[El último mes está marcado por incesante actividad de AMLO en presentar diversas propuestas de políticas públicas, y de conformación de su gabinete, que no dan respiro y rebasan nuestra capacidad de dar respuesta a cada una de ellas. El tema energético es muy complejo y requiere de un análisis más profundo, a continuación, les presento un apretado análisis de lo acontecido en los últimos días en esta materia].
Para quienes hemos defendido la propiedad de la Nación sobre sus recursos energéticos y su aprovechamiento como un derecho humano integral, no podíamos menos que sentirnos decepcionados por las recientes declaraciones de López Obrador, y de varios de sus allegados, por la decisión de no abrogar la reforma energética, sin embargo, la ratificación de una política de estado para fortalecer a PEMEX y CFE como empresas públicas mediante la modernización de las cinco refinerías existentes y la construcción de una nueva y la de recuperar la capacidad de generación eléctrica, plantean una disyuntiva: como ambas premisas son mutuamente excluyentes, entonces ¿cuál es la verdadera intención del gobierno de AMLO?
Hasta ahora las políticas neoliberales se han basado en el paulatino desmantelamiento de PEMEX Y CFE mediante la desincorporación y privatización de la petroquímica básica; la reducción de nuestra capacidad de refinación (bajo el peregrino argumento de que es más barato comprarla en el extranjero que producir gasolina y diésel); y ahora, por medio de la reforma energética, en la venta de campos petroleros; la reducción de la capacidad de generación eléctrica de CFE gracias al cierre de plantas de generación convencionales y la reducción de la generación de las plantas hidroeléctricas, para garantizar la compra, mediante contratos leoninos, de la generación de empresas privadas extranjeras.
Después de la confirmación de Manuel Bartlett como Director de CFE, este personaje ha realizado diversas entrevistas en donde ha ratificado que no se dará marcha atrás con la reforma energética, porque hacerlo implicaría enfrentar juicios, en tribunales internacionales, con empresas apoyadas en una nueva legislación que protege las inversiones extranjeras. En una entrevista privada, también expresó que las condiciones para una “segunda renacionalización del sector energético”, sólo puede darse mediante la presión de los movimientos sociales, tal y como ocurrió en la época cardenista. Ante ello, la única alternativa era fortalecer la capacidad de generación de CFE y aplicar las “leyes del mercado en la venta de la generación de energía eléctrica”. El fortalecimiento de CFE significa, según Bartlett, repotenciar su capacidad de generación hidroeléctrica (energía limpia), reactivar la generación mediante el combustóleo y participar en las mismas condiciones que las empresas privadas en el “mercado eléctrico”.
La clave para entender la indignación del sector patronal con el nombramiento de Bartlett al frente de CFE, reside en la última oración del párrafo anterior. Actualmente CFE compra el 100% de la producción de empresas trasnacionales que generan en base a plantas de ciclo combinado que consumen gas natural. Esta compra significa la mitad de la energía que distribuye. Si CFE repotencia sus plantas de generación hidroeléctrica, y las pone a funcionar al 100%, vuelve a generar con modernas plantas a base de combustóleo (que en México casi se regala por ser un producto residual de las plantas de refinación de petróleo) y da un mejor aprovechamiento de sus plantes convencionales de carbón y geotérmicas, entre otras, entonces tendría precios tan competitivos que significarían la quiebra de las empresas privadas de ciclo combinado y se podrían reducir drásticamente los precios del consumo doméstico. Es decir que, en los hechos, es factible revertir la reforma energética.
Otro punto importante de mencionar es el reconocimiento al “borrón y cuenta nueva”, al movimiento de resistencia contra los altos cobros de la electricidad en el estado de Tabasco y que, en eso estamos, se puede hacer extensivo al resto de movimientos en otros lugares del país.
En materia de tarifas eléctricas y precio de la gasolina, AMLO se ha comprometido a que no subirán más allá de la inflación anual. Aunque, si realmente se avanza en el proceso de fortalecimiento de Pemex y CFE, entonces se crearán condiciones reales para la reducción de precios y tarifas de los productos de éstas empresas.
También existe el compromiso de dar completa solución al conflicto del SME y asegurar la reinserción laboral de sus integrantes.
Estas son las razones por las cuales el Sindicato Mexicano de Electricistas ha dado su beneplácito al nombramiento de Manuel Bartlett como Director de CFE, además de reconocer que, desde 1999, ha sido un firme aliado en la lucha en contra de la privatización de la energía eléctrica.
Este panorama plantea varias preguntas ¿Qué tanto podemos confiar en que éstas políticas públicas en materia de energía se materialicen? ¿Qué actitud, como izquierda anticapitalista, debemos tomar ante el nombramiento de un personaje que, más allá de su perfil nacionalista, tiene un negro pasado? ¿Qué alternativa ofrecemos a los trabajadores petroleros y electricistas?
En principio es cierto que no debemos perder de vista el objetivo de cancelar todas las reformas neoliberales, pero tampoco podemos estar en contra de la necesidad de modernizar, reactivar y construir nuevas refinerías y de las plantas de generación de energía eléctrica de Pemex y CFE. Estos objetivos han sido muy bien vistos por los trabajadores de estas empresas y estimulan la lucha en contra del charrismo en ambos sindicatos.
Sea cual sea la consecuencia o inconsecuencia del gobierno de AMLO, en retomar una política nacionalista para el sector energético o en general, la clase trabajadora debe estar consciente en que nada se nos dará regalado, cualquier avance siempre deberá estar respaldado por la movilización independiente.
En mi opinión la respuesta es mucho más compleja que lanzar unas cuantas consignas. Nuestro objetivo central sigue siendo la renacionalización de la industria energética, bajo control social y de sus trabajadores, pero sin perder el piso y retomar el método del Programa de Transición para elaborar múltiples propuestas de políticas públicas que apunten en ese sentido.
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