8/11/2017

Los periodistas pal café. . . .



Programada para terminar de manera plenaria el próximo sábado, la 22 asamblea nacional del Partido Revolucionario Institucional finalizó, en términos de realismo político, el mismo miércoles en que iniciaron trabajos temáticos en cinco sedes regionales, pues en una de ellas, la de Campeche, a las ocho de la noche con 35 minutos, se declaró aprobada la propuesta de reformas a los estatutos que le permitirán postular candidatos, incluso a la Presidencia de la República, que no hayan sido militantes y que, en todo caso, se declaren, circunstancialmente, simpatizantes del PRI.
Como si esa aprobación campechana fuese ya palabra irrebatible, el propio presidente nacional del partido de tres colores, Enrique Ochoa Reza, declaró ayer, a los cuatro vientos, que los candados estatutarios son cosa del pasado, aun cuando una pizca de prudencia debería llevarlo a esperar que esa resolución parcial, la de Campeche, sea discutida y aprobada en la sesión plenaria que se realizará este sábado, por más que el resultado oficial sea absolutamente previsible.
El triunfalismo adelantado corresponde al cumplimiento de una instrucción implacable de Los Pinos para quitar los famosos candados, lo que encarta de manera automática al secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, como aspirante a la candidatura presidencial priísta. Otra de las modificaciones campechanas botó el requisito de 10 años de militancia, para esas postulaciones a puestos de elección popular, lo que libera de presión al secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien asegura tener militancia priísta desde 2004, aunque hay quienes aseguran que la constancia de esos antecedentes fue fabricada para darle un barniz partidista que, ahora, ya no es necesario ni tenerlo ni investigarlo en busca de adulteraciones.
La Operación Campeche estuvo bajo la vigilancia general del comisionado de Peña Nieto para supervisar el cumplimiento de sus instrucciones en la citada asamblea nacional, Jesús Murillo Karam, constructor de verdades históricas aunque éstas choquen con la realidad. Además, en el manejo directo de la sesión en Campeche estuvieron José Murat, ex gobernador de Oaxaca, y Jorge Carlos Ramírez Marín, actual diputado federal y aspirante a gobernar Yucatán (éste presidió la mesa de debates). En especial, se cuidó que no avanzara la relativa oposición, cautelosa en términos reales, aunque estridente en lo oratorio, de los ex gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, e Ivonne Ortega, de Yucatán, quienes pretendieron frenar la liberación de los candados en mención.
La faena estatutaria parece particularmente diseñada para dar viabilidad a la candidatura de Meade Kuribreña, miembro del subgrupo de Luis Videgaray Caso y funcionario público bien visto en ámbitos de las finanzas nacionales e internacionales, a cuyo servicio estaría, de llegar a Los Pinos. Sin embargo, el mismo miércoles apareció en medios de comunicación una fotografía de Peña Nieto con el titular de la SEP, Aurelio Nuño, en una actitud de muy grato entendimiento, además que el mexiquense declaró que la reforma educativa ya no es una aspiración, sino una realidad.
Peña Nieto, quien encabezará el cierre de la asamblea priísta este sábado, está reiterando de manera aplastante el control sobre el aparato priísta (otro eventual disidente, Manlio Fabio Beltrones, prefirió refugiarse en el oropel filosófico de una mesa temática en Guadalajara), de tal manera que la postulación del candidato presidencial queda plenamente en sus manos, ya con la puerta abierta para lanzar a Meade o, si todo esto fuera una jugada de distracción (y este funcionario pasara de Hacienda al Banco de México), para imponer su carta guardada que, según los afectos largamente mostrados, podría ser el joven Nuño, a pesar de todos los pesares y con el antecedente del estado de México, en donde el peñismo cree haber comprobado que puede instalar a su candidato, con evidente fraude electoral y al costo que sea.
El escándalo de las presuntas operaciones delictivas del futbolista Rafael Márquez y del cantante Julión Álvarez ha desplazado del interés público los casos de las elecciones estatales impugnadas (estado de México y Coahuila) y, en especial, la declaratoria oficial de triunfo en favor de Alfredo del Mazo Maza. El paso del tiempo, y la ya sabida desmemoria colectiva, ayuda a que en Toluca y en Los Pinos se considere que en términos políticos y mediáticos ese arroz familiar ya se coció.
En ese cuadro de distracción por motivos futboleros y gruperos, tampoco ha tenido la resonancia proporcional el dictamen de peritos, respecto de las causas del socavón y accidentes en el Paso Exprés de Cuernavaca. Las fallas y desatenciones ampliamente documentadas, implican responsabilidad administrativa y judicial contra constructores y autoridades, pero el campante secretario federal de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, lo ha asumido como un episodio que debe afectar a muchos otros, si es que realmente los afecta, pero no a él, quien constituiría una especie de máximo sitial de la virtud, inalcanzable por los errores y delitos cometidos en el ámbito bajo su responsabilidad.
En una parte de sus declaraciones autoexculpatorias de ayer, así se explicó (es un decir) el titular de la SCT: Si yo asumo una responsabilidad política de otra manera, simple y sencillamente estoy reconociendo cosas que no debo reconocer, porque hay quien sí cumplió con cosas y yo debo ver en este momento, es mi principal responsabilidad, que quien no cumplió con algo lo reconozca, que acredite, y que se castigue. Uf: San Gerardo de las Obras Comisionables, siempre bajo el manto protector de Enrique de Los Pinos.
Y, mientras el Congreso del estado de México ha aprobado, por 39 votos de PRI, Verde, Panal y Encuentro Social, contra 31 de los demás grupos partidistas, la despenalización (ahora serán faltas administrativas) de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, y de la operación de expendios que no cuenten con licencia de funcionamiento, ¡hasta el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero Facebook: Julio Astillero Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx



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Aunque el presidente del PRI, Enrique Ochoa, dijo que la reforma estatutaria permitirá que en el futuro el tricolor postule a candidatos sin militancia, pareciera que sus palabras fueron leídas al revés, porque desataron la cargada en favor del secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Nunca ha pertenecido al Partido Revolucionario Institucional; tampoco a otro, pero ha estado al servicio de un gobierno del PAN, como secretario de Energía y de Hacienda, con Felipe Calderón, y en la actual administración priísta ha ocupado las carteras de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Hacienda. ¿Y cómo lo tomó la clase política, que quería a un político-político como candidato presidencial? Aquí una opinión del veterano priísta y ex diputado (entre otros cargos) Heriberto Galindo: ‘‘Meade le va a gustar a la sociedad en general porque es capaz, brillante, con trayectoria de buenos desempeños; cinco veces secretario, honrado, sencillo, amable, atento, jovial; no es militante de partido político alguno y podría congregar a gente de todos colores y sabores. No habría Prian formal, pero podría haberlo de facto, y se le unirían electores libres y también de la izquierda’’. Desde otro punto de vista, si las cosas van por ahí, Peña Nieto tiene ahora que pensar cómo cubrir los dos principales puestos de su gabinete económico y financiero: el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda.
La tarifa 0 cambia a 10 para Telcel
La Suprema Corte se prepara para asestar un revés a las compañías telefónicas y sus clientes en beneficio de Telcel, contraviniendo una de las contadas mejorías que trajeron al país las reformas de Peña Nieto. Aparentemente la decisión sólo afectará a sus competidoras, pero el efecto final –aumento de precios– podría recaer sobre los consumidores. La segunda sala de la Suprema Corta, como también la llaman algunos irreverentes, tiene agendada en su sesión del miércoles 16 de este mes un proyecto de sentencia que propone amparar a Telcel en contra de la prohibición de cobrar tarifas de interconexión a sus competidoras. En otras palabras, podrá cobrarles por usar su red. Obviamente, las compañías repercutirían el gasto a sus clientes. Se trata de empresas como AT&T y Telefónica Movistar. El proyecto de sentencia del amparo en revisión 1100/2015, declara inconstitucional el artículo 131, inciso A, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014), en el que se fijó la tarifa cero para terminación de tráfico en la red del agente preponderante (Telcel, en este caso), porque el Congreso de la Unión no estaba facultado para determinar medidas asimétricas entre operadoras. ¿Entonces quién sí está facultado? Como graciosa concesión, la Corte determinará que las telefónicas no estarán obligadas a rembolsar a Telcel los montos que no pagaron durante los tres años en que ha estado vigente la disposición; 21 compañías afectadas dieron a conocer su inconformidad.
Mexico Social
El próximo domingo 13 de agosto, a partir de las 22 horas habrá una segunda oportunidad de ver el programa México Social, en transmisión simultánea por Canal Once y TVUNAM. Aborda la situación actual de la educación superior en México, desde la perspectiva del director general del Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers. Analizan los retos que enfrentan las dos máximas instituciones de educación de la República, sus alumnos y egresados. México Social es un programa semanal que revisa temáticas relevantes por medio de un diálogo abierto entre el conductor de la emisión semanal, Mario Luis Fuentes, y el periodista Javier Solórzano.
Ombudsman Social


Las acusaciones en contra de Rafael Márquez y Julión Álvarez (presuntamente relacionados con narcotráfico y lavado de dinero) han puesto a parir al gobierno peñanietista (ahora afanosamente dedicado a borrar fotografías comprometedoras), pues –una vez más– sus instituciones de procuración de justicia, inteligencia financiera, administración tributaria y seguridad nacional han sido exhibidas por el Departamento del Tesoro.
De igual forma, desnudó, como si hiciera falta, la superficialidad –no exenta de “e$tímulos” adecuados– con la que la autoridad carcelaria clasifica la relevancia de los acusados que terminan tras las rejas.
Lo anterior, porque, por ejemplo, el narcotraficante Raúl Flores –del que Márquez y Álvarez presuntamente eran testaferros– cómodamente permanecía en el Reclusorio Sur, cuando desde su captura debió ser enchiquerado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por tratarse, de acuerdo con el Departamento estadunidense del Tesoro, de un delincuente de “talla mundial al nivel de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada”.
No es la primera vez, y desde luego no será la última, en la que al gobierno mexicano lo agarran papando moscas y es exhibido por ineficiencia –en el mejor de los casos– o de plano, complicidad en asuntos relacionados con el narcotráfico y, desde luego, el lavado de dinero.
Cómo olvidar el caso del banco trasnacional HSBC (destapado en julio de 2015), acusado en Estados Unidos de blanquear (entre 2007 y 2008, en la administración de Felipe Calderón) alrededor de 7 mil millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga, por medio de su filial en nuestro país. Y de ello, oficialmente, no se enteró la inteligencia financiera del gobierno mexicano. Y uno más, en 2001 (con Fox en Los Pinos), cuando el gobierno gringo puso en marcha la Operación Casablanca en la que, por las mismas razones, resultaron involucrados funcionarios de Bancomer.
Ahora, destapado el caso de Márquez y Álvarez, voces de la Procuraduría General de la República reconocieron que apenas se enteraron momentos antes de que el Departamento del Tesoro divulgara el resultado de sus investigaciones que le llevaron un par de años. Nadie supo, nadie sabe, dónde quedaron la Comisión Nacional de Seguridad y los muchachos del Cisen a la hora de clasificar el grado de peligrosidad del capo Flores.
Pero destapado el caso por el Departamento del Tesoro, entonces sí: a Flores se lo llevaron al penal de máxima seguridad del Altiplano, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó bloquear todas las cuentas bancarias de los dos involucrados y la PGR solicitó información” al gobierno de Jalisco sobre 20 empresas que autoridades estadunidenses vinculan con organizaciones criminales y presumió un intenso intercambio de información con su contraparte gringa. Moviditos, pues, pero en los hechos no hicieron nada de lo que por ley están obligados.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda bateó a todos y se negó a informar sobre el caso del futbolista y el cantante (ejemplos para la juventud, según Peña Nieto), porque, dijo, en apego al marco legal mexicano no revela ni comenta el contenido de ningún tipo de indagatoria que se lleva a cabo en éste y otros ámbitos. No hay que olvidar que la Unidad de Inteligencia Financiera (a cargo de Alberto Bazbaz, el ex procurador mexiquense que no encontró a la niña Paulette) depende de la propia Secretaría de Hacienda.
Y también está el Sistema de Administración Tributaria, el temido SAT, que ahora reconoce que canceló multas fiscales a una de las empresas de Rafael Márquez (Fundación Futbol y Corazón AC), al tiempo que el gobierno mexicano le canalizó multimillonarias aportaciones, por ser donataria autorizada de la Secretaría de Hacienda.
En ese sentido, oficialmente dicha fundación de Rafael Márquez obtuvo 77.3 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda (de acuerdo con la información de la dependencia pública) en los primeros cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto, distribuidos de la siguiente forma: 17 millones en 2013; 13.3 millones en 2014; 22 millones en 2015 y 25 millones en 2016.


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La propuesta del Ingreso Ciudadano Universal o Renta Básica, enfrenta resistencias, tanto ideológicas como conceptuales, profundas. Otorgar a toda persona un ingreso periódico sin contraprestación, va contra la frase bíblica con la que Jehová habría castigado a Adán y Eva al expulsarlos del paraíso: Ganarás el pan con el sudor de tu frente, que tenemos grabada hasta los huesos. Por ello, la reacción, casi instintiva, de shock, cuando oímos que alguien sugiere que el Estado otorgue dinero a las personas de manera periódica, sin que medie trabajo o pensión después de haber cotizado muchos años, es decir, una transferencia monetaria no contributiva, es similar a la que tendríamos si viéramos un hipopótamo volando. Antes del Progresa (1997), incluso los que en México trabajábamos en temas de pobreza y política social, en la tradición del Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (Pider, 1970-1976), de Coplamar (1976-1982) o del Pronasol, pensábamos que lo que el gobierno tenía que hacer eran inversiones que aumentaran la productividad agrícola, mejoraran las condiciones de vida; también aceptábamos el papel de los subsidios a la producción agrícola o al consumo de bienes básicos. En ninguno de estos casos se entregaba dinero en efectivo a las personas o los hogares. Aunque en Europa, Estados Unidos y algunos países de Sudamérica (del Cono Sur en particular), los pagos en efectivo ya tenían una larga tradición, se otorgaban a grupos de pobres merecedores (niños, ancianos, viudas) o desempleados. Al surgir el Progresa en 1997, cuya acción central fue la entrega de dinero a las jefas de hogares en pobreza extrema, nuestra reacción fue de shock. En los anteriores programas dirigidos a los pobres, a los campesinos, a los habitantes de barrios populares, se continuaba la tradición de exigir trabajo (ahora colectivo, no individual) a cambio de los beneficios: en Pider, trabajo en las obras sin pago; en Coplamar, jornadas de trabajo comunitario; en Pronasol, comités que organizaban el trabajo no remunerado de los beneficiarios. Quizá por ello los diseñadores del Progresa decidieron no entregar las transferencias monetarias (TM) sin exigir algo a cambio; ya no trabajo, sino buena conducta: que los niños asistan a la escuela y que las mujeres e infantes acudan a la clínica. 



Mucho se ha dicho ya, si no es que todo, respecto a las autodefensas; dicho está que muchas de ellas operan al margen de la ley; comprobado está que algunas han asesinado inocentes y otras se salen del territorio que les corresponde y portan armas de uso exclusivamente militar.
Mucho se ha dicho, pero nadie de los que deben hacer algo mueve una mano para corregir el problema, para lo cual sobran argumentos, algunos de los cuales resultan conmovedores.
El comandante de la novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, se unió a la catarata de opiniones. Están mal fundamentados (los grupos de autodefensa) porque están queriendo ampararse en una ley que se circunscribe a usos y costumbres de las comunidades indígenas; por eso ya es un tema de observancia permanente en todas las autoridades estatales y federales, expresó.
No está en manos del Ejército solucionar este punto.
El Poder Ejecutivo conoce bien el caso; tiene ubicados a los grupos legales y a los ilegales; a los que defienden al pueblo que los designó y a los que resguardan territorios en vez de proteger a la población, pero no actúa; anuncia su desarme, pero no se atreve a desarmarlos, aduciendo que ya hay muchas confrontaciones como para sumar otras.



El pasado 21 de julio se inició en Nueva York un juicio histórico que busca hacer justicia a Namibia. Entre 1908 y 1914 llegaron a Alemania miles de cráneos procedentes de las que entonces eran sus colonias en África. Por orden del káiser Guillermo II, el objetivo era determinar científicamente la superioridad de la raza blanca sobre los pueblos de ese continente. Nunca se supo de los resultados de esos estudios.
En 2011, Alemania devolvió al gobierno de Namibia una veintena de cráneos. Algunos de ellos los conservaban como honroso legado, los herederos de los militares que cometieron en África crímenes atroces en nombre de la superioridad racial.
Se calcula que entre 1904 y 1908 fueron masacrados por el ejército y los colonos alemanes cerca de 90 mil integrantes de las tribus herero y nama, que se rebelaron en Namibia contra el poder colonial. Esa cruel matanza, que parecía estar en el olvido, es para muchos el ensayo de lo que décadas después sería el Holocausto.



Pasan los años y quizá la desesperanza haga que el rock y la electrónica olviden aprovechar su convocatoria para apoyar causas sociales. Por eso, cuando resurgen actos de este perfil altruista, efectivos y concretos, una luz vuelve a brillar y es preciso darles eco.
Importante será asistir al Festival Xaveri en Beneficio de la Comunidad Huichol, breve pero sustancioso encuentro generado para crear conciencia y ayudar a 20 familias de dicha región. Mediante actos musicales, oferta gastronómica y de bebidas, exposición/venta de artesanías y arte contemporáneo, así como actos de stand up, Xaveri (música y violín en lengua wixárica) busca recaudar fondos para esta comunidad, la cual vive en lucha por la defensa de su tierra (para sus integrantes, es parte de su identidad espiritual) ante la práctica del turismo desmedido en la zona.
El ciento por ciento de las entradas irá directo a Calpulli Nezahualcóyotl, cooperativa que desde 2009 genera proyectos de soporte a comunidades marginadas; a su vez, lo recaudado se donará al proyecto social SuperArte, que apoya el desarrollo del arte y la cultura de 10 familias wixaritari de San Andrés Cohamiata (Jalisco) y 10 de Santa María del Oro (Nayarit).





Tres peritos independientes en ingeniería civil señalaron ayer, en un análisis preliminar de las causas que llevaron al hundimiento, el pasado 12 de julio, de un tramo de carpeta asfáltica en el Paso Exprés de Cuernavaca –inaugurado apenas en abril– y a la muerte de dos personas, que el desastre se originó por la falta de remplazo del desagüe de una vieja alcantarilla que habría debido ser cambiado cuando se realizó la obra.

Reconocimiento a Anel Hernández Sotelo
Por este conducto me permito informar que el pasado 10 de agosto de 2017, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y su Grupo de Historia Colonial, presentaron en conferencia el libro de una historiadora mexicana, la doctora Anel Hernández Sotelo, Una historia de barbas y capuchas. La construcción de la figura de San Francisco por los frailes capuchinos: Siglos XVII y XVIII, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

La igualdad de género y concretamente la igualdad en el ámbito jurisdiccional, es un tema que no está del todo comprendido en México y el mundo.

Entre los refritos de Spengler, Huntington y Reagan servidos con salsa fresca –y particularmente picosa– de odio hacia los refugiados/migrantes musulmanes de los que consistía el discurso de Trump en Varsovia (goo.gl/5q5NHx) y cuyo punto central era el flamante llamado a defender al Occidente (véase: New York Times, 6/7/17) –todo lo que ya de por sí le garantizaba el aplauso en la poseída por nacionalismo y la xenofobia Polonia– hubo también otro punto.

Al día siguiente de la histórica elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo lugar en la República Bolivariana de Venezuela el 30 de julio pasado, innumerables periódicos en el ámbito planetario, entre ellos, de México, exhibieron en sus primeras planas la fotografía del momento preciso en que es detonada una carga explosiva en una avenida del este de la ciudad de Caracas, dirigida contra una caravana de motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En un video de la emboscada que circuló por las redes electrónicas, es posible observar la columna de motociclistas dar vuelta a una esquina, y de pronto, en el fondo de la calle, tiene lugar la detonación que causó la muerte de un joven integrante de este cuerpo militar y heridas graves a otros ocho.

Ante una realidad que es de conocimiento público, el presidente miente a los actores de la seguridad pública y además da lecciones de ética. El pasado 26 de julio aseguró ante tropas que la participación militar en materia de seguridad pública es transitoria y subsidiaria. Según la Real Academia Española, transitorio es algo pasajero, temporal y la misma fuente, respecto de subsidiaria define de manera indubitable que es algo que se da o se manda en socorro o subsidio de alguien.

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