El 1 de septiembre el presidente festejaba en su Tercer Informe de Gobierno la conclusión de las llamadas reformas estructurales, y enfático anunciaba un promisorio futuro para los mexicanos: “A la mitad del camino de esta administración, hoy México cuenta con un horizonte de desarrollo más prometedor. El país se ha atrevido a cambiar para bien y a poner en marcha los cambios estructurales que requería desde hace décadas. Trabajando en equipo, seguiremos avanzando para que las familias gocen de mayor calidad de vida y todos los mexicanos tengan más oportunidades de éxito y realización personal. Hoy, México tiene un rumbo claro.”
El mandatario y su equipo se disponían a vivir y disfrutar el llamado “Momento Mexicano”. Sin embargo, muy pronto la realidad evidenció que el país se encontraba en la peor crisis de los últimos 80 años y que el gobierno en realidad tendría que luchar por sobrevivir.
El 18 de septiembre, la edición para México de la revista Esquire y el portal proceso.com.mx divulgaron la versión de una testigo que denunciaba la matanza de 21 jóvenes a manos de miembros del Ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de ese año. Hasta esos momentos las autoridades mexicanas mantenían la versión de que los militares habían abatido a 22 delincuentes que los habían agredido. No obstante, la versión fue tan contundente que al día siguiente el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Ratkhe, exigió que “las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”.
Exactamente una semana después desaparecieron los jóvenes en Iguala, en lo que –en diciembre de 2015, en una entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula– el mismo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como una de las dos crisis que más lastimaron al gobierno federal, incluso a nivel internacional, sin siquiera imaginar que el daño todavía sería mayor por el empecinamiento del gobierno en sostener a cualquier costo su llamada “verdad histórica”, además de la gran torpeza con la que han manejado el caso.
La desaparición llamó la atención de la comunidad internacional, especialmente de los defensores de derechos humanos y de las instancias correspondientes de los organismos internacionales (Organización de las Naciones Unidas y Organización de los Estados Americanos), que de inmediato emitieron informes y, en algunos casos, inclusive planearon visitas a México. Los resultados fueron desastrosos para el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues los informes reprobaron la situación y las políticas nacionales.
La vigilancia internacional fue tan incómoda para el gobierno mexicano que incluso llegó al nivel de enfrentamiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente coordinó el apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dio seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Sin embargo, las evidencias una y otra vez les han dado la razón a los observadores internacionales. Apenas el pasado miércoles 21, la Procuraduría General de la República dio a conocer que en los municipios de Iguala y Cocula detectó más de 40 sitios donde existen fosas clandestinas, y que investiga más de mil números telefónicos relacionados con la desaparición.
Lo sorprendente es que justo esas fueron algunas de las primeras demandas del GIEI, como lo señala en su primer informe, emitido en septiembre del año pasado: “actualizar de manera constante el mapa de fosas de cadáveres y restos óseos hallados en Iguala y lugares aledaños”; asimismo, tener acceso a “los registros de llamadas telefónicas”. Es decir, precisamente los dos elementos que, dos años después de los acontecimientos, la PGR dice tener, y al menos un año después de que la opinión pública conoció las solicitudes puntuales del GIEI.
Lo cierto es que a partir de ese lamentable episodio los escándalos y errores del gobierno federal se han sucedido uno tras otro. La Casa Blanca; las residencias de Malinalco de Luis Videgaray, y las de Ixtapan de la Sal del mismo presidente; la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán; las matanzas de Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, y la visita de Donald Trump, por citar únicamente los más significativos hasta el momento.
La desaprobación del desempeño gubernamental continúa en ascenso y la debilidad de Peña Nieto es tal que tuvo que sacrificar a su más cercano colaborador, Luis Videgaray.
Sin duda todos estos escándalos han cimbrado al gobierno de Peña Nieto y han contribuido a su pérdida de popularidad y credibilidad, pero el único hecho que reaparece de manera recurrente y con la misma intensidad es la desaparición de los normalistas.
Pese a todos los esfuerzos del gobierno federal por cerrar el caso no lo logra, entre otras razones porque la opinión pública no acepta la “verdad histórica”, y mientras no tenga evidencias incontrovertibles del asesinato de los normalistas, éstos siguen como desaparecidos y el gobierno tiene que mantener abierta la investigación.
Lo cierto es que el gobierno cavó su propia tumba y hoy carece de alternativas que le permitan cerrar el caso sin generar un nuevo escándalo, pues ello implica necesariamente encontrar los restos de los normalistas, lo cual derrumbaría su “verdad histórica” y sería catastrófico para el gobierno. Sostenerse en su versión obliga a mantener el caso abierto, al menos hasta el fin del sexenio, y periódicamente tendrá que atenderlo con el consiguiente desgaste y, desde luego, el riesgo de que su sucesor realmente investigue los hechos y encarcele a los verdaderos responsables de la desaparición y a “sus encubridores”.