Elba Esther
Gordillo no cayó en prisión por ladrona o por corrupta o por su
enriquecimiento inexplicable y a todas luces ilegal, ilegítimo, inmoral,
mal habido, criminal. Fue a la cárcel como castigo por su indisciplina
política al haberse opuesto a la mal llamada reforma educativa de Peña
Nieto. Y esa negativa la convirtió en la principal presa política del
peñismo.
Pero bien se sabía que su
castigo no podría ir más allá del sexenio peñista. Y tal como ordenaba
la tradición del preso político en México fue puesta en libertad poco
antes del fin del sexenio de su vengativo encarcelador. De modo que
tanto su encarcelamiento como su liberación son de la absoluta
responsabilidad de Enrique Peña Nieto.
Por ello, mírese como se mire, la puesta en libertad de la Gordillo
constituye una severa y sonora derrota para los propósitos
privatizadores de la educación pública. Y también para los principales
promotores de esa privatización, es decir, los grandes capitalistas que
impusieron ese proyecto en la agenda política de Peña Nieto.
La tal reforma educativa era la reforma de reformas del neoliberalismo
instalado en Los Pinos. Ideológica, política y económicamente, era más
importante que las reformas energética, fiscal o de telecomunicaciones.
Implicaba apoderarse plenamente de la conciencia de los niños y jóvenes
mexicanos. Y con ello de la conciencia de todo un pueblo.
Pero la liberación de la Gordillo no pasaría de ser un hecho anecdótico
si no se hubiera dado en el contexto del triunfo electoral de la
candidatura popular de López Obrador. Porque esta victoria significa el
abandono de las privatizaciones en general y de la educativa en
particular. Y más aún: representará, como ya se está viendo, un enorme
impulso a la educación pública.
Este
empuje a la educación pública implicará necesariamente la mejoría
salarial de los maestros. Y su capacitación y adiestramiento en la
aplicación de las nuevas tecnologías digitales al proceso de enseñanza
aprendizaje. Y también, desde luego, el fin de la campaña mediática de
satanización, desprestigio y ninguneo de la educación pública, de los
profesores y del normalismo mexicano, campaña malévola trabajada con
esmero por los grandes capitalistas y por los gobiernos neoliberales en
los últimos treinta años.
La
Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, como las tres
grandes transformaciones de México en los últimos 200 años, no pueden
entenderse sin el concurso de la educación pública, es decir, de la
educación universalizada, gratuita y laica.
El gobierno de López Obrador, que se ha propuesto impulsar y conducir
la cuarta transformación de México, tiene la necesidad histórica de
fomentar, ampliar y vigorizar la educación pública. No sólo la
convicción, sino la necesidad histórica de hacerlo.
Para el logro de este supremo y loable propósito, López Obrador contará
sin duda con el apoyo de los maestros y de sus organizaciones
sindicales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) en primera línea. Y también con el del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), antigua organización charra, cuyos
líderes sabrán sumarse a la corriente popular, so pena de su
derrocamiento por sus propias bases. Y también, por supuesto, con el de
las universidades públicas y sus sindicatos, cuya existencia estaba
gravemente amenazada por la ola privatizadora.
Blog del autor: www.economiaypoliticahoy.
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