Pasta de Conchos: siete años

México SA

VF-FC: impunidad garantizada
Germán Larrea, tan campante

Carlos Fernández-Vega

Cuadrilla de mineros pasan lista para entrar a la mina Pasta de Conchos. Imagen de archivoFoto María Meléndrez Parada

Hoy se conmemora el séptimo aniversario del homicidio industrial cometido por el Grupo México, de Germán Larrea, en la mina Pasta de Conchos, Coahuila. Siete largos años han transcurrido, en el transcurso de los cuales lo único que la presunta autoridad cumplió a cabalidad fue garantizar impunidad absoluta al consorcio empresarial, cubrirlo con su manto protector, llenarlo de nuevas concesiones y despreciar vilmente las justas demandas de los deudos de los 65 mineros fallecidos.

Siete años, pues, en los que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón sirvieron, de la manera más abyecta, a los intereses de Germán Larrea y su Grupo México, en particular, y de los barones de la minería en general, concesionándoles, junto a un puñado de empresas canadienses y estadunidenses, una cuarta parte del territorio nacional para su explotación minera, riqueza que, se supone, pertenece al Estado.
En ese lapso, parte de la decena trágica blanquiazul, dos inquilinos de Los Pinos, seis secretarios de Gobernación y tres del Trabajo dedicaron sus mejores esfuerzos a enterrar, junto con los mineros fallecidos, el expediente Pasta de Conchos y la responsabilidad legal del caso, atribuible íntegramente al Grupo México. De hecho, uno de los titulares de Bucareli, Fernando Gómez Mont, de tiempo atrás funge como abogado corporativo de dicho consorcio, lo que ni de lejos ocultó durante su estancia en el Palacio de Covián.
Registrada la explosión en la mina Pasta de Conchos, en la madrugada del 19 de febrero de 2006, el entonces inquilino de Los Pinos (quien nunca se apersona en la zona de desastre ni dio la cara a los familiares de los mineros sepultados) prometía investigar a fondo qué sucedió para conocer las causas de la tragedia y castigar a los responsables. Se limitó a enviar a su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, quien en lugar de organizar los trabajos de rescate e iniciar la investigación conducente, apuró el cierre de la mina, ya rodeada por el Ejército. Nueve meses después, Fox dejó la residencia oficial y los responsables brillaron por su ausencia, aunque todos sabían de quién se trataba. Por los servicios prestados a la impunidad, como premio Salazar Sáenz recibió una diputación (por el PAN, desde luego).
Un mes y pico después de instalarse, haiga sido como haiga sido, en la residencia oficial, Felipe Calderón mantuvo una entrevista informal con Maribel Rico Montelongo, familiar de uno de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos. De acuerdo con la crónica del momento, el inquilino de Los Pinos prometió que la mina no será cerrada, además que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura (La Vanguardia de Saltillo). Dos semanas después, Grupo México despidió a 250 trabajadores de Pasta de Conchos para cerrar transitoriamente la mina, y la cristiana sepultura se mantiene en lista de espera. Por cierto, la mina lleva cinco años transitoriamente cerrada.
Por esas mismas fechas, el nefasto secretario calderonista del Trabajo, Javier Lozano Alarcón (hoy becario del Senado de la República) declaró que Grupo México “tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… No voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea” (La Jornada, Patricia Muñoz).

En ese entonces, Lozano aseguró que será la Secretaría de la Función Pública la que determine si hubo o no responsabilidad de servidores públicos, así como las procuradurías General de la República y estatal (la de Coahuila) las que verán la situación tanto de la empresa como de los funcionarios; mientras, la Secretaría de Economía tiene que ver el dictamen que emita el Sistema Geológico Mexicano y lo referente a la concesión del yacimiento. Pasta de Conchos seguirá siendo asignatura pendiente para el gobierno, que no cerrará este expediente hasta que se cumplan cuatro condiciones: se concluya el deslinde de responsabilidades de la empresa, funcionarios de la dependencia y otros; se determine oficialmente las causas que provocaron el accidente; se logre el rescate de los cuerpos, el cual no se va a detener, y se atienda a los deudos (ídem).
A su vez, el entonces director general del IMSS, el inefable Juan Molinar Horcasitas, denunció ante los integrantes de la comisión legislativa para dar seguimiento a las investigaciones por la explosión en Pasta de Conchos (que tampoco hizo nada) que para efectos de registro en esa institución Minera México no sólo subcontrató a sus trabajadores sino que a los mineros de Pasta de Conchos los dio de alta con salarios menores a los realmente cubiertos, para pagar menos cuotas, en detrimento de las finanzas de la institución, con lo que se configura el fraude contra el Estado.
Para rematar, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció públicamente que “desde la Presidencia de la República Fox me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos; desde la dirigencia del PAN me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de 65 trabajadores; hubo otras atrocidades, como cuando Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención… No voy a mover un dedo para que libren el pellejo quienes están involucrados en el asesinato, en la muerte, de coahuilenses. Hay gente que es responsable y que trabajó en la administración pasada y va a tener que ser encarcelada”.
Ninguno movió un dedo para castigar a los responsables. Por el contrario, los encubrieron a todos, comenzando por la primera cabeza. Nadie presentó la obligada denuncia legal (entre otras por homicidio industrial y fraude al Estado) contra Grupo México y Germán Larrea, un personaje que vio crecer su fortuna (según estimación de Forbes) de mil millones de dólares en 2006 a 14 mil 200 millones en 2012, mientras los mineros mexicanos siguen muriendo por causas totalmente evitables.
Siete largos años de impunidad. ¿Serán ocho? El gobierno entrante tiene la palabra.