La Jornada
De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tres de cada
cuatro adultos mexicanos consideran insegura la ciudad en la que viven,
aunque en algunos casos que van desde Reynosa, Tamaulipas, hasta la zona
norte de Ciudad de México, esta proporción supera 90 por ciento de los
ciudadanos encuestados. Estos datos muestran la prevalencia de la
sensación de inseguridad, que ya en el tercer trimestre de 2016 fue de
74.1 y ahora repuntó hasta 75.9 por ciento, con el preocupante añadido
de que prácticamente la misma cantidad de quienes respondieron prevé la
persistencia de esta situación.
La percepción reportada por la ciudadanía es consistente con los
indicadores de inseguridad dados a conocer por instancias oficiales,
organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, todos los
cuales muestran un deterioro sostenido de la criminalidad, comenzando
con el alarmante récord de muertes violentas que hizo de 2017 el año más
mortífero desde que se lleva este registro. El secuestro, los robos con
violencia y las agresiones contra mujeres son otros tantos delitos de
alto impacto que experimentaron un repunte, según reconoció en agosto
pasado el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Entre las cifras recogidas por el Inegi, no puede pasarse por
alto que la sensación de vulnerabilidad a escala nacional es 10 puntos
porcentuales más alta entre las mujeres que entre los hombres, una
percepción que es consecuencia directa de las condiciones especialmente
adversas experimentadas por las mujeres en cuanto a las amenazas a su
integridad. En efecto, sólo en el primer semestre del año pasado se
registró un repunte de 12 por ciento en las denuncias por delitos
sexuales, así como un total de 6 mil 444 casos de violación: una cada 40
minutos. Estos datos resultan de por sí escalofriantes, pero palidecen
al considerar que casi 95 por ciento de los ataques no se denuncian o se
denuncian y no se registran, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas.
La vulnerabilidad percibida y efectivamente padecida por los
ciudadanos muestra un fracaso institucional absoluto, en tanto el deber
primario del Estado reside precisamente en la salvaguarda de la
integridad física y patrimonial de los habitantes: en tanto no se
presente una estrategia coherente para revertir las amenazas de la
criminalidad, en cualquiera de sus modalidades, la viabilidad misma de
las instituciones se encuentra en entredicho.
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