El aborto ha sido un tema históricamente incluido en el Código Penal
que data de hace casi un siglo y excluido de la agenda pública en este
país sudamericano de mayoría católica. El 22 de febrero, sin embargo,
irrumpió con la fuerza de un huracán, cuando el gobierno anunció
sorpresivamente que habilitaría la discusión en el Congreso.
Fue tres días después de una manifestación en reclamo de la
legalización que reunió a miles de mujeres en Buenos Aires, reflejo de
un movimiento feminista que ha venido dando claros síntomas de
crecimiento en los últimos años.
Entonces, el presidente centroderechista Mauricio Macri manifestó su
oposición a la despenalización, aunque dio “libertad de conciencia” a
sus legisladores. A partir de allí hubo un debate legislativo en el que
expusieron más de 700 personas y una sociedad volcada a la calle como
pocas veces.
El resultado fue la aprobación del proyecto el 14 de junio en la
Cámara de Diputados, por 129 votos contra 125, y su posterior rechazo en
el Senado, el jueves 9, por 38 a 31.
“No sé si en el futuro voy a querer abortar. Pero estoy acá porque
creo que la maternidad debe ser deseada y no una obligación”, dijo a IPS
la adolescente Violeta García Cesare, de apenas 14 años y que cerca de
las 11 de la noche del miércoles 8 aguardaba, a dos cuadras de la sede
del legislativo Congreso Nacional, por el resultado de un debate que el
Senado había comenzado 14 horas antes.
García había llegado junto a compañeras del Instituto Saint Exupery,
un colegio privado de Caballito, típico barrio de clase media de Buenos
Aires. “Todos estos meses han sido muy emocionantes. Estoy orgullosa de
nuestra lucha”, agregó.
En una noche de invierno en la que el frío, el viento y la lluvia
castigaron la capital argentina, decenas de miles de adolescentes y
jóvenes como Violeta manifestaron con pañuelos verdes que identifican a
la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y cantaron con alegría
por la “caída del patriarcado”.
Del otro lado de la plaza del Congreso, y separados por un importante
operativo policial, estaban quienes manifestaban con pañuelos azul
celeste favor de las dos vidas”. Esta concentración también fue masiva,
aunque claramente menos numerosa que la favorable al aborto voluntario,
como podía advertirse en los recorridos por la zona.
“Estoy acá porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo,
pero no sobre el bebé que va a nacer”, explicó a IPS el joven Angel
Almada, de 17 años, llegado con sus compañeros de la Iglesia de la
Restauración, un templo evangélico de José C. Paz, uno de los municipios
más pobres del Gran Buenos Aires.
Almada contó que en su colegio durante los últimos meses las
autoridades habían prohibido a los alumnos que llevaran pañuelos verdes o
celestes, para evitar peleas y discusiones sobre el aborto.
El papel de la Iglesia, justamente, fue muy activo en contra del
proyecto de ley en el tramo final, una vez que la iniciativa obtuvo
media sanción en la Cámara de Diputados.
Un rol activo jugó en esa pelea el argentino papa Francisco, quien
simultáneamente con el debate en el Senado se fotografió en El Vaticano
con un grupo de argentinos y la bandera celeste con la inscripción
“Salvemos las dos vidas”.
Cuando era arzobispo de Buenos Aires, en 2010, el actual pontífice
católico había luchado tenazmente contra el matrimonio entre personas
del mismo sexo, que Argentina fue el primer país de América Latina en
aprobar. “Es una pretensión destructiva del plan de Dios”, dijo el
entonces cardenal Jorge Bergoglio.
De acuerdo a la Constitución argentina, el proyecto, al haber sido
rechazado por el Congreso, no podrá volver a presentarse a un nuevo
debate hasta el año que viene.
De todos modos, como la composición del parlamento será la misma, la
iniciativa solo tendría oportunidad de prosperar a partir de 2020,
cuando se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del
Senado.
Sin embargo, antes de fin de mes ingresará al Congreso un proyecto de
nuevo Código Penal con el cual el gobierno busca reemplazar al actual,
vigente desde 1922.
El texto a ser debatido mantiene el aborto como un delito, pero solo
pena al médico o a la persona que lo practique y excluye a la mujer que
se someta a él.
Actualmente, el artículo 86 de ese Código Penal permite el aborto
solo si hay riesgo para la vida o la salud de la mujer. Además, de
acuerdo a la interpretación jurisprudencial que hizo la Corte Suprema de
Justicia en 2012, tampoco es punible el aborto realizado a una mujer
embarazada como resultado de una violación.
Sin esos eximentes, la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo puede ser castigada hasta con cuatro años de cárcel.
“Hay algunos votos que han sido dirigidos desde un púlpito. Algunos
senadores le tienen miedo a la Iglesia, pero estoy convencida de que
nosotras ya ganamos. Es solo cuestión de tiempo”, dijo a IPS la
socióloga y militante feminista Dora Barrancos, que es una de las
directoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET).
Barrancos agregó: “Hoy se impone exigirles a las provincias cuyos
senadores votaron en contra de la despenalización del aborto que
apliquen la ley vigente y faciliten los abortos en caso de violación o
de riesgo para salud o la vida de la madre, ya que muchas ponen trabas”.
El tema también generó división hacia el interior del gobierno.
Aunque el propio presidente Macri y algunos de sus principales
funcionarios se manifestaron en contra de la legalización, uno de los
que lo hizo a favor fue el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.
Rubinstein fue uno de los expositores en el Senado y allí dijo que,
si bien es imposible saber cuántos abortos se practican hoy en la
Argentina, porque las prácticas son clandestinas, el número no está tan
lejos de los 500 mil por año que desde hace tiempo denuncian las
organizaciones feministas.
El ministro dijo que, con los datos oficiales de 2016, de 47.000
ingresos en hospitales públicos por complicaciones de abortos, de las
cuales 43 terminaron en la muerte de la mujer, se puede estimar que en
el país se practican unos 350.000 abortos anuales.
“El debate va a continuar”, reconoció el mismo jueves 9 el propio
Macri, quien prometió que el Estado reforzará la entrega gratuita de
preservativos, fundamentalmente en el norte del país, la región de mayor
pobreza y de índices más altos de embarazos adolescentes.
Edición: Estrella Gutiérrez
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