La transición
El sistema de justicia penal acusatorio no ha logrado
afirmarse totalmente en el país, debido a que persisten fallas graves en
su operación, que van desde la falta de criterios homologados para
reunir información hasta la nula capacitación de policías, agentes del
Ministerio Público y defensores de oficio, todo ello en medio de un
gasto millonario e infructuoso para hacerlo funcional.
Lo anterior se advierte en el informe Seguimiento y evaluación del
sistema de justicia penal en México. Hallazgos 2017, elaborado por la
organización civil México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann, en el
cual se afirma que el cambio de modelo judicial no ha logrado cumplir
el propósito primordial de satisfacer las demandas de las víctimas de
delitos y violaciones de derechos humanos.
María Novoa, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa,
indicó que entre los resultados más importantes del estudio figura el
hecho de que el nuevo esquema acusatorio –aprobado en 2008 mediante una
reforma constitucional, que se terminó de implementar en 2016– no ha
logrado propiciar una coordinación integral entre todos los elementos
que lo conforman.
Además, manifestó la especialista, se ha puesto demasiado énfasis en
cuestiones estrictamente policiales, sin atender otros factores, como el
fortalecimiento de la defensoría pública, cuyos elementos deben hacerse
cargo hasta de 800 casos, como en el caso del estado de Nuevo León, lo
que hace que el cumplimiento de su trabajo sea deficiente.
Otro aspecto negativo del actual sistema es que está propiciando un
alto número de diferimiento de audiencias, es decir, que se está
utilizando un número muy alto de sesiones en los juzgados (de ocho a 10)
para resolver temas que normalmente requerirían tres o cuatro.
En ese mismo tenor, hay 50 por ciento de casos que se
estancany no llegan a desahogarse en un juicio, y del 50 por ciento restante, hasta 30 de cada cien terminan archivándose, lo cual ha provocado que
estemos institucionalizando la impunidad.
La falta de avances en el sistema penal acusatorio contrasta de forma
muy preocupante con la cantidad de recursos que le han destinado,
puntualizó Novoa.
Un ejemplo de lo anterior, agregó, es que entre 2010 y 2016 se invirtieron más de 4 mil millones de pesos
para tener un sistema de justicia penal que al menos tuviera condiciones mínimasde operación, lo cual no se ha logrado.
Por todo ello, los autores del informe recomendaron crear una
instancia técnica de coordinación que evalúe los avances del sistema
penal acusatorio y genere políticas públicas a escala nacional.
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 10 de agosto de 2018, p. 5
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