Magdalena Gómez
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió en 1994 que se celebrara el 9 de agosto de cada año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde entonces, en nuestro país se desarrollan diversos actos culturalistas, la mayoría, desde los espacios oficiales con sus aliados indígenas. Este año lo harán también algunos de ellos en torno al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El Congreso Nacional Indígena (CNI) prefiere el 12 de octubre como el día en que elabora balances de sus luchas y toma acuerdos.
Sin embargo, no centra sus actividades en esa fecha. Justamente, los días 28 y 29 de julio efectuó en San Lorenzo Nenamicoyan, estado de México, el Encuentro Nacional de Mujeres que Luchan, al que asistieron mil 100 de ellas, de diversos estados de la República, y de diversos países; colocaron en el centro la lucha antipatriarcal y anticapitalista, sin detenerse a ponderar o cuestionar el proceso electoral; ello es así porque no está en su horizonte esa dimensión, la prioridad es organizarse. Los próximos 18 y 19 de agosto celebrarán otro encuentro en defensa del agua, el territorio y la vida, en Tlanixco, estado de México.
Por su parte, la asamblea estatal del CIG-CNI en Chiapas denunció que en la región chol de Salto de Agua amenazan de desalojo a la comunidad de San José El Bascán, que habita en tierras recuperadas en 1994. La zona zoque de Marqués de Comillas se encuentra bajo amenaza por la presencia de pozos petroleros y otras actividades extractivas. En la región tsotsil-tseltal, en Venustiano Carranza, familias de pescadores de la comunidad de Paraíso y miembros del CNI, así como sociedad pesquera de esa comunidad, están siendo amenazados por los marinos encargados de la vigilancia de la presa La Angostura. En la comunidad de Mitzitón, de San Cristóbal de las Casas, existen amenazas de que les quitarán el permiso y la casa de salud autónoma. Otras regiones y pueblos llegan al 9 de agosto con el peso de la represión y el asesinato de sus líderes, como lo documentó el informe anual 2017 de Global Witness ¿A qué precio?, el cual destaca el asesinato de Isidro Valdenegro, entre otros, y a la organización Alianza Sierra Madre, que trabaja con los pueblos indígenas ódami y rarámuri en la sierra Tarahumara en la defensa de sus derechos humanos. Concentra sus actividades en el municipio de Guadalupe y Calvo, asediado por la presencia permanente del crimen organizado. Su directora, Isela González, señaló que se enfrentan a las mineras y empresas madereras, caciques mestizos que por décadas han despojado a las comunidades indígenas en la región. En estos escenarios nada promisorios, destaca en Guerrero la situación generada por la aprobación del Congreso local de una reforma al artículo 14 de la Constitución estatal que elimina en los hechos el reconocimiento a la policía comunitaria agrupada en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) al suprimir: el estado reconoce y garantiza la aplicación del sistema de seguridad y justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos, a través de su policía comunitaria o rural.
Se decidió aprovechar sus últimos días legislativos para golpear a un proyecto histórico, como el de la policía comunitaria, que surgió en 1995, ante la incapacidad del Estado de brindar seguridad, pero no sólo eso, es también un factor de sostén a la difícil construcción autonómica de los pueblos. Se avanzó en un proceso amplio que trascendió a la mera procuración de justicia, para entrar en el terreno de la impartición de justicia, e incluso de la readaptación social de infractores vía la reducación.
Todo un desafío al estado, no exento de contradicciones, amenazas y, finalmente, espacios de coexistencia ganados a pulso. Fue notable el reconocimiento de la Ley 701 a ese proyecto, con todas sus dimensiones, no obstante que la Constitución local no contaba con normas que les dieran respaldo. No es casual una medida restrictiva hacia la CRAC, si consideramos que en Guerrero, asediado por la violencia, a escala municipal, el pasado primero de julio y contrario a la tendencia en la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, el Partido de la Revolución Democrática solo y en coalición ganó 28 municipios, mientras que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México consiguieron 26, y Morena y el PES ganaron sólo ocho, entre ellos Iguala y Tlapa. Incluso el PRI ganó en la cuna de la CRAC, San Luis Acatlán. A eso se atiene el Congreso para conseguir el aval de la mitad más uno de los 82 ayuntamientos, para declarar válida su reforma. Una amplia alianza de organizaciones, entre las que destaca Tlachinollan, además de los diputados electos de Morena, impugnaron la regresión que supone la contrarreforma. Coloco sólo unos ejemplos, dentro de los amplios movimientos en curso en defensa del territorio y la vida, cuyos sueños no caben en las celebraciones a modo, y sus liderazgos son reconocidos por y desde sus pueblos, porque caminan juntos.
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