Avión presidencial: cúmulo de desatinos

Editorial La Jornada 

Después de poco más de un año en Estados Unidos, el avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón regresará a México para continuar con los esfuerzos del gobierno federal para venderlo o colocarlo en arrendamiento. Desde diciembre de 2018 la aeronave se encuentra en Victorville, California, donde se ha realizado su mantenimiento y conservación, a la vez que se ofrecía a diversos postores nacionales e internacionales.

Adquirido en noviembre de 2012 por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa como una suerte de obsequio a Enrique Peña Nieto, quien lo sucedió menos de un mes después de que se concretara la trasacción, el TP-01 fue la muestra final del derroche faraónico y la absoluta carencia de escrúpulos y sensibilidad social de la administración calderonista, así como un aviso premonitorio acerca de lo que los ciudadanos tendrían que pagar para mantener la ostentación de la clase política en el regreso del PRI al poder.

Las dificultades de la actual administración para deshacerse de la aeronave dan cuenta del nivel de boato con que se agasajaron a sí mismos los funcionarios de los dos sexenios pasados: se trata de un Boeing 787 Dreamliner cuya capacidad en vuelos de línea es de 240 pasajeros, pero cuyas características especiales sólo le permiten transportar a 80; cuenta con oficina, sala de juntas, recámara con cama king size, regadera y caminadora, pantallas digitales personales con sistema de entretenimiento y teléfonos satelitales para cada ocupante, así como acabados de lujo en toda la cabina.

Con un costo original de 218 millones de dólares (casi 3 mil millones de pesos al tipo de cambio de entonces), la adquisición de la aeronave no sólo fue una exhibición de frivolidad, sino un alarde de irresponsabilidad que legó a los siguientes gobiernos un gasto en todo punto innecesario: según Banobras (entidad mediante la cual se hizo la compra), el país todavía debe cubrir 2 mil 724 millones de pesos por una aeronave que entró en operación apenas en febrero de 2016.

A este remanente de la transacción original deben sumarse los 17 millones anuales que se erogaron por su uso y mantenimiento en territorio nacional en la segunda mitad del sexenio peñanietista, más 63 millones totales por los viajes al extranjero y una cifra aún desconocida por las amenidades que disfrutaron los pasajeros en cada vuelo: aunque muchos de estos datos fueron reservados por alegados motivos de seguridad, puede adivinarse que el monto resulta exorbitante si se considera que en un solo vuelo se facturaron 7 millones de pesos por servicio de Internet a bordo. Todo lo anterior, para transportar al mandatario de un país con 9 millones de personas en pobreza extrema, de acuerdo con cifras oficiales.

Quizá el ex presidente Calderón, quien se ha mostrado sumamente crítico con el daño patrimonial que supondría la venta de la aeronave, esté dispuesto a correr con el quebranto de 16 millones de pesos anuales que el erario debe cargar por la mera conservación de este monumento a su soberbia.

Quizá esta preocupación por los bienes nacionales también le permita despejar las dudas generadas por el hecho de que su administración comprometiera 218 millones de dólares a cambio de un aparato valuado en sólo 130.