El Congreso aplicó el impuesto del IEPS y ubicó a las telecomunicaciones (telefonía, TV de paga) como servicios de lujo.
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Desde el 2012 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), en su estudio sobre políticas y regulación de
telecomunicaciones en México, afirmó que el Impuesto Especial sobre
Productos y Servicios (IEPS) de 3.0% a los servicios de
telecomunicaciones era una carga sobrada, en la página 51 de dicho
estudio estipula: “Es difícil justificar un impuesto sectorial
específico, como el IEPS, ya que implica una carga innecesaria a la
industria de las telecomunicaciones, a menos que se emplee para apoyar
al sector de alguna manera (servicio universal, el regulador, etc.), e
incluso recomendaba la posibilidad de destinar los recursos de ese
impuesto a fortalecer al órgano regulador que en ese tiempo era la
extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).
El IEPS es un impuesto que se aplica a ciertos bienes y servicios que
causan un perjuicio social o que su consumo tiene un efecto no deseado,
por eso se le aplica a bebidas alcohólicas, tabacos, juegos de
apuestas, entre otros.
El Congreso al haber aprobado la aplicación de este impuesto especial
a los servicios de telecomunicaciones (telefonía, TV de paga), los
ubico como servicios de lujo o de un efecto no deseado, lo cual es una
total contradicción, en virtud de que esos servicios son ya parte de la
canasta básica de una muy buena parte de la población.
El problema es que ese sobrecosto de ese impuesto especial lo pagamos
los usuarios de los servicios sobre el tiempo aire, los mensajes cortos
en SMS y uso del servicio móvil, afectando de manera especial a las
personas más pobres. De acuerdo al informe La Economía Móvil de América Latina 2016,
el IEPS sobre los dispositivos y servicios móviles representaron casi
19 por ciento del costo total de propiedad móvil en México
Además el dinero de su recaudación, que se hace desde hace cinco
años, va a la Secretaría de Hacienda sin un propósito específico. En
todo caso ese recurso debería destinarse a apoyar los proyectos de
conectividad para cumplir con la cobertura universal de quienes no
pueden acceder a estos servicios por falta de infraestructura.
Si la recaudación del IEPS no está destinado a un Fondo de Cobertura
Social debería de anularse, pues la conectividad en la actualidad es un
derecho y no un servicio accesorio.
En otros temas.
Dos años Ayotzinapa. El día de ayer lunes se cumplieron dos
años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en
Iguala, Guerrero, sin que hasta el momento sus familiares y seres
queridos tengan una respuesta efectiva del Estado mexicano para dar con
los responsables intelectuales y materiales de esa masacre. La ausencia
de verdad y justicia, aumenta su sufrimiento y es una de las tantas
asignaturas pendientes de este gobierno en materia de derechos humanos.
La dilación en la actuación de las instancias de justicia son un agravio
para la sociedad mexicana y una herida abierta. El trabajo especial que
hizo el periódico español para recordar esta fecha califica esa noche del 26 de septiembre de 2014 como la noche más oscura de México.
En puerta nombramiento de nuevo comisionado. Finalmente
el pasado 22 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al
Senado de la República su propuesta para integrar a como nuevo
comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a Javier
Juárez Mojica por un periodo de nueve años, en sustitución de Fernando
Borjón que terminó su periodo en febrero de este año.
Juárez Mojica es actualmente el titular de la Unidad de Política
Regulatoria. Fue el encargado de instrumentar la portabilidad numérica y
era un cercano colaborador de José Luis Peralta ex comisionado en la
hoy prescrita Comisión Federal de Telecomunicaciones. Desde su regreso a
la instancia reguladora ya como IFT ha sido el encargado de arrastrar
el lápiz para el proyecto de la Red Compartida, los lineamientos de
colaboración con la justicia, entre otros temas relevantes de la
política regulatoria en el país. Ahora toca al Senado determinar si
ratifica la propuesta del presidente o no.
La presidencia también propuso a Brenda Gisela Hernández como
comisionada para ocupar el puesto vacante en la Comisión Federal de
Competencia Económica.
Arrancó el proceso de la Constituyente de la Ciudad de México.
Entre estire y aflojes iniciaron formalmente los trabajos para elaborar
y aprobar lo que será la primera constitución de la Ciudad de México,
como parte del proceso de diálogo y debate sobre la libertad de
expresión y el derecho a la información la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad realizará esta semana el Segundo Coloquio sobre el Derecho
de la información “Voces de la ciudad: hacia el reconocimiento de su
derecho en el marco del Constituyente”, los próximos 28 y 29 de
septiembre.
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