Trabajadores
El 26 de septiembre
del 2014 será recordado como una fecha que simboliza el México bárbaro
del siglo XXI: esa noche una nueva masacre recorrió la ciudad de Iguala,
en el estado de Guerrero, al sur de la capital del país.
Ese día
estudiantes de la normal de Ayotzinapa —escuela rural de maestros cuyos
miembros se han caracterizado históricamente por sus movilizaciones
contestatarias— recibieron un atroz ataque encabezado por policías
municipales que tuvo como resultado 6 muertos y 43 desaparecidos.
La
imagen difundida del cuerpo sin vida, con signos de tortura y con la
cara desollada, del normalista Julio César Mondragón hizo estallar de
indignación al pueblo mexicano que rápidamente exigió justicia y la
inmediata aparición con vida de los desaparecidos.
Con los
familiares de las víctimas a la cabeza, la sociedad civil se movilizó a
millones y logró despertar la atención de buena parte de la comunidad
internacional. Las jornadas globales por Ayotzinapa y la consigna “Fue
el Estado” aglutinaron el descontento mundial y pusieron contra las
cuerdas al Gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto.
La
estrategia del Presidente para salirse de la escena fue dar una versión
de los hechos donde los responsables se circunscribían exclusivamente a
las autoridades locales. De esta manera, para la Procuraduría General
de la República (PGR) la culpabilidad cayó sobre el alcalde de la
ciudad, la policía local y el cártel Guerreros Unidos, mientras dejaron
de lado el rol de instituciones de mayor alcance. Por ejemplo,
“olvidaron” investigar el papel jugado por el principal poder del estado
de Guerrero: el Ejército.
La “verdad histórica” —como fue
llamada por el propio Gobierno— planteaba que por iniciativa del
presidente municipal la policía atacó y capturó a los estudiantes para
luego entregarlos al mencionado grupo delictivo, quienes en un basurero
en Cocula incineraron hasta convertir en polvo los cuerpos de los 43
estudiantes.
Pero la investigación avalada por los padres de los
jóvenes desaparecidos y realizada por el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF) desmintió terminantemente dicho relato. Su
pesquisa concluyó que el fuego desatado en el basurero no fue de la
magnitud requerida para incinerar 43 individuos, y también que los
restos humanos encontrados no correspondían con los de los estudiantes.
Por otro lado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego
de afirmar la insostenibilidad de la versión de la PGR, propuso
investigar al Ejército, amparándose en el monitoreo que la institución
armada hizo de los hechos. Hasta el momento su solicitud no ha sido
procesada.
Que la clave para determinar el destino de los 43
normalistas desaparecidos se encuentra en el Ejército no solo reside en
el poder que dicha institución tiene, sobre todo, lo que pasa en el
estado de Guerrero o en lo que se sabe de su acción y omisión el 26 de
septiembre, sino también, en su larga trayectoria violatoria de los
derechos humanos. Por ejemplo, el 30 de junio del 2014 (menos de dos
meses antes del ataque a los estudiantes de Ayotzinapa) el Ejército
ejecutó en Tlataya (estado de México) a 21 personas desarmadas,
argumentando que las bajas fueron producto de un feroz enfrentamiento
contra un grupo narcotraficante. Aunque muchas evidencias apuntan al
mismo lado, la cerrazón de las autoridades civiles y militares con
respecto a interrogar soldados ha sido terminante.
La masacre de
Iguala visibilizó a nivel mundial la dramática situación de violación de
los derechos humanos que sufre el país gobernado por Peña Nieto. Desde
el 2013 (su mandato inició en diciembre del 2012) hasta abril del
presente año las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) dan cuenta de 13 mil 156
desapariciones, escalofriante número que habla de la violencia
estructural que recorre la nación.
Al igual que la incansable
búsqueda de las Madres de Plaza de Mayo fue un símbolo de la resistencia
contra la última dictadura militar argentina (1976-1983), ahora lo está
siendo contra la impunidad en México la lucha de los padres y madres de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A dos años de la masacre, ellas y
ellos convocan a movilizaciones en el país y en el mundo exigiendo
justicia. Su principal consigna será: ¡Hasta encontrarlos!
Mariano
Casco es graduado de Sociología en la Universidad de Buenos Aires
(UBA), Argentina, y Máster en Ciencias Sociales de la Universidad de
Guadalajara, México.
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