólo del ámbito público, sino también del privado, como bien subraya el sobrino y otrora delfín de Arturo Montiel (“Las ratas no tienen derechos humanos”, proclamaba un ícono de la corrupción en el estado de México). Y para un cáncer que empieza a hacer metástasis en el cuerpo del país, resultan aspirinas las declaraciones patrimoniales con información más que parcial.
La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos fue la primera que reconoció “estar sorprendida porque la declaración patrimonial del presidente Enrique Peña Nieto no incluyó el valor de sus propiedades”.
Mientras al país le regatean la información más elemental, además de que puede ser camuflada con los nombres de familiares y amigos, continúa el festín en los tres partidos principales y en el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio por los resultados ambientales y escenográficos del Pacto por México con el encuentro en el Senado, a reproducirse en San Lázaro, cuando en el horizonte aparecen nubarrones con Acción Nacional.
Y el presidente Peña escribió “#PactoporMéxico es elevar la calidad (sic por “de vida”) de las familias mexicanas, a quienes servimos y nos debemos”. Tampoco atinó tres veces a decir el nombre correcto y completo del IFAI y anunció la formación de los “gabinetes temáticos” para atender las metas de “México en Paz”, “México Incluyente”, “México con Educación”, “México con crecimiento económico” y “México con responsabilidad global”.
Acuse de recibo
Para el periodista Gustavo Cortes Campa “La militancia de un partido, en sentido estricto de la democracia moderna, no tiene su importancia en relación al número de ‘militantes’. Eso tiene qué ver con partidos de índole totalitaria o populista extrema: el fascismo o el comunismo eran proclives a las fotos con decenas y cientos de miles en una extensísima plaza. A Alfonso Martínez Domínguez, una vez alguien le preguntó: ‘¿Cuál es el aforo del Zócalo?’ y el socarrón político dijo: ‘Eso depende. Si es una concentración del partido, millón y medio de militantes, si es de la oposición, 10 mil.’ (…) El triunfo en las elecciones lo define el ‘voto switcher’, de clasemedieros urbanos, universitarios o equivalentes, con ingresos de 10 mil a 15 mil pesos mensuales promedio, que no militan en partido alguno y definen el sufragio semanas, días u horas antes de acudir a las urnas”. Lo anterior a propósito del texto Desbandada panista y linchamiento mediático (14-I-13)… “Los mexicanos no conocemos qué destino se dan a las partidas multimillonarias que son base de auditorías que confirman el desvío de cientos de miles de millones de pesos en varias dependencias oficiales de los tres órdenes de gobierno”, afirma la abogada Norma Esperanza Falcón Ruiz en torno a Gurría dicta línea a Peña Nieto (11-I-13).
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