La transición
La ley de amnistía no es un pacto con criminales, aclara Alfonso Durazo
Vivimos en un México convulsionado por la violencia, con al menos 37 mil desaparecidos, cientos de miles de personas asesinadas y ejecutadas; lleno de fosas clandestinas, fosas comunes e institutos forenses llenos de cuerpos sin identificar, aseguró Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, durante el primer foro por la pacificación y la reconciliación.
En tanto, Alfonso Durazo, futuro titular de Seguridad Pública, resaltó que trabajan en una receta mexicana para la pacificación del país y explicó que la ley de amnistía que proponen no es un pacto con el crimen, y no incluirá a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecuciones sumarias, masacres, tortura sistemática, crimen de agresión, feminicidios, trata de personas y de migrantes.
Los únicos beneficiarios posibles serán aquellos responsables de delitos no graves, en los que no haya mediado violencia, ferocidad o barbarie, puntualizó en el teatro Gracia Pasquel, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Explicó que los posibles beneficiarios habrán de responder, en primer lugar, a los derechos de las víctimas y a sus legítimas aspiraciones de verdad, justicia, reparación (del daño) y garantías de no repetición.
Ante la emergencia que vive México, manifestó, explorarán todas las ideas y propuestas que permitan recuperar la paz y la serenidad del país, incluida la amnistía, el indulto o el recurso de leyes especiales y de justicia transicional.
No se trata de una propuesta subversiva ni extravagante. La propia Organización de las Naciones Unidas tiene mecanismos de paz previstos para casos como el nuestro, resaltó.
No obstante, Sánchez Cordero reconoció que no se logrará la reconciliación y la pacificación de México con meras amnistías, reducción de penas o legalización de ciertas drogas, ni que las comisiones de investigación ni de las de verdad lo lograrán por sí mismas o por sí solas.
La ministra en retiro reconoció que lograr la pacificación con los grados de violencia que padece México no es tarea sencilla, pues se requieren reformas de fondo, económicas, políticas, públicas, laborales, legislativas y judiciales que se presentarán ante la próxima legislatura.
Consideró prioritario pensar en un programa integral de reparación del daño que incluya vías administrativas y jurisdiccionales, y que las comisiones de verdad tengan presupuestos de seguridad para las víctimas, además de confianza y legitimidad entre la población.
Señaló que es imprescindible fortalecer los órganos de procuración de justicia y lograr procesos judiciales sólidos; además de que se requiere una comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas que cumpla con los más altos estándares científicos y cuente con funcionarios capacitados para hacer frente de manera seria, probablemente a uno de los más macabros escenarios en nuestra historia reciente.
Se pronunció por tener comisiones fuertes de atención a víctimas, con recursos humanos suficientes, y no como actualmente ocurre con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mientras las instancias locales a veces no tienen recursos humanos ni económicos, y criticó que 15 entidades federativas no hayan creado las que les corresponden.
Rubén Villalpando y Alma E. Muñoz
Corresponsal y enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de agosto de 2018, p. 4
Ciudad Juárez, Chih.
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